Entrada de la comunidad nativa Flor de Coco, ubicada en la zona de influencia indirecta de Perenco. Foto: Pamela Huerta/InfoAmazonia

La temporada seca de los ríos amazónicos en Perú debió terminar en octubre, pero era inicios de noviembre y continuaban agotados. Navegarlos resultaba complejo, pero el destino final de esta investigación eran las comunidades nativas Buena Vista y Flor de Coco, en el departamento de Loreto, las únicas dos comunidades de la etnia Arabela en territorio nacional y las más cercanas a la zona de influencia directa e indirecta de las concesiones de Perenco Perú Petroleum Limited en la selva amazónica.

No existe transporte público o privado con rutas regulares que lleguen hasta estas comunidades. Y adentrarse puede tardar dos días partiendo desde Iquitos ― capital de la región Loreto ― en una movilidad fluvial de capacidad media; sin embargo, podría ser hasta una semana en peque-peque, una embarcación de madera de uso cotidiano de los comuneros.

En este territorio tan remoto, inaccesible y que debería ser resguardado por haberse confirmado la presencias de pueblos indígenas aislados y contacto inicial (PIACI) según el Ministerio de Cultura (Mincul), Perenco acumula 58 infracciones contra el medio ambiente en 10 procesos administrativos sancionadores que ha sabido mantener ocultos de la población indígena que se ve directamente afectada. Estos son los resultados de una investigación realizada acerca de las actividades de la compañía franco-británica alrededor del mundo por InfoAmazonia, en colaboración con el consorcio internacional de periodistas de investigación ambiental EIF, InfoCongo, Convoca y Mediapart.

Lo que no dijo Perenco

Perenco es una compañía de hidrocarburos que se estableció en el país desde el 2008, firmando un primer contrato con el Estado peruano por la concesión del Lote 67. Esta área de exploración y explotación de petróleo tenía 150.277 reservas de crudo comprobadas hasta ese momento. El proyecto fue consagrado por el expresidente Alan García como un ”milagro” para el país, enalteciendo la vorágine del desarrollo y desconociendo los derechos de los pueblos indígenas que habitan esos territorios. Kichwas y Arabelas principalmente.

”Estamos seguros de que los próximos dos o tres años van a permitirle al país convertirse nuevamente en exportador de petróleo, después de 20 años de haber dejado de serl”, declaró el hoy fallecido mandatario en 2009, después de que Francois Perrodo, presidente de Perenco, visitara la casa de gobierno para anunciar una inversión de más de 2.000 millones de dólares en el desarrollo de su campo petrolero.

Pero este anhelo de prosperidad tenía un costo adicional: la vulneración de derechos de los pueblos indígenas. Justo cuatro días después de la visita de Perrodo a Perú, y en medio de uno de los conflictos sociales más cruentos de la Amazonía en los últimos tiempos, el Baguazo, el gobierno publicaba el Decreto Supremo N° 044-2009-EM para declarar “de necesidad e interés nacional el desarrollo del proyecto del lote 67”. Esto permitió flexibilizar estándares ambientales y omitir procesos administrativos fundamentales para un proyecto de tal magnitud.

En un estudio sobre la actuación de las empresas petroleras Perenco y Maurel, elaborado por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y CooperAcción, organizaciones de la sociedad civil, en el 2016, se demuestra cómo en la concesión del lote 67 se omitió la consulta previa para imponer el concepto de servidumbre de ocupación. De esta manera, se ignoraba un derecho reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a cambio de una compensación económica. Tampoco se implementó mecanismos de participación adecuados para las comunidades involucradas, colocándolas como simples receptoras de información. 

Tampoco se garantizó la identificación de impactos socioambientales ni la ejecución de medidas de mitigación, según la CAAAP. Los instrumentos de gestión ambiental son parámetros establecidos para medir el posible impacto ambiental de un determinado proyecto. En esa misma línea, los estudios de impacto ambiental (EIA) no definían correctamente las áreas de influencia directa e indirecta y, finalmente, ignoraron tomar medidas precautorias para salvaguardar el derecho de los PIACI.

Sobre este último punto, cabe aclarar que la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) había solicitado la reserva PIACI Napo-Tigre en el 2005, tres años antes de que Perenco asumiera la concesión del proyecto. Pero, además, la Defensoría del Pueblo se había manifestado en contra de cualquier tipo de actividad económica dentro de este territorio, al menos hasta que se delimitara el corredor de tránsito de los indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial.

