Aunque el gobierno brasileño y las empresas del sector lleven más de 50 años intentando aprovechar el potencial petrolero de la zona, sus posibles reservas siguen intactas. Esos intentos han sido frustrados por obstáculos de todo tipo, desde accidentes mecánicos durante la búsqueda de petróleo hasta sucesivos rechazos por parte del Instituto Brasileño de Medioambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) para la concesión de licencias.

En los últimos años, nuevos proyectos volvieron a intentarlo con fuerza máxima. Con el liderazgo de la estatal Petrobras y el gobierno brasileño, el sector petrolero ahora apuesta en estrategias políticas para aprovechar la que podría ser la última oportunidad de explotar las grandes reservas brasileñas mientras se discute la transición mundial a las energías renovables.

Sucuriju hace parte del llamado margen ecuatorial de Brasil, una región costera de gran biodiversidad en el extremo norte de Sudamérica. Ese territorio se extiende a lo largo de más de 2.000 kilómetros, desde el estado de Río Grande del Norte hasta la frontera con la Guayana Francesa. Además, ahí también está el bloque 59 (FZA-M-59), un área destinada oficialmente para la extracción de petróleo, pero que ha sido objeto de una gran tensión entre Petrobras e Ibama respecto a su viabilidad medioambiental.

Petrobras ya tiene la concesión de la Agencia del Petróleo, Gas y Biocombustibles de Brasil (ANP) para explorar el bloque, pero aún le falta una licencia ambiental: Una licencia ambiental es una autorización gubernamental para empresas y proyectos que puedan tener impactos ambientales. La licencia debe garantizar que los daños serán evitados o minimizados. El Ibama y algunas agencias locales son responsables por el licenciamiento ambiental en Brasil. para iniciar el proceso. La estatal defiende que, con la autorización de Ibama, necesitaría perforar un único pozo a 175 km de la costa del estado de Amapá, sin que la actividad represente grandes riesgos socioambientales. Este argumento es compartido por otras petroleras, así como por sectores del gobierno y políticos favorables al proyecto. 

“Lo que buscamos es la licencia para la perforación de un pozo, una actividad temporal, que durará entre cinco y seis meses”, explicó Daniele Lomba, gerente de licenciamiento de Petrobras, en una audiencia pública realizada en 2023.

Sin embargo, nuestra investigación revela una estrategia más amplia: la licencia para el bloque 59 funciona en realidad como una “cortina de humo” para destapar todo el margen ecuatorial brasileño a la actividad petrolera. Esta investigación forma parte del proyecto transfronterizo Hasta la última gota, un especial periodístico de cuatro medios de países amazónicos que revela los impactos de la industria petrolera en la región.

Para este artículo, que comenzó a producirse en junio de 2024, InfoAmazonia realizó un extenso análisis de los datos de ANP, habló con fuentes internas del gobierno brasileño, entrevistó a decenas de fuentes, además de reunir documentos y declaraciones públicas que revelan cuáles serán los próximos pasos para la exploración de petróleo en esa parte de la Amazonía.

Comenzamos por la planificación estratégica de Petrobras para el periodo 2025-2029, que presupone la perforación de 15 pozos en el margen ecuatorial brasileño. La petrolera espera invertir US$ 3 mil millones en el proyecto, que representa el 38% de los recursos destinados a la exploración de nuevas áreas de petróleo y gas natural en los próximos cinco años. Eso incluye inversiones en Brasil y Colombia.

Los planes de exploración son aún más evidentes en nuestro análisis de las concesiones de bloques petroleros: Los bloques petroleros forman parte de cuencas sedimentarias delimitadas oficialmente para la exploración y producción de petróleo y gas natural. Cada bloque puede encontrarse en distintas fases, como exploración, oferta o concesión, según la fase de exploración y las autorizaciones de que se trate. El tamaño de los bloques varía según la región y las características geológicas. en el margen ecuatorial hasta diciembre de 2024, según los datos de ANP. La costa entre los estados de Amapá y Maranhão tiene 321 bloques petroleros, de los cuales 25 ya han sido asignados para la exploración: La exploración es la etapa inicial después de la concesión de cada bloque petrolero. En esa fase se realizan estudios sísmicos y perforación preliminar de pozos para identificar el potencial productivo de las reservas. A diferencia de la fase de producción, aún no hay extracción continua de petróleo o gas para su comercialización. de empresas como Shell, BP, Brava Energia (resultado de la fusión de Enauta y 3R Petroleum), Prio y Petrobras. Los otros bloques aguardan concesión: 47 están en oferta: Los bloques en oferta son áreas delimitadas para la exploración de petróleo y gas puestas a disposición de las empresas interesadas en obtener concesiones. Las petroleras compiten por el derecho a realizar estudios para explorar el potencial de esos recursos. permanente, mientras que al menos 250 aún están en la llamada fase de estudio: Los bloques en fase de exploración son áreas delimitadas para la búsqueda y análisis de petróleo y gas natural. En esta fase se realizan estudios geológicos, sísmicos y ambientales para evaluar el potencial de las reservas antes de una posible explotación..

