La evidencia inclina la balanza hacia la incertidumbre, pero la política hacia el sí. Hace 30 años se ocultó un informe clave para el país, y tras la audiencia de la Corte Constitucional queda la sensación de que no toda la información se está compartiendo.
Por Maria Mónica Monsalve y Helena María Calle (mmonsalve@elespectador / [email protected])
El jueves pasado la atención de Colombia estuvo concentrada, por un momento y quizá como nunca, en lo que sucedía dentro de las paredes de la Corte Constitucional.
El escenario enfrentaba dos preocupaciones prioritarias del país: detener la producción de cocaína, que con 1.379 toneladas en 2017 encontró su pico más alto en la historia, y aquella que temía por los riesgos que el glifosato, el químico estelar de la estrategia anti drogas, representaría para el medioambiente y la salud de los colombianos.
Aunque los argumentos por parte y parte recurrían a palabras similares, como “no hay suficiente evidencia científica”, “hay una asociación con el cáncer en humanos” o “es probablemente cancerígeno”, a la hora de dar las recomendaciones, no podían ser más disímiles.El Gobierno actual vio la falta de datos certeros como una ventana para que el glifosato aéreo vuelva, mientras funcionarios del gobierno pasado prefirieron optar por la precaución por la misma razón.
¿Por qué con evidencia tan similar las posiciones son tan distintas? La respuesta tiene que ver con los estudios que eligieron presentar, los que no se mencionaron y alguna que otra investigación que, quizás, aún está engavetada.
La ciencia que le deben a la Corte
En 2017, la Corte Constitucional falló a favor de las comunidades étnicas del municipio de Nóvita, en Chocó, gracias a una tutela interpuesta por el personero Jarry Gómez. En la tutela, el personero manifestó que dentro del Plan Colombia, que inició en 2000, el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó erradicar cultivos ilícitos, principalmente coca y marihuana, por aspersión aérea, utilizando glifosato mezclado con polioxietil amina (o POEA, una especie de agente humectante para pesticidas y herbicidas) y Cosmo Flux 411 (un químico que potencia el efecto del glifosato de la que no hay información sobre su toxicidad en humanos).
“Al ser un líquido esparcido mediante avionetas, por los vientos y lluvias, ‘van a parar a los cultivos lícitos, de los agricultores, a las fuentes hídricas y a las zonas habitadas’”, reza la tutela. El fallo de la Corte Constitucional determinó que las comunidades étnicas de Chocó debían ser consultadas sobre los programas de aspersión con glifosato, y que se suspendía el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato (PECIG).
Además, propuso seis puntos para poder reanudar el programa. Entre ellos, la Corte dijo que debe haber ciencia más conclusiva involucrada en la decisión de darle luz verde (o no) a la aspersión aérea con glifosato.
La ciencia que pasó de agache
En la letra chiquita del fallo de la Corte, emitido en 2017, la falta de certeza científica en las decisiones que se tomaron mientras el PECIG estuvo activo, se hace evidente.
Cuando la Corte preparaba el caso, les pidió al Ministerio de Salud y al Consejo Nacional de Estupefacientes una serie de documentos sobre su gestión.
Efectivamente, el Minsalud dio prueba de que durante 2012 y 2015 siguió monitoreando los efectos del químico sobre la salud y estuvo pendiente de nueva evidencia científica.
Es más, en 2012, el Instituto Nacional de Salud identificó riesgos asociados al Cosmo Flux 411-F y, un año más tarde, recomendó reemplazarlo por un producto menos tóxico.
Pero esto nunca se hizo. El Consejo Nacional de Estupefacientes (que estaba a cargo de la aspersión aérea) no actuó para disminuir los riesgos sobre la salud, aun sabiendo de ellos.
Además de esos hallazgos, hay una serie de datos que aún ni siquiera la Corte Constitucional conoce. La Dirección de Antinarcóticos debía verificar los efectos de las aspersiones sobre su entorno, como los cultivos lícitos y fuentes de agua alcanzadas por los químicos.
Pero el Consejo Nacional de Estupefacientes y la ANLA determinaron que era suficiente tomar una sola muestra, no varias. No explican las razones. (Glifosato, una prueba de fuego entre el gobierno Duque y la Corte Constitucional)
“La Corte considera que el alto grado de discrecionalidad de la Dirección Antinarcóticos en el establecimiento de la muestra a evaluar genera una protección irrazonablemente baja contra los posibles efectos en la salud”, se lee en el fallo.
