En 2022, las alertas de deforestación del sistema Deter/Inpe no solo fueron las más altas de la serie histórica, sino que superaron en un 25 % el promedio de los 12 meses. Amazonas se consolidó como el segundo estado con mayor pérdida de bosques en la Amazonía Legal.
La escalada de la deforestación: Eliminación total de la vegetación nativa en un área determinada seguida, en general, por la ocupación con otra cobertura o uso del suelo. en la Amazonía durante los últimos cuatro años ha impuesto una serie de desafíos al gobierno de Lula en sus planes para eliminar el problema para 2030, no solo por la magnitud de los daños, sino porque se ha vuelto aún más complejo combatirla. El desmantelamiento en serie de las políticas ambientales, asociado a mensajes positivos del gobierno de Bolsonaro para quienes utilizaban ilegalmente la Amazonía, favoreció por un lado la sensación de impunidad y por otro el aumento de la criminalidad.
Varios indicadores así lo apuntan. Entre enero y diciembre de 2022, por ejemplo, los números de las alertas de deforestación en la Amazonía realizadas por el sistema Deter: Herramienta del gobierno federal brasileño que genera alertas rápidas ante evidencias de cambios en la cobertura forestal en la Amazonía y el Cerrado, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe). no solo fueron los más altos de la serie histórica, que comenzó en agosto de 2015, sino que superaron en un 25% el promedio del período de 12 meses – que ya estaba inflado por el avance de la devastación en los tres años anteriores.
Entre 2016 y 2018, la deforestación promedio observada por las alertas Deter fue de 4.844 km² al año. Entre 2019, el primer año de Bolsonaro, y 2021, el promedio fue de 8.604 km². Solo en 2022 se detectó tala rasa en 10.278 km², un área equivalente a casi siete veces la ciudad de São Paulo, Brasil. Para comprender la magnitud del problema, el Contador de Árboles Talados: Herramienta desarrollada por MapBiomas/PlenaMata que estima en tiempo real cuántos árboles se talan en la Amazonía Legal brasileña. de PlenaMata cerró el año con 580 millones de árboles talados, un promedio de 224.823 por día.
“Lo primero que hay que hacer está relacionado con acciones que cambien la percepción de la impunidad. Porque lo que alimenta la deforestación es la impunidad”, apunta el ingeniero forestal Tasso Azevedo, coordinador de la red MapBiomas: Iniciativa desarrollada por una red multiinstitucional que involucra a universidades, ONG y empresas de tecnología con el objetivo de mapear anualmente la cobertura y el uso de la tierra en Brasil y monitorear los cambios en el territorio. y miembro del equipo de transición del nuevo gobierno brasileño en el grupo de trabajo de Medio Ambiente.
Lo primero que hay que hacer está relacionado con acciones que cambien la percepción de la impunidad.
Tasso Azevedo, coordinador de la red MapBiomas
En medio de las altas tasas, Tasso Azevedo defiende acciones que se puedan tomar de inmediato, sin mucho esfuerzo, a distancia y en base a datos que ya están disponibles, como el llamado embargo remoto. Es la posibilidad de enjuiciar la deforestación a partir del cruce de imágenes satelitales con datos del Registro Ambiental Rural: Registro electrónico obligatorio, realizado por autodeclaración y destinado a la regularización ambiental de las propiedades rurales en Brasil (CAR, por su sigla en portugués). La multa se envía por correo, el embargo de áreas también es automático y se impide al propietario obtener un crédito rural en un banco. Considerada una eficaz disuasión del crimen, la estrategia, sin embargo, fue prácticamente ignorada en los últimos cuatro años.
“Esta medida ahora puede adoptarse a una escala muy grande, lo que provoca que la gente no pueda vender productos, no pueda recibir financiamiento, no pueda hacer la regularización de tierras”, explica.
La idea es castigar a los que ya han deforestado y también interferir en las fuentes de financiación para nuevas deforestaciones. “Es el mecanismo para bloquear digitalmente la propiedad e imposibilitar su uso económico, para no beneficiarse de la deforestación”, agrega.
Deforestación acelerada en el 2º semestre
Los primeros tres años del gobierno de Bolsonaro vieron una explosión de deforestación. La tasa anual oficial medida por el sistema Prodes: Proyecto para el mapeo oficial de pérdidas anuales de vegetación nativa en la Amazonía Legal., del Inpe, saltó de 7.536 km² en 2018, último año del gobierno de Michel Temer, a 13.038 km² en 2021, un aumento del 73 %.
Los datos, que siempre se miden desde el 1 de agosto de un año hasta el 31 de julio del año siguiente – el llamado año de referencia para la deforestación –, tuvieron cuatro aumentos consecutivos antes de mostrar una ligera disminución el año pasado. Entre agosto de 2021 y julio de 2022, Prodes cerró a la baja un 11%.
