Un informe muestra que estos ecosistemas vitales, presentes en Colombia, están en serios problemas en todo el mundo. Las explotaciones de petróleo y de minerales son hoy unas de sus principales amenazas. ¿Cómo evitar que colapsen?

A pocos días de que empiece la cumbre de cambio climático en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), la organización Earth InSight lanzó un informe que presenta cómo avanza uno de los problemas ambientales más inquietantes, que también está presente en Colombia: la afectación de los bosques tropicales. 

El documento muestra los aprietos por los que están pasando las cuencas del Amazonas —la selva tropical más grande del mundo—, el Congo y el Mekong-Borneo del sudeste asiático, por cuenta de la minería, la exploración y explotación de gas y petróleo, además de la deforestación, la ganadería y la agroindustria. Estas presiones, señala el informe, han contribuido a que la pérdida de bosques tropicales en el mundo fuera de 4,1 millones de hectáreas (ha) en 2022.

El informe, presentado en la reciente Cumbre de las Tres Cuencas, celebrada en Brazzaville (República del Congo) y en la que estuvo el canciller Álvaro Leyva, analiza cómo estas presiones afectan territorios de comunidades indígenas u otras áreas pobladas. En términos generales, la investigación encontró que el 20 % de los bosques tropicales que se conservan intactos en estas cuencas se encuentran en concesiones activas y potenciales de petróleo y gas, y el 25 % de los bosques intactos del Amazonas y la cuenca del Congo tienen concesiones mineras activas y potenciales.

Además, revela que alrededor del 20 % de la población de las tres cuencas (unos 200 millones de personas), incluyendo una gran cifra de comunidades indígenas, viven en medio de proyectos petrolíferos y gasísticos.

“Dada la inmensa diversidad biocultural de los bosques y ecosistemas de las tres cuencas, son los últimos lugares de la Tierra donde debería producirse la expansión del petróleo y el gas”, apunta Earth InSight.

El avance de la extracción en la Amazonia

La situación en esta región es, según el informe, “un escenario de amenaza extrema”, teniendo en cuenta que la Amazonia contiene el 40 % de los bosques tropicales que quedan en el mundo y, al menos, el 25 % de la biodiversidad de especies terrestres que se conocen. En esta región está el sistema fluvial con más cantidad de especies de peces.

De los aproximadamente 850 millones de ha que tiene la Amazonia, 65 millones (más del doble del tamaño de Italia) se superponen con proyectos de exploración y producción de petróleo y gas. De estas, 31 millones son territorios indígenas.

Otro dato que advierte el informe es que al menos 13.000 áreas pobladas —como ciudades, municipios y resguardos—, en las que habitan 14 millones de personas y representan el 23 % de estas áreas en toda la Amazonia, están en medio de proyectos de exploración y producción de gas.

También se hace especial énfasis en que los proyectos de extracción de petróleo requieren “carreteras e infraestructuras que fragmentan la selva tropical”, que están asociadas con la deforestación. Además, muestra la gravedad de los derrames de petróleo que ha habido en la Amazonia peruana y ecuatoriana. “Las roturas de oleoductos en 2022 y 2020 [en Ecuador] han afectado gravemente los recursos hídricos de las comunidades indígenas y locales”. En la Amazonia de Perú se han registrado más de 400 derrames desde el año 2000.

Una de las consecuencias de esto se refleja en la complicada situación que enfrentan algunos pueblos indígenas. De acuerdo con otros estudios que cita el informe, el 60 % de las tierras indígenas de 64 países en el mundo están o muy amenazadas o moderadamente amenazadas, lo que varía entre 8 y 14 millones de km afectados. Otro estudio muestra que pueblos indígenas están implicados en al menos el 34 % de los conflictos medioambientales que se han registrado en el mundo. Estos están relacionados, principalmente, con minería y combustibles fósiles.

Según Fany Kuiru Castro, quien dirige la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, los pueblos indígenas están elevando “un grito de ayuda y pedimos urgentemente una protección del 80 % de la Amazonia para 2025. Esto significa detener la deforestación, la degradación de los bosques y la contaminación del agua que sostiene todas las formas de vida”.

Pero esas formas de vida tienen otra amenaza que no ha podido ser controlada: la minería. Tras analizar los detalles de esa actividad en los bosques tropicales, los autores del informe encontraron que más de 170 millones de ha (el 33 % de los bosques inalterados) se traslapan con concesiones activas y potenciales; además, más de 70 millones de ha de territorios indígenas se traslapan con estos proyectos.

Otro dato ayuda a dimensionar los desafíos que eso implica. Unos 27 millones de personas se encuentran en medio de las concesiones mineras activas y potenciales.

La Ruta del Cobre en Colombia, con la que se busca ampliar esta industria en el país, es uno de los casos que menciona el informe que podría generar grandes retos. Entre esos planes está explotar una megamina a cielo abierto en Putumayo, que se sobrepondrá con 300 kilómetros cuadrados de la reserva forestal protectora de la cuenca alta del río Mocoa y otras ocho áreas de importancia ambiental.

Las cuencas del Congo y Mekong-Borneo

En la cuenca del Congo (conformada por seis países) y en la de Mekong-Borneo, la situación no es muy lejana a la de la Amazonia. El 39 % (unas 72 millones de ha) de los bosques inalterados en la del Congo se traslapan con proyectos de exploración y producción de petróleo y gas. Y 32 millones de personas (que viven en el 20 % de los lugares poblados de esta cuenca) viven en medio de estos proyectos.

