Este lunes se publica el informe de Parques Nacionales Cómo Vamos sobre la situación actual de estas áreas protegidas. La deforestación, el acaparamiento de tierras y la minería son las principales amenazas, especialmente en la región amazónica, en donde los Parques Tinigua, Sierra de la Macarena, Chiribiquete, La Paya y Paramillo se han visto fuertemente afectados.
Los Parques Nacionales Naturales (PNN) albergan unas 20 millones de hectáreas, que corresponden al 17% del área de coberturas naturales terrestres del país, el 21% de los bosques y cerca del 30% de la biodiversidad conocida, incluyendo 1606 especies endémicas y el 38% de especies con algún grado de amenaza. Son claves, entre otros motivos, por su función como interceptadores, reguladores, transpiradores o depuradores en el ciclo del agua.
El último informe de la iniciativa Parques Nacionales Cómo Vamos, “Diversidad y territorios para la paz”, que se publica este lunes, advierte la crítica situación en que se encuentran algunos de los PNN. Actividades como la deforestación y la minería han aumentado en el último año en los Parques. El documento también señala que tenemos un serio problema de información sobre diversidad en estas áreas y alerta sobre la situación financiera del Sistema de PNN.
Deforestación, el principal problema
Una de las regiones sobre las que el informe prende las alarmas es la Amazonia. Especialmente el Parque Tinigua (Meta). Entre 2021 y 2022, pese a ser años con fenómeno de La Niña, los puntos de calor se triplicaron, lo que se asocia con la deforestación para acaparamiento de tierras y ganadería.
Este dato de Tinigua coincide con que en 2021 se perdieron más de 174.000 hectáreas de bosque, un 1.5 % más que en 2020, y el 77 % de esas hectáreas se encuentran en Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Norte de Santander y Antioquia. A esto se suma un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), publicado en julio, que señala que el 16 % de la deforestación de la Amazonia en 2021 se concentró en Meta y recalca las fuertes afectaciones del Parque Tinigua.
Cuando se publicó ese informe, el director de la FCDS, Rodrigo Botero, explicó para El Espectador que “el asunto es que estamos llegando a zonas críticas para garantizar la prestación de servicios ambientales y de alta biodiversidad. Se está fragmentando la Amazonia, está aumentando la presencia de la ganadería como un factor que hace irreversible la recuperación de los territorios y, además, el acaparamiento de tierras está impidiendo que esas áreas puedan ser asignadas a campesinos para su manejo de bosques en pie”. En otras palabras, según Botero, “tanto ambiental como socialmente tenemos un problema enorme”.
El informe de Parques Cómo Vamos también revela otro dato clave de deforestación. Entre 2017 -que fue el año en el que más se ha deforestado recientemente (casi 220 mil hectáreas)- y 2020, se deforestaron más de 68 mil hectáreas de bosque en Parques y el 75 % de estas se concentraron en cinco parques: Tinigua, Sierra de la Macarena, Chiribiquete, La Paya y Paramillo. Esto representó el 11 % del total del año pasado. El informe de la FCDS también dice que entre 2018 y 2022 el 14 % de la deforestación se concentró en los tres primeros que señala Parques Cómo Vamos y también en Picachos y la Reserva Nukak.
Parques Cómo Vamos dice que si bien el sistema de PNN “no logra contener la pérdida de bosques, hay evidencia de que ayuda a reducirla relativamente”. Según este informe, la pérdida de cobertura natural se incrementó entre 2012 y 2018, y la pérdida de cobertura boscosa se aceleró en 2018 y 2020, “en los PNN asociados a actividades ganaderas y de acaparamiento de tierras, especialmente en Macarena, Tinigua, Picachos, Paramillo, Catatumbo y Sierra Nevada”.
Este gobierno ha hecho especial énfasis en que la deforestación debe medirse comparando las hectáreas perdidas con la restauración o regeneración de los bosques. El informe señala que se han recuperado unas 19.000 hectáreas de coberturas naturales en los Parques.
