Líderes indígenas abogan que parte de los recursos se destinen a la garantía y el mantenimiento de sus territorios. La definición de cómo funcionarán los mercados de carbono se producirá hasta el final de la COP26.

Los pueblos indígenas esperan que la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático defina cómo su papel en la conservación de la Amazonía será retribuido a través de mecanismos como el mercado de carbono. Las bases se firmaron en la reunión que tuvo fin el día 12 de noviembre en Glasgow (Escocia). Se pueden establecer mercados privados y voluntarios, así como medios para el intercambio de créditos por emisiones contaminantes entre países que forman parte del Acuerdo de París, adoptado en 2015. 

Brasil ha hecho nuevos compromisos con el tratado. Ante la ventana de oportunidad, los líderes indígenas presentes en la COP26 pidieron que algunos de los recursos que financiarán la lucha contra la crisis climática se apliquen para garantizar sus derechos. 

«Sin pueblos y territorios indígenas no se puede enfrentar la crisis climática. Las condiciones financieras derivadas de la conferencia deben utilizarse para demarcar territorios, fortalecer su protección y gestión. Los países deben contemplar esto en sus discusiones en la COP26», subraya Sônia Guajajara, coordinadora ejecutiva de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB). El Manifiesto de la Alianza Global de Comunidades Territoriales denunció que los pueblos indígenas y comunidades locales no han participado en los acuerdos que asignaron US$ 19,2 mil millones para la protección de los bosques esta semana, en el Acuerdo Forestal. 

Los pueblos indígenas son claves para la conservación de la Amazonía. Según MapBiomas, solo el 1,6 % de la deforestación entre 1985 y 2020 ocurrió en tierras indígenas (TI). En Brasil hay 723 TI, lo que representa el 14 % (1.174.273 km²) del territorio nacional. Alrededor del 98 % de ellas están en la Amazonía Legal. Los datos oficiales muestran que la Amazonía ha perdido 457 mil km² desde 1988, cuando el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) comenzó el análisis. El área es casi equivalente al doble del territorio del Reino Unido.

El mapa muestra las tierras indígenas de la Amazonía Legal (contorno en color blanco), la cobertura forestal (en verde oscuro), el ganado (amarillo) y el cultivo de soja (rosado), según datos de cambio de uso del suelo de MapBiomas. Mueva el control deslizante para comparar la deforestación en 1985 (izquierda) y 2020 (derecha).

El mercado mundial de créditos de carbono surgió después de la firma del Protocolo de Kyoto, en 1997. El documento estableció las reglas iniciales para que los países industrializados compensaran sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante la compra de créditos generados por proyectos que reduzcan o absorban contaminantes en las naciones en desarrollo. Pero después de más de dos décadas, el mecanismo se ha vuelto obsoleto y debe actualizarse a los objetivos del Acuerdo de París, firmado para mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2°C. 

En Brasil, los pueblos indígenas están viviendo un momento particularmente hostil. Ante los debates para frenar la crisis climática, el gobierno de Jair Bolsonaro congeló las demarcaciones de territorios y debilitó a los órganos de control, como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA). También apoya proyectos legislativos como el Proyecto de Ley 490, que tramita en el Congreso Nacional de Brasil para poner fin a las demarcaciones y abrir las TI a la agropecuaria, la minería y la generación de energía. Esto aumentaría las amenazas a la supervivencia de los pueblos indígenas, así como la deforestación y las emisiones de contaminantes climáticos por parte de Brasil.

Sin pueblos y territorios indígenas no hay forma de hacer frente a la crisis climática. Las condiciones financieras derivadas de la conferencia deben utilizarse para demarcar territorios, fortalecer su protección y gestión.

Sônia Guajajara, de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB)

El mercado mundial de créditos de carbono surgió después de la firma del Protocolo de Kyoto, en 1997. El documento estableció las reglas iniciales para que los países industrializados compensaran sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante la compra de créditos generados por proyectos que reduzcan o absorban contaminantes en las naciones en desarrollo. Pero después de más de dos décadas, el mecanismo se ha vuelto obsoleto y debe actualizarse a los objetivos del Acuerdo de París, firmado para mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2°C. 

