La ley que aprobó la Unión Europea para evitar que se comercialicen productos provenientes de áreas deforestadas puede tener repercusiones en Colombia. Aunque es una iniciativa para conservar los bosques tropicales del mundo, como la Amazonia, hay muchas preguntas sobre la mesa.

Hace unas semanas la Unión Europea (UE) aprobó una ley de deforestación que busca conservar los bosques tropicales del mundo y tendrá repercusiones en América Latina. Luego de que la norma tuviera luz verde, varios actores claves en la economía colombiana han empezado a hacerse preguntas sobre lo que implicará para ellos. 

Para decirlo claro, esta norma busca que no se importen a Europa productos provenientes de áreas ilegalmente deforestadas desde el 31 de diciembre de 2020. Esto implica que los proveedores tendrán que certificar el origen del producto. La ley incluye importaciones de cacao, café, aceite de palma, soja, madera, carbón vegetal, derivados de aceite de palma y ganado, así como los productos que los contengan o se hayan fabricado con alguna de estas materias primas.

La idea es que la UE defina los controles que hará sobre las importaciones, clasificando a los países en tres categorías: riesgo bajo, medio o alto. Según explica Erik Dhaenens, consejero de Medio Ambiente y Clima en la Embajada de la Unión Europea en Colombia, la trazabilidad de los productos se hará por medio de coordenadas de geolocalización, pues “es la forma más sencilla y económica de obtener la información geográfica necesaria para garantizar que las cadenas de suministro sigan siendo libres de deforestación”.

Según Dhaenens, teniendo en cuenta que la deforestación se vincula con el cambio de uso del suelo, “el monitoreo requiere un vínculo preciso entre los productos agrícolas que están en el mercado y la parcela de tierra donde se cultivó”.

Esta ley es clave para Colombia, pues la Unión Europea es el segundo destino al que más exportamos. Según información del Ministerio de Comercio, de los productos que se van a empezar a vigilar con la nueva ley, Colombia exporta café y aceite de palma. En 2022, el país recibió más de US$7.000 millones por las exportaciones a la UE, de los cuales más de US$2.800 millones provinieron de sectores no minero-energéticos.

Aunque entrará en vigencia a finales de 2024, esta norma ha puesto sobre la mesa dos grandes debates: uno, relacionado con las posibles afectaciones que tendrían los pequeños productores y, dos, la efectividad de los sistemas de trazabilidad en los países exportadores, que permiten conocer el origen de los productos.

Las dudas frente al comercio

Cuando el Parlamento Europeo votó a favor de la ley, Christophe Hansen, uno de los ponentes, afirmó en un comunicado que esta “no solo es clave en nuestra lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, sino que también debería sacarnos del punto muerto que nos impide estrechar las relaciones comerciales con países que comparten nuestros valores y objetivos medioambientales”.

Pero, según algunos, hay un gran talón de Aquiles relacionado con el comercio: la posibilidad de que pequeños productores se vean afectados. Para Fernando Páez, director del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) Colombia, es crucial que Europa pueda diferenciar “entre pequeños productores, grandes productores y aquellos gremios que, por ejemplo, recogen muchos productores y no promueven trazabilidad ni debida diligencia”.

Después de que la normativa fuera aprobada, diecisiete países (incluido Colombia) firmaron una carta, liderada por Brasil, en la que afirmaron que la ley plantea un sistema de evaluación unilateral “discriminatorio y punitivo, que es potencialmente incompatible con las obligaciones de la Organización Mundial del Comercio”. En el documento pidieron un cambio en la legislación y un diálogo abierto.

Además, en la Declaración de Belém, firmada en la Cumbre Amazónica en pasado agosto, se “condenan” las medidas que, “basadas en exigencias y estándares ambientales, se traducen en barreras comerciales”, e insisten en que estas afectan principalmente “a los pequeños productores de los países en desarrollo”.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, opina que, al subir los estándares y limitar el acceso a sus mercados, “los europeos lo que hacen simple y llanamente es proteger su mercado”.

