Según un nuevo estudio de la RAISG, la Amazonía podría perder en tan solo cinco años casi la mitad de lo que perdió en las últimas dos décadas.
Para comprender las razones de un futuro tan sombrío, se analizaron las tasas de deforestación de los últimos años, se identificaron las principales amenazas del presente y se señalaron las medidas necesarias para revertir este proceso.
Foto: Vinícius Mendonça/Ibama
En tan solo cinco años, la Amazonía podría tener hasta 23,7 millones de hectáreas deforestadas, un área casi equivalente al territorio de Ecuador. Así lo muestra un estudio publicado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) que señala tres posibles escenarios de deforestación entre 2021 y 2025: optimista, moderado y pesimista. En el escenario pesimista, el bosque tropical más grande del mundo podría perder, en un quinquenio, la mitad de lo que perdió en los últimos veinte años (54,2 millones de hectáreas).
“La deforestación afecta principalmente la estabilidad climática y la calidad y cantidad del agua”, señala Tina Oliveira-Miranda, una de las autoras del estudio y Coordinadora de Sistemas de Información Territorial de Wataniba, organización de la sociedad civil de Venezuela. “Está fuertemente ligada a procesos como las quemas. Esto implica un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y, obviamente, aumenta las repercusiones en términos climáticos”.
El estudio «Deforestación en la Amazonía al 2025» cubre lo que la RAISG denomina Región Amazónica, que abarca nueve países y aproximadamente 850 millones de hectáreas (8,5 millones de km2), incluida toda la Cuenca Amazónica y tramos de transición con otros biomas como los Andes, el Cerrado, el Chaco y el Pantanal.
Los resultados muestran que factores de cambio y uso de la tierra como la actividad agropecuaria y la expansión de la infraestructura vial siguen ejerciendo una gran presión sobre el bosque y sus pueblos. Actividades como la minería ilegal de oro, el cultivo de coca, y el tráfico de drogas y armas agravan la situación y ponen en riesgo a quienes protegen la selva.
Con metodologías y algoritmos especializados procesados en la plataforma Google Earth Engine, la investigación también detectó un total de 23,7 millones de hectáreas (237 mil km2) de bosque con accesibilidad y condiciones territoriales que lo hacen vulnerable a su destrucción, o sea, donde la probabilidad de deforestación es mayor que cero. Esta superficie equivale a la suma de la deforestación en la Amazonía ocurrida entre 2001 y 2020, las dos décadas analizadas por expertos de seis países amazónicos que contribuyeron al estudio.
54,2 millones de hectáreas perdidas en 20 años
La Amazonía alberga el 30% de la biodiversidad del planeta, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Constantemente se descubren nuevas especies de plantas y animales. Sin embargo, la destrucción acelerada del bioma puede llevar a la extinción de especies que ni siquiera han sido descubiertas o estudiadas por la ciencia.
Teniendo en cuenta los datos recopilados por el estudio de la RAISG, es muy posible que esto ya haya sucedido. Entre 2001 y 2020, la Amazonía perdió más de 54,2 millones de hectáreas, o casi el 9% de sus bosques, lo que corresponde al tamaño de Francia. La Amazonía de Brasil, que corresponde al 62% del total de la Región Amazónica, fue la más afectada, seguida de Bolivia, Perú y Colombia.
El año con la cifra más alta fue 2003, con casi 5 millones de hectáreas de bosques talados. Las políticas de combate a la deforestación en Brasil hicieron que estas tasas regionales bajaran en los años siguientes, pero a partir de 2019 se observa una nueva curva ascendente en las tasas de deforestación, impulsada en gran medida por el gobierno de Brasil y sus políticas impulsoras de la deforestación y de debilitamiento de los organismos de fiscalización ambiental.
En 2020, el total de bosques talados vuelve a acercarse a la media anual de las últimas dos décadas, que es de 2,7 millones de hectáreas.
