La investigación global «Sistema Perenco» llevada a cabo por InfoAmazonia y sus socios internacionales revela el aspecto sistémico de las prácticas extractivas abusivas de la segunda mayor operadora francesa de petróleo y gas en el mundo: Perenco.
“Miren, conozco los temas medioambientales de Perenco y no me quitan el sueño”, interrumpe uno de los ingenieros del grupo a nuestra solicitud de entrevista sobre los supuestos casos de contaminación repetida de Perenco en Gabón.
Pero los “temas” de la empresa no se limitan solo a este país. De hecho, las licencias de petróleo y gas de Perenco cubren 74 áreas protegidas en todo el mundo. Estos son los resultados de una investigación realizada durante casi un año por InfoAmazonia, en colaboración con el consorcio internacional de periodistas de investigación ambiental EIF, InfoCongo y Convoca.
En total, 9 de los 14 países en los que opera dicha empresa franco-británica se ven afectados por estas superposiciones problemáticas -y en algunos casos «irregulares o incluso ilegales»- entre los lotes de hidrocarburos y las áreas protegidas.
En Perú, Camerún y Gabón, nuestro consorcio también pudo revelar la existencia de más de cien incidentes de contaminación anteriormente desconocidos, los cuales se publicarán en los próximos episodios de esta serie de investigación.
Si bien la COP15 sobre biodiversidad en 2022 concluyó con el compromiso de los países miembros de proteger el 30% de la tierra y el mar del planeta para 2030, nuestros hallazgos cuestionan el destino de los parques y las reservas nacionales existentes.
El estado actual de estos lugares de gran valor para la biodiversidad no parece hacer retroceder a empresas como Perenco, ni a sus accionistas, los miembros de la familia Perrodo, la decimoquinta familia más rica de Francia según la revista Challenges.
Zoom en el mapa para ver las superposiciones de las concesiones de Perenco sobre áreas protegidas en todos los países.
74 áreas protegidas expuestas a las licencias de Perenco en 9 países
Perenco está «comprometida a minimizar cualquier presión sobre la biodiversidad y contribuir a su restauración», asegura la empresa a través de un portavoz, quien añade que el grupo «define planes de acción para cada una de sus divisiones, en particular para los yacimientos ubicados en áreas protegidas».
A pesar de su compromiso, la empresa no puede facilitarnos una lista completa de las áreas protegidas en cuestión, su número total y los países afectados – con excepción de Guatemala, donde «el trabajo realizado por Perenco para proteger la flora y la fauna es visible, ya que la Laguna del Tigre ha sido devastada en gran parte por los agricultores y los ocupantes ilegales», según los últimos informes.
Sin embargo, el pasado abril la revista francesa Reporterre reveló varios casos de «contaminación y persecución» en este humedal de agua dulce, «el mayor del país, formado por ríos, más de 300 pequeñas lagunas tropicales, sabanas y pantanos».
En general, pudimos descubrir que las licencias operadas o en posesión de Perenco están ubicadas en al menos 74 áreas protegidas repartidas en 9 de los 14 países donde opera – es decir, más de dos tercios – en América Latina, África y Europa.
Como muchas zonas en riesgo para la biodiversidad mundial, ya están al borde de una «sexta extinción masiva». Un fenómeno inseparable del calentamiento global cuyo principal motor sigue siendo hoy en día la combustión de combustibles fósiles.
Dos fenómenos inextricables, pero codependientes, ya que la pérdida de biodiversidad por sí sola «exacerba los efectos del cambio climático», como recordó hace un año el Consejo Científico de Biodiversidad de la COP a sus 196 Estados miembros.
Estados miembros como Guatemala, Túnez y Venezuela y, de hecho, todos los países donde Perenco opera dentro de zonas protegidas. Ya sea en bosques de manglares, como en la República Democrática del Congo, o en reservas naturales – más de una docena solo en Colombia, donde Mongabay había revelado que la empresa había sido multada por “27 casos” de “daños a la población, a la fauna y a la flora”.
Pero las zonas de actividad de la empresa también incluyen territorios ancestrales comprometidos con la creación de la reserva indígena Napo-Tigre en el corazón de la Amazonía peruana. Esta zona que busca proteger a tribus indígenas aisladas es objeto de un tira y afloja legal desde hace casi 19 años por la supuesta presencia de pueblos indígenas que nunca han tenido contacto con la civilización moderna, algo que Perenco niega a pesar de las evidencias fotográficas.
¿Qué esperanza hay de aumentar el número de áreas protegidas en todo el mundo para 2030, si el estado actual de los principales humedales, los bosques con alto potencial de secuestro de carbono y otros santuarios naturales no puede impedir que las empresas extraigan gas y petróleo dentro de esas áreas? Y, sobre todo, ¿cómo se explica esto?
