Indígenas del Amazonas, con el apoyo de actores de la academia y la sociedad civil, adelantan una iniciativa para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento en caso de que haya un contacto. Aunque han desarrollado una estrategia de prevención de enfermedades, hay otras amenazas graves que rodean a estos pueblos, como la minería y el mercurio.
Que el covid-19 evidenció las debilidades del sistema de salud en el Amazonas es algo que se ha mencionado en varias ocasiones. En ese departamento hay solo un hospital público para cerca de 80.000 personas. En la pandemia, luego de que se conociera allí el primer caso de coronavirus, en abril de 2020, cerca de 30 médicos renunciaron porque no tenían ni los equipos suficientes ni las garantías para atender a la potencial población contagiada: había 57 camas y ninguna unidad de cuidados intensivos. De hecho, en junio, el departamento registraba la tasa de mortalidad más alta por millón de habitantes.
Ante este panorama, sumado a la falta de conectividad de algunos territorios que se ubican a horas o incluso días en lancha de Leticia, las autoridades indígenas de varias comunidades de la región decidieron hacer un llamado a diferentes organizaciones de la sociedad civil para fortalecer sus redes de salud.
“No solamente se trataba de ver la salud desde un enfoque no indígena u occidental, en donde simplemente se pensara en la atención, sino en articular la prevención, promoción y atención desde los vastos conocimientos milenarios que tienen estos pueblos”, explica Ángela Rincón, líder de la Iniciativa de salud intercultural del departamento del Amazonas de Amazon Conservation Team (ACT).
Luego del llamado de los más de veinte pueblos indígenas del departamento, ACT y el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (Pecet) de la Universidad de Antioquia empezaron un proceso de actualización de conocimientos con agentes de salud indígenas. También, la adecuación y construcción de tres y cinco puestos de salud, respectivamente, con el apoyo de Visión Amazonía, en territorios como Villazul, Mariápolis y Providencia Nueva, entre otros, que benefician directamente a más de 2.400 personas e indirectamente a más de 9.500.
Rincón aclara que estos puestos no son “centros” como tal, pues no hacen parte de la red del Sistema General de Seguridad Social y Salud, sino que con ellos buscan “generar condiciones mínimas de salud”, siguiendo el modelo que había antes de la creación de la Ley 100. Para Rincón, cuando la expidieron, “restringieron cada vez más las capacidades de estos promotores que habían sido cualificados no solo por las direcciones o los servicios seccionales de salud departamentales, sino por el Sena y otras instituciones, para el diagnóstico de enfermedades transmitidas por vectores como la malaria y el dengue”.
Es por esto que ACT y el Pecet se han enfocado en la actualización de conocimientos de 16 agentes indígenas de ocho territorios en Leticia, a través de dos encuentros, además de un encuentro en Tarapacá con otros 22. Los participantes son agentes dedicados a la promoción y la prevención en salud vinculados a estos puestos. De acuerdo con Esteban Soto, médico del Pecet, la idea era “tratar de unificar las dos visiones del proceso salud-enfermedad y que esto fortaleciera el trabajo que ellos hacen en las comunidades y que pudieran tener un mejor aprovechamiento de los recursos que se les están facilitando”.
Uno de los temas principales que se abordó fue la identificación de factores de riesgo de enfermedades: “identificar signos de alarma en poblaciones y situaciones específicas, también cómo afecta de forma positiva o negativa la relación con el entorno (el agua, el aire, la tierra) y desarrolla enfermedades”, añade Soto. Los encuentros incluyeron otros temas que van desde la prevención de enfermedades con la higiene de manos, la atención de enfermedades diarreicas en niños y adultos, hasta infecciones respiratorias.
La iniciativa no solo se relaciona con la atención en salud para estas comunidades, sino que proyecta que a futuro haga parte del modelo del sistema indígena de salud propio intercultural (Sispi) del departamento del Amazonas, que ya culminó su primera fase. De hecho, siguiendo con la lógica del Sispi, Rincón anota que son los sabedores indígenas quienes definen cuándo se requiere una atención desde la medicina occidental y “eso no quiere decir que una vez entre esta acción los conocimientos tradicionales se dejen a un lado”.