Los motores de la deforestación
Según el atlas “Amazonía Bajo Presión”, publicado por la RAISG en 2020, el 66% de la Amazonía está sujeta a algún tipo de presión que genera deforestación o degradación. La más importante es la actividad agropecuaria, que representó el 84% de la deforestación en las dos primeras décadas del siglo.
La RAISG destaca el papel crucial de la infraestructura como impulsora de la deforestación: no por casualidad, la pérdida de vegetación está directamente relacionada con las diversas vías de acceso que atraviesan el bosque, ya sean carreteras, ríos o pistas de aterrizaje.
“La infraestructura, especialmente las carreteras, seguirá siendo uno de los principales impulsores de la deforestación”, señala Paulo Moutinho, investigador del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonía (IPAM, por su sigla en portugués). “Si tomamos la historia de la deforestación, más del 70% de la tala se dio a lo largo de una franja de 50 km a cada lado de las carreteras, especialmente de las vías pavimentadas”.
La RAISG estima que más de la mitad de la Amazonía se ve afectada de alguna manera por la infraestructura vial de la región. Además de incentivar la ocupación desordenada del territorio y ejercer aún más presión sobre los Territorios Indígenas (TI) y las Áreas Naturales Protegidas (ANP), los caminos favorecen el flujo de mercancías, como madera y minerales.
La infraestructura, especialmente las carreteras, seguirá siendo uno de los principales impulsores de la deforestación
Paulo Moutinho, investigador de IPAM
La tala y el cultivo ilícito de coca también son actividades que proliferan en la región, respaldadas por la demanda de los mercados internacionales. La mayoría de las plantaciones de coca terminan en manos de narcotraficantes para la producción de cocaína. La ilegalidad está asociada a una red clandestina de caminos utilizados por el crimen organizado.
Paulo Moutinho advierte que las fuerzas emergentes en la Amazonía, esencialmente vinculadas con el crimen, podrían aumentar las tasas de deforestación. “Si no podemos revertir esta nueva dinámica en la Amazonía de acaparamiento de tierras, que se ha asociado con el crimen organizado y relacionado con el tráfico de armas, drogas y minería ilegal de oro, tendremos tasas crecientes en los próximos años, seguro.”
Perú y Brasil: el riesgo de las carreteras
“Hoy acabo de salir de mi comunidad”, cuenta Herlin Odicio en una entrevista con InfoAmazonia. El presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOKA), en Perú, abandonó su territorio en julio pasado por recibir amenazas.
Las actividades económicas ilegales como la tala, el cultivo de coca, el tráfico de drogas y el acaparamiento de tierras —con títulos de propiedad otorgados a los colonos de manera irresponsable por las autoridades locales— hacen que este territorio en la frontera occidental de la Amazonía, cerca de la Cordillera de los Andes, sea particularmente peligroso. Entre abril de 2020 y julio de 2021, cuatro indígenas Kakataibo y tres Asháninka fueron asesinados por conflictos en sus territorios.
Como hito importante y en respuesta a los reclamos de las organizaciones indígenas, en julio de 2021 se creó la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, con una superficie de casi 149 mil hectáreas. “La creación de la reserva ayuda a garantizar la vida de mis hermanos y hermanas que viven en la selva y a detener invasiones y amenazas a nuestros territorios ancestrales”, dice Herlin.
El Estado y los pueblos indígenas debemos trabajar juntos para solucionar estos problemas y garantizar la vida de las personas que habitan las zonas más profundas de nuestro país.
Herlin Odicio, presidente de FENACOKA
Agrava la situación del pueblo Kakataibo el hecho de que atraviesa su territorio la única vía que conecta Pucallpa, la segunda ciudad más grande de la Amazonía peruana, con el resto del país. Esta importante vía facilita el acceso a la región a los delincuentes, así como el creciente avance de la ganadería, ambos con gran riesgo de intensificarse aún más si se hace realidad la construcción de la carretera que unirá Pucallpa con Cruzeiro do Sul, en el estado de Acre, Brasil.
