“Nazareth tiene que cambiar, Nazareth tiene que mejorar”, dice con un micrófono una líder indígena, en un salón desocupado por el que pasa un perro bostezando. La voz sale por un parlante por el que la gente de esta comunidad indígena de 1 080 habitantes en la Amazonía colombiana, y de las etnias Tikuna y Cocama, se entera de todo lo que pasa aquí: los horarios de las clases de danza, las jornadas de atención en salud, los anuncios de reuniones políticas, y los suicidios.

“Me estaba volviendo loca. En 2020, de enero a junio, todos los meses hubo un caso (de suicidio) y todos los meses nos enterábamos por ese parlante”. Quien habla es Geni Catachunga, promotora de salud hace 11 años en la comunidad. Mientras lo cuenta, enumera con los dedos los suicidios, pero no le alcanzan. Van doce. Todos jóvenes.

Según datos de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Amazonas, en todo el departamento los intentos de suicidio aumentaron de 63 en 2021 a 100 en 2024 y otros 100 en 2025. En lo que va de este año se han contabilizado 43 casos. 

Catachunga, de pelo negro recogido y bata azul, cuenta que los jóvenes no tienen mucho en qué desempeñarse ni entretenerse y que a veces tampoco tienen el apoyo de sus padres. Está sentada en una mesa de madera en toda la entrada de una casita blanca, de marcos azul cielo, donde funciona el puesto de salud de Nazareth. Al lado de la mesa hay una puerta rodeada de carteles: a la derecha, un letrero que dice “Wechikaru” en lengua tikuna;  abajo, otro en el que se lee “Consultorio”; arriba, un cartel con el título “¿Sabes qué es la salud mental?”; y, a la izquierda, otra cartelera que comienza con “Ruta de atención de consumo de sustancias psicoactivas”.

Un estudio de 2020 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar señala que el principal factor de riesgo asociado a la conducta suicida de niñas, niños y jóvenes en Nazareth es el choque cultural con el mundo occidental, en el que se ven “atraídos por las lógicas de consumo y acumulación» y algunos recurren al “dinero fácil” para cubrir las ‘necesidades’ que les son implantadas. “Trabajan en actividades ilícitas afines a la venta de sustancias psicoactivas, mal pagas, que les generan afectaciones en su bienestar físico y emocional”, indica el informe. Catachunga agrega que, además, algunos casos han presentado signos de violencia intrafamiliar y abusos sexuales.  

Los jóvenes de Nazareth consumen bazuco —una sustancia psicoactiva compuesta principalmente por alcaloides de la hoja de coca y también conocida como pasta base de cocaína—, y marihuana que consiguen en Leticia o con gente que no es de la comunidad y ha llegado a venderles ahí mismo; o gasolina, que se roban de las lanchas que se parquean al pie de un puente para después olerla. 

En la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil, ver a los ojos a muchos de estos jóvenes indígenas con consumo problemático es ver la cara más vulnerable de una cadena de suministro de drogas que ha convertido al río Amazonas en una de las principales rutas de narcotráfico hacia Europa y un mercado en el que cientos de indígenas ya no son únicamente mano de obra para el narcotráfico, sino usuarios que se estrellan con un sistema de salud muy precario para atender sus adicciones.

El problema está estrechamente relacionado con el aumento de cultivos de hoja de coca y de laboratorios para su transformación en Perú, donde narcos peruanos y colombianos y grupos criminales brasileños controlan plantaciones a las que van a raspar la hoja familias indígenas que viven regadas sobre el río Amazonas y a quienes, en algunos casos, les pagan con pasta base de cocaína que consumen o revenden en sus comunidades para compensar por la inversión del tiempo de trabajo.

El auge del consumo también se ve en que ya hay “ollas” o puntos de venta de drogas en comunidades indígenas. Raymundo Fernández, líder comunitario y coordinador de la guardia indígena de Azcaita, que agrupa a diez comunidades indígenas en Amazonas cuenta: “Estamos queriendo hacer un trabajo articulado con las fuerzas militares para combatir esta problemática que se nos ha metido dentro de la comunidad”. 

Explica que los jóvenes consumen o “se prestan para hacer venta de drogas de personas exteriores que vienen a proveerles a ellos para hacer esta distribución dentro de las comunidades. Al meterse en eso ya no pueden salir porque son amenazados por las personas que les proveen”. La situación es tan crítica que ya tienen jóvenes indigentes, dice.

