Azerbaiyán y Brasil, como presidencias de la COP29 y COP30, dieron a conocer el reporte que buscaba informar cómo aumentar los flujos de dinero a $1,3 bilones de dólares. Qué aspectos positivos incluye, qué elementos clave omite, cuáles son los aportes polémicos, cómo se continúa a partir de esto.
“El mandato es claro. Tenemos que entregar esta hoja de ruta, pero no se espera que sea reconocida, aprobada o bien recibida”, dijo André Corrêa do Lago, en conferencia de prensa ante el lanzamiento oficial del esperado reporte sobre financiamiento climático: la Hoja de Ruta Bakú-Belém hacia $1,3 billones de dólares, conocida en inglés como el roadmap to 1.3T.
Con 75 páginas y seis días más tarde de la fecha inicial de publicación anunciada (el 30 de octubre), el documento es una consecuencia de la nueva meta decidida en la COP29 -la famosa NCQG- que definió cómo será el financiamiento climático a partir de 2026, es decir, el próximo año.
“Recibir tantas recomendaciones de las diferentes partes ha sido un proceso muy interesante”, afirmó el diplomático y sorprendió al responder sobre el futuro del roadmap: “Esperamos que esto ayude. No creo que el estatus del roadmap cambie mucho”.
La NCQG estableció que se movilizarán $300 mil millones de dólares anuales para 2035 a países en desarrollo, procedentes de fuentes públicas y privadas, bilaterales y multilaterales. La cifra quedó muy lejos del billón reclamado por países en desarrollo y recomendado por distintos análisis. Ante el inevitable descontento que esto generó, se incluyó el roadmap. ¿Para qué?
“Decide lanzar la Hoja de Ruta Bakú-Belém hacia 1,3T con el objetivo de ampliar la financiación climática para las Partes que son países en desarrollo”, cita la decisión con los detalles que se observan en la imagen. Azerbaiyán y Brasil, como presidencias de la COP29 y la COP30, asumieron el rol de “guiar” esa hoja de ruta y “elaborar un informe que resuma el trabajo realizado”. Luego de consultas con y contribuciones de distintos actores, ese informe se dio a conocer hoy.
“Es un documento que trata de reflejar qué es lo que está sucediendo y enfatizar algunas de las cosas que se pueden hacer, pero es un documento que queda sumamente descriptivo”, analiza Sandra Guzmán, directora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), en diálogo con InfoAmazonia y agrega: “Sabíamos que no iría a mucha profundidad, pero las recomendaciones que ofrece quedaron más generales de lo que esperábamos. El roadmap habla de muchas cosas, pero la manera en que lo aborda es sumamente débil”.
Sabíamos que no iría a mucha profundidad, pero las recomendaciones que ofrece quedaron más generales de lo que esperábamos. El roadmap habla de muchas cosas, pero la manera en que lo aborda es sumamente débil.
Sandra Guzmán, directora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC).
Un montón de recomendaciones de acción y sólo dos compromisos
“Lo más significativo que el roadmap hace es finalmente conectar la pregunta sobre la reforma de la arquitectura financiera con la Convención (de cambio climática)”, dice Rebecca Thissen, Global Advocacy Lead de la red internacional Climate Action Network (CAN), y agrega: “Realmente llama a los distintos actores y procesos para que intenten pensar juntos cómo escalar el financiamiento climático”.
En función del proceso de consultas y contribuciones de los distintos actores, el informe centra las propuestas de acción alrededor de cinco “frentes” transversales, que denomina 5R. Ellos son: el reabastecimiento de las subvenciones (grants), financiamiento concesional y capital a bajo costo; el reequilibrio del espacio fiscal y la sostenibilidad de la deuda; la redirección de la financiación privada; la reestructuración de la capacidad y coordinación para proyectos climáticos a gran escala; la reconfiguración de los sistemas y estructuras para flujos de capital.