Del lado brasileño, no muy lejos de allí, se dibuja a gran velocidad otra frontera de deforestación: AMACRO, formado por las siglas de los estados de Amazonas (AM), Acre (AC) y Rondônia (RO). Dada la gran cantidad de áreas protegidas, 142 en total, la región fue nombrada oficialmente en 2021 como Zona de Desarrollo Sostenible (ZDS) Abunã-Madeira por el gobierno brasileño.
En la práctica, sin embargo, no hay nada sostenible en las actividades que se desarrollan allí. La región es impactada directamente por la ruta BR-319, que conecta las ciudades de Porto Velho (RO) y Manaus (AM). Hoy cubierta de barro en su tramo medio, la vía llamó la atención de Jair Bolsonaro en 2018, quien durante su campaña electoral se comprometió a asfaltarla. De hecho, en julio de este año, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) emitió una licencia preliminar para la reconstrucción de la carretera. Los asentamientos humanos ya proliferan en sus orillas.
Entre 2001 y 2020, según la RAISG, la ZDS Abunã-Madeira/AMACRO perdió 4,5 millones de hectáreas de bosque, a un ritmo de 26 canchas de fútbol por cada hora. Según un informe reciente de MapBiomas publicado en 2021, la región tuvo un aumento de casi 29% en la deforestación con respecto al año anterior.
En 2020, alrededor del 76% de la deforestación de la Amazonía tuvo lugar en Brasil. En el mismo año, según IPAM, el 32% de la deforestación ilegal ocurrió dentro de los bosques públicos no asignados (FPND, por su sigla en portugués), áreas forestales pertenecientes a gobiernos provinciales o federal, los cuales aún no han decretado su uso, y que actualmente cubren casi 57 millones de hectáreas.
Más de la mitad de la deforestación en FPND hasta 2020 ocurrió en áreas inscritas en el Catastro Ambiental Rural (CAR, por su sigla en portugués), un instrumento importante para la regularización de las propiedades rurales, pero que consiste en gran parte en registros irregulares que no se verifican ni validan.
“Lo que tenemos hoy es una bomba de tiempo, es decir, la cantidad de registros fraudulentos declarados sobre bosques públicos no asignados y Territorios Indígenas ha crecido de manera alarmante en los últimos cinco o seis años”, señala Moutinho. “Dado el escenario que se establece, especialmente en la Amazonía brasileña, existe la posibilidad de que cualquier pronóstico [de deforestación] para el 2025 sea subestimado y por mucho”.
Colombia: se va la guerrilla, entra el ganado
En el norte de la Amazonía colombiana, el Parque Nacional Natural Tinigua, con una extensión de 200 mil hectáreas, es un punto de contacto entre los ecosistemas amazónicos y andinos, parte de un mosaico formado por otros parques nacionales contiguos. La parte sur de la reserva, donde predomina el bosque tropical, ha sido la más afectada por la fragmentación del paisaje y el avance de la ganadería. El acaparamiento ilegal de tierras, los cultivos ilícitos y la apertura de carreteras también impulsan la deforestación en la región.
“Mientras las FARC estuvieron en el poder, hubo control territorial, limitando la entrada de actores con intereses económicos, y también hubo reglas de convivencia comunitaria que incluían temas ambientales”, cuenta Catalina Oviedo Delgado, coordinadora del Centro de Alternativas al Desarrollo (CEALDES), en Colombia. “En el caso del Parque Nacional Natural Tinigua, había una regla que mencionaba que esa era un área destinada a la reserva y que no debía ser colonizada”.
El interés de las FARC en mantener el bosque en pie era usarlo como camuflaje. Con el Acuerdo de Paz con el gobierno colombiano en 2016, la falta de vigilancia creó una oportunidad para que diversos grupos tomaran la tierra en procesos desordenados.
