Un proyecto de ley presentado por congresistas del partido de extrema derecha Fuerza Popular busca modificar una ley que protege a los pueblos indígenas en aislamiento de ese país. Organizaciones indígenas advierten que el proyecto es inconstitucional y que la crisis política que se vive en Perú podría favorecer su aprobación.
En medio de la crisis que vive Perú con el reciente cambio en la presidencia y las protestas ciudadanas en reacción a ello, un proyecto de ley que llegó al congreso el 11 de noviembre ha pasado desapercibido. El proyecto, presentado por el congresista Jorge Alberto Morante Figari, del partido de extrema derecha Fuerza Popular, busca modificar la Ley de Protección de Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto (la 29785), creada en 2006.
Lo que el proyecto pretende es que los Gobiernos Regionales (un equivalente a los departamentales en Colombia) puedan determinar la revocatoria o extinción de los reconocimientos de la existencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), así como de las Reservas Indígenas que se han creado para proteger sus territorios. En Perú hay 25 pueblos indígenas en aislamiento y 17 en proceso de reconocimiento, siete Reservas y cinco en proceso de creación; esta facultad es del Ministerio de Cultura del país.
Diferentes organizaciones indígenas han alertado la inconstitucionalidad de este proyecto, como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) -que representa a nueve organizaciones de la Amazonia y más de 2.400 comunidades indígenas – y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), entre otras.
Las organizaciones alegan que el proyecto es inconstitucional porque vulnera los derechos a la vida y la salud de estos pueblos. De acuerdo con la AIDESEP “nosotros desde las organizaciones indígenas siempre tenemos mucho cuidado con el uso de la palabra ‘genocidio’ porque a veces genera confusión. Pero en este caso hemos decidido que lo merece, realmente este proyecto de ley se trata de nada menos que un intento de genocidio” de los pueblos en aislamiento. También, señalan que es inconstitucional modificar las facultades que tienen los Gobiernos Regionales con una ley ordinaria, como la Ley de Protección.
Además, han rechazado que el proyecto no se hubiera enviado a la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAE) del Congreso, que es la comisión por la que deben pasar los proyectos relacionados con pueblos indígenas. De hecho, la CPAAE envió una solicitud el 22 de noviembre al Presidente del Congreso, William Zapata, para que el proyecto pase por esta comisión, pero hasta este 23 de diciembre no había obtenido respuesta.
Para el Apu Julio Cusurichi, premio Goldman 2022 y miembro del Consejo Directivo de AIDESEP, “este proyecto de ley vulnera el principio de progresividad y no regresividad de derechos humanos y su aprobación implicaría un grave retroceso del gobierno peruano en garantizar los derechos de nuestros hermanos PIACI y de esta manera representa un incumplimiento de los tratados internacionales los cuales forman parte del derecho constitucional en el Perú”.
Por otro lado, en un informe enviado a la presidenta de Perú Dina Boluarte, a William Zapata, a la Defensoría del Pueblo y a las comisiones de Descentralización, de Cultura y Patrimonio y a la misma de Pueblos, el 14 de diciembre, la AIDESEP señaló que este proyecto de ley afectaría no solo las Reservas que han sido creadas para la vida de los pueblos indígenas en aislamiento, sino que también llevaría a “literalmente desaparecerlos”. El 14 de diciembre se iba a debatir el proyecto en las comisiones de Descentralización y de Cultura y Patrimonio, pero, por la crisis política del país, se pospuso.
Según Cusurichi el proyecto no solo pone en riesgo a los PIACI “sino también gran parte de la Amazonía peruana al facultar a los gobiernos regionales para extinguir las protecciones de millones de hectáreas de bosque amazónico”.
Los antecedentes al proyecto de ley
Lo que el congresista Jorge Alberto Morante sustenta en su proyecto es que no hay suficiente evidencia “científica” de la existencia de los pueblos en aislamiento, por lo que cada Gobierno Regional puede iniciar un proceso de retractación del reconocimiento de estos Pueblos y sus Reservas. Morante fue elegido como representante del departamento de Loreto, (uno de los cinco que integran la región amazónica de Perú) y que ha vivido en los últimos años un proceso bastante particular en este tema.