La ligera mejoría, sin embargo, no representó un alivio. Más de 11.500 km² fueron deforestados en el período. Y en cuanto cerró la tasa, lo que se observó es que la deforestación volvió a despegar. Mientras Prodes verifica la pérdida de vegetación en el transcurso de un año, Deter es un sistema más ágil que sirve para indicar casi en tiempo real dónde puede estar ocurriendo la deforestación para orientar la inspección. Son las alertas de Deter las que muestran que el problema se aceleró en la segunda mitad del año pasado.
Con el período electoral acercándose y la expectativa de que el control de la deforestación podría volver al servicio activo en el gobierno de Lula, mucha gente se apresuró a deforestar antes del cambio de política. Solo en los últimos cinco meses de 2022 se limpiaron 4.803 km², según las alertas de Deter – otro récord para el período en la serie histórica que comenzó en 2015.
Esta pérdida solo será considerada en el próximo análisis de seguimiento del Prodes, a concluir en julio de este año. En otras palabras, la primera tasa de deforestación del gobierno de Lula aún vendrá con este “regalo griego” dejado por la política de liberación de los años de Bolsonaro.
Además de los malos indicadores que heredará el nuevo gobierno, los datos del Deter también refuerzan algunas informaciones que ya habían aparecido en el último Prodes y que deberían marcar las acciones de la administración Lula para hacer frente a la devastación.
La lista de municipios con más alertas de deforestación en el resultado acumulado del año de Deter está encabezada por Apuí y Lábrea, ubicados en el sur del estado de Amazonas. Juntos, los municipios sumaron 1.230 km² de pérdidas, o el 11,6 % de las pérdidas totales de la Amazonía Legal. Es en esa región donde más ha crecido la deforestación en los últimos dos años.
Liderazgo amazónico
Las dos últimas tasas del Prodes ya habían mostrado, por primera vez desde el inicio del monitoreo, que el estado de Amazonas era el segundo más deforestado de la Amazonía Legal brasileña.
El estado, que históricamente ha ocupado un distante cuarto lugar en el ranking, subió al tercero en 2019 y al segundo en 2021. El avance de la frontera agrícola por la región conocida como AMACRO (que abarca el sur de Amazonas y partes de Acre y Rondônia) y la especulación inmobiliaria en torno a la expectativa de pavimentación de un tramo de la carretera que conecta Porto Velho (RO) a Manaus (AM) se consideran los principales desencadenantes.
De hecho, vale mencionar que en esta misma región se encuentran la cuarta ciudad más deforestada según datos del Deter en el año (Porto Velho, con 462 km² devastados) y la séptima (Nova Aripuanã, con 285 km²). La deforestación en la Amazonía se ha concentrado principalmente en tierras públicas no asignadas y en asentamientos. Todo este movimiento trajo riesgo a un área que se había salvado un poco más que el restante de la región durante el proceso de deforestación en la Amazonía.
“Esta región, relativamente preservada hasta mediados de la década de 2010, ahora está bajo el control de acaparadores de tierras organizados, que ocupan tierras públicas no adjudicadas sin ningún control por parte del Estado brasileño. Si el proceso de ocupación de Amacro no es contenido inmediatamente con una fuerte acción de comando y control, una parte importante de la Amazonía será destruida”, escribió el investigador del Inpe Gilberto Câmara, quien dirigió el instituto entre 2005 y 2012, en un artículo publicado al final de 2022.
Esta región, relativamente preservada hasta mediados de la década de 2010, ahora está bajo el control de acaparadores de tierras organizados, que ocupan tierras públicas no adjudicadas sin ningún control por parte del Estado brasileño.
Gilberto Câmara, investigador del Inpe
También se destaca en los datos de Deter el avance de la deforestación alrededor de la carretera BR-163, en el sur del estado de Pará y también a lo largo de la carretera Transamazónica. Los datos llaman la atención no precisamente por su novedad, sino por la demostración de que la delincuencia se ha consolidado en esa región.
Entre Itaituba y Novo Progresso, ciudades al borde de la BR-163, no han faltado noticias en los últimos cuatro años sobre el aumento de la minería ilegal, la tala de árboles, el acaparamiento de tierras, así como ataques a inspectores, equipos y bases del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) e Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). Novo Progresso fue la ciudad amazónica en la que Jair Bolsonaro obtuvo mayor número de votos en la primera vuelta de las elecciones y también donde simpatizantes del presidente atacaron con piedras y tiros vehículos de la Policía Federal tras la segunda vuelta.
Además, fue en esta región donde se registró la mayor deforestación en unidades de conservación amazónicas a lo largo de 2022 según Deter: en el Área de Protección Ambiental de Tapajós (APA Tapajós) y en el Bosque Nacional de Jamanxim (FLONA Jamanxim, por su sigla en portugués).
