Una iniciativa impulsada por varias organizaciones busca que Colombia, Perú, Ecuador y Brasil tomen decisiones en conjunto para la protección de este importante río. Sería una manera de protegerlo de peligros que lo acechan, como la minería y la contaminación.

Los 121 mil kilómetros cuadrados del río Putumayo, que forman el décimo afluente más grande de la cuenca del Amazonas y que atraviesan Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, son desde hace cinco años el centro de un proyecto con el que los cuatro países buscan articularse para conservar juntos esta cuenca y sus ecosistemas. En palabras simples, lo que la iniciativa busca es que las decisiones que se tomen sobre este río tengan en cuenta la cuenca en su totalidad y las comunidades que habitan a su alrededor: aproximadamente el 45 % del río Putumayo atraviesa territorios indígenas. Además, casi el 75 % de la cuenca está protegida por alguna figura de conservación.

El proyecto Cuenca Putumayo-Içá cuenta con la financiacón del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por su sigla en inglés), es implementado por el Banco Mundial y ejecutado por la ONG Wildlife Conservation Society (WCS). De acuerdo con Silvia López-Casas, PhD en biología e investigadora de WCS, hay que comprender el río, también llamado Içá en Brasil, partiendo de que todas las personas que comparten la cuenca son receptores de beneficios.

“Las personas que están en las partes más altas tienen unos beneficios respecto a los que están en las partes más bajas de la cuenca, que reciben los impactos o externalidades de las personas que viven en las partes altas”, explica la bióloga.

Así como en Colombia el río cuenta con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta del Putumayo (Pomca), en los otros tres países también hay instrumentos para su manejo. Por ejemplo, en el caso de Perú, tienen el Proyecto Especial Binacional Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo.

No es la primera iniciativa que busca crear un corredor biocultural en el río Putumayo. Un proyecto del Field Museum de Chicago involucra desde 2018 a diferentes actores, incluidas organizaciones indígenas y campesinas, así como instituciones de investigación para su conversación. Sin embargo, esta es la primera vez que se busca abordar este río “bajo una única unidad de manejo; la idea es compartirnos la información entre países y tomar decisiones basados en ella”, señala López-Casas.

La iniciativa, cuya implementación arrancó este año y se proyecta hasta 2027, pretende alinearse con otros acuerdos de la región, como el Plan de Acción Pucallpa entre Colombia y Perú de 2019, la Declaración Presidencial Conjunta de la Séptima Reunión de Gabinete Presidencial y Bilateral entre los gobiernos de Colombia y Ecuador de 2018, el Pacto de Leticia de 2019, así como la Mesa Técnica Binacional Ecuador-Colombia y Perú-Colombia de la Lucha contra la Minería Ilegal.

A pesar de la existencia de estos acuerdos, para López-Casas la toma de decisiones por separado sobre el río tiene una “visión muy limitada, que no responde a las necesidades de los humanos que viven allí, ni mucho menos de los ecosistemas ni la biodiversidad. Nunca se toman en cuenta las implicaciones que puede tener una acción de manejo para los usuarios de los otros países”. Este tipo de decisiones pueden ir desde las fechas en que se establecen las vedas de pesca hasta estrategias para la contención de la minería ilegal en el río y otras amenazas ambientales.

Por ejemplo, una iniciativa que surgió en Puerto Nariño (Amazonas) hace más de cinco años fue el Ordenamiento pesquero de los lagos de Tarapoto, que estableció vedas sobre ciertas especies de peces, así como artes de pesca validados, y se volvió una resolución de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).

Federico Mosquera-Guerra, PhD en biología e investigador de la Fundación Omacha, explica que con la consolidación de este ordenamiento “se recuperó el recurso pesquero que estaba escaseando. Ahora hay más peces también para atender la demanda de turistas. En Perú quisieron replicarlo en el lago de Caballococha, pero no ha sido posible”, en parte, por la lejanía con Iquitos y ciertos procesos burocráticos.

El proyecto busca articular diferentes iniciativas ambientales existentes, como las que adelantan algunas ONG alrededor del río Putumayo. Una de estas es Amazon Conservation Team (ACT), que considera que es clave que se entrelacen estas iniciativas porque unas se “trabajan en Perú, otras en Brasil, otras en Colombia en la parte baja y otras en Colombia en la parte alta o en la parte media. Lo importante es pensar de qué manera cada una de estas iniciativas se puede integrar a lo que ellos (el GEF) pretenden”.

En el caso de ACT, la idea es articularse con el proyecto desde estrategias para la ampliación de resguardos y la creación de reservas indígenas, así como el desarrollo de iniciativas de pedagogía en torno al agua, entre otras.

Para ACT, uno de los retos del proyecto es que se logre salir de una idea local de manejo del río hacia una regional. “Eso la gente en esta región lo hace en su cotidianidad, pero a nivel político no existe la intención”. El otro desafío que identifican es que los cuatro países logren “pacificar la región, porque hay zonas del territorio en donde, por ser periferia en todos los países, hay anomalías, como presencia de grupos armados y narcotráfico, que generan una cantidad de otras amenazas, incluyendo ambientales, como la minería. Es un reto regional, no local”.