La ciencia que se puso en duda
El programa se suspendió en 2015 gracias al informe científico que la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) publicó en la revista Lancet Oncology.
En ese reporte, 17 investigadores clasificaron el herbicida glifosato y otros cuatro más como “probablemente carcinogénicos para humanos”. Es decir, aunque encontraron que no había una causalidad directa, sí hay una asociación probable.
Pero un análisis del Instituto Nacional de Salud sobre ese informe duda del resultado: “Es interesante que la evidencia que usaron no es nueva y que la IARC considera que hay evidencia suficiente de carcinogenicidad en animales de experimentación, pero limitada en humanos”.
También criticó que solamente se presentaron estudios con agricultores que usaban glifosato como herbicida. Mas no exploró los efectos de la aspersión aérea (que no es controlada porque depende de factores como el viento y la lluvia, y que puede caer sobre personas que no están protegidas con guantes y otros implementos). (¿Debería prohibírse el glifosato? Una explicación paso a paso)
Lo cierto es que en la audiencia del jueves la atención viró de las ciencias biológicas y de salud hacia la seguridad nacional. En su intervención de apertura, el presidente Iván Duque dijo: “Quisiera plantear respetuosamente que esta no es una discusión sobre un herbicida. La verdadera discusión es sobre la amenaza de riesgos que enfrenta nuestro país por el crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos y las consecuencias para la seguridad nacional”.
Sin embargo, vale la pena echar un vistazo a los informes científicos que aún generan controversia, y que los ministros a favor del retorno de la aspersión aérea con glifosato (de Defensa, Ambiente y Salud) no supieron explicar.
Ministros rajados
Los tres ministros convocados a la audiencia quedaron mal parados en materia científica, pues sus datos fueron refutados por expertos que también convocó la Corte. Aunque a ambas partes se les debe dar un respiro, pues los estudios que eligieron citar son precisamente el reflejo de la falta de consenso científico con respecto a los efectos del glifosato.
Empecemos por Guillermo Botero, ministro de Defensa. Cuando el magistrado Alejandro Linares le preguntó qué método de erradicación de hoja de coca era más barato (si el manual o el aéreo), Botero respondió que el aéreo: “Fumigar una hectárea con aspersión aérea cuesta dos millones de pesos. La manual cuesta el doble”.
Sin embargo, en una intervención posterior, Diana Rodríguez, subdirectora de Dejusticia, le tumbó el argumento con información que le solicitó a Presidencia. Según los cálculos, la erradicación forzosa entre 2005 y 2014 costó $23 millones por hectárea cuando fueron erradicadas manualmente, y $72 millones por hectárea cuando lo fueron por aspersión aérea. “De acuerdo con lo expuesto, se puede decir que la relación costo-beneficio de sustituir es más razonable que la aspersión aérea”, sostiene el documento de Presidencia que citó Rodríguez.
Hay otros estudios en Colombia que concluyen algo similar. En 2008, tres economistas publicaron el estudio “Sobre los efectos de la aplicación en los mercados ilegales: evidencia de un cuasi-experimento en Colombia”, en la revista The World Bank Economic Review. Allí calcularon que fumigar una cuadrícula de 100 hectáreas reduce solo 0,3 hectáreas de coca, y para reducir el cultivo en una hectárea habría que rociar entre 33 y 45 hectáreas. Así las cosas, concluyeron que el costo promedio por hectárea rociada fue de US$750, así que para erradicar una hectárea de manera aérea se necesitarían entre US$24.750 y US$33.750.
“Estos efectos son demasiado pequeños para hacer que la fumigación aérea sea una política rentable para reducir la producción de cocaína en Colombia”.
El rajado en biología fue el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano. La magistrada Diana Fajardo le preguntó sobre el impacto del herbicida en otros seres vivos, a lo que el ministro propuso medir el impacto en flora y fauna posterior a la fumigación, mas no mencionó estudios existentes.
