Entre los cambios que ha anunciado el Gobierno se destacan dos. Uno, relacionado con la deforestación y otro sobre la transición energética. Sin embargo, aún hay varias preguntas por resolver.
Cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia, en su discurso dejó claro dos temas en los que centraría su gobierno a nivel ambiental: la protección de la Amazonia y la transición energética hacia una economía descarbonizada. Aunque ya la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha dado varias pistas de cuál es el plan que pretenden seguir, aún hay dudas sobre cómo va a contener la deforestación en la selva y qué participación concreta tendrán las comunidades en los procesos de restauración. También, persisten dudas sobre los plazos en los que se hará la transición energética, particularmente con relación a las fechas en las que ya no se firmarán contratos nuevos de explotación y exploración de hidrocarburos como el petróleo.
Tal vez, uno de los anuncios más importantes del nuevo gobierno fue cuando Muhamad dijo que la Operación Artemisa no iba más. Artemisa, que fue la bandera de Duque para frenar la deforestación, era una operación militarista que buscaba controlar esta actividad en áreas protegidas como Parques Nacionales Naturales y que fue fuertemente criticada, especialmente, por investigadores de la región amazónica. En entrevista con El Espectador, Muhamad había explicado que se decidió frenar Artemisa porque “la forma como se implementó genera una resistencia social al Estado. El cambio sustancial es que el Estado debe trabajar con esas comunidades que están allí y que hoy terminan siendo la fuerza de trabajo de esa economía ilícita”, como la deforestación.
El gobierno ha hecho otros anuncios relacionados con la deforestación, pero aún quedan dudas por despejar. Por ejemplo, la llegada de los helicópteros donados por Estados Unidos que tendrán un “uso ambiental”. Aún no se conoce al detalle los lineamientos con que se usarán.
Tampoco se conocen los detalles de otro anuncio de Petro en su visita por Nueva York. Afirmó que estaba adelantando conversaciones con la Otan sobre una “colaboración tecnológica” para conservar la Amazonia.
De acuerdo con Sebastián Gómez, fundador del Centro de Alternativas al Desarrollo (Cealdes), esos anuncios no dejan claro si “”el tema de cancelar la Operación Artemisa va a implicar el reemplazo por una política distinta de seguridad de la conservación o si en serio va a haber un tratamiento distinto para los conflictos ambientales”.
Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente de la Universidad de los Andes, señaló que la colaboración con la Otan “debería estar enfocada en tener mayor precisión en las alertas tempranas de deforestación, emitir los boletines de forma ágil, oportuna y georreferenciada”.
La ministra Muhamad también ha sido muy insistente en que este gobierno tiene un enfoque comunitario de restauración. De hecho, cuando empezaron a darse las discusiones sobre la reforma tributaria, insistió en la necesidad de un “Fondo para revitalizar la selva y otros ecosistemas estratégicos del país”, una bolsa que se robustecerá con un monto que fue anunciado en la COP27: como parte de un convenio que venía de años atrás, Alemania, Noruega y Reino Unido desembolsarán de 25 millones de dólares para “salvar” la Amazonia.
Dolors Armenteras, PhD en Geografía por el King’s College de Londres y profesora de la Universidad Nacional, advierte que el gobierno debería priorizar el control de la deforestación y la degradación de los bosques por encima de la restauración, pues “lo que perdemos con una hectárea de bosque primario es más significativo que lo que ganamos restaurando”. Para la científica, aunque puntos claves en donde la restauración es urgente y se debe hacer, el gobierno no puede “dejarse llevar por la presión internacional de que estamos en la década de la restauración”.
Según Armenteras, los esfuerzos deben concentrarse en evitar “la necesidad de restaurar bosques en el futuro”, teniendo en cuenta que, según diferentes estudios como “Multidimensional tropical forest recovery” (“Recuperación multidimensional de bosques tropicales”), publicado en la revista Science a finales del año pasado, señala que la fertilidad de bosques deforestados puede regresar en menos de una década, pero, según las características del hábitat, las estimaciones varían. Estudios previos al de Science, que la investigación recoge, apuntan que los bosques pueden tardar dos décadas en recuperar el 80 % de riqueza de especies y el 34 % de su composición original; sin embargo, pueden pasar siglos para que se recupere su composición previa a la deforestación.
