Un nuevo estudio muestra que la protección de los territorios indígenas en la Amazonia tiene no solo beneficios ambientales, sino también favorece la salud de las comunidades de la región y reduce el costo de los centros de atención.
Cuando se habla de la Amazonia en escenarios públicos o en medios de comunicación, las narrativas se suelen centrar en la relevancia ambiental de mantener en pie esta región. Las noticias se enfocan en hablar de amenazas como la deforestación y la minería ilegal, o las soluciones que surgen en las comunidades locales para contenerlas.
Un reciente estudio publicado en la revista Communications Earth and Environment les dio otro enfoque a los temas de los que se habla cuando se trata del Amazonas. Investigadores de la Universidad de São Paulo, la ONG estadounidense EcoHealth Alliance, la Universidad Clark (Estados Unidos), la Universidad George Mason (Estados Unidos) y la Universidad Nacional Autónoma de México analizaron los impactos en salud y económicos de los incendios forestales —asociados en buena parte a la deforestación— en territorios indígenas de la Amazonia Legal, que reúne los nueve estados que hacen parte de esta región en Brasil, entre 2010 y 2019.
La investigación, titulada “Protecting Brazilian Amazon Indigenous territories reduces atmospheric particulates and avoids associated health impacts and costs” (“La protección de los territorios indígenas de la Amazonia brasileña reduce las partículas atmosféricas y evita los impactos y costos asociados a la salud”), estudió los datos de casos de enfermedades e infecciones respiratorias y cardiovasculares en estos territorios en esos años, contrastándolos con información de las áreas en las que continúa habiendo bosque en pie y su capacidad para absorber material particulado (PM) 2,5.
En 2019 fueron afectados más de 92.000 km de la selva por incendios, el pico desde 2010. El 66 % del área afectada correspondió a Brasil, el 11 % a Bolivia, seguido de Colombia con el 7 %. Estos incendios, además de la deforestación, se relacionan con quema de bosque para agricultura y ganadería. Según detalla el estudio, causan el 90 % de las emisiones PM 2,5 —las partículas que se encuentran en el aire de 2,5 micrómetros (menos que el grueso de un cabello)— en la región.
¿Cómo afecta a la salud humana el PM 2,5 en la Amazonia? Los incendios de grandes escalas emiten partículas de humo que se transportan a grandes distancias del fuego. En las áreas analizadas, impactaron comunidades hasta a 500 km de distancia. Lo que ocurre al respirar las partículas es que estas pueden penetrar los alvéolos de los pulmones (una suerte de ramas que se ubican en los bronquiolos) y pasar al sistema sanguíneo, de modo que la exposición se puede relacionar con el diagnóstico de enfermedades cardiacas, cáncer de pulmón, bronquitis, problemas pulmonares y cardiacos crónicos y asma, entre otros.
De hecho, el proyecto periodístico Engolindo Fumaça (Tragando humo), del medio brasileño InfoAmazonia, en alianza con investigadores de la Universidad Federal de Acre y el Observatorio de Clima y Salud, mostró que en 2020 quienes vivían en las regiones afectadas por incendios forestales estaban más expuestos al riesgo de empeoramiento de covid-19.
Además, una investigación de ese mismo año, publicada en Science Direct, evidenció que los incendios y las sequías aumentaron hasta un 27 % las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias en la Amazonia brasileña, entre el año 2000 y 2016, especialmente en años de sequía.
Territorios indígenas y costos en salud
El estudio de Communications Earth and Environment encontró que, entre 2010 y 2019, la Amazonia absorbió un promedio de 26.376 toneladas de microgramos (μg) de PM 2,5 por año, de las cuales los territorios indígenas fueron los responsables del 27 % de dicha absorción; y, específicamente, los territorios Vale do Javari, Yanomami, Alto Rio Negro, Mekragnoti y Trombetas (en Brasil), fueron responsables del “8 % de la capacidad total de absorción potencial de toda la Amazonia”.