En complemento, agrega medidas prácticas a corto plazo para “guiar una implementación temprana”. “Una cosa que el roadmap no hace es comprometerse a algo”, analiza Thissen y argumenta: “Hay un montón de llamados a evaluaciones, coordinaciones, acciones, pero no hay compromiso real a nada. Una auténtica falta de dirección política. Es como un mapa sin brújula”.
Hay un montón de llamados a evaluaciones, coordinaciones, acciones, pero no hay compromiso real a nada. Una auténtica falta de dirección política. Es como un mapa sin brújula.
Rebecca Thissen, Global Advocacy Lead de la red internacional Climate Action Network (CAN)
El informe presentado no es un documento de decisión, el propio Correa do Lago lo calificó de “documento interpresidencial”. Hay sólo dos compromisos que se asumen: las presidencias organizarán diálogos con los países y otros actores para debatir cómo avanzar con el roadmap en el mediano y largo plazo, y convocarán un grupo independiente de expertos para refinar datos y desarrollar vías de financiación hacia el 1,3.
Esto último suena similar al que iba a hacer el propósito del roadmap. ¿Lo fue? “El informe incluye elementos vinculados a la movilización, pero no se enfoca en ella. Habla de que se van a incrementar los flujos, pero no dice cómo”, critica Guzmán.
Más presencia de actores no estatales, ¿qué ocurre con la responsabilidad de gobiernos de países desarrollados?
Ya en las reuniones preparatorias de junio en Bonn, había descontento no sólo de organizaciones de la sociedad civil sino también de algunos delegados de países por la poca transparencia e inclusión en el proceso de las consultas que las presidencias estaban llevando a cabo. La crítica se dirigía a un mayor rol y escucha que se le estaba dando a otros actores -los stakeholders-. Eso hoy se nota en el documento presentado.
La mayoría de las acciones sugeridas está dirigida a bancos multilaterales de desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI). Recomienda, por ejemplo, que los bancos multilaterales de desarrollo podrían informar en conjunto cómo podrían lograr un objetivo más ambicioso de financiación climática para 2035, o que el FMI podría realizar una evaluación de los costos, beneficios y viabilidad de una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro -creados para complementar reservas de países-
Ello difiere del principal reclamo de los países en desarrollo: que la discusión se centre en la responsabilidad que, bajo el Acuerdo de París, los países desarrollados tienen de movilizarles dinero. El roadmap sugiere que los países desarrollados podrían considerar la posibilidad de trabajar juntos en un plan que ofrezca detalles sobre cómo alcanzar el objetivo de los $300 mil millones de dólares. Y que ello pudiera incluirse en sus próximas comunicaciones bienales a fines de 2026. “Este delivery plan es bienvenido. Por supuesto está atrasado un año”, evalúa Thissen. La movilización de la meta debe iniciar en 2026, no cuando finalice dicho año.
“El roadmap no está afianzando lo que los países en desarrollo quieren: saber cuánto van a recibir”, dice Guzmán y anticipa que seguramente van a empujar aún más fuerte por incluir la discusión sobre el Artículo 9.1 del Acuerdo de París a la agenda de trabajo de la COP30. ¿Por qué este artículo? Es el que se refiere a la responsabilidad de los países desarrollados de proporcionar recursos financieros a los países en desarrollo. Es decir, de movilizar dinero público de gobiernos.
InfoAmazonia preguntó en conferencia de prensa sobre esta desigualdad de actores. Sólo comparando con los bancos multilaterales de desarrollo, Ana Toni, directora ejecutiva de la COP30, respondió: “No se trata de una cosa u otra. Los gobiernos forman parte del directorio de esos bancos. Por lo tanto, los bancos no pueden hacer lo que quieran, deben rendir cuentas a los gobiernos”.
