La zona de reserva campesina El Pato-Balsillas —ubicada al noroccidente del Caquetá, entre el Parque Nacional Los Picachos, en la Amazonia, y el Meta— fue la primera que se conformó en el país. Víctor Ayala, uno de sus precursores, cuenta que en 1997, cuando la tala de árboles sobrepasó los límites y los cultivos ilícitos llegaron al territorio, ya no se podía sembrar. “Uno no veía ni siquiera una mata de yuca”, dice. Pero ante la crisis, la principal respuesta que encontraron las 28 comunidades campesinas que aún habitan el territorio fue la conservación. “Nuestros ancestros fueron grandes depredadores y deforestadores, pero nosotros decidimos cambiar la historia”, explica el líder campesino.
La figura de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) se formalizó con la Ley 160 de 1994 y desde entonces se ha convertido en una oportunidad para que las comunidades rurales puedan gestionar planes de desarrollo sostenible que buscan, además de conformar un papel para gestionar su propio territorio, la conservación ambiental y la reducción de la frontera agrícola, una de las principales causas de deforestación en el país. Pero lo cierto es que —aunque la legislación lleva 27 años y se han demostrado casos exitosos, como el de El Pato-Balsillas, en la Amazonia, o el de Cabrera, en Cundinamarca— hasta la fecha solo se han declarado oficialmente siete de estos espacios y hay más de veinte en espera de constitución.
Según Visnu Posada, ingeniero ambiental e integrante de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), la razón es la falta de coordinación entre autoridades que reconocen formalmente estos espacios. “Una reserva campesina es un acuerdo del sector agropecuario, el sector ambiental y del campesinado para estabilizar sus pobladores y, producto de eso, cerrar la frontera agropecuaria. El problema es que la figura no tiene dientes para ejecutar esos planes de desarrollo sostenible que se diseñan y la gestión es muy gaseosa; es decir, no es sistemática”.
En respuesta a esta problemática —y, según las comunidades, es uno de los logros que se le adjudican al paro nacional—, el pasado 6 de junio se firmó un acuerdo entre organizaciones campesinas y autoridades del sector agrícola y ambiental, para ejecutar la creación del Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Un empujón necesario que permitirá acortar procesos para crear las áreas, según explica Robert Escobar, vocero de la delegación de campesinos del Caquetá y sur del Meta. “Lo que se quiere es que el Gobierno Nacional siente un responsable para hacer mucho más factible la creación y financiación de las zonas de reserva campesinas como una incitativa que ayudaría a la solución de problemáticas socioambientales en los territorios”.
Tanto el Gobierno como las comunidades campesinas garantes del proceso tienen un plazo máximo de tres meses para diseñar un documento que formalice el sistema y un programa que agrupará varios procesos de ZRC estancados: ambas apuestas contarán con equipos técnicos del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente y representantes rurales. Las zonas escogidas para un primer piloto fueron la Amazonia, en el departamento del Caquetá, y el sur del Meta; dos de los lugares más deforestados del país.
Pero, ¿cómo la creación de un Sistema Nacional de ZRC ayudará a detener la expansión de la frontera agrícola? Según Visnu Posada, una de las principales problemáticas que esta figura tiene, y que espera solucionar con la creación del sistema, es que a pesar de que la producción agrícola cumple con estándares de conservación —al no talar los bosques primarios, conservar las fuentes hídricas y no pasarse de una cantidad de hectáreas sembradas—, los productos no son lo suficientemente apoyados en su comercialización. Los campesinos necesitan estabilidad económica para seguir con los acuerdos de no expansión.
“La norma dice que en una zona de reserva campesina la oferta del Estado tiene que ser preferente, porque necesita cumplir con unos objetivos de estabilizar esa población, que en su origen eran colonos que estaban abriendo la frontera agropecuaria y llegaron a acuerdos internos para evitarlo. Ellos necesitan la oferta del sector agropecuario, que les den los títulos de la tierra, el acceso a créditos y la asistencia agropecuaria”, agrega Posada, también asesor de territorios rurales de la Universidad EAN.
Algo en lo que concuerda Víctor Ayala, quien explica que en la ZRC El Pato-Balsillas entendieron hace tiempo que no necesitan 500 hectáreas de tierra para poder ser productivos pues, según cuenta, con diez bien trabajadas basta. “Nosotros no necesitamos grandes extensiones de tierra para la agricultura. Lo importante es tecnificar las prácticas y que compren los productos. En diez hectáreas se puede sembrar yuca, plátano, mora, lulo, café y lo que el clima permita. Es decir, los campesinos necesitamos ayuda económica y técnica para vivir mejor y talar menos; no necesitamos 500 hectáreas”.
Según un informe del Instituto Humboldt publicado en 2018, las Zonas de Reserva Campesina, que por lo general comparten terreno con espacios estratégicos para la biodiversidad del país, permiten que se construyan economías locales basadas en la conservación, diseñadas y puestas en práctica desde lo local. Algo que, según Alejandra Osejo Verona, líder de la línea de investigación en gobernanza y equidad del Humboldt, puede traducirse en una sola cosa: un control estratégico de los ecosistemas a cargo de los actores que inciden principalmente en la tierra.
“La posibilidad que brinda una figura como las ZRC es que la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad estén a cargo de las mismas organizaciones que tienen una incidencia directa en el territorio y para eso las figuras tienen un elemento muy importante, que son los planes de desarrollo campesino y eso es fundamental cuando hablamos de situaciones donde hay conflictos latentes por la conservación de zonas pobladas con procesos de colonización, lugares donde la economía no logra estabilizarse pero es una zona de ecosistema estratégico”.
En el camino de la transición hacia la sostenibilidad es fundamental contar con acuerdos comunitarios y darles la voz a quienes habitan y trabajan las zonas que deben ser conservadas: los campesinos y las comunidades que han diseñado planes sostenibles y que hoy, más que nunca, necesitan un empujón para que surtan efecto. “Si las economías campesinas se estabilizan vamos a evitar la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola para ganadería y la vinculación con economías ilícitas. Entender que la conservación no es un asunto exclusivamente del Gobierno nos abre la posibilidad de vincular diferentes actores y reconocer los esfuerzos que estos han estado haciendo en sus territorios”, concluye Osejo, del Instituto Humboldt.
*Este reportaje ha sido publicado en una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de la Amazon Conservation Team, preservando la independencia editorial