Resulta que tras un proceso de casi 20 años, el Estado reconoció la existencia de cinco comunidades en aislamiento en Napo-Tigre, una zona de Loreto, por lo que también se buscó crear una reserva indígena. Pero apenas sucedió esto, la empresa estatal Perupetro, encargada de la negociación de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, se opuso debido a que quedaban comprometidos dos lotes de petróleo que desde 2014 son operados por la petrolera anglo-francesa Perenco.
Finalmente, tras varios ires y venires, el 1 de septiembre de este año Pedro Castillo firmó el Decreto Supremo de Reconocimiento, reconociendo a los pueblos záparos, aewas, taushiros, taromenanes y tagaeris. A los días de que Castillo firmara el decreto, el Gobierno Regional de Loreto inició abiertamente una campaña denominada Loreto No a Ley Piaci, bajo la cual se unían “a la lucha entre la sociedad civil, organizaciones, academia y la Coordinadora por el Desarrollo Sostenible de Loreto (CDL), quienes tomaremos acciones conjuntas frente al enorme perjuicio que ocasiona esta ley a las poblaciones donde se apruebe las reservas intangibles”.
Christian Pinasco, presidente de la CDL, ha afirmado en entrevistas que los PIACI “son una farsa para crear reservas infantiles en perjuicio del desarrollo de nuestra región”. Para é los mapas que ubican a los pueblos en aislamiento de la Amazonia -como los de la ONG Amazon Conservation Team o los de GTI-Piaci-, buscan generar subdesarrollo.
Por su lado, Perenco (la petrolera anglo-francesa que opera dos lotes de petróleo en una zona que quedaría dentro de la reserva) interpuso una demanda contra el Ministerio de Cultura con el fin de que se desistiera de la creación de la Reserva de Napo Tigre, pero la retiró el 3 de noviembre, justo una semana antes de que el representante Morante radicara el proyecto de ley ante las comisiones de Descentralización y de Cultura y Patrimonio.
Loreto no es una región ajena a estos conflictos. Como lo contó un reportaje del medio peruano Ojo Público, desde 2015 se han entregado allí 47 concesiones forestales que albergan unas 300 mil hectáreas de territorios de pueblos en aislamiento, en la Reserva Yavarí Tapiche y la reserva en solicitud Yavarí Mirim. Con esto, según el informe de ese medio, se habrían favorecido empresas madereras pese a que la Ley Forestal prohíbe que se otorguen concesiones en reservas o reservas solicitadas a favor de los pueblos en aislamiento.
En qué va el proyecto de ley
Mientras que la sustentación del proyecto ha sido pospuesta debido a la crisis que vive el país, tanto la ORPIO como la AIDESEP presentaron una demanda contra el proyecto de ley ante la Corte Superior de Justicia de Lima. Las organizaciones indígenas temen que en fechas como el 25 de diciembre se termine aprobando el proyecto, algo que incluso, consideran, tiene más riesgo de que ocurra en medio de la crisis política.
Según la ORPIO, “el proyecto de ley tampoco cuenta con un enfoque de derechos humanos e implicaría la comisión de un crimen de lesa humanidad, permitiría la extinción de las Reservas Indígenas creadas y en trámite, lo cual liquidaría los territorios PIACI y prioriza los “análisis económicos” para la explotación de los recursos naturales dentro de las Reservas Indígenas PIACI”. Por el lado de la AIDESEP agregan que “el proyecto de ley, en nuestra opinión, es la amenaza más grave que hemos visto para los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento de contacto inicial”.
Las embajadas de Alemania, Noruega y Reino Unido en Perú han manifestado su preocupación por la modificación de la Ley de Protección, especialmente frente a cómo esto puede afectar los compromisos ambientales de Perú. “En el espíritu de los acuerdos de la COP26 que han sido reforzados en la COP27, esperamos que la participación de los actores claves del Estado y la sociedad, especialmente los pueblos indígenas, sea asegurada en los procesos que les afectan”.
En caso de que el proyecto sea aprobado, la presidenta de Perú o la Defensoría del Pueblo pueden presentar un recurso que es la Acción de Inconstitucionalidad, que se puede emplear en el caso de que una ley “contraviene” de alguna forma a la Constitución. Pero sería un proceso de años.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