“Se ha creado una cortina de humo alrededor del bloque 59”, dijo Suely Araújo, coordinadora de políticas públicas del Observatorio del Clima y expresidenta de Ibama (2016-2019). 

Para Araújo, la exploración de ese bloque petrolero pretende “facilitar otras licencias”, sentando precedentes para explorar áreas cercanas. Además, según ella, eso podría “deslegitimar la actuación de Ibama”, cuyas determinaciones se ven amenazadas por presiones externas.

Rodrigo Agostinho, actual presidente de Ibama, coincide que “lo que está en juego es toda la exploración petrolera en una región poco conocida”. Agostinho le dijo a Bloomberg News en 2023 que “no se trata de un solo pozo; es eso lo que gritamos”.

En 2018, Suely Araújo, entonces presidenta de Ibama, rechazó cinco solicitudes de licencia de la francesa Total Energies para bloques próximos al 59 en la desembocadura del Amazonas. “Las rechacé porque las condiciones de la región son bastante complejas”, explicó. 

En aquel momento, la empresa británica BP era dueña de la concesión del bloque 59. Poco tiempo después, la petrolera recibió una respuesta de Ibama en la que señalaba que era “imposible” realizar una evaluación ambiental adecuada porque la solicitud estaba incompleta. El organismo declaró que la empresa no había cumplido los requisitos del plan de emergencia y recomendó encerrar el caso.

Ese mismo año, la contienda por la licencia del margen ecuatorial llegó al Ministerio Público Federal de Brasil (MPF). En una investigación civil, el organismo advirtió que el bloque 59 presentaba riesgo de derrame, lo que podría “poner en peligro una fauna regional ya bastante amenazada y los sistemas de arrecifes amazónicos”, además de llevar “consecuencias negativas” a las comunidades pesqueras, como Sucuriju. 

En 2020, Petrobras compró los seis bloques de Total Energies y BP en el margen ecuatorial de Brasil, todos ellos con conocidos problemas de licenciamiento medioambiental. En el sector petrolero hay el consenso de que apenas la estatal brasileña, con su fuerte influencia política y sus estrechos vínculos con el gobierno, puede ser capaz de destrabar la exploración en la zona.

“Si Petrobras, una empresa brasileña que tiene al gobierno como principal accionista, no lo logra, nadie lo va a lograr [obtener la autorización de Ibama]”, dijo João Correa, presidente de TGS en Brasil, una empresa noruega que realiza estudios sísmicos en el margen ecuatorial. 

“Si Petrobras consigue la autorización y encuentra algo allí, la seguiremos”, dijo Décio Oddone, CEO de Brava Energia, propietaria de cuatro bloques en el margen ecuatorial, en una entrevista a Reuters en 2024. 

Mientras Petrobras no abre la puerta a la exploración petrolera en la costa amazónica, otras empresas dueñas de bloques en la región aprovechan los vacíos legales para ganar tiempo y mantener sus concesiones. 

Según las normas de ANP, el incumplimiento de los plazos contractuales supondría la devolución de los bloques al gobierno federal. En el margen ecuatorial, 20 de los 25 bloques asignados —la mayoría desde 2013— no han comenzado la exploración según las normas establecidas, lo que justificaría encerrar los proyectos.

Sin embargo, la agencia permite ampliar los plazos en “casos fortuitos”; es decir, eventos que estén fuera del control de las empresas. Con ese argumento, las petroleras han justificado los retrasos para obtener las licencias medioambientales mientras mantienen activos los contratos.

Los otros cinco bloques tuvieron sus pedidos de licencias rechazados por Ibama en el 2018 y deberían haber comenzado la fase de exploración hasta el 2021. No obstante, cuando Petrobras compró los bloques, se reinició todo el proceso de concesión de licencias, dándole a la petrolera un nuevo plazo hasta el 2026 para presentar estudios actualizados. Desde ese entonces, los esfuerzos de la empresa se han concentrado en avanzar con la exploración en el bloque 59.