“No se debe otorgar derechos para el aprovechamiento por terceros de los recursos contenidos en sus territorios, sin antes haber demarcado las zonas de amortiguamiento de dichas áreas”, indicaba el Informe Defensorial 101-2006.

Para la comunidad nativa Buena Vista, la llegada de la compañía petrolera representó prosperidad. Las familias se beneficiaban directa e indirectamente por el flujo económico que generaba el proyecto en su territorio. Las casas empezaron a construirse con material noble, los caminos de tierra pasaron a ser veredas, se inauguraron nuevos negocios y se creaban puestos de trabajo para los comuneros. Todo parecía indicar que se mantenía una relación de provecho mutuo.

En una asamblea comunal en la que el equipo de Infoamazonia participo en octubre de este año, admitieron sentir que, por fin, alguien se había acordado de ellos.

En paralelo a este escenario, Perenco acumulaba procesos administrativos sancionadores en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) peruano por incumplir los parámetros establecidos en los instrumentos de gestión ambiental, los estándares de calidad ambiental y sobrepasar los límites máximos permisibles en diversas operaciones.

Pilar Cabrera, presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Alto Curaray y Arabela (Feconaca), dijo estar sorprendida al ser entrevistada para esta publicación, pues pese a mantener trato directo con la compañía, ésta jamás les informó sobre posibles afectaciones ambientales.“Mi persona no tiene conocimiento de sanciones a Perenco por temas de contaminación. La comunicación siempre ha sido medio vacía en ese aspecto, nunca hemos tenido detalles de lo que sucedía. Siempre tuvimos trato directo, pero nunca se han tocado esos temas”, indicó la lideresa Arabella.

De acuerdo con los datos del Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados (RUIAS) por OEFA, obtenidos a partir de la plataforma Convoca Deep Data, nuestra investigación ha podido determinar que Perenco fue encontrada responsable de 58 conductas infractoras en 10 procedimientos administrativos sancionadores entre los años 2015 al 2022. Entre ellas, 6 infracciones (10.3%) por almacenamiento inadecuado de residuos y químicos, 11 (18.9%) por superar los límites máximos permisibles en la emisión de gases (efluentes domésticos, fósforos, óxido de nitrógeno), 32 (55.17%) por incumplimiento de sus instrumentos ambientales, 4 (6.9%) por derrames de petróleo, 2 (3.4%) por afectación al agua y 3 (5.17%) por no entregar información ambiental completa.

Como consecuencia de las mismas, acumuló multas por un total de 1,389,271.95 soles o un aproximado a 400 mil dólares y la orden de implementar 16 medidas correctivas. No obstante, las sanciones económicas solo fueron impuestas a un 47% de las infracciones totales, ya que la compañía franco-británica se apoyó en la Ley N° 30230 para evitarlas a cambio de implementar medidas correctivas. Esta norma buscaba promover la inversión privada limitando la potestad sancionadora de OEFA y colocando a la institución como mero supervisor de posibles daños ambientales.

“Al respecto, sobre los casos en que no se impuso multas ante la comisión de las conductas infractoras detalladas, resulta pertinente precisar que ello se debe a que el procedimiento administrativo sancionador correspondiente se tramitó bajo el ámbito de aplicación del artículo 19° de la Ley N° 30230; por lo cual, no se impuso sanción pecuniaria alguna –a la fecha–, respecto de dichas conductas infractoras”, aclaró OEFA para esta investigación.

Al cierre de esta publicación, se pudo verificar que Perenco cuenta con dos procesos administrativos sancionadores adicionales de los años 2017 y 2022 que se encuentran a la espera de una resolución. De confirmarse, Perenco tendría en su haber 12 procedimientos administrativos sancionadores y más de 60 infracciones.

El reportaje de InfoAmazonia contactó a la compañía para consultarle acerca de las afectaciones socioambientales que dejó en su paso por Loreto, pero se limitaron a responder las siguientes líneas.

“Perenco ha estado en Perú como operador desde 2008 y se enorgullece de haber desempeñado su papel en el desarrollo exitoso del Bloque 67, un proyecto declarado de importancia nacional por el Gobierno peruano. El Bloque 67 se ha desarrollado a una escala increíblemente pequeña para minimizar su impacto ambiental. El bloque 67 no ha estado produciendo desde el cierre del Oleoducto Norperuano (ONP)”, indicó el portavoz de la compañía.