Minería y otras amenazas
En siete Parques de la Amazonia (Cahuinarí, Río Puré, Yaigojé Nukak, Chiribiquete y Amacayacu) se ha identificado minería de aluvión en ríos adyacentes. Una actividad propiciada “por la cercanía a la frontera con Brasil y la ausencia de Estado”, señala el informe. De los PNN Puinawai (Guainía) y Farallones (Valle del Cauca) hay reportes de minería al interior de los Parques.
El informe también revela que aumentaron en un 21 % las hectáreas con cultivos de coca para uso ilegal en los Parques. Pero esto, la minería y la deforestación no son las únicas amenazas que tienen los PNN. El acceso imposibilitado de algunos guardaparques a las áreas protegidas es una de las graves afectaciones al Sistema de Parques. Una situación especialmente compleja en la Amazonia, en donde, en febrero de 2020, una reunión en el Parque Cahuinarí (Amazonas) entre hombres que se identificaron como miembros de las nuevas Farc-Ep y algunos funcionarios de varios Parques, cambió la situación.
En esa reunión se dio una orden clara: debido a que integrantes de PNN supuestamente tenían malos tratos con campesinos, estaban “feriando” Caño Cristales a los turistas e impedían los cultivos de coca en estas zonas, los guardaparques no podrían volver a hacer sus labores en campo, únicamente podrían circular allí los funcionarios indígenas y sin portar camiseta ni ninguna prenda alusiva a PNN. El Colectivo de Guardaparques señaló en una entrevista con este diario que la Operación Artemisa, liderada por Duque, era otra de las posibles causas de las amenazas a los guardaparques.
Una ONG consultada por El Espectador, que prefiere permanecer en el anonimato, explica que sin la presencia de los guardaparques se deja de construir una gobernanza conjunta en las áreas protegidas. “El diálogo, esa construcción de la Amazonia no solo como un sujeto biológico y de conservación, sino como un mundo de diferentes confluencias, conocimientos, pensamientos, epistemologías. Es terrible que son la única presencia estatal en esas zonas y no puedan estar”.
Parques Cómo Vamos es enfático en que los PNN “deben dejar de ser víctimas del conflicto armado en Colombia y convertirse en una ventana de oportunidad para mejorar las condiciones de vida de los habitantes en sus áreas de influencia y dentro de éstas”. Según el informe, esto requiere inversión en “proyectos integrales de desarrollo sostenible, rediseñar el ordenamiento territorial con función amortiguadora de tal forma que contenga y estabilice las amenazas de transformación, potenciar los negocios verdes y desarrollar la infraestructura necesaria que no riña con los objetivos de conservación”.
Presupuesto, un tema clave
Otra de las afectaciones de PNN, según Parques Cómo Vamos, es que el presupuesto es insuficiente. La mayor parte proviene de la nación (un 57 % para ser exactos) y de la generación de recursos propios (30 %). Entre 2020 y 2021, el presupuesto asignado para PNN se incrementó, pues los recursos provenientes de la nación se duplicó y el de recursos propios tuvo un incremento en aproximadamente $6.000 millones.
El informe también advierte que la mayoría de trabajadores de los parques es contratista, por lo que es necesario “aumentar el presupuesto para contar así con más funcionarios, permitiendo mayor estabilidad y continuidad a los procesos de conservación y manejo”.
Sobre los procesos de conservación, PNN ha establecido acuerdos con 2.383 familias, en 35 de las 60 áreas protegidas. Pero, pese a los esfuerzos por establecer acuerdos y fortalecer la gobernabilidad sobre estas zonas, al interior de los parques continúan los fenómenos que amenazan la conservación. Y aunque en 2021 aumentó el presupuesto, Parques Cómo Vamos advierte que, todavía, “PNN está lejos de invertir los recursos financieros adecuados para suplir las necesidades del sistema”.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.