El informe oficial identifica dragas y embarcaciones que apoyan los crímenes en la Estación Ecológica Juami-Japurá en la Amazonía. Los impactos en el área de protección integral han crecido desde 2019.
Un informe obtenido exclusivamente por InfoAmazonia y PlenaMata revela el crecimiento de la deforestación por la minería ilegal de oro desde 2019 en la Estación Ecológica (ESEC) Juami-Japurá, a 700 kilómetros de Manaus y cerca de la frontera con Colombia. Imágenes satelitales muestran que los delitos en el área de protección integral aumentaron en los primeros meses de este año.
Juami-Japurá es una unidad de conservación federal desde 1983 y alberga bosques, investigación científica y el sinuoso río Juami, un afluente del río Japurá, que proviene de Colombia y desemboca en el río Solimões, en Brasil.
«Las alertas oficiales sobre deforestación y degradación forestal, el reporte de presencia de dragas, los cambios en el lecho y la sedimentación del río Juami – incluso durante la estación seca, cuando esto no debería ocurrir, como lo muestran las imágenes satelitales –, indican que hay minería artesanal ilegal en el área protegida», asevera el investigador Antonio Oviedo, del Instituto Socioambiental (ISA), luego del acceso a las imágenes satelitales.
El mapa localiza la ESEC Juami-Japurá y cuatro zonas dentro de ella, a lo largo del río Juami, donde los satélites han detectado una intensa actividad minera.
Las alertas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por su sigla en portugués) de deforestación por minería apuntan a 531 hectáreas de selva perdidas desde 2019. Este año ya se han talado 23 hectáreas donde, por ley, no debería haber deforestación. Las imágenes satelitales del sistema Planet analizadas por el reportaje muestran que la minería ilegal se ha extendido a lo largo de casi todo el río Juami y sigue creciendo. El tramo con minería ilegal ocupa 198 km del río. La extensión no se refiere a las áreas de cicatrices dejadas por la minería artesanal, sino más bien a una línea desde la desembocadura del río (encuentro del Juami con el Japurá) hasta el punto más austral donde se pudo probar la actividad minera.
El informe de sobrevuelo militar y del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), realizado el 17 de agosto de 2021, enumeró 31 dragas y 5 embarcaciones vinculadas a delitos en el área protegida.
El material, del Núcleo de Manejo Integrado de Tefé, describe que el «río Juami está comprometido a lo largo de su recorrido, hasta muy cerca de su cabecera derecha, solo el afluente izquierdo está aparentemente, y hasta el momento, libre del impacto del buscador de oro».
El documento describe «tramos consecutivos de riberas destruidas y sucesivos y crecientes bancos de arena, resultantes del dragado» que dominan el paisaje y se intensifican agua arriba, «comprometiendo casi todo su curso». En las imágenes satelitales y del informe, es posible ver tanto los bancos de arena como el llamado «eructo de dragas», mezcla de arena y piedra succionada por las dragas del fondo del río con aspecto blanquecino.
Hay registros de grupos paramilitares que operan en el sitio. «La situación empeora cada día en la región, donde hay colusión del crimen organizado brasileño y de los países vecinos», cuenta a InfoAmazonia un servidor federal que no fue identificado para evitar represalias. El informe del ICMBio respalda que «hay infiltrados de grupos paramilitares en Colombia, quienes patrocinan la actividad de la minería artesanal ilegal y arrasan comunidades y personas que viven de la actividad extractiva en Brasil».
El documento reconoce que la estación ecológica ya había sido el objetivo de este tipo de minería ilegal en la década de 1990 e informó que no había registro de la actividad desde 2003. Pero la falta de personal, vigilancia e infraestructura, junto con el alto precio del oro, hicieron que la prospección volviera en 2019, cuando se identificaron 4 dragas. Los buscadores cazan y pescan, deforestan y contaminan la tierra y el agua con mercurio y otros productos químicos nocivos para las personas y la vida silvestre.
Contactados, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), el ICMBio y la Policía Federal no hicieron comentarios sobre la situación de la estación ecológica hasta la publicación de este reportaje. Por correo electrónico, el Comando Militar de la Amazonía dijo, de manera genérica, que actúa de forma preventiva y represiva junto con otras agencias federales y departamentales «contra las ilegalidades ambientales y transfronterizas de manera permanente en la franja fronteriza bajo su responsabilidad, para proteger la soberanía de Brasil en la Amazonía occidental».
El oro ilegal tomado de Juami-Japurá y otras áreas se suele «lavar» en distribuidores de títulos y valores mobiliarios (DTVM), en los que es suficiente informar, en un formulario en papel, que el mineral ha sido extraído de alguna área autorizada por la Agencia Nacional de Minería. Luego se vende a empresas en el país o se exporta. Los DTVM compran oro de la minería artesanal ilegal con la aprobación del Banco Central de Brasil y son objeto de investigaciones.
«La ley brasileña es muy indulgente y establece que estas transacciones son de buena fe. Esto proporciona el ‘lavado de oro’ a través de la indicación de un origen potencialmente falso, ya que puede haber sido extraído de áreas protegidas como unidades de conservación y tierras indígenas», señala la abogada Rebeca Lins, analista de proyectos del Instituto Escolhas.
Un estudio de Escolhas encontró evidencias de delitos en el 47 % (229 toneladas) de la producción nacional de oro entre 2015 y 2020. La mitad provenía de la Amazonía. El análisis muestra que 1/3 del oro del bosque se comercializó a través de solo 5 DTVM. El Ministerio Público Federal brasileño investiga las acciones de estas empresas.
«La mala trazabilidad perjudica la vigilancia y promueve el comercio ilegal. La búsqueda de oro amenaza, con solicitudes para la minería, 6,2 millones de hectáreas en unidades de conservación y tierras indígenas en la Amazonía Legal, lo que es equivalente a dos países como Bélgica o 40 veces la ciudad de São Paulo», explica Rebeca Lins.
La búsqueda de oro amenaza, con solicitudes para la minería, 6,2 millones de hectáreas en unidades de conservación y tierras indígenas en la Amazonía Legal, lo que es equivalente a dos países como Bélgica o 40 veces la ciudad de São Paulo.
Rebeca Lins, abogada e analista del Instituto Escolhas
El balance de MapBiomas muestra que la Amazonía cubre el 94% del área con minería artesanal e industrial en el país, o 149.300 hectáreas. De estos, los campos de minería artesanal ilegal toman 101.100 hectáreas (68 %) del total. De 2010 a 2020, el área afectada por la minería artesanal ilegal aumentó un 495% en tierras indígenas y un 301% en unidades de conservación. El año pasado, la mitad de la mancha de la minería artesanal ilegal en Brasil se ubicaba en estas áreas protegidas.
Las acciones del gobierno de Jair Bolsonaro simpatizan con el avance de la minería ilegal. En agosto de 2020, buscadores de oro que bloquearon acciones contra el crimen en Pará fueron llevados en un vuelo de la Fuerza Aérea Brasileña a Brasilia (DF) para una reunión en el Ministerio de Medio Ambiente. Se suma a esto el proyecto de ley 191/2020, que tramita con urgencia en el Congreso y busca liberar la minería artesanal y otras actividades en tierras indígenas, lo que amenaza la existencia de estos pueblos.
Mapa y visualizaciones de Bruno Vianna. Acceso a imágenes de satélite facilitado por el Centro Pulitzer. Reportaje de InfoAmazonia para el proyecto PlenaMata
Traducido por Nina Jacomini
