Autoridad dijo que modificaciones al Código Penal peruano incluyen la prisión efectiva para las personas vinculadas a la comercialización ilícita de madera y para quienes destruyan los bosques naturales.

En declaraciones para El Peruano, Fourment explicó que las reformas dispuestas por el Gobierno, en el Decreto Legislativo 1237, como parte de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, ya se encuentran vigentes a fin de fortalecer el combate contra los que destruyen los bosques.

“El Poder Ejecutivo dictó este tipo de normas de tal manera que la lucha contra la tala ilegal sea frontal. Esto también contribuirá a cumplir la tarea de proteger con firmeza los recursos forestales del país”, señaló.

PRISIÓN PARA TALADORES

El funcionario explicó que los cambios al Código Penal establecen la pena privativa de la libertad para quienes dañen, destruyan y talen los bosques naturales sin contar con autorización.

La cárcel se incrementó hasta siete años para los que participen en la cadena delictiva del tráfico ilegal de madera, lo que implica adquirir, acopiar, almacenar, transformar, transportar, ocultar, custodiar, comercializar, embarcar, desembarcar, importar, exportar o reexportar el recurso en forma ilícita.

Asimismo, se estipuló penas de hasta siete años de prisión para quienes obstruyan las investigaciones, verificaciones o supervisiones en relación con la trazabilidad de la madera, y de hasta cinco años, para las personas que empleen la intimidación o la violencia contra un funcionario que cumple su labor.

Por otro lado, se aumentaron las sanciones, de hasta diez años de cárcel efectiva para los que comentan delitos en el interior de tierras en propiedad o posesión de las comunidades nativas.

Para Fourment, ese tipo de medidas están orientadas también a proteger a las comunidades nativas y resguardar la paz social en esas zonas del país.

DATOS:

• Como parte de la delegación de facultades, el Poder Ejecutivo declaró de necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria, las acciones de interdicción contra la tala ilegal y el tráfico ilegal de productos forestales maderables, así como las actividades relacionadas.

• La citada medida, establecida mediante el Decreto Legislativo 1220 el mes pasado, apunta a garantizar la seguridad, la conservación del patrimonio forestal nacional, el cumplimiento de las formalidades tributarias y aduaneras, y el desarrollo de actividades económicas forestales sostenibles.

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