En los mismos años se reportaron 1’429.134 casos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como infecciones relacionadas con incendios forestales en los municipios que conforman la Amazonia Legal (que son 772), lo que se traduce en una media de más de 142.000 casos por año o 586 por cada 100.000 habitantes. Además, más de 168.000 se reportaron en territorios indígenas, en donde la incidencia de estas enfermedades fue en 2019 un 165 % superior a 2010. Los territorios más afectados, como lo muestra la infografía, fueron Kayabu, Panara y Sete de Setembro, ubicados en el arco de deforestación, en donde también se evidenció la menor capacidad de absorción de PM 2,5.
La investigación analizó las áreas boscosas de la Amazonia brasileña y el índice de fragmentación de los bosques. Encontraron que “cuantas más áreas boscosas tiene un municipio, y con un bajo nivel de fragmentación (menos de 10 parches por cada 100 hectáreas), menor es el número de enfermedades e infecciones reportadas”, algo que, explican en el estudio, podría estar relacionado con la capacidad de la selva para absorber PM 2,5.
El estudio también encontró que por cada aumento de 1 kg de PM 2,5 identificado se reportaron 21 nuevas enfermedades e infecciones en la Amazonia Legal y dos nuevas específicamente en sus territorios indígenas. Por otro lado, estiman que deforestar el 1 % de las áreas de bosque de cada municipio de esta región podría generar 82 nuevas infecciones y enfermedades.
Los investigadores, además de que evidenciaron un menor registro de enfermedades e infecciones respiratorias y cardiovasculares en los territorios en donde hubo menos índices de humo de incendios y mayor cobertura de bosque (es decir, menos deforestación), también encontraron cifras determinantes de gastos en salud.
Según el Ministerio de Salud de Brasil, el costo promedio por tratamiento y hospitalización es de US$132. El estudio estimó que “por cada kilogramo adicional de PM 2,5 liberado a la atmósfera, hay un costo estimado de US$2.777,90”. Sin embargo, aclaran los investigadores, como los precios no son iguales en toda la Amazonia Legal, en algunas partes puede llegar a haber pérdidas de más de US$9.000 por un kg de PM 2,5 liberado.
Si los territorios indígenas son responsables del 27 % de la absorción del bioma amazónico, la protección de estos podría significar la absorción de 700.000 kg de PM 2,5 al año, lo que, calculan, evitaría 15 millones de casos de enfermedades e infecciones respiratorias y cardiovasculares y ahorraría US$2.079’000.000 en costos en salud por año.
El gobierno Lula y la Amazonia
En toda la Amazonia hay 3.344 territorios indígenas. En el caso de Brasil, 329 de las 487 áreas indígenas que han sido delimitadas se encuentran en esta región.
Andrea Bolzon, coordinadora del proyecto de preservación, restauración y pago por servicios ambientales Floresta+Amazonia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Brasil, señaló para El Espectador que la preservación de los territorios indígenas es clave porque estos no pueden “existir ni salir adelante sin su territorio. Esa es la premisa fundamental”. La investigadora insiste en que son los territorios más conservados en términos de vegetación nativa y cobertura boscosa, y que si Brasil y el mundo “están preocupados por mantener reservas de vegetación nativa deberían demarcar la mayor cantidad posible de territorios indígenas, porque ahí sí hay garantía de que no habrá deforestación”.
Diferentes investigadores y analistas, incluyendo a Bolzon, han visto con buenos ojos las políticas de Lula que impactan la Amazonia, como la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, con el nombramiento de Sonia Guajajara al mando de esa cartera, y la creación de la Secretaría de Pueblos Tradicionales dentro del Ministerio de Ambiente; también los operativos adelantados por la Policía Federal contra la minería ilegal en tierras Yanomami (en el estado del Amazonas).
A finales de abril, el Gobierno demarcó seis territorios indígenas en los estados Acre, Amazonas, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Sul y Goiás (los dos primeros de la Amazonia Legal). Durante el evento, el presidente afirmó que esta decisión, además de ser un derecho de los indígenas, hace parte de su estrategia para “llegar al 2030 con cero deforestación en la Amazonia” y asignó 12,3 millones de reales a la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) por apoyar a los yanomamis.
Pero Lula todavía tiene un reto grande por delante. Aún hay alrededor de 200 territorios en el país que continúan siendo reclamados por estos pueblos, un proceso al que obliga la Constitución de 1988 y fue frenado durante el gobierno de Bolsonaro.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