Las leyes vigentes en los países afectados son un buen punto de partida. Revisarlos significa comprender que la ley muchas veces tiene sus razones que el clima ignora.
Regulaciones permisivas y zonas “irregulares”
Al preguntársele sobre las áreas protegidas en las que opera, Perenco afirma que «cumple todas las regulaciones locales y los mejores estándares internacionales dondequiera que opera y cuenta con todas las autorizaciones requeridas en dichos países».
Este es el caso del Reino Unido, donde se encuentran la mitad de las concesiones problemáticas de la empresa. En este caso, los estudios de impacto ambiental proporcionados por Perenco habrán convencido a las autoridades británicas de concederle varias licencias petroleras que cubren casi una treintena de áreas protegidas. Estos incluyen el litoral de Dorset y del este de Devon, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Un sistema de licencias de atribuciones, similar al colombiano – e igual de permisivo, ya que, también en el Reino Unido, estos estudios no pudieron evitar 73 fugas accidentales que ocurrieron en áreas protegidas entre 2013 y 2023, como reveló recientemente la ONG Unhearted, afiliada a Greenpeace.
Pero en cada país prevalece su propio marco regulatorio en lo que respecta a sus áreas protegidas. Y lo que es válido en el Reino Unido o Colombia no necesariamente lo es en otros lugares. En Camerún y Gabón, por ejemplo, las regulaciones sobre las áreas protegidas son más restrictivas. Al menos, en teoría.
En Camerún, cualquier «actividad industrial» y «extracción de materiales» está prohibida dentro de los parques nacionales desde 1995. El Parque Nacional Ndongere es uno de dichos parques. Se trata de un área marina protegida formada por una vasta selva de manglares, conocidos como «sumideros de carbono únicos», según la NASA y ubicada cerca de un sitio RAMSAR reconocido como un «humedal de importancia, el Estuario del Río del Rey». Aquí es donde Perenco opera al menos 4 concesiones de hidrocarburos.
Al cuestionársele sobre estos hallazgos, Perenco reconoce que opera dentro de áreas protegidas «en algunos casos donde el estatus de área protegida ha sido declarado después del inicio de la explotación de hidrocarburos».
Sin embargo, pudimos encontrar que dos de los bloques en cuestión le habían sido atribuidos a Perenco después de la clasificación de estas áreas protegidas, contrariamente a la declaración de la compañía y como aparece en la página web de la compañía nacional de petróleo y gas de Camerún. Ante estas conclusiones adicionales, ni las autoridades camerunesas ni la empresa hicieron ningún comentario sobre la legalidad de estas concesiones.
Ninguno de los investigadores contactados por nuestro socio regional InfoCongo quiso responder a nuestras solicitudes de entrevista, ya que todos consideraban que el tema era «una cuestión política demasiado delicada».
En Gabón, sin embargo, el diputado independiente Pierre Philippe Akendengué ya no duda en denunciar a la empresa para la que trabajó durante 18 años como ingeniero. «La gente está sufriendo demasiado por las actividades de Perenco en Gabón como para que yo me quede callado», afirma. Allí, Perenco opera en 12 áreas protegidas: reservas acuáticas, parques marinos y zonas de amortiguamiento, como revela hoy Mediapart.
El diputado electo, que inició en 2021 una demanda contra Perenco por «contaminación ambiental» y que fue desestimada en 2021, denuncia la falta de transparencia de la multinacional en relación con las normativas locales.
“Todo se hizo en un manto de secretismo», afirma. «Nadie tuvo acceso a nada, ni siquiera a las autorizaciones necesarias – que probablemente nunca existieron”.
De hecho, la ley gabonesa exige la publicación de un decreto ministerial que autorice el desarrollo de licencias extractivas dentro de áreas protegidas, así como la elaboración de un comité científico dedicado exclusivamente al estudio desde 2007.
Sin embargo, estos decretos no se han encontrado en los archivos del Diario Oficial del país, así como tampoco los estudios en cuestión, los mismos que las autoridades gabonesas no han podido facilitarnos.
Además, las regulaciones locales también mencionan la posibilidad de explotación «minera o petrolera» «previa desclasificación total o parcial» de un parque nacional – lo que no ocurre con ninguna de las áreas protegidas donde opera Perenco, las cuales todavía se encuentran clasificadas hasta el día de hoy.
Según el abogado gabonés Gomes Ntchango, la presencia de estas licencias en áreas protegidas que no han sido desclasificadas hace que dicha explotación sea «irregular» y que «todas las actividades productivas estén prohibidas», añade.