Uno de ellos, publicado en la revista Salud Pública, en 2005, concluyó que la acción herbicida del glifosato podría alterar procesos celulares en animales. “La exposición a altas concentraciones de glifosato tuvo efectos adversos, que pueden conducir al daño del ADN en las células vegetales y animales”.
Hay otra investigación sobre los efectos no del glifosato, sino del Cosmo Flux-411 F en cuatro especies de anfibios, realizado por la Universidad de Ibagué. El estudio concluye que la concentración en la que se aplica el químico al campo para agricultura no produce efectos letales, ni afecta el desarrollo de los embriones de los anfibios. Punto en este caso para los defensores del glifosato.
Juan Pablo Uribe, ministro de Salud, tuvo que responderle al magistrado ponente Alberto Rojas Ríos, quien le preguntó si el Gobierno contaba con un estudio concluyente que demostrara que el glifosato no deteriora la salud humana. “La ciencia no es conclusiva”, dijo, y citó tres estudios hechos por entidades oficiales, aún desconocidos.
En defensa de Uribe, la pregunta está difícil. Si bien no hay estudios que demuestren que el glifosato no conlleva ningún riesgo para la salud, los que sí lo hacen están bajo cierto manto de duda razonable, porque, de nuevo, no son enteramente conclusivos.
Hay una docena de estudios en Colombia, pero escogimos dos para reseñar aquí:
Un estudio de 2009, publicado en la revista Biomédica, estudió a 112 individuos de las áreas asperjadas de ocho departamentos durante 2005 y 2006. Se les aplicó una encuesta y se recolectaron muestras de orina para saber qué tanto glifosato tenían en la sangre. Aunque sí tenían trazos de glifosato, no se pudo comprobar que fuese gracias a la aspersión aérea, ya que la mayoría de ellos también estaban expuestos al químico por usarlo como herbicida en otros cultivos.
Por otro lado, en 2017, dos economistas analizaron los efectos de la aspersión aérea sobre la salud de pobladores de municipios cocaleros entre 2003 y 2007, los años más intensos de aspersiones. El estudio, publicado en la revista Journal of Health Economics, concluye que la exposición al herbicida utilizado en campañas de fumigación aérea aumenta el número de consultas médicas relacionadas con enfermedades dermatológicas y respiratorias, así como el número de abortos involuntarios. (12 estudios sobre glifosato en Colombia)
Ciencia engavetada
En 1983, Colombia dio un debate que 36 años después no ha llegado a su fin. Cuando consideraba si iniciar o no fumigaciones con herbicidas para combatir los cultivos ilícitos del país, el Consejo Nacional de Estupefacientes convocó a un grupo de científicos , nacionales e internacionales, para que analizaran cuáles eran los riesgos. Sobre la mesa estaba el paraquat, un herbicida que se descartó por su alto nivel de toxicidad, y el glifosato.
El Comité de Expertos en Herbicidas, como fue bautizado, estaba dirigido por el doctor Édgar Podlesky, en ese entonces jefe del Laboratorio de Investigaciones del INS, quien usó casi toda la información que existía sobre herbicidas en la época. Tenían en el Comité a miembros del ICA y de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y se solían reunir con expertos de la policía, de las universidades, de la Organización Mundial de la Salud, y de los ministerios de Salud y de Justicia.
Tras un trabajo exhaustivo, publicaron conclusiones en 1986. “Para el paraquat fue un no rotundo y, frente al glifosato, aunque era un producto menos peligroso, no lo recomendamos por la vía aérea. La decisión era que había otras alternativas, como la erradicación manual o fumigación con bombas en la espalda”, recuerda el doctor Podlesky.
En efecto, como lo reseñó el artículo “Glifosato, el informe oculto 30 años”, publicado en 2015 por El Espectador, los expertos sugirieron lo siguiente: “Su toxicidad en humanos es poco conocida. No hay literatura al respecto (…) Igualmente, se desconocen sus potenciales efectos, como las consecuencias del consumo de marihuana contaminada con el herbicida. Se desaconseja la ejecución del programa propuesto, porque sería aceptar la experimentación en humanos”.
Ignorando la ciencia en 1986, el Ministerio de Justicia le dio vía libre al glifosato, comenzó el Plan Colombia y el documento quedó engavetado.
“Siempre ha sido así, lamentablemente. Los políticos solo usan los hallazgos e investigaciones de la ciencia cuando los beneficia. Pero cuando es a favor de la humanidad, del medioambiente, no lo utilizan”.