En Brasil, los pueblos indígenas están viviendo un momento particularmente hostil. Ante los debates para frenar la crisis climática, el gobierno de Jair Bolsonaro congeló las demarcaciones de territorios y debilitó a los órganos de control, como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA). También apoya proyectos legislativos como el Proyecto de Ley 490, que tramita en el Congreso Nacional de Brasil para poner fin a las demarcaciones y abrir las TI a la agropecuaria, la minería y la generación de energía. Esto aumentaría las amenazas a la supervivencia de los pueblos indígenas, así como la deforestación y las emisiones de contaminantes climáticos por parte de Brasil.

Ejemplos nacionales

Karen Oliveira, gerente de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de la ONG TNC Brasil, explica que el mercado de carbono es un telón de fondo para que los países cumplan con las promesas hechas en el Acuerdo de París. Para ello, el «libro de reglas» que se apruebe en la COP26 debe detallar temas como las fuentes presupuestarias para las acciones de combate, adaptación y limitación del calentamiento global. «Los debates involucran mercados regulados, más enfocados en acciones gubernamentales, que posibiliten el intercambio de créditos entre países; y los no regulados, dependientes de la oferta y la demanda de los actores privados. Se espera que ampliemos el número y la escala de los proyectos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con estos nuevos mercados», describe.  

En Brasil, existen iniciativas piloto que pueden inspirar la regulación de este tipo de mercado. En Pará, un ejemplo es el proyecto TNC Brasil en São Félix do Xingu, que puede aumentar los ingresos de los agricultores con la producción agroforestal de cacao y mediante la venta de créditos de carbono generados por el restablecimiento de 18 mil hectáreas. El estado de Acre fue pionero en Brasil en la venta de créditos de carbono, gracias a la legislación aprobada en 2010. En Rondonia, el RECA, una cooperativa agroforestal formada por 300 familias, recibe dividendos por el mantenimiento del bosque a través del proyecto Carbono, liderado por Natura y el Instituto para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de la Amazonía (IDESAM). «Iniciativas como estas son pilotos. Necesitamos una nueva regulación para avanzar en la reducción global de la contaminación climática», subraya Oliveira. 

Los debates involucran mercados regulados, más enfocados en acciones gubernamentales, que posibiliten el intercambio de créditos entre países; y los no regulados, dependientes de la oferta y la demanda de los actores privados. Se espera que ampliemos el número y la escala de los proyectos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con estos nuevos mercados.   

Karen Oliveira, gerente de TNC Brasil

Las reglas para el mercado de carbono que se definen en la COP26 deben ser incorporadas por las naciones que ratificaron el Acuerdo de París, como Brasil. En el país, un proyecto de ley del diputado Marcelo Ramos (PL-Amazonas) quiere regular la compra y venta de los créditos. La relatora del texto en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes de Brasil es la congresista Carla Zambelli (PSL-São Paulo).

Buenas normas nacionales e internacionales son clave para que herramientas como el mercado de carbono reduzcan realmente las emisiones de contaminantes climáticos. Las entidades civiles esperan que los medios para financiar la lucha contra la crisis climática no se conviertan en «permisos para contaminar» o dejen desprotegidas a las poblaciones indígenas y rurales. «El mercado de carbono transfiere responsabilidades y desvía recursos de soluciones reales a la crisis climática. Brasil no debe aceptar el mecanismo como compensación por la protección de los bosques por parte de los países que deberían abandonar la quema de combustibles fósiles», asevera Maureen Santos, de la ONG FASE (Federación de Órganos de Asistencia Social y Educativa) y profesora de la PUC-Rio.

Otro temor es que los mercados sean administrados por organismos financieros. Un manifiesto del Grupo Carta de Belém dirigido a la COP26 advierte que los derechos de las poblaciones rurales y tradicionales se ven amenazados si las decisiones sobre cómo abordar la crisis climática se concentran en los bancos, las empresas y el sector financiero a partir de las decisiones de la COP26. «Los contaminadores con poder adquisitivo de crédito (carbono) pueden continuar con sus prácticas depredadoras en detrimento de los territorios y poblaciones menos industrializados, lo que representa una responsabilidad climática completamente desigual. Este intercambio financiero redirige el papel de los sumideros de carbono a los países del sur global», señala el comunicado.


Reportaje de InfoAmazonia para el proyecto PlenaMata.

Traducido por Nina Jacomini

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