Foco en acciones externas a la Convención, que despiertan debate, y ‘falsas soluciones’
El mayor vínculo con actores distintos de los gobiernos nacionales que se percibe en el informe se traslada a un predominio de acciones que, si bien impactarían indirectamente en la cantidad y calidad de financiamiento para acción climática dependen de procesos externos a los de la COP. Ejemplo de ello, es que países acreedores, FMI y bancos colaborarán para aliviar la carga de deuda que enfrentan los países en desarrollo. Ello sería mediante cláusulas de deuda resilientes al clima, canjes de deuda por acciones de naturaleza o clima, entre otros.
De las acciones que sí se encuentran dentro del proceso de la Convención, Guzmán ve con preocupación el énfasis puesto en mercados de carbono como una forma de acceder a financiamiento. “Es una sección super preocupante. Mercados de carbono no tiene nada que ver con el artículo 9 del Acuerdo de París. Por eso el tema está en el artículo 6 del acuerdo”, dice.
Con ella coincide Thissen: “Sin mayores sorpresas, mucha confianza del roadmap recae en soluciones rápidas y falsas, como eliminaciones de deuda y mercados de carbono. Son per sé parte de la solución, pero ahora esto le eleva la prioridad y, cuando eso ocurre, toda la atención política irá detrás de esas acciones específicas y no de las propuestas sistémicas y transformadoras”.
El informe menciona las inversiones tempranas en combustibles de bajas emisiones y en la captura y el almacenamiento de carbono como medidas “cruciales” para el sector marítimo y la aviación. Para Caio Victor Vieira, especialista en Política Climática del Instituto brasileño Talanoa, hay un énfasis proporcionado en una tecnología que no es viable a gran escala, en luz de tratar la eliminacióón gradual de los subsidios a los combustibles fósiles.
¿Y ahora qué?
Una de las principales preocupaciones a lo largo de los últimos meses fue que el roadmap termine siendo sólo un reporte y “muera” como tal en la COP30 no logrando impactar en la puesta en práctica de lo importante: escalar el financiamiento climático a $1,3 billones de dólares.
El próximo paso será ver, por un lado, cómo se continúa con los dos compromisos asumidos por las presidencias y, por otro, cuál será la respuesta de los países al roadmap en Belém. Las opciones son múltiples.
Los países podrían aceptar el documento, darle la bienvenida o agradecimiento, y nada más. También podrían solicitar incorporarlo como ítem a la agenda para continuar con él en el trabajo formal de las negociaciones. O podría ser incluido de alguna forma en el documento final integrador conocido como Cover Decision que, conforme lo dicho por Corrêa do Lago a InfoAmazonia hace unas semanas, ahora Brasil estaría más dispuesto a aceptar.
Pero no parece que ello esté en los planes de la presidencia de la COP30. “No hay un plan concreto. Tenemos muchos asuntos que debemos negociar y aprobar en la COP. Estamos muy satisfechos de haber cumplido con lo solicitado en la decisión (de la NCQG), y no hay ninguna prioridad en que la COP lo apruebe, reconozca o lo que sea”, dijo Corrêa do Lago ante el lanzamiento del informe.
Ante las reiteradas preguntas de los periodistas, Corrêa do Lago argumentó: “Nos estamos moviendo a la lógica de la implementación, que se rige por las reglas del Acuerdo de París. No necesitamos una aprobación para que la gente haga lo que quiere hacer. Se necesita una aprobación para documentos que cambian algunas reglas, lo cual no es el caso. Por lo tanto, creo que este informe puede desencadenar una serie de coaliciones de países en una u otra dirección”.
Thissen y Guzmán coinciden en que las bajas expectativas en el roadmap y sus recomendaciones generales, posiblemente se trasladen a un refuerzo del reclamo de los países en desarrollo por discutir el cumplimiento de la responsabilidad de los países desarrollados de movilizar dinero público. Y ello podría impactar en los otros temas de discusión de la COP30.
Imagen de apertura: representantes de la sociedad civil durante los debates sobre la NCGQ en la COP29. Foto: UN Climate Change/Kiara Worth
