La Corte Constitucional mantuvo las seis condiciones que impuso en 2017 para que el Consejo Nacional de Estupefacientes reanude el uso del glifosato en el país, organismo que deberá supervisar su cumplimiento “de buena fe”. Es decir que mantiene las restricciones, pero reduce las exigencias.
Este jueves 18 de julio, la Corte Constitucional tomó una decisión bastante esperada en la coyuntura política actual: la referente al glifosato. “El Consejo Nacional de Estupefacientes deberá considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica disponible en lo que se refiere, por un lado, a la minimización de los riesgos para la salud y el medioambiente, y, por otro, a la solución al problema de las drogas ilícitas, conforme a los instrumentos de política pública”, señaló el alto tribunal, al anunciar que mantiene el fallo de 2017, en el que puso seis condiciones para que se reanude la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito. (Puede ver: Corte Constitucional mantiene condiciones para retomar aspersión con glifosato)
La decisión fue unánime: ocho votos en favor (Cristina Pardo estaba impedida). La presidenta de la Corte, la magistrada Gloria Ortiz, señaló que la decisión siempre ha estado en manos de los órganos políticos. En este caso, del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), que fue el que suspendió el uso de este químico en 2015, por petición del gobierno Santos. En 2017, la Corte le dijo al Consejo que “solo” se podría regresar al glifosato si se creaba un programa con ciertas “características mínimas”. Entre ellas, que hubiera “evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medioambiente”.
De esta manera, el alto tribunal resaltó que la pelota, ahora, está en la cancha del CNE, que deberá asegurarse de que esas características mínimas sean “cumplidas de buena fe”. Lo que se entiende de esa frase es que no será la Corte la que supervise si el Gobierno cumple con las condiciones impuestas: que la regulación la diseñe un órgano distinto a los que ejecutan la erradicación en el país, que esa regulación tome en cuenta los riesgos para la salud y el medioambiente, que los nuevos riesgos generen automáticamente una revisión sobre las decisiones tomadas y que las investigaciones contempladas cuenten con rigor e imparcialidad.
El pasado 18 de junio, desde Londres, el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunciaron que Colombia, más pronto que tarde, volvería a recurrir al uso del glifosato. “Se requiere, toda vez que hay lugares del territorio que son de difícil acceso”, explicó entonces el primer mandatario, cuyo gobierno recibió un país con los cultivos de uso ilícito en aumento. Según el último reporte de la Casa Blanca, en 2018 se calcularon 208.000 hectáreas de matas de coca. Aunque fueron mil menos que en 2017, si se tiene en cuenta que en 2014 se estimaron 112.000 hectáreas (el 53 % de la cifra de 2018), se hace claro que la problemática del narcotráfico crece a pasos agigantados.
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Con el glifosato, sin embargo, el tema no es solo de números, sino de riesgos. “La aspersión aérea con glifosato para la erradicación del arbusto de coca es estructuralmente ineficaz, y su uso tiene una elevada probabilidad de ocasionar daño a la salud de la población residente en las zonas rurales de los municipios asperjados”, le dijo en medio del debate a la Corte Constitucional el profesor Óscar Alfonso, de la Universidad Externado, quien reconoce que este debate “está mediado por la inmediatez de los resultados que se les exige a los gobernantes de Colombia, quienes poniendo en juego su prestigio acostumbran a adoptar este tipo de estrategias”.
El aumento de los cultivos de coca en el país se convirtió en la cruz del gobierno Duque, el cual ha mostrado de todas las formas posibles su interés en mantener una buena relación con la administración de Donald Trump. Este, a su vez, no se ha guardado ningún comentario sobre lo que piensa del jefe de Estado colombiano y el problema de drogas que afecta tanto a Colombia como a Estados Unidos, uno de los principales consumidores de alucinógenos. “No ha hecho nada por nosotros”, expresó Trump sobre Duque en marzo de este año. “Me sorprende esa declaración”, salió a decir en defensa de Colombia el ministro de Defensa, Guillermo Botero.
(Vea más sobre el tema: Uso de glifosato: ¿qué dicen los gobernadores?)
En marzo de este año, con el propósito de llenarse de argumentos para tomar una decisión, la Corte Constitucional citó a representantes del Gobierno actual, del gobierno anterior y a expertos a una audiencia pública. En ese espacio, el presidente Duque sostuvo ante la Corte que los cultivos de coca son una amenaza al orden público, que afectan de paso al medioambiente y a la economía, y que era desde esa perspectiva que debía asumirse la discusión. “Es una expansión tenebrosa, el debate no se centra en el herbicida”, dijo Duque, quien agregó: “No vengo a pedir cheques en blanco, no vengo a minimizar ningún riesgo”, pues el impacto del glifosato en la salud humana ha sido gran preocupación para la Corte.
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Aunque no eran investigaciones con rigor científico, en las tres verificaciones al glifosato le encontraron “peros” que iban en línea con lo que la Corte terminó pidiendo: dar prioridad al principio de precaución y no usar el veneno si no había certeza de que no afectaba a la gente. “La Defensoría del Pueblo, que visitó la zona de las aspersiones, indicó un incremento en las enfermedades de carácter respiratorio, dermatológico y gastrointestinal, y reportó instancias concretas de diarreas, vómitos e infecciones que, en criterio de la Defensoría, habrían sido causadas por las aspersiones”. “La Procuraduría (…) indica que la posibilidad de afectación a la salud como efecto de la fumigación es ‘muy alta’”.
La decisión de retomar o no las aspersiones con glifosato, ahora, está en manos de un órgano compuesto, en su mayoría, por representantes del Gobierno: de los ministerios de Justicia, Salud, Educación y Agricultura, de la Dijín de la Policía, de Aduanas y de la Aeronáutica; además de un delegado de la Procuraduría. Según dieron a entender Duque y Botero desde Londres, las condiciones que impuso la Corte Constitucional para volver al glifosato ya se cumplieron. Así las cosas, es previsible que, en la guerra contra las drogas, la aspersión aérea con este químico de cultivos de uso ilícito será una realidad más temprano que tarde.