A diciembre de 2025, en las calles de Leticia había 224 habitantes de calle, 37 más que en 2024, según datos de la Secretaría de Salud Departamental. De ese total, 35 % son indígenas, la mayoría hombres jóvenes, en medio de un microtráfico controlado por Comando Vermelho (CV), según confirmó un oficial de seguridad. Este poderoso grupo nació en la prisión Cândido Mendes de Río de Janeiro hace 50 años y su presencia se ha extendido por Brasil y países vecinos. El gobierno de Estados Unidos lo designó el 28 de mayo como organización terrorista. 

De Colombia a Perú

Entre varias comunidades indígenas amazónicas de Colombia hay un lugar conocido en Perú por ser uno de los epicentros de cultivo y producción de coca: Bellavista. Es un poblado indígena Tikuna que hace parte de la provincia Mariscal Ramón Castilla en la región de Loreto y que, según datos del más reciente informe publicado en junio de 2025 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), es la tercera comunidad nativa con más hectáreas de hoja de coca en ese país. Pasó de tener 307 hectáreas en 2020 a 786 en 2024.

A Bellavista llegan familias indígenas de Colombia a trabajar en plantaciones de coca. Las mujeres, por lo general, van a cocinar los almuerzos que les dan a los hombres, papás e hijos, que raspan la hoja y que se quedan a dormir por varios días. También suelen ser explotadas sexualmente. Según Jonatas Soares, comandante del Octavo Batallón de Policía Militar en Tabatinga, municipio brasileño que limita con Leticia, quienes mandan en Bellavista son dos líderes de CV: alias ‘Lobo’ y  ‘Meia Noite’. 

“Tenemos esta hegemonía del CV y el mando brasileño tiene su sede en Bellavista. Cuando hablo de «mando», me refiero al brazo más operativo de la facción —la parte de la producción, la logística— porque la parte financiera es toda una maraña de empresas involucradas en el blanqueo de capitales”, explica el comandante. Según sus cálculos, el negocio para el CV —que ha logrado imponer un control total negociando con narcos peruanos y controlando quién puede comprar en la región y quién no— es redondo: un kilo de coca que compran en Bellavista a US $300 se vende en las calles de Europa a 22,600-41,800 euros.

Para lavar la plata, el CV no solo financia la minería ilegal de oro en ríos como el Puré (que comparten Brasil y Colombia), y más recientemente el Juruá (que nace en Perú y atraviesa la Amazonía brasileña), o compra directamente oro a los mineros. También blanquean mediante el negocio del pirarucú, el pez de agua dulce más grande del río Amazonas, que se comercializa legalmente. “Coges ese dinero ilegal del oro, lo cambias en la casa de cambio, lo conviertes en reales… y ya, está limpio”, explica Soares. 

Los viajes que muchos indígenas colombianos hacen para raspar y “quimiquear” —como le dicen coloquialmente a ir a trabajar a los laboratorios de procesamiento de la hoja de coca— en Bellavista y en otros poblados peruanos como Islandia o Santa Rosa, pueden no tener regreso. “Acá no vamos por miedo, porque la gente que va a raspar le pagan y después la matan. Vemos personas muertas en el río y sabemos lo que es”, cuenta Geni, la promotora de salud. 

Un joven de Nazareth, a quién protegemos su identidad por seguridad, dijo que sí hay muchachos que han ido a Perú a raspar. “Algunos sí aceptan ir a lo de la raspa, otros aceptan ir a la cosa más grande, donde la cocinan”, dijo. Otro joven de 26 años, que prefiere no ser identificado, dijo que le han ofrecido, pero que no va. “Tengo distinguidos (amigos) de otros lugares que han ido y me dicen que no vaya. Termina uno metido con delincuencia y si robas algo, te buscan hasta encontrarte o te quedas ahí en la olla”. Pero vayan o no, jóvenes de esa y otras comunidades indígenas terminan metidos en una adicción que han intentado tratar en Leticia. 

