Diferentes monitoreos muestran que en enero de este año disminuyeron los incendios en la Amazonia con relación al mismo mes en 2022. Sin embargo, científicos advierten que este dato debe leerse con cuidado y que los incendios siguen siendo la punta del iceberg de las complejidades de la región.
Todos los años, en este mes, que es plena época de verano en la Amazonia, hay un tema del que se vuelve a hablar: incendios. Por ejemplo, hace un año, en el Parque Nacional Natural Tinigua (Meta) hubo 700 alertas en menos de quince días entre finales de enero y principios de febrero, una cifra que según Global Forest Watch fue inusualmente alta. Además de que los científicos vienen alertando desde hace décadas sobre los diferentes factores que están amenazando los ecosistemas de esta región, los datos sobre los incendios que entidades y organizaciones publican cada año son apenas la punta del iceberg de varios problemas en el caso colombiano.
Según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), basándose en monitoreos de Global Forest Watch, el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Brasil), entre otros sensores y satélites (como GOES, NOOA, MODIS AQUA y TERRA, SUOMI NPP), en enero se registraron 13.123 alertas de incendios en todo el país, de las cuales el 59 % fueron en Vichada, Meta, Caquetá y Putumayo. La FCDS resalta que lo clave de este dato es que en comparación con el mismo mes en 2022 hay una reducción del 70 % en alertas: en enero del año pasado fueron más de 41 mil.
Estas cifras concuerdan con los datos del Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia Colombiana (Siatac), del Instituto Sinchi, que utiliza información de satélites de la Nasa y la Agencia Espacial Europea. La información del Siatac indica que en enero de 2022 hubo 42.671 puntos de calor en la Amazonia, mientras que en este enero hubo 6.593.
Pero esto hay que analizarlo con cuidado. Dolors Armenteras, PhD en Geografía por el King’s College de Londres y profesora de la Universidad Nacional, afirma que “cuando hay comparación entre años tiene que ser relativa a las condiciones climáticas, los números solos no son suficientes”. La profesora insiste en que venimos de un “año de La Niña con mucha lluvia”, lo que genera condiciones atípicas en este periodo de verano. Algo que también resalta el biólogo Juan Carlos Sandino, experto en planificación y gestión de áreas protegidas. El verano en la región normalmente empieza en diciembre, pero La Niña alargó las lluvias hasta mediados de enero y “como son incendios provocados, la gente no va a empezar a quemar cuando todavía está lloviendo”, dice Sandino.
Ambos científicos añaden que para esta misma época de 2024 el país debería prepararse, teniendo en cuenta el periodo de El Niño que se prevé para este año. “El verano va a ser mucho más fuerte, las temperaturas van a ser más altas, el grado de sequedad en la vegetación y en el suelo va a ser mucho más elevado, y el nivel de los ríos va a ser mucho más bajo”, señala Sandino.
Rodrigo Botero, director de la FCDS también coincide con Armenteras y Sandino. Sin embargo, para Botero, hay otro motivo que explicaría la reducción de alertas. “Los fuegos no se dan porque no hay suficiente madera en el suelo para que se den en las mismas proporciones del año pasado. Entonces sí ha habido una reducción importante significativa de tumba de bosque, de rastrojos, en muchas de las zonas en donde los años anteriores se dieron de manera mucho mayor”.
Pero Armenteras advierte que un punto clave a tener en cuenta es que los incendios no se pueden confundir con la deforestación. La profesora afirma que en la Amazonia los fuegos están asociados “al mal manejo de uso de suelo”, de modo que se queman los pastos de bosques que previamente fueron talados. Un proceso vinculado con la ampliación de la frontera agrícola, especialmente para ganadería extensiva. “Es un tema crónico, que viene dándose desde hace más de 50 años”, apunta Sandino, y que está vinculado con procesos de colonización.
El motivo por el que cada año se habla y se vuelve a hablar de los incendios en la Amazonia, especialmente en febrero, es que no hay una adecuada gestión del “territorio y de los paisajes, ni prevención de incendios, ni incorporación del conocimiento científico”, agrega Armenteras, para quien uno de los problemas de partida es que el monitoreo de las instituciones debería servir para que se tomen “más acciones concretas, pero en el territorio la gente no tiene esas alertas”.
Uriel Murcia, coordinador del programa de investigación del Instituto Sinchi y magíster en Gestión ambiental, también dice que es necesario mejorar el monitoreo de alertas tempranas, de modo que “se puedan modelar áreas específicas para que no se tenga una nube de puntos rojos” en los monitoreos de puntos de calor, pues pun problema con estos focos es que pueden registrar desde grandes incendios hasta un asado. Según Murcia, para lograr modelar las áreas en las que hay incendios, debe haber una verificación en campo de los puntos de calor que advierte el satélite, ya sea a través de imágenes en tiempo real, drones, entre otros mecanismos, lo que permitiría aportar a la prevención de incendios, pues habría un conocimiento más certero de en dónde se ubican los incendios.
Para Murcia, el fortalecimiento de monitoreos también aportaría a la incorporación de conocimientos científicos que mencionaba Armenteras para la gestión de los incendios. Y es que hay un dato que no se tiene en Colombia. Mientras que el Siatac tiene información de los más de 13.000 puntos de calor que, por ejemplo, se han registrado en la Amazonia desde el 1 de enero hasta este 7 de febrero, y la Unidad de Gestión del Riesgo tiene un registro de los incendios que se atienden, en el país no existe el dato del resto de área que se quema y que no es atendida, es decir, no hay un sistema de monitoreo de las áreas totales afectadas por incendios cada año. El investigador explica que si esto se lograra habría un insumo más para calcular las emisiones que causan los incendios, sus impactos en ciertos ecosistemas, así como también habría información que aportaría a los procesos de restauración ecológica en los ecosistemas que se hayan quemado.
