Dos informes, uno del Instituto Sinchi, y otro de la fundación Gaia, muestran los retos que están causando estos proyectos en la región amazónica. La ausencia de regulación, uno de los grandes problemas. En algunos casos, señalan, están dividiendo a las comunidades.

Los bonos de carbono (o proyectos REDD+) se han convertido en una de las estrategias más populares para conservar los bosques tropicales en los últimos años. Creados como una vía para reducir las emisiones causadas por la deforestación y reconocer un pago a las comunidades que protegen los bosques, han sido usados por compañías para compensar sus emisiones de gases contaminantes, que contribuyen al cambio climático.

Aunque hay procesos exitosos, otros han empezado a generar algunas inquietudes en diferentes partes del país. En la Amazonia colombiana, una región con más de 39 millones de hectáreas de selva y donde cada vez hay más de estas iniciativas, la situación también está llena de desafíos. Así lo muestran dos recientes informes, uno publicado por la ONG Fundación Gaia Amazonas, y otro, elaborado por el Instituto de Investigaciones Amazónicas – Sinchi, que hace parte del Ministerio de Ambiente. En ellos muestran que estos proyectos ya están en 59 de los 231 resguardos que tiene la Amazonia.

Según el informe Diagnóstico de proyectos Redd+ en la Amazonia colombiana, del Sinchi, hasta julio de este año había 51 proyectos en la Amazonia en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Renare). De estos, apenas nueve están en fase de implementación y el resto en formulación o verificación.

Del total de proyectos, 21 también se encuentran registrados en plataformas de programas de certificación, la otra forma en la que se pueden identificar estas iniciativas. Entre las empresas que tienen más proyectos están Waldrettung SAS, Permian y Masbosques.

Por otro lado, específicamente en plataformas de programas de certificación, el informe menciona que encontraron 33 proyectos. Las empresas con los proyectos de mayor área son Masbosques, Carbo Sostenible & Terra Commodities, SouthPole y Biofix. Están localizados en 59 resguardos indígenas y solo 29 proyectos cubren un área que equivale al 41 % de la superficie amazónica, con más de 19 millones de hectáreas.

Los problemas en la Amazonia

Una de las principales inquietudes que manifiestan los autores de los informes están relacionadas con una resolución de 2018 del Ministerio de Ambiente que buscaba adaptar al contexto colombiano las llamadas “salvaguardas sociales y ambientales” establecidas por Naciones Unidas en 2010. Estas son, como le explica el informe del Sinchi, las “reglas del juego” para prevenir y reducir los impactos negativos que pueden surgir del desarrollo de los proyectos en una comunidad local. Entre otras cosas, estas “salvaguardas” buscan que los proyectos sean sostenibles, afines a la legislación de cada país y que respeten la autonomía de los pueblos indígenas.

Para Gaia, el camino para implementar esas “salvaguardas” en el país tiene una gran dificultad: se reduce, señala en su informe Problemas y oportunidades de Redd+, a una cartilla informativa en las que están sintetizadas. De hecho, reitera el Sinchi, aún no hay un Sistema de Información de Salvaguardas que sea público. Tampoco, indican ambos informes, se está cumpliendo al pie de la letra la idea de la resolución del Minambiente: que al registrar los proyectos Redd+ en el Renare, las empresas constaten el cumplimiento de las salvaguardas.

De acuerdo con Gaia, además, no hay normas, instituciones ni mecanismos “de información y cumplimiento para que las salvaguardas sean reglas efectivamente adoptadas en los proyectos Redd+”. Por ahora, su “cumplimiento” quedó incluido en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro, pero su regulación aún es una deuda que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, prometió saldar desde que llegó a esa cartera.

La falta normativa sobre el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de las salvaguardas evidencia varios problemas, explica Felipe Guhl, PhD en Antropología por la Universidad Nacional y coordinador del Programa de dinámicas socioambientales y culturales del Instituto Sinchi. No hay un enfoque diferencial respecto a la forma de gobernanza de la región amazónica, dice.

Por ejemplo, como en la Amazonia hay resguardos muy grandes, algunos se gobiernan por asociaciones de diferentes autoridades tradicionales indígenas (las denominadas AATIS). No comprender ese contexto, puede desembocar en que se desconozcan autoridades indígenas o en que se vulnere la participación de alguno de los actores. Cuando esto sucede, pueden existen divisiones en los resguardos.

Por otro lado, también puede haber traslapes de proyectos sobre un mismo territorio o, incluso, es posible que no haya acceso oportuno a la información sobre los proyectos, especialmente en el mecanismo privado, uno de los dos caminos para desarrollar los Redd+. El otro es el de pagos por servicios ambientales, para tener resultados en conservación, en el que los Estados participan e intermedian en la formulación e implementación. En Colombia, esa tarea estatal está a cargo de Visión Amazonía.