Cura y enfermedad

Juan* tenía 13 años cuando comenzó a fumar marihuana. Vivía en La Pedrera,  una población indígena amazónica a orillas del río Caquetá, cuando llegaron a reclutarlo hombres del Estado Mayor Central, una disidencia de las antiguas FARC-EP. Su abuela, que lo mantiene desde que su mamá murió, recuerda que un día los disidentes estaban felices porque se llevaron a 15 niños y armaron una fiesta para celebrarlo. Miembros de este grupo suelen acercarse a los jóvenes mientras juegan fútbol o están en la calle y les ofrecen algo de tomar y de comer, o plata, y así los enganchan para que trabajen transportando marihuana o pasta base de cocaína.

Pero Juan no quiso irse, así que recibió un ultimátum: tenía 24 horas para desaparecer de su pueblo. Su abuela lo trajo a Leticia para que escapara y, por medio de la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) Indígena Mallamas, terminó en la IPS Nuevo Amazonas. Su representante legal y gerente es el médico psiquiatra Henry Esteban Porras, un leticiano que estudió su carrera en Bogotá, regresó a atender consultas en psiquiatría básica y creó la IPS en una casa abandonada donde antes estuvo el prostíbulo “Conejitas Show”. “Fue un burdel muy ambicioso que fracasó (…)”, dice Porras sentado en su oficina en la que tiene tres diplomas de la Universidad Javeriana colgados en la pared, un MacBook Air y pocos adornos más. 

Cuenta que cuando el centro abrió sus puertas, en 2017, implantaron el “modelo de comunidad terapéutica” en el que los rehabilitados orientan a los demás, con jerarquías entre los recuperados y los pacientes. En sus palabras: “utiliza estrategias de terapia de choque, muy aversivas y a veces humillantes, usadas para que dejen de consumir sustancias, por ejemplo, le ponían carteles a los pacientes, o usaban mucho lo de echar agua, el baldado de agua. O hacer flexiones, como si fueran militares”.

Jeffrey González, médico psiquiatra con especialización en adicciones y salud pública, explica que los tratamientos de comunidad terapéutica nacieron en los setenta, y que “buscan rehabilitar más el comportamiento que la enfermedad o trastorno. Hace mucho tiempo la ciencia entendió que no rehabilita necesariamente la conducta de una persona con trastorno de consumo de sustancias porque rehabilitar la conducta no es lo único necesario sino que también se tienen que tener en cuenta factores biológicos, psicológicos y sociales más allá de conducta”. 

Según Porras, el centro dejó de usar ese modelo en 2018. Ahora tiene un equipo de tres psicólogas, una trabajadora social y una terapeuta ocupacional, con las que aplican, según él, un “enfoque biopsicosocial, basado en teorías y terapias de prevención de recaídas, la intervención familiar y la rehabilitación social y comunitaria, con un enfoque de derechos humanos”. Pero Amazon Underworld recogió siete testimonios de jóvenes que han estado en ese centro desde 2020 o de sus familiares, y la mayoría denuncian maltratos. Juan*, por ejemplo, entró al centro en 2024 y cuenta que le gritaban. “A uno no, sino al adicto que uno tiene adentro, le gritan que el adicto que uno tiene adentro es el que se comporta mal y molesta y roba y todo eso”. 
 

Recuerda también que a veces lo dejaban “un día encerrado, porque uno molestaba, porque uno le gritaba al líder (…) lo dejaban a uno sin mecato (snacks o alimentos ligeros), sin llamadas, sin visitas”.

La mamá de Pedro*, un joven tikuna que estuvo en ese centro en 2022, dice que fue a visitar a su hijo después de un mes de que estuviera allí y que él le contó que los hacían dormir en ropa interior en una colchoneta en un cuarto aislado y que a algunos compañeros a veces los golpeaban como “castigo”. El papá de Víctor*, quien estuvo tres veces en el centro, también cuenta que a su hijo lo hicieron dormir desnudo y “le echaban agua”. “Cuando yo encontré esta cruda realidad yo paré de mandar jóvenes ahí”, dice.

Ramiro*, otro joven de 26 años, relata que terminó metido en su adicción cuando le vendía balas a un miembro del Comando Vermelho a cambio de pasta base de cocaína. En 2022 decidió entrar al centro para evitar que lo persiguieran. Aunque dijo que él no se sintió maltratado, habló del caso de un joven que fumó marihuana en el centro. Según su testimonio, el “castigo” fue encerrarlo en ropa interior en un cuarto con un colchón y hacer planas en un cuaderno que decían “no debo fumar marihuana, no debo fumar marihuana en el centro”. “Ese castigo es normal ahí adentro. Todo el que la embarra, el que pelea, el que roba, tiene castigos allá, el que toca las cosas de los demás, el que hace algo malo, digamos”.