La percepción del daño

Jack Jimo es un ciudadano Arabela de la comunidad nativa Buena Vista y monitor ambiental en el Lote 67 desde el 2010. Es un hombre fornido, serio y con una postura a favor del “progreso” que trajo Perenco. Su labor consistía en supervisar las operaciones en los campamentos que se le asignaban y alrededores. Cumplía jornadas de 28 días de trabajo por 28 días de descanso y, cuenta, que siempre estaba atento al cumplimiento de los parámetros establecidos en el instrumento de gestión ambiental con el que había sido capacitado; no obstante, reconoce que tenía limitaciones para realizar su labor.

En alguna oportunidad tuvo que reportar el estancamiento de aguas servidas en una quebrada cercana al campo Dorado, uno de los tres yacimientos del Lote 67. Esta había sido obstruida por el paso de maquinaria pesada sobre su cauce y como consecuencia, media hectárea a la redonda había resultado afectada. “La quebrada se cerró porque pasaban cantidad de camiones. Eso se secó todo ahí, se quedó sin vida, pero se ha remediado. Abrieron la zanja nuevamente, han limpiado y han vuelto a reforestar”, indica Jimo, confirmando que estos residuos terminan en corrientes de agua que van a parar al río Arabela.

Una de las conductas infractoras en las que Perenco fue recurrente está relacionada a los efluentes domésticos. Estos son, en términos cotidianos, aguas sucias que se desechan de baños y cocinas. Según indican los expedientes a los que esta investigación tuvo acceso, en al menos seis ocasiones se superaron los límites máximos permisibles en parámetros como potencial de hidrógeno (pH), fósforo, aceites, grasas, nitrógeno amoniacal, cloro residual, demanda química de oxígeno (DQO), demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), coliformes totales y coliformes fecales.   

Entre el 2012 y el 2013, el biólogo Jefferson Eras, elaboró un estudio hidrobiológico en el río Arabela. Se realizaron pruebas químicas y físicas; sin embargo, dice que no pudo acceder a los resultados. Lo que sí asegura, es que evidenciaron daño por metales pesados en los peces de la cuenca. “Se hizo otro estudio, pero ya viendo el efecto de los daños en los peces, evidenciamos que tenían dentro de su organismo metales pesados. Eso hace que tengan cabezas más grandes y cuerpos más cortos. Nosotros emitimos en ese momento un listado de peces para evitar su consumo en exceso”, recuerda.

La última sanción que recibió la petrolera franco-británica de parte de OEFA fue por no realizar el monitoreo de agua superficial según consignaba en su instrumento de gestión ambiental durante el segundo semestre del 2019. Esto consiste en medir los componentes externos a este elemento natural para evaluar los parámetros e identificar o prevenir un posible impacto ambiental.

Verónica Portugal, ingeniera ambiental de la Universidad Peruana Científica del Sur (UCSUR), observa que la falta de transparencia de Perenco se evidencia al no presentar información en las actas de supervisión de derrames a las autoridades correspondientes, pero también por su falta de enfoque preventivo.

“Se tienen que regular los procesos. En este caso, más que exceder los límites máximos permisibles, hay un problema preventivo, porque no se realizan los monitoreos de agua, aire… Entonces no sabes si estás o no generando algún tipo de afectación. No puedes medir el impacto en el medioambiente”, advierte la especialista.

Jack Jimo recuerda que una empresa de servicios externos llegaba periódicamente para monitorear agua, aire y suelo en la zona. Él y otros monitores ambientales participaron del levantamiento de muestras para esta evaluación y, aunque siempre solicitaban los resultados, estos nunca llegaban a sus manos.

“La empresa venía a hacer los estudios, nosotros le acompañábamos a hacer el muestreo, todos hacíamos el manejo. Ellos se llevaban al laboratorio y los resultados le entregaban a Perenco, pero nunca sabíamos qué decían. Nosotros pedimos los resultados, pero Perenco siempre decía que no llegaba el informe”, explica el monitor.

Pero al descuido de los cuerpos de agua se le suman los derrames de crudo. Si bien los expedientes de los procesos administrativos determinan que no hubo afectación directa en las zonas habitadas del área de influencia directa e indirecta del proyecto, el proceder de la empresa dista de haber asumido el problema con pertinencia, acumulando cinco derrames entre el 2014 y el 2020.

“Perenco no habría adoptado las medidas para evitar los impactos ambientales negativos en el suelo del área de las pozas de la CPF de Piraña del lote 67 y el área de Flare de la CPF de Piraña del lote 67 generados por los derrames de petróleo crudo ocurridos. Asimismo, no realizó un adecuado almacenamiento de residuos sólidos peligrosos generados producto de la limpieza de las zonas impactadas por los derrames de crudo”, describe OEFA en el informe que detalla el derrame ocurrido entre el 11 y 12 de febrero de 2014.