Enmar Gifichiu, uno de los agentes de la Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de La Chorrera, dice que hay un punto clave que es “que lo que nosotros no podemos, lo puede el hombre blanco. Es importante conocer las dos partes porque nos apoyamos. El método de atender a un paciente no cambia mucho, es más poder descubrir que se fortalece el trabajo”. Para la investigadora, la integración de ambas medicinas no solo consiste en un reconocimiento, “estos diálogos no necesariamente son fáciles porque es una conceptualización simbólica diferente del mundo”.
Pueblos en aislamiento
Un punto clave de la adecuación de estos puntos de salud se relaciona con los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y la preparación para un eventual contacto. Soto explica que “la experiencia del covid-19 permitió afianzar más la necesidad de proteger a los pueblos en aislamiento, así como este virus tuvo la capacidad de llegar hasta comunidades remotas, hay esta y muchas otras enfermedades que pueden penetrar barreras geográficas y llegar a estos pueblos que, por estar en aislamiento, tienen más riesgo de sufrir consecuencias devastadoras”.
En Colombia, ya se han identificado dos pueblos en aislamiento en el Parque Nacional Natural Puré, y hay entre 14 y 17 por confirmar. Francisco García, agente de salud de la Asociación de Autoridades Indígenas de la Zona Arica (Aiza), coincide en que “si algún día hay un contacto podríamos transferirles enfermedades que pueden ser mortales porque no tienen las defensas de enfermedades que vienen de otro territorio y no son de origen natural”.
Rincón enfatiza que con los puestos de salud y la prevención y promoción se forma una suerte de cordón sanitario de protección para estos pueblos, algo que incluye sus calendarios ecológicos asociados a los rituales. De modo que se previene “el ingreso a los territorios de enfermedades infectocontagiosas, en donde efectivamente los pueblos indígenas que están en situación de aislamiento son altamente vulnerables”. La investigadora apunta que se ha comprobado que en un término de cinco años después de un contacto con un grupo o una fracción del grupo se disminuye entre el 30 y el 50 % de la población.
“No es que los indígenas que estén en situación de aislamiento no tengan un sistema de defensa fortalecido, pero para las enfermedades que son de su territorio, no para las ajenas”, explica Rincón. Un ejemplo claro de esto fue el primer contacto regular con el pueblo Nukak, en 1988. De acuerdo con la ONG Survival, ya aproximadamente el 50% de este pueblo ha muerto a causa de enfermedades y la ausencia del Estado para evitar su exterminio.
Por su parte, Mario Paki Barbosa, líder comunitario y docente de la escuela de la comunidad Villazul, insiste en que “si nosotros protegemos la salud en nuestro resguardo vamos a estar bien con nuestros vecinos y a ese grupo en aislamiento también le vamos a garantizar su pervivencia. Con ese fin es que formamos los centros de salud, ahora tenemos enfermedades nuevas y nos toca protegernos de esta manera”. Para García, de Aiza, que los pueblos en aislamiento se encuentren a salvo es importante porque ya no “tenemos los mismos conocimientos de ellos, ellos lo tienen intacto, por eso queremos fortalecerlos, para que nadie les interrumpa su vida como la están viviendo”.
Pero Rincón añade algo más. Y es que la prevención no incluye únicamente evitar “el ingreso de enfermedades infectocontagiosas, sino también de cualquier amenaza a sus territorios, pues hay muchas enfermedades que no solamente vienen de una presencia de colonos o de habitantes en las cabezas de las cabeceras municipales, sino también de economías ilegales”. De hecho, una de las principales preocupaciones que tienen varias organizaciones de la región es la posible contaminación por mercurio en los indígenas en aislamiento.
Según monitoreos, solo en el año de la pandemia las balsas mineras pasaron de estar a 100 km en línea recta de los pueblos en aislamiento a 10 km de estos. Sin embargo, el impacto de una posible contaminación por mercurio o alguna enfermedad en estos pueblos, en caso de que las balsas sigan avanzando, podría tardarse años en reconocerse, pues esto se revisa, por ejemplo, monitoreando algún detrimento (o abandono) de las infraestructuras de estos pueblos que se han reconocido.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