“El chico llegó y me dijo, mamá, yo me fui porque no me gustó el espacio, lo maltratan a uno psicológicamente”, dice otra entrevistada que no identificamos para proteger su identidad. Luego, mandó a otro hijo que también se terminó escapando del centro. “Viví maltrato cuando intenté escaparme la primera vez. Me dieron tres pastillas de 100 miligramos, en total 300 miligramos. Yo me sentía en coma y ahí me dio rabia. Me quedé paralizado, la mitad de mi cuerpo no funcionaba, pero el cerebro estaba activo y pensé: ‘Me recupero y brinco esa reja para largarme de aquí’”, dice Octavio*, quien efectivamente logró escapar del centro. Su mamá pensó en demandar al centro. “¿Por qué se fueron los muchachos? ¿Por qué no me los entregaron sanos?”, se pregunta la mujer.

Porras reconoce que en los últimos años sí han recibido quejas de un trato considerado por los pacientes como injusto o agresivo, pero aclaró que “en general, quejas de maltrato no. Muy poco. Reconozco mi cuota y los errores que se han podido dar en mi institución”. 

“Nosotros teníamos un cuarto de reflexión que era una habitación donde si estás muy agresivo, te quedas ahí, pero eso lo acabamos más o menos antes de la pandemia”, dice Porras. Según él, tener ese “cuarto de reflexión” fue una herencia del modelo terapéutico, pero afirma que se acabó, que hoy se llama habitación 5 y es un cuarto normal. También dice que usar ese cuarto «no era una metodología de castigo, era de control de agresión, de agresividad”. 

Frente al porqué muchos jóvenes que van al centro no se recuperan, Porras dice que “aunque tú intervengas a la población que tiene patología adictiva grave, las tasas de recuperación rara vez superan el 60-50 %, y depende mucho de las características de la patología. Nosotros técnicamente en el Amazonas no tenemos modelos de atención en masa para población con adicciones”. También admite que a veces el mismo personal ha sido una fuente de peligro y le ha tocado despedir gente. “Yo tuve que despedir a un celador porque después de que los pacientes salían del proceso los contactaba y les ofrecía prostituirse”.  

Porras también es señalado por ser sobrino de Evaristo Porras, el famoso narcotraficante, jefe del Cartel del Amazonas, que murió en 2010. “Yo te puedo decir que mi comunidad no me ha maltratado por ser el sobrino”. Dice que vio a su tío una vez, cuando tenía cinco años, porque “toda mi infancia estuvo preso. (…) En Colombia, ¿quién no tiene un familiar que no haya tenido que ver con el narcotráfico? Ese estigma me parece muy desgraciado”, dice.

Otras fuentes consultadas también lo señalan de ganarse un contrato —en octubre de 2024 hasta el 30 de enero de 2025 por 4 465 millones de pesos (casi un millón de dólares), el más alto que ha firmado esta IPS con la gobernación— por ser familiar de Ramiro León, pareja de la congresista liberal Karina Bocanegra, una poderosa política del departamento, que le hizo campaña y es aliada del actual gobernador Óscar Sánchez.  Ese contrato fue firmado para crear y fortalecer redes de apoyo en salud mental, capacitar a las comunidades, y hacer pruebas de tamizaje en Leticia, Puerto Nariño y las áreas no municipalizadas del departamento, con la idea de que de ahí saliera un estudio de salud mental, por distintas edades, que sirviera de insumo para la gobernación y que encuestó a más de 10 mil personas. Porras dice que se ganó ese contrato porque fue el único que se presentó, por ser la única IPS de salud mental. 

Aunque la gobernación le giró a la IPS un anticipo del 50 % (2 232 millones de pesos), solo ejecutó 1 835 millones, por lo que la IPS tuvo que devolverle casi 397 millones de pesos a la gobernación. Sandra Viviana Arias, profesional a cargo del programa de salud mental de la gobernación y supervisora del contrato, dijo a Amazon Underworld que la IPS solo se gastó esa plata porque “el contrato solo se ejecutó en todas las comunidades indígenas de Leticia y Puerto Nariño, pero no se llegó a todo el departamento por los tiempos. Por eso no se pagó completo”.  Porras dice que “presupuestalmente la operación fue más económica de lo que se había proyectado. Cubrió todo el trapecio amazónico, que concentra el 70 % de la población del departamento, pero no cubrió el área no municipalizada y fue más económica por eso”. 

