Organizaciones de Estados Unidos, Brasil, Colombia y Perú, que agrupan a 120 grupos de la sociedad civil, presentaron un documento en el que le hacen una serie de sugerencias a los gobiernos para que mitiguen y prevengan una actividad que está acabando con la selva: la minería ilegal de oro.
En el momento en el que usted lee este artículo, el precio del oro ha alcanzado topes históricos. En la última semana, de hecho, empezó a crecer hasta tocar un techo al que nunca antes había llegado: US $88.642 (dólares) por kilo. Para hacerse una idea, el “récord” de la última década estaba en US $65.477 por kilo.
Que el oro llegue a estos límites no es algo que celebren quienes hacen un esfuerzo por cuidar la Amazonia. Para nadie es un secreto que el alto precio del oro favorece a algunos grupos armados que están al frente de las dragas que se han abierto paso entre ríos y bosques. Algunos ya parecen más fotografías de la superficie de la Luna que de una gran selva donde alguna vez hubo una rica biodiversidad.
Para la muestra un botón: como lo revelamos en El Espectador, tras analizar una base de datos de exportaciones de oro en los países que comparten la Amazonia, hay algo que no está nada bien en el comercio del oro en nuestro país. Entre el 2014 y el 2023, Colombia declaró haber producido 503 toneladas oro, pero exportó muchísimo más. Para decirlo de forma clara: más de 115 toneladas tienen un origen desconocido. Es una cantidad que basta para llenar cuatro tractomulas.
Tan grave es el problema que el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional ha estimado que el 80% del oro que se produce en Colombia es de origen ilegal. Los principales destinos del oro que se explota en el país son Estados Unidos, Italia, Suiza y Hong Kong. En los últimos nueve años, al primero, llegaron 232 toneladas; al segundo, 88 toneladas; al tercero, 66 toneladas; y, al cuarto, 33 toneladas.
¿Cómo para esa explotación ilegal? ¿De qué manera se puede frenar esa actividad que está perjudicando a la Amazonia tanto en Colombia como en Brasil, tanto en Perú como en Ecuador y Bolivia?
Son interrogantes que han inquietado a quienes intentan proteger esa región. Algunas de ellas llegaron a Cali, en la COP16, para poner, nuevamente, ese tema sobre la mesa. “Es que la explotación ilegal de oro no reconoce fronteras”, dijo este 23 de octubre Melina Risso.
Risso, PhD en Gobierno y Gestión Pública, es la directora de Investigación del Instituto Igarapé, en Mina Gerais, en Brasil, que trabaja en temas de seguridad, clima y tecnología. Viajó hasta Cali, entre otras cosas, para presentar un documento en compañía de otros tres colegas de Colombia, de Perú y de Estados Unidos, que comparten la misma inquietud por lo que está pasando con el oro ilegal en la Amazonia.
En ese breve informe consignaron siete recomendaciones puntuales a las que deberían prestar atención los gobiernos para “prevenir y mitigar los impactos socioambientales” causados por esa actividad.
En la presentación, Risso estuvo acompañada por sus colegas Julia Yansura, directora del Programa de Delitos Ambientales y Financiamiento Ilícito (FACT Coalition); Manuel Zapata, asesor de Dirección y Coordinador de Proyectos Binacionales de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo, en Perú, y Esperanza Leal, directora de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, en Colombia, una organización que, en abril de este año, anunció la inversión de un millón de dólares anuales durante al menos 30 años para proteger el Chiribiquete.
“Las minas ilegales de oro se están expandiendo sin control invadiendo la Amazonía. Están avanzando en paisajes cada vez más remotos a través de los ríos de todos los países amazónicos. A su paso provocan una serie de impactos nocivos para el medio ambiente, la vida animal, la salud pública, las economías, el desarrollo y los gobiernos, pero lo más grave, es que marginan y amenazan a cientos de comunidades indígenas y deterioran sus medios de vida”, señalan en el documento estas organizaciones, que representan, juntas, más de 120 grupos de la sociedad civil en los cuatro países.
