La Iglesia católica reveló el documento que guiará el Sínodo que se llevará a cabo en octubre en el Vaticano. La reunión girará en torno a los problemas que enfrenta ese territorio suramericano que hoy está amenazado por varios intereses económicos y políticos que amenazan a los pueblos indígenas.
El próximo sínodo de la Iglesia católica, esa gran reunión global de obispos que se lleva a cabo en el Vaticano cada año, girará en torno a un tema que hoy, más que nunca, inquieta a los ambientalistas: la Amazonía.
En ese encuentro, que se llevará a cabo entre el 6 y el 27 de octubre, la Iglesia, advierte el documento de trabajo, “tendrá la oportunidad histórica de diferenciarse netamente de las nuevas potencias colonizadoras escuchando a los pueblos amazónicos».
“La Amazonía clama por una respuesta concreta y reconciliadora», se lee en otro apartado del Instrumentos laboris, el documento que guía los debates en cada Sínodo y en el que se recogen los informes y cuestionarios realizados durante la preparación de esta asamblea de obispos
“La Iglesia espera reaccionar responsablemente ante la situación global de injusticia, pobreza, desigualdad, violencia y exclusión”, advierte la Iglesia en el texto de 30 páginas. Su lema es este: «La Amazonía: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral».
La idea, como lo anunció la agencia EFE, es que la Iglesia levante la voz ante una región que cada vez enfrenta más dificultades. Tal como lo reveló a principios de junio un informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental (Raisg), el 68% de ese territorio está amenazado por proyectos de minería, infraestructura o nuevas carreteras.
Se trata de una región que comparten Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. Representa el 40 % del área de bosque tropical global, tiene entre el 10% al 15 % de la biodiversidad terrestre y almacena entre 150.000 y 200.000 millones de toneladas de carbono cada año.
Solo en Colombia, en 2016 se deforestaron 70.074 hectáreas de selva amazónica. En 2017 esa cifra aumentó a 144.147 hectáreas.
Para contener esos problemas, la Iglesia realizó varias propuestas. En el documento señala que «la vida en la Amazonía está amenazada por la destrucción y explotación ambiental, por la sistemática violación de los derechos humanos básicos de la población amazónica, y en especial la violación de los derechos de los pueblos originarios».
También hace eco de las denuncias recogidas durante los meses de preparación de las comunidades locales, que afirman que la amenaza proviene de «intereses económicos y políticos de los sectores dominantes de la sociedad actual, en especial de empresas extractivas, muchas veces en connivencia o con la permisividad de los gobiernos locales, nacionales y autoridades tradicionales (de los mismos indígenas)».
Estas comunidades denuncian, según recoge el texto, que la vida en el Amazonas está amenazada por «la criminalización y asesinato de líderes y defensores del territorio; la apropiación y privatización de bienes de la naturaleza, como la misma agua; las concesiones madereras legales e ingreso de madereras ilegales; los megaproyectos, la contaminación ocasionada por toda la industria extractiva», entre otras cosas.
Por ello, durante el Sínodo se propondrá que la Iglesia «asuma la denuncia contra modelos extractivistas que dañan el territorio y violan los derechos de las comunidades» y «promueva la formación, defensa y exigencia de los derechos humanos de los pueblos de la Amazonía».
Así mismo, en el documento se aboga sobre todo por la defensa de los pueblos amazónicos originarios «que tienen mucho que enseñarnos» y por la necesidad de entablar un diálogo intercultural «en el cual los pueblos indígenas sean los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios».
Sin embargo, se reconoce que «a menudo la disposición a dialogar encuentra resistencias» porque los intereses económicos y un paradigma tecnocrático repelen toda tentativa de cambio».
Ante ello, se propone la necesidad de “indignarse, no de modo violento, pero sí de modo firme y profético», y que se actúe con audacia «frente a los atropellos de los pueblos y a la destrucción de sus territorios» y se «responda sin demora al clamor de la tierra y de los pobres».
También califica «de atentado contra los derechos humanos» la penalización de las protestas contra la destrucción del territorio y de sus comunidades.
El documento se ocupa, así mismo, de los llamados Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario o pueblos libres y se pide que los respectivos gobiernos garanticen los recursos necesarios para su protección efectiva.
En el Sínodo sobre el Amazonía se hablará, igualmente de corrupción, que se extiende en la región y que es de al menos dos tipos: «la que existe fuera de la ley y la que se ampara en una legislación que traiciona el bien común» y recuerda «que gente que ocupó puestos públicos y que hoy están siendo juzgados, están en la cárcel o se han dado a la fuga».
Foto: Minas a cielo abierto en el Parque Nacional Canaima, en Venezuela.
