La presidenta de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) de Brasil concedió una entrevista a InfoAmazonia, antes de asumir el cargo el viernes pasado (3 de marzo). Joenia Wapichana señaló que el presupuesto para demarcación y protección de tierras ronda los R$ 90.000 y, por lo tanto, buscará alternativas para reanudar las acciones de la agencia.

Por primera vez una mujer indígena asume la presidencia de Funai: Órgano federal creado en 1967 y responsable de implementar políticas para la protección y promoción de los derechos indígenas en todo el territorio nacional. en Brasil. En la transición entre concluir su mandato como diputada federal y asumir el viernes pasado (3), la abogada Joenia Wapichana (Rede-RR) concedió una entrevista a InfoAmazonia y comentó lo que puede ser un serio impedimento para el desempeño de la agencia, principal responsable por proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas en Brasil, que ocupan casi el 14 % del territorio nacional: “un presupuesto insuficiente, totalmente precario para el tamaño de la obligación que por ley tiene la Funai”.

Con solo R$ 600 millones presupuestados para este año (o el 0,001 % del presupuesto de la Unión, de R$ 5,3 billones), dijo que la Funai tendría menos de R$ 90 mil para desarrollar acciones de demarcación y protección de los Territorios Indígenas (TI): Territorios de la Unión reconocidos y delimitados por el gobierno federal para el mantenimiento de la forma de vida y cultura indígena en todo el país.. Wapichana evalúa que es necesario buscar una salida y señala el rumbo: utilizar el Fondo Amazonía, además de apoyarse en organizaciones indígenas y otros fondos. 

En la entrevista, Wapichana afirma que encontró a la Funai “en una situación de escasez”. También recordó sus cuatro años como única indígena en la Cámara de Diputados brasileña. Ocupaba el gabinete 231, que eligió porque tiene el mismo número que el artículo de la Constitución que garantiza a los pueblos indígenas los derechos a sus territorios tradicionales. También resaltó las principales materias antindígenas discutidas durante este período y que no fueron aprobadas: el Proyecto de Ley 191/21, que permitiría la explotación de recursos minerales, petroleros e hídricos en territorios indígenas y el 490/07, que haría inviable la demarcación de territorios indígenas. 

Nacida en la comunidad indígena Truaru da Cabeceira, en la zona rural de Boa Vista, capital del estado de Roraima, en Brasil, a los 24 años Joenia Wapichana fue la primera indígena en graduarse en Derecho en el país, en la Universidad Federal de Roraima (UFRR). Tiene aún una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Arizona, Estados Unidos. En 2008, se hizo conocida a nivel nacional por ser la primera abogada indígena en hacer un alegato oral en el Supremo Tribunal Federal (STF) en el caso que garantizó la demarcación de un área continua del Territorio Indígena Raposa Serra do Sol, en Roraima.

Lohana Chaves

Joenia Wapichana, presidenta de la Funai

InfoAmazonia – ¿Cómo fueron sus cuatro años de gestión como primera diputada federal indígena en Brasil y bajo el gobierno de Bolsonaro? 
Joenia Wapichana – Fue un mandato de lucha. Principalmente para defender los derechos, para que no tuviéramos retrocesos. Una lucha que llevaba el principio de participación, sobre todo donde los pueblos indígenas podían estar participando en el mandato, en la colectividad, porque la colectividad es un principio indígena. Más que nada [fue un mandato] de resistencia, resistencia en el sentido de no dejar que se reduzcan nuestros derechos, que ya son pocos. Por eso fue un mandato combativo, para que los proyectos antindígenas no pasaran, y no pasó ninguno.

¿Cuáles fueron esos proyectos? ¿Puede hablar un poco más sobre ellos y dónde están ahora? 
El Proyecto de Ley 490/2007, que trata el tema de la modificación de la demarcación de los TI [Territorios Indígenas], trae en su texto el tema del ‘marco temporal’. Nosotros lo logramos mantener por mucho tiempo en la CCJ [Comisión de Constitución y Justicia] para que no fuera aprobado, pero todavía sigue. Al final, fue aprobado por la CCJ, pero no llegó al Senado ni a la Cámara. 