También recuerdan lo que varias veces hemos contado en estas páginas: que la minería ilegal de oro exacerba la extorsión y las violaciones de derechos humanos en la Amazonia; que altera el curso de los ríos; que es culpable de buena parte de la deforestación, y que es el principal motivo por el que los científicos han hallado mercurio en pueblos indígenas. Por solo mencionar un caso, cuando en 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Presidencia y a tres ministerios erradicar la extracción ilícita de minerales en la cuenca del río Caquetá, recordó, en las más de 700 páginas de esa sentencia, que indígenas de los pueblos Bora y Miraña tenían concentraciones quince veces más altas de lo permitido.
Si hace falta recordar las consecuencias de estar en contacto con el mercurio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene un párrafo que lo resumen bien: “el mercurio y el metilmercurio —estado en el que se encuentra en varias especies— son tóxicos para el sistema nervioso central y el periférico. La inhalación de vapor de mercurio puede ser perjudicial para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo y los pulmones y riñones, con consecuencias a veces fatales. Las sales de mercurio inorgánicas son corrosivas para la piel, los ojos y el tracto intestinal y, al ser ingeridas, pueden resultar tóxicas para los riñones”.
Ese es uno de los motivos por los cuales, Esperanza Leal pidió que los países tengan una mirada mucho más amplia sobre la Amazonia, “de toda la cuenca”, dijo. “Que las comunidades indígenas sepan qué es lo que pasa río arria y río abajo. Ellas son las más afectadas. Eso pasa por algo tan sencillo como saber qué especies de pescado puede comer y cuáles no”.
Risso mencionó otro punto fundamental que no se puede omitir en esta conversación: “Se está lavando mucho oro en la Amazonia. Debemos hacer seguimiento de manera continua”. “Necesitamos que haya responsabilidades compartidas. Debe haber medidas antilavado urgentes”, reclamó Yansura.
Por todas esas razones es que, en medio de la COP16, donde todos los ojos están puestos en la biodiversidad, estas organizaciones reunieron siete recomendaciones para que se tomen medidas “a nivel local, transfronterizo e internacional en siete ámbitos prioritarios”.
Son las siguientes:
1. Promover la responsabilidad compartida
A lo que se refieren es que el oro ilegal debe ser un desafío de los países de origen, tránsito y destino, pues todos están involucrados en ese mercado. “Los países que importan oro de origen ilegal (…) proporcionan un refugio seguro para las ganancias ilícitas”, recuerdan.
También, señalan, es una amenaza sus sistemas financieros, que “llena los bolsillos de las redes criminales transnacionales y socava significativamente la seguridad y la gobernanza a nivel local, regional e internacional”.
Entre las peticiones que les hacen a los gobiernos está la necesidad de asumir una mayor responsabilidad manteniendo una “comunicación sólida con los países productores para abordar el problema, procesando los casos de oro ilegal dentro de su país, estableciendo normas mínimas claras para el sector privado, asegurando que sus bancos centrales tengan procedimientos sólidos de debida diligencia para la compra de oro”.
2. Fortalecer la gobernanza en las zonas transfronterizas
“Instamos a los gobiernos locales y nacionales a fortalecer la colaboración y la inversión en las regiones fronterizas. El monitoreo de las actividades ilícitas en la cadena de suministro de oro, como el tráfico de mercurio y combustible en los sistemas fluviales compartidos, sigue siendo un gran desafío”, señalan las cuatro organizaciones en este apartado.
Por esta razón, piden que se fortalezca la gobernanza en estas áreas. ¿Cómo? Uno de los caminos es establecer un Mecanismo de Coordinación Conjunta para “mejorar la cooperación transfronteriza, que incluya protocolos estandarizados para operaciones sincronizadas, facilitando una colaboración más fluida durante las acciones de cumplimiento de la ley”.
También solicitan implementar un Sistema de Alerta Temprana Transfronteriza para “detectar y responder a las actividades mineras ilegales antes de que se intensifiquen”.