Más que un simple debate legal, la superposición entre las licencias petroleras y las áreas clasificadas por su rica biodiversidad ya está teniendo un impacto significativo en el país. Según el denunciante franco-gabonés Bernard Rekoula, la situación es «catastrófica, tanto para la biodiversidad de un litoral rico en manglares como para las poblaciones locales».
Este ecologista, quien inicialmente fue un productor audiovisual, documentó numerosos incidentes de contaminación atribuidos a Perenco en 2021 y 2022 antes de verse obligado a buscar asilo en Francia tras recibir diversas amenazas de prisión y agresiones físicas.
“Fugas de petróleo, quema irregular de gas y disimulación de residuos”- una serie de contaminaciones denunciadas por el informante, todas ellas similares a aquellas por las que las ONG Sherpa y Amigos de la Tierra decidieron demandar a Perenco por «daños medioambientales» en la República Democrática del Congo en 2022.
‘Perjuicio ecológico’ y procesos judiciales en curso
En noviembre de 2022, Perenco fue citado ante los tribunales por las ONG Sherpa y Amigos de la Tierra por «perjuicios ecológicos» en la República Democrática del Congo (RDC). Lo que estaba en juego: el entierro ilegal de residuos, los vertidos de efluentes al medio ambiente y la quema de gas por parte de la empresa.
Un procedimiento judicial sin precedentes en Francia, iniciado entonces para «demostrar la responsabilidad civil de Perenco y solicitar una indemnización por los daños ambientales y ecológicos en la RDC», como explica Théa Bonfour, responsable de litigios y defensa de Sherpa.
También en la RDC, Perenco opera en el corazón de un parque marino de manglares, donde numerosos incidentes de contaminación documentados desde 2013 hasta la actualidad constituyen la esencia del caso presentado por ambas asociaciones.
Théa Bonfour considera los resultados de nuestra investigación “sorprendentes”, por decir lo menos: «En Francia, nadie imaginaría pozos de petróleo ubicados en medio de un parque nacional. Si hubiera una serie de casos repetidos y documentados de contaminación por un largo período de tiempo en las zonas afectadas, también podría surgir la cuestión del perjuicio ecológico», añade.
Al contactársele con respecto a este caso en curso, Perenco dijo que «no podía comentar sobre una situación legal actual». Pero según el medio francés Challenges, este no es el único proceso judicial en curso contra la empresa, que también es objeto de varias investigaciones por parte de la Fiscalía Nacional de Finanzas francesa, en particular por «corrupción de funcionarios públicos extranjeros» en África.
Sin embargo, con respecto a sus actividades de quema, Perenco afirmó que su objetivo era «cero quemas rutinarias para 2030, excepto en emergencias y de acuerdo con los términos contractuales y los derechos minerales». La empresa también añadió que sus métodos de extracción «cumplen las normas internacionales y no presentan ningún problema para la salud de las poblaciones locales», al preguntársele sobre la RDC.
Esta postura va en contra de los casos de «diarrea, enfermedades respiratorias y contaminación por benceno» documentados conjuntamente por Disclose, Investigate Europe y EIF en una investigación publicada hace un año.
A la pregunta sobre su impacto medioambiental y sanitario, el grupo prefiere responder desde el punto de vista social, afirmando que sus conocimientos y su experiencia le permiten «abordar las necesidades pertinentes de cada país específico y actuar como un socio responsable, comprometido y sostenible».
El portavoz de Perenco también añadió que el conocimiento y la experiencia del grupo le permiten “abordar las necesidades relevantes de cada país específico y actuar como un socio responsable, comprometido y sostenible”. Perenco invierte en programas para construir y rehabilitar estructuras tales como hospitales, escuelas, carreteras o infraestructuras energéticas con el objetivo de ampliar el abanico de oportunidades para los más vulnerables y permitirles acceder a mejores condiciones de vida”.
Al preguntársele sobre su contabilidad interna de las licencias que operan en áreas protegidas y sobre la legalidad de sus concesiones en Camerún y Gabón a la luz de las leyes vigentes, Perenco no quiso darnos una respuesta más detallada.
El caso de Perenco, lejos de ser aislado, tiene un aspecto sistémico para la industria de los combustibles fósiles. El pasado mes de mayo, un estudio publicado por la asociación británica LINGO (siglas en inglés para «Déjalo en el suelo») ya había revelado que actualmente hay cerca de 3.000 lugares de extracción de combustibles fósiles repartidos en más de 800 áreas protegidas en todo el mundo. Estas cifras alarmantes incluyen a Total, Shell y su homóloga italiana, ENI.
*Traducción al español por Carla Dongo, por Convoca.pe.
Esta investigación fue apoyada por el Journalismfund Europe.