De los 101,29 km² de deforestación en la APA Tapajós, 97,68 km² ocurrieron dentro del municipio de Itaituba; el 40 % de todo lo que se deforestó en el municipio en 2022. La pérdida en la FLONA Jamanxim, la segunda mayor tasa de deforestación en Unidades de Conservación en 2022 (88,97 km²), ocurrió íntegramente dentro de Novo Progresso y representó el 39 % de la deforestación de la ciudad. Las dos ciudades son, respectivamente, la novena y décima más deforestadas en 2022.
Primeros pasos y nuevos retos
En el primer día de su administración, Lula reactivó el PPCDAm: Plan lanzado en 2004 para reducir la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la pérdida de vegetación nativa en la Amazonía Legal brasileña. (Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal), que había sido desactivado durante la administración de Bolsonaro. El PPCDAm fue el principal instrumento, creado por el equipo de Marina Silva en el primer mandato de Lula, para garantizar las acciones que llevaron a una reducción del 83 % de la deforestación entre 2004 y 2012.
Pero a juicio de los especialistas, este fue solo un primer paso de muchos que habrá que dar Brasil, ya que el escenario en 2023 trae desafíos mucho mayores que los que enfrentó Lula en 2003.
Es necesario recuperar lo que un día funcionó, mejorar y realizar un montón de acciones que nunca llegaron a concretarse en el pasado, como la promoción real del desarrollo sostenible en la región con la creación de alternativas económicas al despojo de los bosques.
“Para los grandes y medianos deforestadores, es necesario recuperar las políticas que funcionaron, teniendo en cuenta que ahora hay desafíos adicionales. El Amazonas es más violento porque estos tipos fueron básicamente empoderados por Bolsonaro. El 8 de enero [cuando ocurrieron los actos vandálicos y golpistas contra la sede de la democracia en Brasilia], tuvimos una manifestación de algo que nos imaginamos que también podría pasar en las fronteras de la Amazonía cuando comiencen las acciones contra los delitos ambientales”, cuenta el investigador Paulo Barreto, de Imazon, que investiga la dinámica de la deforestación.
El Amazonas es más violento porque estos tipos fueron básicamente empoderados por Bolsonaro. El 8 de enero, tuvimos una manifestación de algo que nos imaginamos que también podría pasar en las fronteras de la Amazonía cuando comiencen las acciones contra los delitos ambientales.
Paulo Barreto, investigador de Imazon
“Un punto clave es seguir el dinero de los acaparadores de tierras, mineros y madereros ilegales. Antes de que se hagan grandes y nuevas operaciones, ya es posible interferir en ese proceso con acciones basadas en inteligencia financiera y otras bases de información: bloquear, confiscar, traer más aspectos de inteligencia, de investigación”, dice Barreto.
“En los últimos años, ha habido mucha deforestación. Y ese es el tipo de crimen donde el cuerpo se queda allí. No es necesario que asesinen más árboles para comenzar a investigar. El número de casos que no rindieron cuentas es enorme. El gobierno no necesita esperar a una nueva cosecha de deforestación para empezar a actuar”, recomienda.
Un artículo publicado a fines del año pasado por Gilberto Câmara y colegas del Inpe destaca algunas otras características de la deforestación observada en los últimos años. El trabajo considera la deforestación registrada por Prodes entre 2008 y 2021 (ago./08 al jul./21) – o sea, no incluye lo ocurrido en el último año –, pero muestra cambios de comportamiento recientes que deberán ser objetivo de inspección.
La investigación liderada por Câmara y publicada en la revista CEBRI (Centro Brasileño de Relaciones Internacionales) discute los desafíos para alcanzar las metas que Brasil asumió con el Acuerdo de París – deforestación ilegal cero para 2030.
Según los autores, la deforestación en tierras públicas no adjudicadas aumentó del 12 % en 2008 al 20 % en 2021. “Este último aumento es una señal crítica de la expansión de la frontera terrestre hacia nuevas áreas fuera del tradicional 'arco de deforestación'”, informan.
Según ellos, también hubo un cambio en el perfil de la deforestación en áreas privadas. "De 2008 a 2012, cuando hubo una fuerte acción del gobierno, alrededor del 1 % de las propiedades realizaron el 75 % de las talas de bosques. En el período 2018-2021, cuando las acciones de aplicación de la ley se redujeron considerablemente, alrededor del 0,5 % de las propiedades representaron el 75 % de las talas. Es decir, en los últimos años, sólo 2.500 propiedades y asentamientos de un total de 500.000 concentran la mayor parte de las talas", escriben.
El problema se vuelve aún más concentrado al analizar la titulación. Según el trabajo, el 1 % de las tierras tituladas en la Amazonía representó el 83 % de la deforestación en propiedades rurales (inscritas en el Registro Ambiental Rural-CAR) en 2021.
"Así, tenemos una fuerte concentración de actores relacionados con grandes acciones de deforestación. Esto sugiere que las acciones de control dirigidas pueden tener un fuerte efecto en la prevención de la deforestación ilegal", apuntan los investigadores.
Reportaje de InfoAmazonia para el proyecto PlenaMata.