Esto se repitió hasta el 2019.

“Perenco no adoptó medidas de prevención a fin de evitar la generación de impactos ambientales negativos producto del derrame de petróleo crudo ocurrido el 13 de setiembre de 2019 en la Zona de Procesos del CPF del Lote 67, generando daño potencial a la flora y a la fauna”, volvió a advertir OEFA en otro informe, dejando en evidencia un patrón en el actuar de la compañía.

Las conductas infractoras asociadas a posibles daños en aire y suelo eran otra constante.

Entre los expedientes se identificaron transgresiones en los límites máximos permisibles respecto a las emisiones gaseosas del flare, un proceso de quema de gases a consecuencia de la explotación de hidrocarburos. Benceno, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y otros. “Excedió los límites máximos permisibles para emisiones gaseosas”, señalan las descripciones de conductas infractoras que sancionó OEFA hasta en 8 oportunidades. Lo que viene acompañado del incumplimiento de los monitoreos de emisiones gaseosas.

La resignación de un pueblo

La embarcación parte de la comunidad nativa Buena Vista para seguir surcando el río Arabela. Se duda si continuar el trayecto. El nivel del agua ha descendido tanto que varó en tres oportunidades intentando sortear enormes troncos atravesados. Al fin se arriba a Flor de Coco, un territorio que, de haber un derrame de crudo que alcance las aguas del río, sería la primera afectada. Desde una pequeña loma de pedregal observa Orlando Rosero, un sabio de 64 años que saluda en su lengua nativa y pregunta a qué hemos llegado. Se le explica que es una investigación periodística sobre Perenco y su rostro se torna decepcionado.

“A nosotros siempre nos han puesto como una comunidad de influencia indirecta ¡Yo no sé por qué! Primero porque nosotros que hemos vivido en Buena Vista antiguo, donde ahora está Perenco, nos hemos venido a vivir acá siendo anexo de Buena Vista nuevo primero. ¿Por qué? Porque en Buena Vista nuevo no había una altura que se expandiera para que todos hagamos nuestra casita. Usted sabe que atrás es todo un aguajalón ahí. Y eso cuando inunda todito se alaga. Por eso nos vinimos para acá. Por eso es que nos ponen a nosotros como una comunidad indirecta”, explica Rosero.

Empieza narrando este desplazamiento porque hasta 1981 ―según versiones de la misma población― la comunidad nativa Flor de Coco estaba anexada a Buena Vista antiguo, el primer asentamiento Arabela. Se convierten en dos comunidades diferentes al salir en búsqueda de insumos. «Antiguamente la boca del Arabela estaba a dos días u medio en peque peque, por la razón que, de dónde uno consigue fósforo, la sal, algunos botes no podían entrar por aquí porque es pedregal», contó Rosero. Ocupando lo que ahora conforman sus nuevos territorios divididos en dos comunidades: Buena Vista nuevo y Flor de Coco. Por eso la molestia con Perenco y el Estado peruano, porque sienten que desconoce su historia y sus orígenes.

Pero también porque consideran que jugaron con sus expectativas prometiéndoles proyectos productivos y el acceso a agua de consumo humano a través del área de relaciones comunitarias de la empresa. Jerónimo Manihuari es el apu o jefe de la comunidad nativa Flor de Coco y afirma que, si bien la compañía de hidrocarburos llegó con diferentes ofrecimientos, estos jamás se concluyeron. “Perenco ha ido a dar charlas y ha apoyado con proyectos productivos, pero qué le digo, sin asesoramiento técnicos, sin seguimiento… Hubo un proyecto de agua y desagüe para no tomar agua del río, hasta ahorita está estancado eso. Nunca se ha hecho realidad”, relata.

Orlando Rosero transcurre mientras responde la entrevista y señala unas estructuras metálicas llenas de óxido. “Vemos ahí las rampas para que pongan el tanque (de agua) que nosotros le habíamos solicitado para poder consumir mejor agua en la comunidad. Dijeron “en una semana voy a venir” y ya pasaron dos años y nunca volvieron”, expone.

De acuerdo a los reportes de OEFA, Perenco incumplió en cuatro oportunidades las obligaciones de responsabilidad social en las comunidades nativas Buena Vista, Flor de Coco, Urbina-Rio Curaray, Shapajal y Bolívar. Las mismas se encontraban establecidas en su instrumento de gestión ambiental y se referían a proyectos productivos, capacitaciones y socialización de información.

