La Declaración de Líderes del G20 tuvo repercusiones en medio de las negociaciones climáticas que se realizan en Azerbaiyán. Qué se consensuó en la declaración, qué opinan los expertos, qué debe definirse en la conferencia.

La reunión del G20 concluyó esta tarde en Río de Janeiro con un eufórico mensaje de celebración ante una Declaración final firmada por todos los países del grupo. En ella se comprometieron a gravar a los multimillonarios, hacer frente a la desigualdad y actuar por el clima. 

“Estamos decididos a liderar acciones audaces, oportunas y estructurales en nuestras economías nacionales y en el sistema financiero internacional con miras a acelerar y ampliar la acción climática, en sinergia con las prioridades de desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza y el hambre”, cita el documento. 

La declaración se dio a conocer al finalizar la jornada de ayer y repercutió del otro lado del océano en Bakú, Azerbaiyán, donde desde el lunes 11 de noviembre se celebra la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29). 

“La reunión del G20 no es el lugar que salvará al mundo. Hay espacios multilaterales donde se toman decisiones legalmente vinculantes, como la COP”, aclaró Enrique Maurtua Konstantinidis, consultor senior de Política Climática, y agregó: “Los comunicados del G20 importan por lo que representa el grupo”. 

Los países del G20 son en su conjunto responsables del 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. “Todos los países deben hacer su parte. Pero el G20 debe tomar la iniciativa”, había reclamado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, al inicio de la COP29, argumentando: “Son los mayores emisores, con mayores capacidades y responsabilidades. Deben aunar sus conocimientos tecnológicos, y los países desarrollados deben apoyar a las economías emergentes”. 

En la declaración, los líderes del G20 se comprometen a acelerar la reforma de la arquitectura financiera internacional para ayudar a los países en desarrollo a abordar el desarrollo sostenible, el cambio climático y la erradicación de la pobreza. “En financiamiento, el texto es algo bueno. Aquí en la COP es donde los países tienen que tomar decisiones”, expresó Luca Bergamaschi, co-director de ECCO. 

Sobre la acción ante el cambio climático, en Bakú, los países llevan ya siete jornadas de discusiones y negociaciones sobre un tema que será fundamental para la implementación: la nueva meta global colectiva y cuantificable de financiamiento climática, conocida como NCQG por sus siglas en inglés. 

Se trata de definir los detalles sobre cómo será la movilización de recursos económicos de los países desarrollados a los países en desarrollo a partir de 2025 para que puedan implementar sus políticas climáticas. Cuánto dinero movilizar, quiénes deben proveerlo, quiénes deben recibirlo, bajo qué forma, con qué marco de transparencia son algunos de los elementos en disputa entre ambos grupos de países. 

En la declaración, los líderes del G20 se refieren concisamente al tema: “Esperamos que en Bakú se alcance un resultado satisfactorio de la NCQG. Nos comprometemos a apoyar a la Presidencia de la COP29 y a llevar a cabo negociaciones exitosas en Bakú”. El secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas, Simon Stiell, compartió su interpretación: “Las y los líderes del G20 han enviado un mensaje claro a sus negociadores en la COP29: no se vayan de Bakú sin un nuevo objetivo de financiamiento exitoso.  Esto es claramente del interés de todos los países”. 

De la declaración se desprenden indirectamente dos de los elementos en mayor disputa sobre la NCQG. Por un lado: ¿cuándo dinero debiera movilizar esta nueva meta? Que tenga un piso de 100 mil millones de dólares anuales, que provea al menos 1 billón, que sea de 1.1 billones, de 1.3 billones, de 2 billones; éstas son algunas de las opciones que están sobre la mesa de discusión en la COP29. 

Los países en desarrollo y la sociedad civil reclaman hacer el salto cuantitativo de mil millones (100 mil millones de dólares anuales fue la anterior meta) a billones. El Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Financiamiento Climático reportó la semana pasada que los países en desarrollado necesitan alrededor de 1 billón de dólares anuales a 2030 para abordar el cambio climático.

No referido puntualmente a la NCQG, pero sí al financiamiento climático, la declaración se hace eco de ese salto, con un detalle: que proceda de todas las fuentes. Es decir, que no sólo sea dinero público, sino también privado, de fondos multilaterales y de países sin importar su categoría. 

Esto se relaciona con el otro elemento crítico en la discusión: quiénes debieran proveer ese dinero. En las negociaciones, los países desarrollados argumentan no contar con los fondos públicos suficientes para abordar una meta de trillones y reclaman la incorporación de países no desarrollados que puedan estar en condiciones de ayudar a otros (como China) y de un sector privado más activo. Los países en desarrollo se basan en el Acuerdo de París para reclamar que la responsabilidad les corresponde a los países desarrollados. 

En la declaración, los líderes del G20 se refieren a tanto a fuentes públicas como privadas a la hora de subrayar la necesidad de una mayor colaboración y apoyo internacionales con vistas a aumentar la financiación y la inversión en acción climática en los países en desarrollo. 

“Los países desarrollados siguen impasibles y no logran cuantificar los billones de dólares necesarios ni garantizar que esos fondos se entreguen en forma de subvenciones, algo esencial para lograr la justicia climática”, dijo Harjeet Singh, Global Engagement Director de Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative, y agregó: “Si no se logran avances decisivos en materia de financiación en la COP29, nos encaminamos hacia un escenario catastrófico de temperaturas, en el que los más vulnerables sufrirán las consecuencias más graves”.

La COP29 debiera finalizar este viernes. Las marcadas diferencias entre países anticipan que la conferencia se prolongaría. Con la llegada de los ministros de ambiente, las discusiones técnicas se han elevado al nivel político en la necesidad de reducir las diferencias y llegar a los necesarios consensos. “La COP es el lugar donde la política climática se decide, no el G20”, dijo Shreeshan Venkatesh, Global Policy Lead en Climate Action Network International.