El caso del Pirá Paraná

En algunos casos, cuando se trata de acuerdos privados, dice el informe del Sinchi, este camino resulta “atractivo” para líderes indígenas. Además, en algunas ocasiones las ganancias que reciben pueden ser superiores a las que las sumas que les otorga el Sistema General de Participación, que incluye una intermediación de las entidades del Estado. Pero el documento es claro al señalar que, debido a las complejidades que esto implica y que pueden causar división en las comunidades, es necesario un acompañamiento del Estado. Lo ideal, sugieren en el documento, es que ese acompañamiento se dé desde la negociación de los proyectos hasta en el proceso de auditoría.

Un caso clave, mencionado en ambos informes, es el de la disputa entre el Consejo Indígena del Territorio Río Pirá Paraná (Vaupés), cuyo asesor es Gaia, y la empresa Masbosques. Se trata de un caso que está en revisión en la Corte Constitucional.

De acuerdo con Julián Trujillo, investigador de Gaia y profesor de Derecho en la Universidad Javeriana, la empresa firmó con un líder del territorio que no tenía ningún cargo ni representación legal, mientras, paralelamente, se adelantaba el proceso de formación del Consejo Indígena del territorio (ya reconocido por el Ministerio del Interior).

Al ser consultada por esta situación, Masbosques explica que firmó el contrato con el presidente de la Asociación de capitanes y autoridades tradicionales indígenas del río Pirá Paraná – ACAIPI y después de que el proyecto pasara por cada una de las fases de aprobación y se estuviera ejecutando, recibieron “un oficio del Consejo Indígena del Pira Paraná desconociendo el proyecto y solicitando la no continuidad del mismo”.

Las comunidades, añade la compañía, “con el apoyo de la fundación Gaia Amazonas, venían trabajando en la construcción de la figura del Consejo Indígena, situación que desconocía Masboques porque es una figura que aún no está en funcionamiento acorde con el Decreto 632 de 2018″.

Ese decreto establece el mecanismo para que las autoridades indígenas de áreas no municipalizadas (como el caso del Amazonas, Guainía y Vaupés) tengan la figura de entidades territoriales, es decir, el mismo estatus que las autoridades de distritos, municipios y departamentos.

Para Masboques, “el Consejo indígena del Pira Paranà aún no ha terminado de agotar todas estas etapas por lo que el representante legal de ACAIPI sigue siendo el máximo órgano a nuestro entender”.

Pero otra es la visión de Gaiga sobre esta situación. Insisten en que Masbosques desconoció la decisión del territorio de constituir su autoridad en un Consejo Indígena.

Tanto Masbosques como Gaia afirman que actualmente las comunidades se encuentran divididas, pues algunas reconocen la figura del Consejo Indígena y otras las de la ACAIPI. “Situación y posturas que son muy variables, teniendo en cuenta que las comunidades cambian de capitán cada año o cada que ellos estimen necesario, lo mismo que ocurre con el presidente de la asociación”, dice Masbosques.

La empresa defiende que sus proyectos Redd+ se han hecho bajo el estándar de certificación Cercarbono, que, entre otros insumos académicos y normativos, se fundamenta en lo establecido por la Convención de Naciones Unidas.

Otros desafíos del complejo mercado de carbono

Uno de los motivos por los que la resolución de 2018 del Minambiente no se ha cumplido a cabalidad, dice Edersson Cabrera, coordinador de proyectos del Ideam, es porque justamente no tiene carácter de ley.

Es algo que, para Francisco Ocampo, director de la Asociación Colombiana de actores del carbono (Asocarbono), es “necesario para que los proyectos sean mejor ejecutados ante las comunidades y se prevengan de la mejor manera malas prácticas que pueden haber sucedido con antelación”.

Según Ocampo, el reto de una regulación estatal está en que los dos mecanismos (pago por resultados e iniciativas voluntarias de mitigación) logren complementarse para reducir la deforestación. Teniendo en cuenta, además, que las ambiciones ambientales que el país tiene, como alcanzar la deforestación cero en 2030, “requieren de muchas acciones y el mercado de carbono es un instrumento de financiación muy importante que no puede ser echado a un lado”.

Pero, para Trujillo, el tema no está en que un mecanismo sea mejor que el otro o en que estos deban complementarse, sino en el lugar que se les da a las comunidades en los proyectos. “Se ha tendido a considerar que los pueblos indígenas son únicamente receptores pasivos de proyectos formulados, desarrollados y comercializados por empresas externas a los territorios”, afirma. A sus ojos, un escenario ideal sería que los pueblos indígenas sean los dueños de los proyectos, es decir, quienes los formulen y los vendan. En esto considera fundamental que avance la aplicación del decreto 632 de 2018.

