El mes pasado, los indígenas waorani, que viven en la selva amazónica de Ecuador, ganaron una importante disputa judicial que protege a 200.000 hectáreas de bosque de la explotación petrolera. Llegaron a Colombia a compartir su experiencia.
El 23 de mayo de este año, los indígenas Waorani, de la Amazonía ecuatoriana, ganaron un pleito jurídico histórico contra el gobierno de Ecuador. Un tribunal de la provincia de Pastaza, en donde vive la mayoría de la población Waorani, dictó una sentencia que exigía detener la licitación de un campo de petróleo en su territorio porque no se había realizado una consulta previa, como exige la ley de ese país.
El llamado “Bloque 22”, que estaba en licitación por el Ministerio de Energía e Hidrocarburos, tenía un tamaño de 200.000 hectáreas y estaba superpuesto en un 16% (según el portal ambiental Mongabay) con los territorios de 16 comunidades indígenas.
Dennis Wareca Yeti es uno de los jóvenes Waorani que representó a la “Nacionalidad” Waorani del Ecuador en el pleito. Casi a sus 23 años, es uno de los líderes más destacados de su provincia: “Esta resistencia nace gracias a experiencias que viven en otras provincias, pero solo hemos ganado resistencia en Pastaza. Tenemos pozo pero en Pastaza todavía no hay permisos para explotación”.
La historia, según Wareca, cuando se hizo la consulta previa, las familias que vivían en las 16 comunidades de influencia del Bloque 22 no estaban enteradas de lo que iba a suceder: “Les llegaron con engaños, ofreciendo con tarros, cucharas, ofrecían cosas. Que si firmaban ese papel habían mencionado que iban a tener casas con paneles solares y luz, canoas y botes, motores, entre otras cosas. Y por desconocimiento las familias firmaron”.
Comenzó en 2012, cuando el gobierno ecuatoriano adelantó una consulta previa con algunas familias indígenas de la región de Pastaza para autorizar la exploración y explotación del Bloque 22. “Unos tres años después nos dimos cuenta de que en realidad las familias no sabían qué habían firmado. Es que no hubo ni siquiera traductores y el 80% de la población indígena de las 56 comunidades de aquí (Ecuador) no habla el castellano. Muchos entienden palabras, es decir que no fue una consulta libre, previa e informada”.
En 2015, se reunieron 390 personas y los sabedores más importantes de los pueblos Shiwiar, Andes, Achuar, Cofán, Siona, Siekopai, Kichwa, Shuar, Sapara y Waorani que habitan en la región de Pastaza, y concluyeron que había que demandar al estado ecuatoriano.
En febrero del año pasado, cerca de 300 personas marcharon desde la región de Pastaza (una de las más grandes de ese país, con 79.000 kilómetros cuadrados de selva) hasta la ciudad de Puyo para interponer la demanda ante la Corte de Justicia de Ecuador. “Toda la gente se unió,hasta nacionalidades de otros pueblo se sumaron. Teníamos una unidad de todos los pueblos en defensa nuestra y tuvimos tres audiencias para ver qué pasaba”.
La provincia de Pastaza ya tiene cerca de 16 bloques petroleros en fase de exploración, sin embargo, es uno de los bosques más conservados del Bioma Amazonico. Según el portal Mongabay, es la segunda provincia con mayor número de anfibios con un total de 182. “Para dar una idea de la importancia de Pastaza puedo decirle que a pesar de su tamaño, dentro de un país pequeño como Ecuador, tiene más anfibios (182) que toda Argentina (172), que es un país gigantesco”, dijo Santiago Ron, profesor de la Escuela de Biología de la Universidad Católica del Ecuador y PhD en Ecología, Evolución y Comportamiento, a ese medio digital.
La primera audiencia se hizo en la ciudad de Puyo, lejos de los hogares de los indígenas. Las mujeres hablaron en lengua y la diligencia se canceló. Eran apenas 300 personas. Para la segunda audiencia, a finales de 2018, 300 personas llegaron al recinto judicial de la Corte de Justicia, pero unas 5.000 afuera demostrando su apoyo a la causa de los indígenas de Pastaza. La tercera audiencia, en mayo, tuvo una convocatoria aún mayor, y los manifestantes se quedaron desde las ocho de la mañana hasta las 10 de la noche, cuando la jueza falló a favor de los indígenas.
“La consulta sí existió pero fue digamos teórica, con mecanismos occidentales. Lo que queríamos es que se entendiera como un reconocimiento a nuestro derecho a decidir sobre nuestro territorio, no como un trámite más”, dice Waroca, sentado en el parque principal de Florencia, en Caquetá.
Él y otros dos compañeros estuvieron un mes en Colombia participando de la Escuela de Formación Política de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía (OPIAC). “No queremos impactos ambientales como se han visto en otras partes. Por eso vinimos, porque también nos dimos cuenta de que es un problema de incomunicación y de corrupción dentro de las organizaciones indígenas”, explica Waroca.
Abraham Boyotai Enomega, otro indígena Waorani de Pastaza que atendió a la escuela política, cuenta la solución a la que han llegado en los últimos años para que no vuelvan a verse “engañados” por no saber qué pasa en la Amazonía; “Yo soy veedor comunitario y lo que hacemos es ingresar a las comunidades y con GPS, cámara y planillas en los teléfonos vamos monitoreando qué pasa en el territorio. Quién entra, dónde se caza, dónde se pesca y si entran con barbasco o dinamita que es prohibido, si vemos a alguien extraño. Luego, cuando volvemos a tener internet en ciudades como Puyo, compartimos eso en una plataforma y así los compañeros que están lejos pueden saber qué está pasando. Mucha información está en la lengua de nuestra nacionalidad”.
La plataforma lleva dos años en funcionamiento y es parte del proyecto Amazonia 2.0, una iniciativa que convoca a organizaciones de la sociedad civil de seis países amazónicos (Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Guyana, Surinam y Brasil) para que se construya una plataforma que conecte al bioma amazónico.
“Los bosques de la Amazonía están conectados entre ecosistemas, pero tecnológicamente las comunidades indígenas y campesinas están aisladas tecnológicamente. Si existe un lugar donde puedan compartir sus experiencias de aprovechamiento forestal y de organización, podrían fortalecerse los bosques y la gente. Por eso la experiencia de los Waorani es tan importante desmenuzarla y contársela a quienes realmente deben conocerla a fondo: las personas indígenas que gobiernan los bosques amazónicos”, dice Clara Solano, subdirectora de Fundación Natura, la ONG que hace parte del proyecto en Colombia.
En cuanto a fallos judiciales, parece que los indígenas ecuatorianos “mandan la parada”. En 2018, y tras 25 años de pelea, la Corte Constitucional de Ecuador el máximo órgano de control legal del país, anunció que descartó el recurso de la empresa petrolera Chevron al considerar que no ha habido vulneración de los derechos de la petrolera en el juicio por el que estaba acusado de daños ambientales y sociales causados por la explotación petrolera entre 1964 y 1992 en la Amazonía ecuatoriana.
Según EFE, en 2011 los bloques petroleros en la Amazonía ecuatoriana cubrían el 76 por ciento de la superficie total de territorios de siete nacionalidades indígenas y afectaban a la movilidad de colectivos aislados como Tagaeri y Taromenane.
Foto: Indígenas Waorani del Ecuador haciendo veeduría comunitaria con GPS.