También, el 27 % (48 millones de ha) de los bosques inalterados se traslapan con concesiones mineras y 56 millones de personas viven en territorios que hacen parte de estas concesiones.

Para Patrick Saidi Hemedi, coordinador de la organización Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones, los pueblos indígenas y forestales de la cuenca del Congo “han administrado los bosques de esta región durante milenios. La expansión de los combustibles fósiles, la minería y otras industrias extractivas representa una amenaza existencial para las culturas y el futuro de los indígenas y otros pueblos amenazados”.

Por el lado de la cuenca del Mekong-Borneo, el 20% (o 34 millones de ha) de los bosques inalterados están en medio de proyectos de producción y exploración de petróleo y gas. Y 88 millones de personas, que incluye un alto porcentaje de comunidades indígenas, se encuentran entre bloques petrolíferos y gasísticos.

Además, 3 millones de hectáreas de bosques intactos se traslapan con concesiones mineras y 4,5 millones de personas se encuentran en medio de estas. Indonesia tiene el 58 % de la pérdida de bosques tropicales asociada a minería.

Otras amenazas

El informe tiene otra advertencia que no es menor: el 80 % de la deforestación de los bosques tropicales se concentran en Indonesia, Brasil, Ghana y Surinam.

En cuanto a la agricultura, señala que esta actividad es la causa del 60 % de las 77 millones de ha de bosques tropicales que se perdieron de 2013 a 2019, y la mitad de la deforestación vinculada a este sector se concentró en Brasil e Indonesia. Y el 60 % de la deforestación de este siglo en bosques tropicales se debe principalmente a la producción de carne vacuna, soja y aceite de palma.

En palabras de Timer Manurung, director de la ONG indonesa Auriga Nusantara, “Indonesia es la zona cero para la extracción de níquel como parte de la transición energética. Nuestros bosques y comunidades ya se han visto afectados por una oleada de demanda mundial, desde el aceite de palma hasta la pasta y el papel, y es hora de que los gobiernos y las empresas internacionales, especialmente los fabricantes de coches eléctricos, garanticen la protección de los bosques naturales que nos quedan y de las comunidades que los llaman hogar”.

De cara al futuro, el documento advierte algunos de los riesgos que podrían tener las tres cuencas. Por el lado de la Amazonia, cita a la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), que estima que en cinco años la región podría haber perdido hasta 23,7 millones de ha, una superficie casi del tamaño del Reino Unido, especialmente por la expansión de la ganadería y la agroindustria.

En cuanto al Sudeste Asiático -y especialmente Indonesia-, de los 83,8 millones de hectáreas de bosque natural que hay en ese país, solo 16 millones están protegidas, mientras que 23 millones están concedidas para actividades extractivas. Y, frente al Congo, el informe ve con preocupación que hay más de 54 millones de ha de concesiones madereras, siendo China el mayor comprador.

¿Qué soluciones hay a la vista?

Aunque el informe se centra en evidenciar las principales amenazas a las tres cuencas y algunas de sus poblaciones, también resalta algunos logros en la Amazonia y propone recomendaciones para los tres bosques tropicales.

Entre lo que resalta, celebra que el pasado agosto Colombia se uniera a la Alianza Beyond Oil and Gas y se comprometiera con su declaración, que busca que se alinee la producción de petróleo y gas con el Acuerdo de París. “Muchos ven la adhesión de Colombia a la Alianza Beyond Oil and Gas como un desarrollo diplomático positivo que muestra un fuerte liderazgo de cara a la crucial COP28″, menciona el informe.

También celebra el referendo de Yasuní, en Ecuador, con el que se espera que paren la explotación de petróleo en ese Parque Natural, y el proyecto de ley que no fue aprobado en Perú y buscaba permitir que se explotara petróleo en áreas circundantes a territorios indígenas y de pueblos en aislamiento en el estado de Loreto.

Como afirmó Olivia Brisa, presidenta de la nación indígena Chapra, “si hay explotación en esa área estaríamos poniendo a miles de personas en riesgo de contaminación en la región y aguas abajo. Es el hogar de comunidades indígenas y una alta biodiversidad”.

Entre las recomendaciones que propone el informe, sugiere que se aplique una moratoria a actividades industriales en bosques primarios y prioritarios hasta 2050, para así “salvaguardar los ecosistemas críticos y al mismo tiempo dar tiempo y espacio para desarrollar innovaciones apropiadas en el sistema financiero”.

También, que se acoja la declaración de las organizaciones indígenas amazónicas que busca conservar el 80 % de la Amazonia para 2025. Esto conllevaría garantizar “la seguridad legal de los territorios indígenas como condición para la salvaguardia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el Amazonas y en la totalidad de las tres cuencas”, agrega Kuiru Castro.

Otra recomendación del documento es que instituciones financieras como el Fondo Monetario Intencional (FMI) den lugar para una nueva deuda de compromisos climáticos y de biodiversidad a países con grandes deudas como China, así como a endeudados privados. El informe también afirma que la Declaración de Belém puede ayudar a evitar que la Amazonia se siga acercando al punto de inflexión, en el que dejaría de autorregenerarse y sería prácticamente una sabana, “si se toman medidas suficientes y oportunas”.

Por su parte, Saidi Hemedi sintetiza que “los líderes mundiales se enfrentan a un punto de inflexión y pueden dejar un legado duradero de protección forestal para las generaciones venideras si actúan antes de que sea demasiado tarde”.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.