El emblemático río de los siete colores fue amenazado por incendios causados por manos criminales y que arrasaron con decenas de hectáreas de vegetación. La Fuerza Pública responsabiliza a disidentes de las Farc, pero investigadores advierten que el problema es más complejo. ¿Quiénes está detrás de este ecocidio?
Desde hace varios meses la Fuerza Pública adelanta la Operación Artemisa en los Parques Nacionales Naturales (PNN) La Tinigua, serranía de La Macarena y cordillera de Los Picachos -ubicados en límites entre Meta y Caquetá-, gracias a la cual, según el Ministerio de Defensa, se lograron recuperar 1.900 hectáreas para detener el avance de la deforestación en esa zona. Luego de que el ministro Carlos Holmes Trujillo presentara el balance del operativo, en la noche del pasado sábado un voraz incendio consumió un área aún por determinar de La Macarena que amenazó con llegar a Caño Cristales. Aunque la Fuerza Pública apunta el dedo hacia las disidencias de las Farc ¬ que ejercen control territorial en la zona¬ para responsabilizarlos de la conflagración, otras voces aseguran que el problema es más complejo.
Según Holmes Trujillo en su intervención el pasado sábado, los Grupos Armados Organizados Residuales utilizan áreas del parque “como bases aéreas y corredores de movilidad para actividades criminales, que comprometen no solo recursos estratégicos de la nación, sino la vida, la integridad y los derechos de las comunidades”. Y añadió que “están deforestando para sembrar coca, seguir matando, seguir acabando con el medioambiente y contaminar las fuentes de agua. Eso es lo que hace el narcotráfico”.
La Defensoría del Pueblo, que alertó sobre el incendio de la noche del sábado, lo hizo con un mensaje contundente: “El incendio provocado contra la serranía de La Macarena, a la altura de Caño Cristales, es un atentado contra la humanidad”. Aunque la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo informó que la conflagración fue controlada en su totalidad, aún no es claro quiénes podrían estar detrás del hecho.
Por hechos relacionados con la deforestación, el sábado pasado fueron capturados 12 hombres y 8 mujeres, quienes serán procesados por delitos ambientales, y a quienes, según un comunicado firmado por la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y otras organizaciones, “se les leyó un documento en el que se les atribuye su presunta responsabilidad en el delito de invasión a Parques Nacionales Naturales”. Algunos, dijo Trujillo, tenían órdenes de captura previas y otros fueron capturados en flagrancia.
Lo que denuncian las organizaciones que acompañan el caso es que se “han capturado y judicializado sistemáticamente a campesinos por el solo hecho de habitar dentro de los PNN, sin tener en cuenta que muchos de ellos han vivido allí desde antes de que el lugar fuera declarado PNN” y que en “estos operativos se han evidenciado múltiples vulneraciones al debido proceso”. Además, que los campesinos que habitan la zona, si bien se puede presentar que algunos estén directamente involucrados con la deforestación, terminan en tal situación por el abandono estatal y vivir en el fuego cruzado entre las disidencias de las Farc que controlan la zona.
Otros posibles responsables
Funcionarios cercanos al proceso le aseguraron a este diario que es poco probable que las disidencias estén detrás del incendio, porque es precisamente la capa vegetal la que les ha servido de escondite en esta zona del país. Allí, dijo una fuente, se vive un “desgobierno total”, pues es territorio de nadie y es muy difícil dar con los responsables de crímenes así, ya que en todo el país apenas hay 27 fiscales especializados de medioambiente. Ni siquiera uno por departamento.
Una fuente de un organismo de control le dijo a este diario que “a los primeros que investigaría serían a los que tienen interés en explotar la zona”. En un sentido similar, la Procuraduría explicó a través de su cuenta de Twitter que “este tipo de incendios son parte de un perverso método, que busca degradar categorías de protección ambiental en territorios estratégicos de importancia ecológica, para conseguir licencias de uso”. Es decir, se incendian reservas para conseguir que el Estado se vuelva más laxo con, por ejemplo, los permisos de explotación minera en la zona.
La deforestación en PNN
La deforestación no es un tema nuevo, y Colombia lleva varios años tratando infructuosamente de detenerla. Pese a que el país se comprometió a reducirla a cero para 2020, con numerosos esfuerzos hacia ese frente, no se ha logrado. En 2017 el país perdió 219.973 hectáreas y en 2018 se deforestaron 197.159 hectáreas, el equivalente a dos veces Bogotá.
Ni siquiera las áreas protegidas se han librado de la pérdida de bosque: en el último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) se estima que los Parques Nacionales Naturales perdieron 21.046 hectáreas solo en 2018; con el agravante de que, en esos territorios -que corresponden a más del 12 % de Colombia- habita el 32 % de la biodiversidad identificada en el país.