Actualmente, las alertas en la Amazonia funcionan a modo de reacción y no de prevención, es decir, alguien reporta el incendio y los bomberos acuden a apagarlo. Pero esto no siempre se cumple al pie de la letra. Jhon Jairo Moreno, responsable departamental del Guaviare por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) ante el comité departamental de Gestión del Riesgo, explica que hay dos tipos de problemas para atender incendios en el caso del Guaviare. Uno, está relacionado con la falta de acceso a ciertos territorios por temas de orden público y, otro, relacionado con la falta de un fortalecimiento institucional.
Para Moreno, los incendios de cada inicio de año no deberían verse como “el problema de la Amazonia, sino como una problemática del país para poder hacer un frente común de presencia institucional”. En esto coincide Angélica Rojas, coordinadora de la FCDS en el Guaviare, quien también señala que debe haber una mejor articulación entre diferentes entidades para la prevención y contención de los incendios. “Se necesita una mayor incidencia sobre el manejo de praderas y cultivos, y no solo la acción inmediata cuando hay alertas”.
Además, en el caso de este departamento, la acción inmediata no siempre es efectiva. Moreno señala que la capacidad actual de los bomberos no les permite atender más de tres o cuatro eventos que incluso estén a menos de una hora del casco urbano de Calamar, San José del Guaviare o el Retorno.
Según Moreno la CDA no ha recibido ningún apoyo de parte del Ministerio de Ambiente para atender los incendios de estas semanas, aunque recibieron una avioneta por parte de las fuerzas armadas para apagarlos. El Espectador consultó al Ministerio de Ambiente sobre cómo se está procediendo para contener los incendios. Desde esa cartera afirman que se activó una mesa técnica asesora para incendios forestales y se inició un trabajo con los consejos de gestión del riesgo en territorio, con el fin de realizar una atención temprana a los posibles focos.
Para Ayde Villada, coordinadora municipal de Gestión del Riesgo en San José del Guaviare, otra de las fallas es que mientras todos los años llegan los cuerpos de socorro a apagar el fuego, no hay judicializaciones que responsabilicen a los propietarios de los predios en los que hay reincidencia de incendios porque no hay pruebas de que se generan los incendios.
Por otro lado, Rojas considera que debe haber un mayor fortalecimiento de gobernanza de las comunidades en estos departamentos, por ejemplo, que la población conozca que los incendios, además del daño ambiental que conllevan, hacen que la “sostenibilidad del suelo a largo plazo no les sea rentable”. Murcia, del Sinchi, explica que en algunos casos se hacen quemas para controlar plagas que afectan al pasto y al ganado, por lo que agrega que en los esos procesos de fortalecimiento comunitario también se pueden incluir capacitaciones al respecto.
Tanto Rojas como Moreno dicen que uno de los problemas sobre este punto es que llegan proyectos de ONG al departamento para fortalecer los temas de gobernanza, pero “no hay una articulación para que se unifiquen criterios, solo se llega por un proyecto”, enfatiza Moreno. Por otro lado, Sandino insiste en que se requiere una inversión “grande en infraestructura y que actualmente los municipios no tienen”; para el biólogo también es urgente que el gobierno plantee políticas que orienten acciones para que se tenga esa inversión en los municipios. Por su parte, el Minambiente destacó que el año pasado, en un encuentro con 400 campesinos en Cartagena del Chairá (Caquetá), se firmó un acuerdo social para contener la deforestación.
Manejo del fuego
A esta discusión se suma otro punto crucial: el manejo que se le da al fuego en Colombia. María Meza, candidata a PhD en Ciencias – Biología de la Universidad Nacional e integrante del Grupo de Investigación en Ecología del Paisaje y Modelación de Ecosistemas de la Universidad Nacional (Ecolmod), dirigido por Armenteras, explica que en el país no se ha tenido en cuenta “la otra cara del fuego” y las decisiones que se toman están asociadas con las afectaciones de incendios a grandes escalas.
Resulta que hay ecosistemas en los que el fuego juega un rol crucial para mantener su equilibrio, como en las llanuras de la Orinoquia, en donde la ausencia completa de fuego puede traducirse en degradación. “Tenemos ecosistemas que dependen del fuego, con plantas y animales que tienen adaptaciones al fuego, mientras que hay otros ecosistemas que son muy sensibles a este, por eso cuando se presenta, así sea de baja intensidad, la mortalidad es muy alta, como ocurre en los bosques húmedos del Amazonas”.
Meza dice que es necesario que en el país haya un manejo integral del fuego que atienda a las necesidades productivas de ciertas regiones, como el caso de la Orinoquia. Esto permitiría que se hicieran quemas controladas que, en caso de que se salgan de control, estén en la capacidad de manejo de los bomberos. También permitiría que se articule una gestión de paisajes y predios en las diferentes regiones del país, lo que sería otro aporte a la prevención de incendios en zonas como la Amazonia.
De hecho, es algo que podría volverse ley. En 2017, Ecolmod hizo parte de la formulación de un proyecto de ley de manejo integral del fuego,presentado por Mauricio Toro el año siguiente; sin embargo, el proyecto no prosperó en el Congreso. En agosto de 2021 se volvió a presentar en el Senado y tuvo su primer debate en comisión en noviembre de ese mismo año. Por ahora, está pendiente de pasar el segundo debate en plenaria del Senado, y el nuevo ponente es Inti Asprilla. En otros países de la región, como Paraguay, Brasil, Bolivia, Panamá y Argentina ya hay normativas en torno al fuego.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
