Un informe de la organización internacional Crisis Group advierte que la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil se ha convertido en un núcleo de criminalidad.

“La lejanía de la Amazonia es a la vez su característica más preciada y su mayor vulnerabilidad”, asegura Crisis Group. En su más reciente informe, la oenegé internacional alerta que varios grupos delincuenciales se han aprovechado de la profundidad de la selva y la poca presencia estatal para fortalecerse en la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil.

El punto en el que convergen los tres países está considerablemente alejado de grandes poblaciones, lo cual beneficia a la vida silvestre. Sin embargo, allí también se ha consolidado un núcleo de delincuencia que toma ventaja de esa abundancia de recursos naturales. Los actores se ven involucrados en actividades que van desde el cultivo para procesamiento de cocaína, “hasta la tala de árboles, el dragado en busca de oro y la pesca en áreas protegidas”, dice el documento.

En particular, los grupos brasileños se han expandido en la selva, pues hasta hace diez años operaban principalmente en cascos urbanos. De acuerdo con el informe, la principal organización criminal en esta zona de la Amazonia es el denominado Comando Vermelho, el cual se originó en la prisión Cândido Mendes de Río de Janeiro hace aproximadamente cinco décadas.

“Junto con la poderosa organización de Brasil Primeiro Comando da Capital (PCC), que tiene alcance nacional, este grupo ha llegado a pueblos en el corazón de la Amazonía y ahora, según informes, operan en Colombia y Perú. El grupo también ha establecido bastiones en las cárceles de Leticia y Tabatinga (Brasil), presuntamente con el apoyo de funcionarios corruptos”, denuncia Crisis Group.

Según uno de los integrantes de la organización criminal, entrevistado por Crisis Group, el objetivo del Comando Vermelho es “conquistarlo todo” en la triple frontera. Busca seguir creciendo para controlar totalmente la cadena de suministro de cocaína, teniendo poder, en principio, sobre los cultivos de hoja de coca en Perú y posteriormente sobre las rutas de narcotráfico en Colombia y la Amazonia brasileña.

El informe revela que la principal causa de deforestación en la triple frontera es la producción de cocaína, la cual se concentra en los departamentos peruanos de Ucayali y Loreto. Con frecuencia, los narcotraficantes procesan las plantas de coca dentro de la misma selva, donde se calcula que pueden llegar a haber 200 laboratorios. De acuerdo con un funcionario peruano citado en el documento, estas operaciones son financiadas por el Comando Vermelho.

Esta organización también se aprovecha de la falta de oportunidades laborales y el empobrecimiento de las comunidades locales. Ofrece incentivos de hasta 2400 dólares (poco más de $9 millones) a hombres y niños a cambio de que realicen actividades delictivas como, por ejemplo, transportar cocaína a Manaos. Así, los pobladores son introducidos a la vida criminal y motivados a que recluten más gente.”Hay algunos indígenas que transportan cargas que pueden llegar hasta los 50 kg a través de la selva hasta puntos de entrega en Brasil. Pasan semanas caminando desde zonas de producción en Perú, a través del Parque Nacional Amacayacu en Colombia y a lo largo del río Putumayo”, señala el documento.

Los grupos criminales se han valido, además, de la tala de árboles, el dragado de oro y la pesca ilegal para lavar el dinero que obtienen del narcotráfico. Crisis Group detalla que en Brasil los funcionarios estatales hablan de la “narcominería” y los “narcotaladores”, refiriéndose a cómo se reinvierten las ganancias de las drogas en esas actividades. La ONG también advierte que el Comando Vermelho puede estar actuando en colaboración con la estructura Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia más grande de las extintas Farc. Esta facción guerrillera estaría decidida a expandirse en la triple frontera, pues opera a lo largo del río Caquetá, atravesando el departamento del Amazonas hacia Brasil.

Para los funcionarios de inteligencia, estas relaciones entre los grupos podrían intensificarse y probablemente llegar a convertirse en la primera organización criminal binacional de la Amazonia. A pesar de que la estructura Carolina Ramírez ha participado en los diálogos con el gobierno colombiano, el informe alerta que “una alianza formal con la organización criminal brasileña podría asestar un duro golpe a las ambiciones de paz de Petro”. De hecho, esta es una de las estructuras del EMC que quedó por fuera de la mesa de negociación que el gobierno de Gustavo Petro reanudó esta semana con algunas facciones de esta disidencia.

En cuánto a las estrategias de seguridad, el panorama tampoco es favorable. En esta región, el personal y el equipo no son suficientes para responder a la alta ola de violencia y el daño ambiental generados por el crimen organizado. Los negocios ilícitos suelen llevarse a cabo cerca de las fronteras. Así, los delincuentes se fugan rápidamente si llega la policía, pues saben que no los pueden arrestar por fuera de su jurisdicción. Además, la mala o casi nula conexión a internet, dificulta la comunicación entre las autoridades.

Durante la pandemia por covid-19, un puesto de control cerca de la frontera entre Colombia y Brasil fue incendiado y aún no se ha restaurado. También en Perú se han reportado lanchas dañadas e inadecuadas. Estos factores dan cuenta de que, como subraya Crisis Group, “con fondos limitados, a las instituciones estatales también les resulta difícil proteger a las comunidades vulnerables y al medio ambiente”.

Por si fuera poco, advierte el informe, ante los bajos salarios que se les paga a los integrantes de la Fuerza Pública, pueden caer fácilmente en la corrupción, una situación que se presenta en los tres países. Los pocos esfuerzos de las autoridades por detener las actividades criminales pueden verse empañados debido a dos razones principales, por sobornos o por la misma violencia.

La influencia de estos actores criminales en la triple frontera ha dejado un gran número de asesinatos que tienen que ver con disputas territoriales o represalias, incluso contra la población local que se resiste a la invasión de su territorio. Crisis Group enfatiza que ahora la Amazonia se destaca, respecto a los niveles de América Latina y el Caribe, por sus altos índices de violencia. En 2022, según el documento, Leticia fue la segunda ciudad más violenta de Colombia. La ciudad brasileña de Tabatinga, por su parte, registró en 2023 una tasa de homicidios de 80 por cada 100 000 habitantes, posicionándose entre las más altas de la Amazonía.

Los pueblos indígenas que históricamente han habitado la Amazonia se sienten amenazados y desprotegidos por el Estado. Corren un especial riesgo aquellos que viven en aislamiento voluntario, como los mayoruna y los tsohom dyapa. Las intimidaciones y ataques que reciben las comunidades abren la puerta a la “destrucción acelerada de la selva tropical”, pues los indígenas son clave para la defensa y el cuidado ambiental.

Crisis Group urge a implementar una estrategia transnacional, en la que los tres países colaboren en términos de seguridad para dar con los responsables de los delitos ambientales y sancionarlos de manera adecuada. Adicionalmente, debe haber un trabajo conjunto con los indígenas. Es clave examinar las condiciones que llevan a los habitantes de la Amazonia a unirse a estos grupos criminales, para así “apoyar la creación de medios de subsistencia legales”, concluye el informe.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.