También hubo el Proyecto de Ley 191/2020, que se aprobó la urgencia, pero no se aprobó el texto, y peleamos mucho. Trajo la guerra en Ucrania como justificación para la regularización de la minería en territorios indígenas. También estaba el Proyecto de Ley 3275/2021, que podría sentar un precedente muy negativo para la reducción de TI. Sin embargo, no se aprobó ningún proyecto, digamos, negativo y en ese sentido [antindígenas]. 

Por otro lado, aprobamos el Proyecto de Ley 11042/2020, del cual fui ponente, y que traía el plan para enfrentar el covid-19 [en territorios indígenas y quilombolas]. Bolsonaro vetó 22 artículos, incluso durante la pandemia, pero logramos anular los vetos y se convirtió en Ley. Hoy [el Estado] puede usarlo para [responder a] cualquier pandemia o epidemia [en territorios indígenas y quilombolas], algo que puede pasar en Brasil. 

También logramos cambiar el Día del Indio por el Día de los Pueblos Indígenas [Proyecto de Ley 5.466/2019], que fue un proyecto que cambió la terminología en cuanto al reconocimiento del tema de la colectividad, el territorio y la diversidad cultural de los pueblos indígenas.

¿Qué fue lo más difícil en estos cuatro años (2019-2022) cuando se mira hacia enero de 2023? 
Lo más duro fue el bolsonarismo, fue el fascismo, todo lo que estamos sufriendo hoy. Las consecuencias de estos cuatro años son precisamente las que impidieron a los pueblos indígenas proteger su vida, especialmente con la pandemia. Vimos lo que pasó. Y ahora, al terminar el mandato con la crisis yanomami, me siento en el mismo lugar. Como coordinadora del frente indígena, como parlamentaria del estado de Roraima, como indígena Wapichana, ya venía denunciando esto desde mi primer año de gobierno. 

Cuando coordiné la Comisión Externa del Congreso sobre los Yanomami, cuando estuve en diligencia, pudimos verificar y recomendar que se tomaran medidas urgentes para evitar muertes. Ahora, vemos materializarse esta crisis humanitaria. Todas las alertas que hemos emitido en los últimos años y que no han tenido respuesta del gobierno de Bolsonaro han resultado en muertes. Es muy triste y genera mucha indignación, porque estamos hablando de muertes evitables. Si se hubiera hecho algo en ese momento para contener el avance de la minería, si se hubiera tomado precauciones. Si no se hubieran desviado recursos de la Salud Indígena, si no se hubiera reducido el presupuesto de Salud y si el responsable de la salud indígena hubiera sido responsable, estas muertes se hubieran podido evitar.

¿Cuál es la situación de Funai y también de la Salud Indígena en este momento, es decir, cómo fue la estructura de atención a los pueblos que entregó el gobierno de Bolsonaro al final de su mandato?
La situación actual de la Funai es deplorable, en el sentido de que fue completamente desechada, desmantelada. Es una situación de escasez, precariedad y donde los servidores públicos fueron perseguidos, desvalorizados y desorientados. La primera impresión que tuve cuando visité la Funai fue de alivio por parte de los funcionarios, decíamos ‘mira, la Funai ha vuelto’. Ahora estamos buscando conocer lo que hoy existe para revertir esta situación, tanto en atención a estructuras, como proyectos, demarcaciones de TI. Llevará algún tiempo hasta que nos recuperemos de todo este desmantelamiento que hemos encontrado.

La Funai fue creada para cumplir con un fin constitucional, que es proteger y promover el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en cuanto al derecho a la tierra, principal derecho de los pueblos indígenas. De ahí que solo la FUNAI sea el organismo federal encargado de demarcación, identificación, remoción, fiscalización. Juega un papel muy importante en la vida de los pueblos indígenas. 