El último de los esfuerzos para contrarrestar la deforestación por parte del Gobierno ha sido la intervención militar, con la llamada Operación Artemisa, lanzada en abril de 2019. Aunque su objetivo, como indicó entonces el presidente Iván Duque, era parar la “hemorragia deforestadora de los últimos años, recuperar la selva tropical húmeda y judicializar a quienes estuvieran detrás de las prácticas ilegales”, desde su surgimiento ha levantado ampollas entre comunidades, Fuerza Pública y grupos ilegales que operan en estos territorios; su consecuencia ha sido un incremento en la tensión en estas áreas protegidas.
De hecho, en octubre de 2018, un operativo contra la deforestación en el parque Los Picachos terminó en protestas y enfrentamientos entre campesinos y el Esmad. Un año después, en el PNN La Paya, un nuevo operativo liderado por la Presidencia de la República y las Fuerzas Militares resultó con denuncias por exceso de fuerza y la destrucción de casas campesinas, igual que otro realizado en Chiribiquete en abril del mismo año. Ahora, el incendio de unos bosques cerca de Caño Cristales, uno de los principales atractivos turísticos del país, reconocido internacionalmente por su belleza y biodiversidad, tras la cuarta fase de la Operación Artemisa este delicado asunto vuelve a ser tema de debate.
Frente a este panorama, el caso del Parque Nacional Natural Tinigua, donde se encuentra el mítico río de los siete colores, es uno de los más preocupantes. Tinigua tiene un territorio de 214.261 hectáreas y forma parte del Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM), creada en 1989 para proteger los diferentes ecosistemas que allí confluyen. También son parte del AMEM otros tres Parques Nacionales Naturales (Sumapaz, cordillera de Los Picachos y serranía de La Macarena). Esa zona cumple con la importante tarea de servir como conexión entre los Andes, la Orinoquia y la Amazonia, función que se está poniendo en peligro a causa de la deforestación.
“Tinigua tiene una complejidad tremenda. Es uno de los sitios más deforestados por unidad de área. Tiene la mayor tasa de concentración de deforestación tanto en la Amazonia colombiana como en la Amazonia continental”, asegura Rodrigo Botero, director de la territorial Amazonia de PNN por 10 años y ahora director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. “Ese proceso de deforestación se disparó desde 2016, cuando se entró en la fase final de la firma del Acuerdo de Paz. Aunque Tinigua tenía un proceso de ocupación histórico de larga data, no es comparable con lo que está pasando ahora: han entrado nuevas personas, ha cambiado la organización social, hay nuevos actores armados”, insiste. Habitantes, investigadores, organizaciones y entidades de control reconocen a la ganadería como una de las causas principales, también los cultivos ilícitos y la colonización desbordada.
Según Botero, fueron cerca de 18.000 las hectáreas deforestadas en el último año. Lo grave del asunto es que la zona se está fragmentando, lo que afecta directamente el objetivo de conservación nacional y la conectividad entre los Andes, la Amazonia y la Orinoquia. “Entre los años 2009 y 2012, PNN hizo un esfuerzo enorme para solucionar el tema de la ocupación, a través de propuestas como la relocalización voluntaria e incluso la posible creación de una Zona de Reserva Campesina en el área de amortiguación del parque. Pero esos esfuerzos fueron fallidos, lo que ha tenido una repercusión gigantesca”, explica.
Aunque cuando se firmó la paz con las Farc se percibía un ambiente de esperanza y por fin directivas y funcionarios de PNN pudieron entrar al territorio que protegían, la situación no ha cambiado. Las amenazas contra líderes ambientales, funcionarios de PNN y Cormacarena se hacen más duras: los han declarado objetivo militar. Y la tendencia de la deforestación continúa en aumento. Según datos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonia Andina (MAAP), es el parque nacional que más bosques perdió entre 2017 y 2018.
“Las amenazas a los funcionarios de parques actúan como un bumerán, porque son como un llamado a las acciones de fuerza. Es muy difícil entrar en un proceso de conciliación y de diálogo mientras haya posiciones como esa. Y viceversa, los operativos militares desafortunadamente son el peor combustible para que las acciones de hecho se sigan escalando; no se hace ponderación de la fuerza y terminan capturando a campesinos y menores de edad. La persistencia del uso de la fuerza en la parte más débil de la cadena es directamente proporcional a la conflictividad en estos parques”, comenta Botero.
La Comisión Colombiana de Juristas también ha reiterado que militarizar la conservación no es la respuesta para solucionar los conflictos en áreas protegidas. Sin embargo, desde el Mindefensa se insiste en que “la Fuerza Pública tiene el mandato constitucional y la orden del presidente de proteger el medioambiente”. Entretanto, las denuncias frente al tema siguen siendo las mismas: los grandes deforestadores aún no han sido capturados.
Foto: Mindefensa