Daisy Terrier, fundadora de Envolvert, ONG colombo-francesa que desarrolla iniciativas para proteger los bosques, tiene otro punto de vista. Dice que algo que podría suceder es que los compradores lleguen a preferir “evitar ciertas zonas, como el Guaviare o la Amazonia en general”. Considera que los pequeños productores no se van a ver afectados porque “la Unión Europea solicitará polígono por polígono, predio por predio, de dónde viene exactamente el producto. Y esto lo cruzarán con tecnologías, entonces, si el agricultor no ha deforestado, no se va a ver afectado a pesar de que, por ejemplo, su vecino sí lo haya hecho”.

En esto coincide Santiago Saavedra, Ph. D. en Economía por la Universidad de Stanford y profesor en la U. del Rosario, quien agrega que en Colombia la mayoría de la deforestación se da en grandes parches, lo que se asocia a grandes terratenientes, por lo que los pequeños productores no se verían afectados. Incluso, añade Terrier, puede ser que “esto ayude a tener más transparencia en el país sobre catastro: quién es propietario de qué polígono y cultivo”.

Por su parte, Dhaenens explica que “las poblaciones y comunidades locales de los países productores serán las que más sufrirán por la deforestación, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y los patrones climáticos disruptivos”, por lo que, en ese sentido, la exitosa implementación de la regulación “beneficiará a largo plazo” a las “poblaciones y comunidades locales de los países productores, incluidos los pequeños agricultores locales”.

¿Cómo seguirle el rastro a cada producto?

Para algunos expertos, esta coyuntura es clave para revisar los mecanismos de comercio de los países exportadores. En el caso de Colombia, hay productos claves como el café y el aceite de palma. Por ejemplo, si el país queda calificado como de alto riesgo, Páez dice que deberá “iniciarse un trabajo en conjunto: Gobierno, productores, gremios y comunidades, para adecuar e incorporar procesos de trazabilidad reales” de los productos que se envían.

Terrier agrega que la trazabilidad de deforestación cero “es algo que cada vez se va a pedir más y los países que no tienen capacidad de trazar tendrán problemas comerciales en el futuro”. La pregunta en este punto es ¿qué tipo de trazabilidad hay en Colombia?

En el caso de la ganadería, desde 2004, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), con apoyo del Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino, realiza una trazabilidad de enfoque sanitario para garantizar que los animales pasan por los debidos procesos de vacunación. Por otro lado, hay ciertos productos como el cacao, el azaí y otros ingredientes en la Amazonia, que garantizan de forma voluntaria la cero deforestación.

¿Cómo se podría hacer una trazabilidad efectiva en Colombia? El informe “Casos internacionales de éxito en la trazabilidad ganadera”, presentado hace poco por Envolvert, da algunas pistas. El documento resalta cuatro iniciativas en Uruguay, Argentina, Brasil y Nueva Zelanda, y concluye algunas recomendaciones para Colombia.

Por ejemplo, en el caso de Brasil, el mayor exportador de carne del mundo, la iniciativa Visipec ha sido un sistema de trazabilidad complementario a la información pública. En ese país, más del 70 % de las exportaciones salen de la Amazonia y El Cerrado, en “donde la producción ganadera se ha relacionado con la deforestación y los conflictos por la tierra”, asegura el informe. Lo que Visipec ha hecho es trazar la ganadería y la carne en todos los eslabones de la cadena, incluyendo los proveedores indirectos, un aspecto que no alcanzan a cubrir los sistemas de monitoreo de Brasil.

En Argentina, el informe resalta la iniciativa de la compañía Origino, que, mediante un proceso de “tokenización”, rastrea los productos durante toda la cadena de suministro y permite verificar que estén relacionados con prácticas sostenibles. Diego Heinrich, CEO de Origino, explica que se trata de que “no solamente ayudamos a comunicar con el consumidor, sino también permitimos que la marca cuente una historia y valore sus atributos”.