Así, cuando Bolsonaro no asignó recursos en el presupuesto para que la FUNAI cumpliera con sus obligaciones constitucionales, debilitó intencionalmente el derecho de los pueblos indígenas y abrió la puerta a la entrada ilegal en territorios indígenas. 

¿Cuál es el presupuesto de la FUNAI hoy? ¿Habrá alguna adición presupuestaria? 
Fue aprobado en la última LOA [Ley Anual de Presupuesto, sigla en portugués] alrededor de R$ 600 millones para el año 2023. Entre estos recursos, casi R$ 400 millones son para el mantenimiento de la Funai. Quedarían R$ 200 millones, de los cuales R$ 100 millones serían para el cumplimiento de contratos, como el alquiler de la sede de la FUNAI, por ejemplo. Del recurso que tenemos, haga la cuenta, quedan menos de R$ 90 mil para la protección de TI y demarcaciones. Es un presupuesto insuficiente, totalmente precario para el tamaño de la obligación que tiene la Funai por ley. Será necesario complementar.

Vamos a tener que buscar alternativas, buscar una alianza con las propias organizaciones indígenas y el apoyo de fondos, incluido el Fondo Amazonía, un proyecto que recauda e invierte recursos nacionales e internacionales para mejorar la conservación y el uso sostenible de la Amazonía, para que la FUNAI pueda desarrollar sus proyectos, acciones, programas. No vamos a quedarnos estancados con el presupuesto [asignado]. Hay la voluntad por parte del gobierno de Lula para apoyar a los pueblos indígenas y creemos que podremos avanzar. Obvio, no será posible responder a todas las demandas de la noche a la mañana; tendremos que ser muy estratégicos para avanzar en las demarcaciones, principalmente.

¿Avanzar en las demarcaciones será la prioridad de FUNAI?
Y la protección [de los territorios]. 

La última pregunta es sobre la crisis entre los Yanomami. Ya comentaba la situación, pero nos puede contar un poco más sobre cómo han sido los últimos días, ¿qué se está haciendo?
Estoy viendo como diputada y como futura presidenta de la Funai, y la situación sigue siendo muy grave. Muchos pacientes, muchos niños y adultos Yanomami están buscando atención en la base de Surucucus. Empleados de la Funai me dijeron que viene haciendo la Funai, monitoreando acciones, repartiendo canastas, recibiendo donaciones de la sociedad civil, principalmente herramientas, hamacas, alimentos. 

Es muy importante esta primera labor de apoyo a la acción del Ministerio de Salud, que declaró el estado de emergencia y llamó a los demás organismos a unirse en torno a esta acción interministerial. También hubo la acción de Sesai [Secretaría Especial de Salud Indígena]. El coordinador Weibe Tapeba me presentó el marco; en ese primer momento se necesita una acción conjunta para combatir el hambre, la mortalidad infantil, que se podría haber evitado si se hubieran tomado acciones rápidas y responsables en aquel momento. Porque es totalmente inadmisible llegar al punto en que los niños mueran por falta de medicamentos, por falta de iniciativas para prevenir la desnutrición, por verminosis agravada, neumonía. Enfermedades que podrían haberse curado si se hubiera asumido la responsabilidad en el momento adecuado. 

Es importante que vayan llegando médicos, que haya apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea para que toda la atención llegue a la zona. Es una acción conjunta de todo el gobierno de Lula, que llegó a Roraima para señalar que es necesario dar prioridad a esta situación. Por supuesto, también estamos programando y planeando reportar datos de minería ilegal a la presidencia porque este tema de la mortalidad tiene un contexto. Es necesario crear un grupo de trabajo para combatir la minería ilegal. En esta acción la Funai estará unida, y también coordinará grupos de trabajo. 

Reportaje de InfoAmazonia para el proyecto PlenaMata.