En esto coincide Sofía López, PhD en Gestión ambiental por la Universidad de Queensland (Australia) y quien hace parte del Centro de Biodiversidad y Ciencias de la Conservación de esa misma universidad. Dice que “la restauración debe ser una alternativa secundaria a la conservación. Es mucho más eficiente ambiental y socioeconómicamente conservar los bosques que están en pie a restaurar. Por lo tanto, el primer paso a dar es conservar en conjunto con las comunidades locales y en los casos de mayor degradación ambiental, restaurar”.
Acuerdo de Escazú
Un hecho que llamó la atención en estos primeros cien días fue la ratificación del Acuerdo de Escazú. El congreso lo aprobó y el presidente ya lo sancionó como Ley. Ahora, la Corte Constitucional tendrá que realizar un examen sobre si ese pacto es acorde a los mandatos de la constitución.
Ahora, según Madrigal, el gran reto que tendrá el gobierno es la implementación de Escazú.
Transición energética
“Nosotros estamos dispuestos a transitar a una economía sin carbón y sin petróleo”, dijo Petro durante su discurso de posesión. Sin embargo, el cómo y cuándo empezará este proceso todavía es un gran interrogante.
En concreto, existen dudas sobre el futuro de los nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, como el petróleo. Mientras que desde el Ministerio de Minas y Energía afirmaron a inicios de octubre que no se firmarán nuevos contratos de este tipo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que esta decisión aún no está tomada.
Aunque el presidente salió a “apagar el fuego” y afirmó que los contratos vigentes se respetarán, lo cierto es que ese episodio plasmó, en parte, una de las sensaciones principales que dejan los primeros 100 días: no ha habido una comunicación asertiva frente a los planes de la transición energética.
“La comunicación ha sido muy confusa, frente a lo que el gabinete dice en un evento o una entrevista, no ha habido claridad en qué quiere el gobierno cuando habla de transición energética”, afirmó para El Espectador Jéssica Arias, ingeniera química e investigadora experta en transición energética del centro Transforma.
El cambio en los mensajes del gobierno, según Mauricio Cabrera, asesor en relaciones de gobierno de WWF y experto en temas minero-energéticos, se debe a que ha habido “un ajuste a las realidades económicas y tributarias del país, en un contexto de recesión mundial. Aún así, creo que el gobierno ha trazado unas líneas rojas, como no hacer fracking, que van de acuerdo con su propuesta política”.
Para estos expertos, sin embargo, un documento que fue publicado semana pasada les dio más claridad sobre lo que significará la transición energética del gobierno. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció que, durante los próximos seis meses, se recogerán insumos para construir la hoja de ruta para la transición justa en Colombia. Este es el documento que dará las respuestas que muchos buscan: en cuánto tiempo, con qué recursos y cómo se realizará la transición energética.
El texto definitivo, que se publicará en mayo del siguiente año, dará todos estos datos, pero el documento ya da algunas pistas importantes. Primero, que el gobierno quiere basar la transición energética en cuatro principios: equidad, gradualidad, participación e intensidad del conocimiento. Segundo, que quieren construir un “pacto nacional”, con participación del sector político, académico, industrial y civil para abordar la transición energética. Y, tercero, que quieren impulsar un proceso para garantizar la transición productiva del país, que depende, hoy en día, de las rentas de los hidrocarburos.
Por ahora, lo que sabemos es que según Gustavo Petro la transición energética se demorará quince años y que, probablemente, lo primero que tendrá una fecha de “desaparición” en su plan es el carbón, tal como lo dijo en una conferencia que dio la semana pasada en la universidad Sciences Po, en París.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