En el caso de Uruguay, que exporta carne a la Unión Europea, el informe resalta que el Sistema Nacional de Información Ganadera desarrolló un sistema de trazabilidad individual electrónica para mejorar la precisión en la cadena de suministro. Ese país, por ejemplo, identifica a los animales a través de un número de 12 dígitos y las letras UY, que certifican al país.

El documento sugiere que en Colombia la trazabilidad empiece por priorizar zonas críticas de deforestación, lo que implica enfocar recursos, por lo menos, en los 25 municipios más deforestados, que están en Caquetá, Meta y Guaviare. Un punto clave sería impulsar la identificación individual de los animales y garantizar que todos los actores de la cadena, incluyendo intermediarios (como frigoríficos y empaquetadores), puedan aportar información. También señala que es crucial establecer procesos de auditoría, así como un sistema de certificación, para “verificar y certificar la calidad de la información producida por los sistemas de trazabilidad, lo que aumentará la confianza en estos sistemas”.

Para Terrier, estos casos de trazabilidad también dejan dos lecciones importantes para Colombia. La primera es que si “los privados quieren realizar trazabilidad de su cadena, lo pueden hacer; no tienen que esperar a que el Estado lo mande”. Y la segunda es que para lograr una efectiva trazabilidad de deforestación es necesaria una articulación entre entidades, como los ministerios de Ambiente y de Agricultura.

Por ahora, Lafaurie insiste en que en Fedegán están “comprometidos con una política de cero deforestación” y que siguen una línea de ganadería sostenible, lo que “pasa por tener una mejor cobertura vegetal; es decir, más árboles”. De acuerdo con Lafaurie, la trazabilidad ambiental que se desarrolle sí podría apoyarse en la trazabilidad sanitaria que ya existe.

Otras propuestas, como el canje de deuda

Otra de las principales críticas que se han planteado es que la ley sugiere que la responsabilidad del cuidado de los bosques tropicales (como la Amazonia) recaiga únicamente en los países en donde están estos. Como señala Juan Camilo Cárdenas, Ph. D. en Economía por la Universidad de Massachusetts y director del Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes, “suponiendo que esto sí incentive la conservación de los bosques, los beneficios globales de esa conservación son percibidos por Europa sin ellos haber aportado para lograrlo”.

En una columna publicada en El Espectador, el economista Juan Pablo Ruiz planteaba el tema así: “Sin un compromiso simultáneo de compensación económica a los países que conservan las áreas de bosque húmedo tropical (BHT), demuestran una vez más que la Unión Europea continúa tratando de obtener de manera gratuita los beneficios de regulación climática que el BHT genera”. Cárdenas, por su lado, añade que la ley hace evidente una pregunta por cuál es la responsabilidad de los países ricos para afrontar el cambio climático. Y, en palabras simples, agrega que si la ley llegara a funcionar para reducir la deforestación en bosques tropicales “los europeos la sacan barata”.

Uno de los antecedentes que tuvieron en cuenta los ponentes de la ley en Europa es que, siguiendo estimaciones de la FAO, la UE consume el 10 % de la deforestación mundial. En ese sentido, ¿sería posible que, además de la normativa, Europa aportara de otro modo a la conservación de, por ejemplo, la Amazonia? Un estudio realizado hace dos años por investigadores de las universidades de los Andes y del Rosario, entre los que está Cárdenas, plantea una propuesta de la que se habla mucho recientemente: canje de deuda externa.

El estudio evidencia que los países pueden caer en un círculo vicioso en el que se alejan de cumplir metas de reducción de emisiones y a la vez aumentan las necesidades “de gasto en mitigación y adaptación en el futuro tanto para países deudores como acreedores”. Por lo que una posibilidad sería crear una negociación entre países “en el que las condiciones de la deuda dependerán de las políticas climáticas emprendidas por los países deudores”.

De acuerdo con el Banco de la República, al término del segundo trimestre de 2023, el saldo de la deuda externa del país era de US$187.529 millones (el 56,1 % del PIB). De esto, US$2.500 millones son deudas con la Agencia Francesa de Desarrollo, el Gobierno francés y bancos de desarrollo de países europeos, entre otros.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.