Investigar más e integrar a las comunidades

A grandes rasgos, el proyecto cuenta con cuatro componentes principales. El primero consiste en potenciar esa gestión compartida de los recursos hídricos con la participación de diversos actores, como comunidades indígenas. El segundo se enfoca un poco más en la investigación, el monitoreo de la cuenca y la gestión de ese conocimiento, basada también en compartir información biológica entre los países. El tercero es apostarle a fortalecer economías y producción sostenibles, como pesca y productos no maderables. Y la cuarta, reducir los contaminantes.

Estos puntos se establecieron con el fin de conservar la cuenca y contener las cuatro amenazas principales a este ecosistema: la deforestación, que aumenta la erosión (o desgaste) y la escorrentía -el agua lluvia que circula sobre la superficie de un terreno- de los suelos, algo que facilita la entrada de contaminantes al río; la contaminación del agua, desde el uso de mercurio en la minería ilegal hasta sustancias como pesticidas o insecticidas empleados para la agricultura o la industria de hidrocarburos; los efectos del cambio climático; y las malas prácticas en el aprovechamiento de la pesca.

Uno de los puntos cruciales, para López-Casas, es fortalecer la investigación. Con esta se podría saber con claridad qué especies en riesgo permanecen en qué tramos del río, cómo van cambiando sus poblaciones, si se están reproduciendo efectivamente y cuáles son sus principales amenazas.

“Necesitamos saber qué es lo que hay en la cuenca, lo que incluye desde monitoreos hasta un inventario de la biodiversidad. La idea es apostarle al monitoreo comunitario y empoderar a las comunidades para que sepan qué es lo que tienen, cómo evaluarlo y gestionarlo”, señala.

Por otro lado, ya que el 45 % de la cuenca atraviesa territorios indígenas de los pueblos cofan, bora, cocama, ocaina, kichwa, uitoto, tikuna, yagua, por mencionar algunos, la implementación del proyecto con estos también es crucial. La idea es diseñar una estrategia que considere el conocimiento tradicional y científico.

“La oralidad y otras formas culturales propias son claves para que estos pueblos transmitan sus conocimientos relacionados con la conservación de la selva y la biodiversidad, los espacios de uso, las técnicas de caza, la siembra o la cosecha, o el uso de los recursos naturales en prácticas como la medicina o la cocina”, señala el proyecto.

ACT añade que los pueblos indígenas que viven alrededor de esta cuenca “han vivido de manera pacífica con su entorno y eso se puede mostrar en que son los espacios más biodiversos de la Amazonia, entonces eso implica un paradigma serio en cuanto a la manera de pensar y vivir este planeta que no se puede invisibilizar ni negar”.

Los enormes retos para un tratado transfronterizo

Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, dice que para lograr un manejo en conjunto, como el que pretende este proyecto, hay que tener en cuenta dos ámbitos: “Uno es el de planeación, asociado a políticas públicas y programas; el otro es más jurídico, y está relacionado con las restricciones de usos de recursos y el control de la contaminación”. El reto, agrega, es ver “cómo puede otro país exigirle a Colombia que cumpla con unos usos y aprovechamientos, así como un control de la contaminación”.

Por su parte la directora del proyecto a nivel regional, Miriam Factos, también insiste en la importancia de que “la lucha contra la contaminación y la destrucción de los bosques amazónicos debe ser una acción regional y debe juntar esfuerzos y visiones compartidas para alcanzar impactos visibles y permanentes”.

Según Madrigal, si en el proyecto del GEF y WCS no hay una articulación del ámbito jurídico, se tratará de “planes, instrumentos y políticas de gestión del agua, que, aunque pueden cambiar dinámicas culturales, a la hora de enfrentar un problema fundamental como contaminación transfronteriza se queda corto”.

En este punto concuerda López-Casas, para quien, por ejemplo, con respecto a la minería y la contaminación por mercurio, algunos tramos del río parecieran ser “un territorio de nadie. Colombia actúa sobre la draga que está en su margen del río, lo mismo Perú o Brasil, pero cuando está en la mitad del cauce es territorio de nadie”.

Las consecuencias de esa actividad han quedado plasmadas en varias investigaciones. Una de ellas fue publicada en 2022 por la Fundación Omacha y el Laboratorio de Ecología Funcional de la Universidad Javeriana. Tras analizar las concentraciones de mercurio en más de 70 tejidos de delfines de río de las cuencas del Amazonas y el Orinoco, que son fronterizas, el grupo de investigadores encontró que el nivel promedio de mercurio fue de 2,74 microgramos (μg) por kilogramo, cinco veces más de lo que la OMS sugiere. Incluso, diferentes estudios de los últimos 20 años muestran que más del 60 % del mercurio que hay en la cuenca del Amazonas proviene de la minería de oro.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.