Recuerdan, al mismo tiempo, que es clave que haya ejercicios conjuntos de capacitación y que se mejoren los canales de comunicación entre las autoridades. Es esencial que “exista participación activa de las comunidades indígenas y locales”.
3. Impulsar acciones colectivas lideradas por la comunidad para abordar la contaminación por mercurio en la cuenca amazónica:
En este punto piden, entre otras cosas, que se fortalezca la colaboración y el trabajo con las autoridades indígenas para “abordar los impactos del mercurio. Eso incluye, sugieren en el documento, desarrollar plataformas, herramientas y tecnologías para “recopilar, intercambiar y compartir información sobre la contaminación por mercurio”.
“Las comunidades indígenas necesitan apoyo para medir, evaluar y monitorear la dinámica del mercurio dentro de sus territorios”, reiteran, al tiempo que piden a los gobiernos de los países amazónicos que destinen más recursos para abordar ese problema. “Debemos poner en primer lugar a las comunidades”, aseguró Leal en Cali.
4. Luchar contra la financiación ilícita:
Este es uno de los temas fundamentales de la petición de estas organizaciones. ¿Por qué? Lo explican de esta manera: “Los países deben reconocer que la minería ilegal es un delito con motivaciones financieras. La minería ilegal genera hasta 48.000 millones de dólares al año a nivel internacional y hasta 7.000 millones de dólares al año en América Latina. Deberíamos preocuparnos por la escala masiva de estos ingresos ilícitos y por quiénes se benefician de ellos”.
A lo que se refieren es que ese dinero financia grupos armados y grupos terroristas, y a que se blanquean en países terceros. Los países, insisten, “deberían garantizar que todos los delitos ambientales sean delitos subyacentes o subyacentes al blanqueo de dinero”.
5. Establecer un marco legal y regulatorio mínimo para la cadena de suministro de oro en los países amazónicos:
En este punto solicitan “establecer un marco legal y regulatorio mínimo para la cadena de suministro de oro en los países amazónicos”. Eso, apuntan, es esencial para combatir las actividades ilegales, pues le “permitirá a las autoridades investigar y procesar los delitos de manera más efectiva”.
6. Fortalecer la debida diligencia y el seguimiento financiero a lo largo de la cadena de suministro de oro:
En términos muy resumidos, lo que solicitan las organizaciones en este caso es que se establezcan normas que prioricen la protección ambiental y las prácticas mineras responsables.
“Este enfoque debe incluir evaluaciones exhaustivas de los riesgos ambientales para identificar los posibles impactos de las actividades mineras, junto con iniciativas para mejorar la trazabilidad del oro desde la fuente hasta el consumidor. Los proveedores deben considerar evaluaciones sistemáticas para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y sociales reconocidas, fomentando prácticas mineras responsables y sostenibles”, piden.
De igual forma, solicitan que es se reconozcan áreas sensibles, como las áreas protegidas que deben estar libres de minería. “También es esencial implementar un monitoreo financiero para detectar actividades sospechosas vinculadas a la minería ilegal”, se lee en el Brief Policy.
7. Promover un cambio hacia un modelo de desarrollo sostenible centrado en el bienestar social y la conservación productiva del medio ambiente:
La última petición de las cuatro organizaciones se refiere a la necesidad de que haya más esfuerzos para establecer alternativas económicas en los territorios donde ha habido minería ilegal de oro.
Así mismo, solicitan que se desarrollen “estrategias integrales para abordar las causas estructurales que permiten la minería ilegal, mitigar los impactos ambientales, económicos y sociales, y exigir cuentas a los responsables directos e indirectos”.
Para que ese enfoque tenga éxito, aseguran, es clave fortalecer la coordinación entre los diferentes actores del poder judicial y que haya “un cambio cultural en los sistemas judiciales hacia consecuencias más significativas para quienes cometen delitos ambientales”.
Después de todo, como escribieron los autores, los enfoques de desarrollo sostenible “deben centrarse en el bienestar social así como en la conservación productiva del medio ambiente”.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
