En Leticia, capital del Amazonas, hoy inicia la precumbre en la que ministros de ocho países buscan redactar un acuerdo para evitar el llamado “punto de no retorno” de esta región. Aunque hay muchas expectativas de su alcance, algunas organizaciones indígenas y ONG tienen inquietudes frente al encuentro.

En enero de este año, Gustavo Petro y Lula da Silva anunciaron que en agosto se realizaría una cumbre de países amazónicos en Belém do Pará (Brasil), enmarcada en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). La idea, explicaron en su momento, es llegar a un acuerdo que logre frenar el colapso o evitar lo que los científicos denominan el punto de no retorno, es decir, que los bosques tropicales de la Amazonia se conviertan en una sabana sin capacidad para regenerarse.

Las bases de ese acuerdo empezarán a construirse hoy en Leticia, en donde, hasta el sábado, los ministros de ambiente de cada país van a preparar el acuerdo que se discutirá en Brasil. Además, en la plenaria de cierre estarán Petro y Lula.

En el Amazonas colombiano se van a tratar cinco temas con el fin de recoger información técnico-científica para que “las decisiones que se tomen sean informadas”, explica Luisa Bacca, coordinadora de Incidencia y Comunicaciones de la Fundación Gaia Amazonas, quien resalta que la precumbre plantea un vínculo entre la ciencia y el conocimiento indígena para la toma de decisiones. “Hay que ver cómo logramos que el conocimiento científico se una a los saberes tradicionales y que, sumando estas perspectivas, se logren construir soluciones”.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, afirma que en Leticia se va a generar “un plan claro y un proceso político para salvar la Amazonia en plena crisis climática”. Según estimaciones citadas por la ministra, si se sobrepasa el 20 % de la deforestación se perdería la capacidad de los bosques para regenerarse. “En este momento, en la suma global de deforestación, la Amazonía está en un 17%”, puntualiza.

Para esto se organizaron espacios en los que se escucharán propuestas y experiencias de gobiernos locales, autoridades indígenas, institutos de investigación y universidades, cooperantes internacionales, sociedad civil y sector privado de los ocho países. Los temas a tratar son delitos ambientales y deforestación; gestión de información; biodiversidad; gobernanza de los pueblos indígenas; y bioeconomía y ciudades sostenibles.

De estos puntos, hay uno que para Bacca merece especial atención, el de delitos ambientales, que, dice, deberá tener una mirada regional. “Además de la deforestación, esperamos que se pueda abordar la problemática de minería ilegal de oro que tiene la región y que, además, implica la respuesta de los distintos gobiernos. Si quieres tener una respuesta estructurada para detener esta problemática, que genera impactos a nivel de la salud de las comunidades y contaminación de los ríos, no puedes tener una estrategia de carácter nacional porque esta trasciende las fronteras de los países”, señala.

Esto implicaría, agrega Bacca, trazar rutas y compromisos particulares que incluyan componentes en materia social y económica, porque “se requieren alternativas para la gente de los territorios, que termina siendo el eslabón más débil de las cadenas delictivas”.

Desde Gaia Amazonas también consideran fundamental que los países adquieran compromisos para alcanzar las metas globales sobre cambio climático y conservación de la biodiversidad y, en el caso de las segundas, pensarlos desde una perspectiva regional.

Inquietudes frente a lo que pase en Leticia

Así como hay muchas expectativas sobre la posibilidad de lograr un acuerdo común entre los ocho países, también hay unos aspectos que, según organizaciones no gubernamentales, hay que tener en cuenta para cumplirlo de manera efectiva. Daniel Aristizábal, de Amazon Conservation Team (ACT), dice que la propuesta de Petro y Lula debe “marcar un proceso y no una serie de eventos aislados de reuniones diplomáticas”.

Para Aristizábal es clave que se recojan las ideas de las organizaciones que “vienen trabajando desde hace años en iniciativas para conservar la Amazonia”, como una ruta hacia políticas públicas que incorporen todas las voces. Bacca coincide en que algo clave de lo que se acuerde en Brasil, y que lo diferenciaría de otros encuentros como el Pacto de Leticia (2019), es que se definan mecanismos para que la implementación sea efectiva.

A estas consideraciones se suma Karla Díaz, coordinadora de Territorio y Democracia Ambiental de la ONG Ambiente y Sociedad. Afirma que, si bien está claro que en los espacios podrá participar un número determinado de representantes de las comunidades locales y las mesas serán de hasta 30 personas -que considera una participación reducida-, “no sabemos desde qué perspectiva se abordarán los temas”.

“Hay que distinguir las ONG de las organizaciones sociales del territorio” que, para Díaz, son las que “no han tenido voz en estos espacios: las comunidades indígenas, muchísimo menos las campesinas y las afros que habitan la Amazonia”. La investigadora advierte que hacen falta otros actores en la agenda, como las comunidades afros y campesinas.

Además de la participación, hay otro tema que para las comunidades es fundamental abordar: cómo se operan los fondos. Un informe publicado por las ONG Rainforest Foundation Norway y Rights and Resources Initiative señala que solo el 17 % de la financiación mundial anual destinada a pueblos indígenas para el clima y la conservación, llega a “actividades que nombraban específicamente a una organización de Pueblos Indígenas o Comunidades Locales”.

La muestra para Díaz de que la inversión para el cambio climático en Colombia no está siendo efectiva es que no se ha visto reflejada en la reducción de la deforestación como consecuencia de esta.

Por su parte, Muhamad afirma que el plan estratégico también busca dignificar “la vida de la población de la Amazonia”. Para esto, quieren impulsar economías que regeneren la selva “y no que la destruyan. Tenemos un planteamiento de financiación para llamar al mundo a concurrir en este pilar climático y alinear posiciones políticas para tener una fuerza negociadora”.

A estas inquietudes, se suma una carta firmada por pueblos indígenas y ONG que circuló hace dos semanas. La carta, enfocada específicamente en la cumbre de agosto, exige una participación activa de los líderes indígenas en los espacios de toma de decisiones en Brasil.

Cuando se publicó el documento, Julio César López Jamioy, coordinador general de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), enfatizó en que es fundamental que en la toma de decisiones, los gobiernos de todos los países “consideren el conocimiento de los pueblos indígenas, el cual, como ya ha sido demostrado, ha contribuido a conservar la biodiversidad del bioma Amazónico”.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.