“Nos hizo sentir decepcionados, la gente de la comunidad siempre va a decir que Perenco nunca ha estado con nosotros. Ni para decir que si se va Perenco ¿Quién nos va apoyar? Porque igual no más como siempre hemos vivido de la caza y la pesca”, añade el apu Manihuari.

El mal necesario 

En medio de acuerdos y desavenencias con las comunidades nativas de influencia directa e indirecta, estas jamás plantearon oposición a Perenco. No obstante, la compañía ha enfrentado conflictos sociales en la zona de tránsito de las barcazas que transportan el crudo hasta la estación uno del Oleoducto Norperuano. En la comunidad nativa San Rafael, que se ubica en la boca del río Curaray, a unas 8 horas de la zona de influencia directa e indirecta de la petrolera, las paralizaciones eran continuas y podían mantenerse durante meses.  

Esta situación, según Perenco, ha empujado a la compañía a paralizar sus operaciones en octubre del 2022. Según cuentan los comuneros, han visto cómo se llevan herramientas, maquinaria y, lo más chocante, cómo han ido desapareciendo los trabajadores.

Pilar Cabrera, presidenta de Feconaca, manifiesta que esto ha traído un gran impacto en las comunidades. “La salida de Perenco ha afectado porque los jóvenes y las señoritas se están yendo de sus casas ante los pocos ingresos que tienen sus padres sin la empresa. Han dejado de estudiar, han salido a buscar trabajo, han migrado. Los que hemos quedado más que todo somos personas mayores, toditita la juventud ha salido ya”, expresa con preocupación.

El septiembre del 2023, representantes de Perenco convocaron a las comunidades nativas Buena Vista y Flor de Coco a una asamblea para informarles los motivos que tenían para “abandonar” el proyecto. Aquí les dieron tres, los constantes conflictos sociales que se grafican en paralizaciones y protestas sociales, la falta de garantías del Estado para que puedan operar y la amenaza que les representa la creación de la reserva PIACI Napo-Tigre para sus inversiones.

A la fecha, Perenco no ha solicitado formalmente dejar las operaciones en el lote 67 y tampoco registra un plan de abandono. Perupetro, la empresa estatal encargada de promover, suscribir y supervisar contratos de hidrocarburos en el Perú, aclaró que los contratos de exploración y explotación de la compañía franco-británica continúan vigentes en el lote 67 y 39, de este último se mantiene la concesión inoperativa desde el 2014 y ambas se encuentran en estado de «fuerza mayor». Esto quiere decir que la empresa ha sustentado que está siendo afectada por casos fortuitos que le impiden sostener sus obligaciones.

Una compañía de hidrocarburos que se jacta de creer en la sostenibilidad, deja muchas dudas respecto a su accionar frente al cuidado de los ecosistemas que rodean sus operaciones en la Amazonía y, como el especial Perenco System ha mostrado, también en África y en sus actividades globales que se soperponien a más de 74 áreas protegidas al rededor del mundo. Esto, por un lado, por la opacidad con la que maneja sus conductas infractoras. Pero, sobre todo, por la falta de voluntad para monitorear los indicadores ambientales. ¿Cómo pueden los comuneros de la zona de influencia directa e indirecta saber si están siendo o no afectados? si no cuentan con los instrumentos que determinan cómo estaba el agua, el aire y el suelo antes de que llegara la compañía y como ha ido evolucionando con los años.

La presidenta de Feconaca, Pilar Cabrera, cuestiona al Estado por tener abandonas a las comunidades Arabela y Kichwa del alto Curaray, pero también, encara a Perenco por no haberlos advertido de las consecuencias que pueden ocasionarles las conductas infractoras por las que han sido sancionados.

“No es posible que, a estas alturas, cuando Perenco ya no está operando, nos enteremos que tienen expedientes por infracciones al medio ambiente. Y también me apena que a pesar de que tenemos comunicación cercana con la empresa, no hayan sido conscientes de informarnos sobre lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿cuántos pobladores podemos tener ya afectados nuestros organismos? Es una preocupación muy grande”, finaliza la lideresa.

Equipo de investigación

Local — Reportaje: Pamela Huerta; Análisis de datos: Luis Enrique Pérez; Edición: Carolina Dantas; Visualización de datos: Carolina Passos;
Dirección: Juliana Mori

Internacional — Alexandre Brutelle et Dorian Cabrol (Environmental Investigative Forum), Madeleine Ngeunga (InfoCongo), Juliana Mori (InfoAmazonia) 

Esta investigación fue apoyada por el Journalismfund Europe.