La Unidad de Restitución radicó una demanda con la que busca las garantías para que todo el pueblo nukak pueda regresar a su resguardo. Campesinos, industriales y grupos armados actúan como opositores en una tierra tres veces más grande que el departamento del Atlántico.
El pueblo indígena nukak concibe su territorio como un ave. Un animal sagrado que vive en las selvas del Guaviare desde antes de que Colombia fuese fundada como República y que ha recibido, en las últimas décadas, las afectaciones de la industria agrícola y la incursión de grupos armados y narcotraficantes. Se trata de un resguardo tres veces más grande que el departamento del Atlántico y clave en términos ambientales, dado que es un corredor natural que conecta los Parques Nacionales Naturales de la Serranía del Chiribiquete y la Serranía de la Macarena.
Actualmente, ese territorio se encuentra en medio de la demanda más ambiciosa en términos de tierra en la historia de la Unidad de Restitución, presentada en diciembre pasado. El expediente, que está en manos de un juez de Villavicencio, define las problemáticas en torno al territorio que podrían solucionarse para garantizar la soberanía de los indígenas sobre este resguardo, en un contexto de conflicto y despojo.
Desde 1997, a través de una resolución del extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), se reconoce a centenares de indígenas como los únicos dueños del resguardo, que comprende 932.463 hectáreas. Una vasta región natural que limita por el occidente con Calamar y San José del Guaviare.
Como lo explica José Quiroga, investigador de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), una parte del resguardo se superpone con una zona de reserva campesina. “El Estado cometió un error con dos figuras de propiedad colectiva y de ordenamiento campesino, ocasionando una conflictividad alrededor de quién es el titular”, señaló.
La Unidad, asimismo, entregó un listado de la población campesina que sería invasora en el resguardo y que, si en los próximos meses no demuestra haber obtenido esas tierras de buena fe, será desalojada por orden judicial. En caso de que esos campesinos prueben haber llegado a las propiedades de manera legítima, el juez ordenará compensaciones a su favor, que pueden ir desde dinero hasta fincas que podrán elegir en ese u otro territorio de Colombia. Los nukaks, al final, podrían obtener un fallo de restitución en el que quede claro que fueron victimizados durante décadas y que, por lo tanto, serán beneficiados con una serie de reparaciones colectivas.
El siguiente punto por resolver por el juez de Restitución tiene que ver con el conflicto armado. La Unidad, de hecho, ha sostenido reuniones con el alto comisionado para la Paz, para que en su proyecto de “paz total” incluya negociaciones con el Frente 44 de las disidencias de las Farc, dado que se mueven en el resguardo desde antes de que se firmara el Acuerdo en La Habana (Cuba). El grupo armado obliga a algunos indígenas nukaks a raspar coca, según lo señala la Unidad. Quienes se niegan son desplazados, como les sucedió a 215 indígenas entre 2005 y 2006.
Entre otros antecedentes, en 2002, en el sector de Carrasqueras, paramilitares fueron responsables de una masacre a un grupo de campesinos en presencia de indígenas, y quemaron el caserío, obligando a 50 nukaks a desplazarse a San José del Guaviare. “Cuando a un pueblo se le desarraiga de su territorio, prácticamente se les condena a morir silenciosa y sistemáticamente, porque la vida nuestra depende de la espiritualidad que tenemos con la madre naturaleza. Nos cercenan la posibilidad de conversar con los ríos, los lagos, los árboles y los animales”, le dijo a este diario Giovanni Yule, director de la Unidad y líder nasa.
El Espectador contactó a una de las personas desplazadas, quien pidió reserva de su nombre. Su trabajo es adelantar diálogos y concertaciones entre el resguardo y “colonos”. Explicó que su pueblo ve en la demanda una oportunidad para volver a “estar en sitios con frutas, donde podamos tener nuestro cultivo. Solemos estar tres o dos meses, cuando son temporadas de recolección. Ya no hay felicidad. La felicidad está donde hay siembras abundantes. Donde podemos transitar libremente. Estamos aburridos. No podemos andar. Tenemos una tristeza. Hacemos actividades, sí, pero no son especiales”.