Frente al debate de la semana pasada, y ya lejos de la época en la que trabajaba en el INS, Podlesky tiene la sensación de que el tiempo se congeló. La evidencia científica, esta vez mucho más robusta, apunta a que el glifosato es “probablemente cancerígeno” y el Gobierno sigue defendiendo la aspersión aérea. (Lea también: Glifosato, el informe oculto 30 años)
“Es ilógico que aún se traiga a discusión la cuestión de llenar aviones con tóxicos para combatir algo ilegal que no se ha podido controlar de esta forma. No hace falta tener dos dedos de frente para saber que la solución tiene que ver con una política internacional, con la legalización. Cuando publicamos el informe se argumentó casi que el mundo, sino Colombia, se iba a acabar si no se fumigaban aéreamente los cultivos ilícitos y vino Estados Unidos a imponerlo. ¿Qué pasó? Se siguió produciendo cocaína”.
Hay algo que sí ha cambiado, y es que institutos de salud oficiales han realizado estudios buscando aclarar datos sobre los riesgos del glifosato en la salud y el medioambiente en Colombia.
Por lo menos, eso dio a entender el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, durante la audiencia en la que citó solo las conclusiones de tres de ellos: dos del INS y uno liderado por el Instituto Nacional de Cancerología (INC). Esto sorprendió a Podlesky. “En mis 30 años en el INS no se patrocinó ningún estudio sobre glifosato. Pero no por falta de presentación, porque hice protocolos para estudios de impacto en salud e impacto ambiental”.
El asunto es que incluso hoy sigue siendo una odisea acceder a ellos.
El Espectador les pidió los estudios citados por Uribe tanto al INS como al INC, y ambos respondieron que esos conceptos técnicos fueron entregados al Ministerio de Salud, por lo que era la cartera la responsable de compartirlos. Mientras, el Minsalud explicó que esos estudios los tenía el ministro Uribe en físico y los entregó firmados a la Corte. En medios electrónicos no los tienen disponibles.
Sin los estudios a la mano es imposible entender del todo su alcancé científico, ya que no hay claridad sobre la población analizada, los períodos investigados o las mismas limitaciones que pueden llegar a tener. Por ahora solo nos podemos quedar con lo que dijo Uribe en la audiencia (y que no despeja mucho el panorama).
Lo primero es que el estudio “Linfoma No Hodgkin en Colombia, comportamiento epidemiológico en zonas expuestas y no expuestas a aspersión con glifosato”, publicado en febrero, concluye que la información no es suficiente para estimar si existe asociación entre la exposición al glifosato y la incidencia y mortalidad del linfoma No Hodgkin.
El segundo es que a partir de un estudio descriptivo que hizo el INS, también en febrero, sobre 93 quejas reportadas al programa de aspersión aérea con glifosato, entre 2001 y 2015, la qué más se manifestó, con 15 %, fue dermatológica (no se sabe qué tipo de quejas eran las demás).
Y en el tercero, el INS “realizó una serie de análisis de muestras de aguas que fueron recolectadas antes de la aspersión, posaspersión y 60 días después de la misma, entre 2005 y 2015. La investigación concluyó que el 77 % de las muestras tuvieron niveles no detectables de la sustancia en alguna de las fases de análisis y que las muestras con valores detectables están por debajo de los permitidos en agua de consumo humano por la Agencia de Protección Ambiental (EPA)”.
A pesar de que el glifosato puede representar no solo un problema de salud, sino también un riesgo ambiental incierto, la tendencia a que su evidencia científica permanezca oculta no es un caso sui generis para Colombia.
No en vano, este jueves, el mismo día que ministros, exministros, científicos y activistas colombianos se paraban para dar argumentos ante la Corte Constitucional, un Tribunal General de la Unión Europea obligó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) a permitir el libre acceso a todos los estudios sobre el glifosato.
Según EFE, tanta ciencia oculta al público se debe a que “la divulgación supondría un perjuicio serio para los intereses comerciales y financieros de las empresas que presentaron los informes de estudio”.
Sin duda una victoria ante el secretismo que ha rodeado a la evidencia científica sobre el glifosato en Colombia y en varias partes del mundo.