“Cuando se firmó el Acuerdo de Paz lo que debería haber pasado era que el Estado generara gobernabilidad, pero eso no ocurrió”, comenta Delgado. “La no implementación del Acuerdo de Paz es definitivamente una de las mayores consecuencias para la selva y para las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que la habitan”.
Entre los retos de la región está “reconocer que el Parque Nacional Natural Tinigua está habitado por campesinos y pueblos indígenas vulnerables”, dice Delgado. “Estas poblaciones deben recibir una atención diferenciada y urgente que pueda mejorar sus condiciones de vida y, al mismo tiempo, promover la conservación de los bosques”.
Bolivia: nuevos caminos, nuevas presiones
Gracias al desarrollo del turismo ambiental y la vocación productiva forestal, sumados a la dificultad de acceso, la región de San Ignacio de Velasco, en la Chiquitanía Norte, zona de transición entre el Chaco y la Amazonía, tuvo su paisaje natural preservado durante muchos años. Eso fue hasta que se abrieron nuevas carreteras en 2005, lo que provocó una explosión demográfica. Se estima que alrededor de 200 mil personas se trasladaron a Chiquitanía en los últimos diez años, territorio que originalmente no superaba los 80 mil habitantes. Más de 1.400 comunidades han surgido en la región desde entonces.
La ocupación humana también ha incrementado la actividad agropecuaria a la región, lo que ha aumentado en 352% la deforestación entre 2001 y 2020. La mitad de la pérdida de bosques se debió a la ganadería, mientras que el 30% fue causado por la agricultura mecanizada, asociada principalmente a la producción de soja, y el 20% por la agricultura de pequeña escala.
En la Chiquitanía Norte, la conversión de bosques en ganadería provocó más del 50% de la deforestación en la región. El narcotráfico y la tala ilegal de árboles han exacerbado el desequilibrio del microclima. Según la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), las precipitaciones anuales han disminuido un 17% en la región, lo que alteró el balance hídrico y provocó sequías más intensas y duraderas.
A pesar de la creación de dos áreas protegidas en 2021, que suman más de 1 millón de hectáreas de vegetación primaria, diferentes escenarios de deforestación para los próximos años muestran que los bosques de este territorio seguirán fragmentándose paulatinamente al estar bajo una presión permanente.
Mirando hacia el futuro
Buscando proyectar tres escenarios diferentes de deforestación en la Amazonía —optimista, moderado y pesimista— para el período de 2021 a 2025, el estudio de la RAISG utilizó un modelo de probabilidad que considera el proceso histórico reciente de deforestación y selecciona áreas críticas, con tasas de deforestación superiores al 50% y pocos bosques remanentes.
Las proyecciones tomaron en cuenta variables como topografía, cercanía a ríos y bosques, accesibilidad a través de caminos o ríos navegables y cercanía a centros urbanos. También se utilizaron filtros asociados a la actividad agropecuaria, la infraestructura urbana y la actividad minera.
Los tres escenarios ofrecen referencias de lo que podría ocurrir si se repiten situaciones ya vividas en las dos primeras décadas del siglo XXI, como la aplicación de normas y controles preventivos a la deforestación o, por el contrario, la ocupación desordenada del espacio y el incentivo de actividades perjudiciales al ambiente.
Barreras importantes contra el avance de la deforestación son las Áreas Naturales Protegidas y los Territorios Indígenas, que juntos cubren casi la mitad de la Amazonía. Estas zonas protegen las reservas de carbono, la biodiversidad, los recursos hídricos y garantizan la supervivencia —también cultural— de los pueblos de la región. Según MapBiomas, durante 36 años, solo el 1,6% de la pérdida de vegetación nativa en Brasil ocurrió dentro de los TI.
Será muy difícil tener un escenario optimista si el foco principal de los gobiernos locales y nacionales se dirige a las actividades extractivas.