Violencia sexual, deforestación e incumplimiento de pagos
El investigador Quiroga enfatiza en que la falta de garantías para vivir en el territorio ha incidido en que este “haya sido despojado sistemáticamente y (los indígenas) se hayan desplazado a cascos urbanos, zonas marginales, y hoy en día estemos hablando de consumo de estupefacientes, de explotación sexual infantil. Y de una serie de situaciones que los han vulnerado y que los tienen al riesgo de la desaparición física y cultural”. Recientemente, de hecho, el presidente Gustavo Petro denunció que 118 militares del Ejército permanecen bajo investigación por, presuntamente, explotar sexualmente a niños, niñas y adolescentes jiws y nukaks a cambio de comida, dinero o drogas.
Hace unos días la Fiscalía, por su parte, agregó que en las cuentas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hay información por hasta 378 casos de violencia sexual contra indígenas de comunidades del Guaviare.
Por otro lado, la Unidad realiza monitoreos del estado del resguardo y, a corte de 2023, concluyó que las principales amenazas ambientales son la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola para actividades como ganadería y la construcción de vías para conformar corredores de movilidad. Según los estudios de la Unidad, en los últimos 10 años la deforestación ha afectado casi un 30 % del territorio. “También hay grandes zonas o sectores que son acaparados para actividad de ganadería extensiva. Y, de otro lado, logramos identificar la deforestación que se hizo para colonización campesina, sobre todo en el sector nororiental del resguardo”, precisó Jhenifer Mojica, directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución.
Este fenómeno coincide con un reciente informe de la FCDS, que señala que entre mediados de 2021 y mediados de 2022 hubo deforestación en más de nueve mil hectáreas que son parte de 55 resguardos indígenas, entre los cuales los más afectados fueron Nukak y Llanos del Yarí Yaguara. La FCDS, por lo tanto, avanza en una estrategia junto a los nukaks para restaurar ecológicamente las hectáreas del resguardo que se han visto afectadas, algo que, explica Quiroga, sería una forma de aportar a la garantía de su soberanía alimentaria.
Además, a todos los conflictos que rodean el caso se suma otro problema sin resolver desde hace décadas. En octubre de 2022 la Contraloría advirtió que desde el año 2000 no se ejecutan los recursos del Sistema General de Participaciones que le corresponden al pueblo nukak. Esta deuda asciende a $9.559 millones y, según advierte una fuente cercana al caso, este dinero pudo haber sido utilizado para evitar que los nukaks cayeran en situaciones que amenazan su supervivencia. El Espectador se contactó con la Alcaldía de San José del Guaviare, la cual respondió que esa plata la gestiona el Ministerio del Interior. Este último fue consultado por este diario, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
Los alcances de la demanda
Mientras llega la sentencia de restitución, que puede tardar años, dice Quiroga, las instituciones del Estado deben “brindar elementos básicos para la supervivencia de este pueblo, que tiene población reasentándose en el territorio, así como la población desplazada”, para evitar que siga aumentando una crisis social de décadas. En caso de obtener un fallo a favor, las mismas entidades deben otorgar las garantías para que el resguardo no siga siendo deforestado ni se siga extendiendo la frontera agrícola con fines ganaderos, algo que, en caso contrario, seguiría siendo una grave amenaza para la supervivencia de los nukaks.
Y es que en 2009 la Corte Constitucional, incluso, los declaró en riesgo de desaparición a causa del conflicto armado y la grave vulneración de sus derechos colectivos. La demanda presentada por la Unidad, como hecho particular, habla sobre cómo una epidemia de gripe, producto de los primeros contactos con los denominados “colonos”, casi significa su extinción en los años 90. Además, según Survival, una de las ONG que apoyó la creación del resguardo, desde el primer contacto regular, que fue en 1988, el Estado ha hecho poco o nada por evitar su exterminio, pues “es uno de los 65 pueblos indígenas de Colombia en riesgo de extinción física y cultural”. De acuerdo con esa organización, “aproximadamente el 50 % del pueblo nukak ha muerto”.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