Otra opción de muchos jóvenes en la triple frontera con problemas de consumo es entrar a fundaciones religiosas en las que, a punta de fe en que un ser superior los va a ayudar a curarse, le apuestan a otra salida.

Gloria a Dios

“Dios los bendiga muchachos. Digan gloria a Dios”, dice el pastor Arley Tavares, fundador en Brasil de la Fundación Cristiana Rescatados por su Sangre, que se presenta como una organización sin ánimo de lucro que nació en 2010 en Fusagasugá, un municipio cercano a Bogotá. Según su página web, la fundación ofrece “procesos de formación y restauración para los habitantes de calle, en concordancia con trabajo profesional en busca de la integralidad del hombre”. Su enfoque es la teoterapia, una práctica de tratamiento para el consumo de sustancias psicoactivas mediante la predicación del evangelio de Cristo. 

Tavares es colombiano y se presenta como un rehabilitado que duró 27 años en las drogas. Se pasea por la sede de la fundación, ubicada en un barrio bajo control del Comando Vermelho en Tabatinga, que antes era una olla de consumo de drogas Mientras habla, camina hacia un patio en el que hay cuatro hombres, todos con un carnet de la fundación colgando de sus cuellos, que responden en coro apenas lo ven: “Dios lo bendiga”.

“Estos muchachos acaban de llegar de hacer una colecta de alimentos”, dice. “Yo aprovecho de verdad para decir que este es un trabajo con amor, con cariño. Aquí es voluntario; ninguno está obligado”, dice mirando a la cámara. “Aquí nos hablaron de la palabra de Dios y gracias a Dios escuchamos de esta fundación porque Dios es el que cambia y aquí estamos”, señala uno de los muchachos. 

Bajo la frase bíblica “nada es imposible para Dios”, la fundación hoy tiene más de 40 sedes, la mayoría en Colombia, pero también en Ecuador, Brasil y Panamá. A Leticia llegó en 2016, a una casa muy cerca de la IPS Nuevo Amazonas. Según Tavares, allí llegaron a atender hasta 2019 a 110 personas, cuando cerraron las puertas de la Fundación en Leticia para abrirlas en Tabatinga.

Dos funcionarios públicos de Leticia que pidieron no ser citados dijeron que la Fundación cerró sus puertas porque los tenían en la mira, señalándolos de traer personas de otras regiones del país para que entraran a su fundación, algo que Tavares niega. Desde la Secretaría de Salud de la Gobernación de Amazonas respondieron que la fundación no está registrada, por lo que no pueden dar información sobre las razones por las que dejó de funcionar en Leticia. 

En 2019 llegaron a Tabatinga en medio de una guerra a muerte entre organizaciones criminales en Brasil. Por un lado estaba el grupo Os Crías, que recibía el apoyo de Primeiro Comando da Capital (PCC), que surgió en una cárcel de Sao Paulo, y por otro el Comando Vermelho (CV). En 2023, el CV ganó esa guerra y ahora controla varios barrios de Tabatinga, incluyendo el barrio donde está ubicada la fundación. En las paredes de las casas vecinas se pueden ver grafitis con las siglas CV. 

En Brasil es conocido que Comando Vermelho les da como única ruta de salida a los jóvenes que hacen parte del grupo que entren a iglesias. “No hay un vínculo institucional, ninguna iglesia está vinculada formalmente con CV, eso no existe”, explica Soares, el comandante del Octavo Batallón de Policía Militar en Tabatinga. “Lo que existen son normas internas de CV que establecen que si alguien quiere dejar la delincuencia solo puede marcharse acudiendo a una iglesia. Pero acudir a la iglesia y vivirla de verdad (…) pero si luego lo pillan consumiendo drogas, bebiendo alcohol o llevando una conducta incompatible con alguien que camina en la palabra del Señor, lo matan”. En Benjamín Constant, un poblado brasilero a 20 kilómetros de Tabatinga, hay líderes de iglesias evangélicas que fueron antiguos miembros del CV, como lo documentó El País América.