Tina Oliveira-Miranda, coordinadora de WATANIBA
En la mayoría de los países no existe suficiente compromiso gubernamental para reconocer y defender estas áreas. Dado que Brasil alberga más del 60% del bioma amazónico, tiene el mayor número de TI y ANP. Sin embargo, solo el 42% del territorio amazónico brasileño está bajo este tipo de protección, la proporción más baja encontrada entre los países de la región. Más de 300 territorios indígenas esperan el proceso de demarcación en la Amazonía brasileña.
En los tres escenarios de pronóstico elaborados por la RAISG, en los TI y las ANP se encuentra menos del 20% de la deforestación total prevista para la Amazonía, lo que demuestra su importancia como barrera a la deforestación. Los escenarios enseñan, sin embargo, que estas áreas son cada vez más vulnerables a lo que sucede en el entorno y se encuentran bajo una presión constante.
Si bien las causas de la deforestación presentan algunos aspectos comunes en la región amazónica, cada país tiene sus propias particularidades y desafíos a superar.
En el mapa, pase el cursor sobre las áreas para ver más información acerca de la deforestación en cada país.
Qué hacer para evitar lo peor
Cumplir con el escenario optimista que vislumbra el estudio de la RAISG —en el que la deforestación se reduciría en un 10% en cinco años—, requiere de un conjunto de acciones amigables con el ambiente, como la implementación de planes de desarrollo sostenible, la gestión de áreas protegidas, servicios públicos eficientes y una mejor planificación para la expansión vial y poblacional, además de fortalecer el control y el monitoreo para el cumplimiento de las normas ambientales en todo el territorio Amazónico.
“Será muy difícil tener un escenario optimista si el foco principal de los gobiernos locales y nacionales se dirige a las actividades extractivas, ya sea de petróleo, gas natural, hidrocarburos, minerales de diferentes tipos, como el oro, el coltán [del que se extraen el niobio y el tantalio] y, por supuesto, la extracción forestal en nuevas áreas en lugar de aprovechar las áreas que ya están afectadas”, señala Tina Oliveira-Miranda.
Según Paulo Moutinho, sería importante “desarrollar una economía verdaderamente amazónica, una bioeconomía centrada en cero deforestación, cero ilegalidad y una distribución bastante equitativa de la renta y la tierra”.
Otras medidas esenciales, según el investigador, serían continuar con la homologación o reconocimiento de Territorios Indígenas, crear mecanismos de compensación por los servicios ambientales que vienen haciendo especialmente los pueblos del bosque y apoyar la agricultura familiar, incluso con asistencia técnica para llevar alimentos a la mesa de los pueblos amazónicos. También menciona la importancia de planificar la ampliación de la red vial.
“La infraestructura debe ser parte de un gran plan de desarrollo sostenible. Es todo un conjunto de zonificación basado en esa estructura que le permite tener grandes focos de conservación forestal a lo largo de los caminos y actividades económicas regionales en una franja más angosta, más cerca de la vía principal”, ejemplifica Moutinho.
En la Amazonía brasileña, los expertos señalan que las medidas más importantes son destinar bosques públicos a la conservación o uso sostenible de sus recursos, cancelar registros de CAR (Catastro Ambiental Rural) fraudulentos —que han sido declarados en superposición de tierras públicas e incluso TI homologados— y también ofrecer mecanismos de compensación a los propietarios que tengan excedentes de Reservas Legales.
A pesar del panorama sombrío, Tina Oliveira-Miranda cree que las soluciones para un futuro más optimista pueden estar en el bosque mismo: “Creo que la región amazónica es una especie de laboratorio maravilloso para cambiar prácticas y generar nuevos modelos de desarrollo que estén en línea con lo que necesitamos como población humana para mantenernos saludables en la Tierra”.
Sibélia Zanon
Reportaje
Nina Jacomini
Traducción para español
Carolina Passos
Visualización de datos
Mathias Felipe
Gerencia de desarollo
Xavier Bartaburu
Edición y coordinación
Juliana Mori
Direción
Este especial ha sido producido por InfoAmazonia, en parceria con la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), con apoyo financiero de Good Energies.