Otro de los problemas que acarrea la falta de normativa es que hay posibles traslapes o cruces entre los territorios y los proyectos. En palabras simples, al haber resguardos tan grandes, con diferentes autoridades indígenas y la posibilidad de que al interior de las mismas comunidades haya divisiones para firmar un proyecto u otro, existe la posibilidad de que las empresas que, como menciona Guhl “no se hablan entre sí sobre sus polígonos”, incluyan en diferentes proyectos una misma área de un territorio. Según el informe del Sinchi, algo similar ya estaría pasando en el resguardo Vuelta del Alivio, en Miraflores (Guaviare).

Además de causar más tensiones, lo que puede suceder es que, al haber cruce de diferentes proyectos sobre un mismo territorio, hay diferentes cálculos de la reducción de emisiones a la atmósfera que se supone que cada proyecto evitará, algo que no está permitido en un mismo territorio en los Redd+. Un punto más hay que tener en cuenta, sugiere el informe del Instituto Sinchi: la necesidad de una regulación para los Parques Nacionales Naturales (PNN) que colindan con los resguardos pues, por ahora, en los PNN no se pueden desarrollar bonos de carbono.

Según el mismo informe, el área de resguardos en la que potencialmente se podrían desarrollar los proyectos sin que se traslapen con PNN equivale a más de 24 millones de hectáreas (el 49 % de la superficie de la región). Al sumar el área de resguardos en donde ya hay proyectos que no se cruzan con PNN, junto a esos 24 millones de hectáreas en donde pueden desarrollarse, el Sinchi encontró que el 66 % del área total ya cuenta con algún proyecto.

Dudas frente a la deforestación

Entre 2002 y 2020, la deforestación ha hecho que se pierda el 1 % de la superficie de los resguardos indígenas de la Amazonia colombiana. En el caso del Gran Resguardo del Vaupés, la pérdida de bosque entre esos años fue de más de 43 mil hectáreas, lo que equivale al 1,09% de su superficie.

Ante estos datos, el Sinchi cuestiona la efectividad de estos proyectos para reducir la deforestación y señala en el informe que “surgen dudas sobre los intereses de desarrollar iniciativas en resguardos que no tienen una pérdida de bosque mayor del 1%”.

En los últimos años también han surgido algunas inquietudes sobre la eficacia de estos proyectos para ayudar a reducir la deforestación. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Science revisó 26 proyectos en seis países, incluyendo Colombia, y encontró que la mayoría no han reducido significativamente la deforestación y que, en el caso de los proyectos que sí lo hicieron, las reducciones fueron “sustancialmente inferiores” a lo que proyectaban. La investigación concluye que la mayoría de los proyectos son menos beneficiosos de lo que suelen presentar.

Julia P.G. Jones y Neal Hockley, investigadores de la Universidad de Bangor (Reino Unido), sintetizaron en The Conversation otro dilema más que está en el fondo de esta discusión. “Existe el riesgo de que la compensación en realidad aumente las emisiones porque las personas o las empresas podrían sentirse más cómodas emitiendo carbono si creen que pueden reparar cualquier daño simplemente comprando créditos de carbono”.

Algunas recomendaciones para disminuir los problemas

Tanto en el informe del Sinchi como en el de Gaia hay una recomendación contundente: es necesario que Colombia desarrolle unas reglas de juego claras para regular este tipo de proyectos. Para el Sinchi es crucial que haya una presencia de las instituciones, para detectar tanto las amenazas como los beneficios de los proyectos a futuro.

También sugiere que se lleven a cabo ejercicios de capacitación sobre cómo funciona Redd+. Corporaciones, gobernaciones, PNN, minambiente y el mismo Sinchi son algunas de las instituciones que, cree, deberían participar de esos procesos. También propone que la Procuraduría esté presente en un espacio que lidere el Minambiente para socializar y coordinar las competencias de las instituciones frente a las salvaguardas.

El Instituto también hace recomendaciones a las comunidades, como socializar oportunamente la información recibida sobre los proyectos, así como que durante los procesos de renovación de personal en los cargos directivos del resguardo o AATI, “los contratos y proyectos REDD+ sean un asunto interno de deliberación y reflexión”.

Del lado de Gaia recomiendan al Ministerio de Ambiente que la normativa tenga una ruta especial para los casos en los que los gobiernos de los pueblos indígenas participen como titulares de los proyectos, sin intermediación. Para estos casos, insisten en que es necesario considerar el carácter de los pueblos como Estado (es decir, autoridad de sus territorios) y no como particulares.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.