Esta relación informal de las iglesias y los grupos, que no está por escrito, pero se cumple como si lo estuviera, es algo que también se vive en la cárcel de Tabatinga. Según Walmir Barbosa, coordinador de la Pastoral Carcelaria de la Diócesis de Alto Solimões, “a los que van a la iglesia, los que cambian de verdad, los dejan en paz. Se llama la ‘celda de la bendición’”.

Tavares llegó a fundar Rescatados por Su Sangre en medio de ese complejo territorio y dice que con el CV “no tenemos problema porque la fundación es muy conocida. ¿Qué nos piden ellos? En caso tal de que llegase a presentarse, es como la policía, ¿que me pide a mí la Policía Federal? Que los muchachos no me hagan daños, que haya un buen comportamiento, que haya un buen testimonio (…) No nos concentramos tanto en si ellos están o comandan una zona porque la verdad no es de nuestra competencia”.

A Rescatados por Su Sangre lo han señalado en Leticia y Tabatinga por ser la “fundación del maní” porque sus miembros venden maní en las calles, en el puerto de Leticia, algo que algunos pobladores ven como una forma de exponerlos, porque terminan obteniendo dinero con las ventas en zonas en las que es fácil conseguir drogas. Pero Tavares explica que lo hacen para sostenerse.

—“La fundación no solo vende maní y toda fundación lo vende, no sólo ésta”.

¿No cree que la venta los expone?

—“Puede ser, claro que sí, pero no tenemos de otra manera. ¿Quién paga el arriendo de esta casa? Si la familia de él no paga una mensualidad, entonces, ¿cómo hacemos para sostener la casa? ¿Cómo hacemos para sostener el arriendo de la sede?”.

En este embarcadero es normal ver jóvenes que venden maní y que llevan carnets con el nombre de la fundación. Lo venden, según uno de ellos, a 2 000 pesos (0,50 dólares) el paquete, 500 para ellos y 1 500 para la Fundación. “Ganamos 500 pesos por maní, es como un trabajo tanto para mí como para la obra”, dice uno de ellos. “Ellos lo mandan para diferentes lugares donde se abren más sedes para que sostengan y paguen un arriendo», agrega, refiriéndose a la plata que debe darle a la fundación. 

En las comunidades indígenas de la triple frontera amazónica, a miles de kilómetros de los puertos europeos donde un kilo de cocaína puede venderse por decenas de miles de dólares, la riqueza que genera el narcotráfico nunca llega. 

La crisis de consumo a la que se enfrentan no es solo una consecuencia del narcotráfico, también es parte de su funcionamiento. Las mismas comunidades indígenas que han sido utilizadas para cultivar, transportar o procesar coca, hoy se han convertido en un mercado para las drogas que circulan por el río Amazonas. Mientras las organizaciones criminales consolidan su negocio y su poder, los jóvenes indígenas cargan con el costo más alto: quedan atrapados entre el reclutamiento, el consumo y la violencia. Hasta hoy, las respuestas estatales siguen siendo insuficientes.

Pero incluso en medio de ese escenario hay quienes intentan romper el patrón. Promotoras de salud como Geni Catachunga siguen recorriendo las comunidades para identificar a tiempo a los jóvenes en riesgo. Líderes indígenas organizan guardias comunitarias para impedir la entrada de expendedores de droga. Familias y comunidades intentan evitar que sus hijos crucen el río hacia los cultivos de coca en Perú.

Son esfuerzos pequeños frente a economías criminales que mueven millones de dólares y atraviesan países. Sin una respuesta estatal sostenida, difícilmente serán suficientes frente a un problema de salud pública sin respuestas basadas en prevención y reducción de daños. Pero muestran que, en la Amazonía, la disputa no es únicamente por el control de las rutas del narcotráfico: también lo es por el futuro de comunidades enteras.

*Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las fuentes.

Amazon Underworld es una alianza de periodismo colaborativo que investiga las tendencias del delito transfronterizo, economías ilícitas y sus impactos en el medio ambiente y las comunidades amazónicas, y está integrada por Armando.Info (Venezuela), Al Margen (Perú), InfoAmazonia (Brasil),  La Liga Contra el Silencio (Colombia) y RAI (Bolivia).