Uno de los principales desacuerdos respecto al licenciamiento del bloque 59 tiene relación con la Evaluación Ambiental de Áreas Sedimentarias (AAAS), estudio reglamentado en 2012 para apoyar el gobierno brasileño en sus decisiones sobre exploración de petróleo y gas natural en el país. Aunque no sea obligatoria para todas las situaciones, la AAAS sería necesaria para el pedido de licencia del bloque 59, según Ibama, porque el proyecto puede abrir “una nueva frontera para la industria petrolera” en un área de “significativa biodiversidad y vulnerabilidad social y ambiental costera”. 

Petrobras, por su parte, cuestiona la necesidad de una AAAS para obtener la licencia del bloque 59, basándose en una decisión de 2023 de la Corte Suprema de Brasil. Según el juez Kassio Nunes Marques, “la AAAS no es un instrumento capaz de certificar la viabilidad ambiental del proyecto”. La demanda había sido presentada por el partido político Rede Sustentabilidade, que defendía una evaluación obligatoria para los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.

Ocho tanques de combustible oxidados en el centro de Sucuriju son un registro del inicio de la fiebre petrolera en el margen ecuatorial de Brasil, hace más de 50 años. 

En 1976, la petrolera británica Shell instaló una base de operaciones en esa comunidad. El pescador Amiraldo Ferreira, de 69 años, que participó en las obras, recuerda la presencia constante de los empleados de la empresa. 

“Bajaban en grandes helicópteros en medio de la comunidad, para llenar el tanque. Llevaban entre diez y doce personas, y desde aquí salían al mar en busca de petróleo”, explicó.

Los periódicos de los años 1970 anunciaban que las reservas petroleras en la desembocadura del Amazonas: La desembocadura del Amazonas es la región donde el río Amazonas se encuentra con el océano Atlántico, frente a la costa de la Amazonía brasileña, en los estados de Amapá y Pará. serían la nueva forma de garantizar la autosuficiencia de petróleo en el país. Para promover la actividad, el gobierno brasileño autorizó la operación de petroleras extranjeras, principalmente en esa región de la costa amazónica, pero sin garantizar compensaciones en el caso de que no hallaran petróleo. Esos eran los términos de los llamados “contratos de riesgo”. Hasta su prohibición, en 1988, se firmaron 243 contratos de ese tipo.

Tras el fracaso en su búsqueda por petróleo, Shell abandonó su base en Sucuriju, dejando tanques que se transformaron en reservorios de agua. Aun así, la empresa no renunció a la exploración del margen ecuatorial y actualmente tiene la concesión de seis bloques, todos inoperantes. Las áreas están ubicadas a unos 900 km de allí, en la cuenca sedimentaria de Barreirinhas, en Maranhão.  

Además, en 2023, Shell firmó un memorando de entendimiento con Petrobras para buscar nuevas oportunidades de exploración, incluso en el margen ecuatorial. El año pasado, el CEO global de Shell, Wael Sawan, le entregó un informe al presidente Luiz Inácio Lula da Silva pidiendo “decisiones políticas rápidas y estratégicas” para aprovechar los “recursos inexplorados” de Brasil.

En un comunicado enviado a InfoAmazonia, Shell defendió “la importancia del margen ecuatorial para el crecimiento de la industria en Brasil” y argumentó que su explotación generaría empleos e ingresos. Sin embargo, la empresa reforzó que todo depende “de una decisión gubernamental”. Shell y Petrobras no dieron más detalles sobre el memorando conjunto. La petrolera brasileña apenas dijo que “las novedades serán comunicadas al mercado”.

Hasta ahora, la inversión petrolera en la costa amazónica ha causado más pérdidas que ganancias, además de revelar los riesgos de esa actividad. Entre 1970 y 2024, al menos una cuarta parte de los 155 pozos perforados para buscar petróleo en el margen ecuatorial fue suspendida por accidentes mecánicos, según datos de ANP. 

En 1975, el fuerte oleaje destruyó una sonda de Petrobras a casi 300 km de la costa de Amapá. En 2011, otra sonda de la empresa se rompió bajo la fuerza del mar, a 126 km de la costa.  

En aquella época, además de Shell, las empresas BP y Elf-Agip —la cual ahora hace parte de Total Energies— también firmaron contratos de riesgo. Así mismo, sus proyectos tampoco tuvieron éxito en la zona: los pocos descubrimientos de petróleo y gas en el margen ecuatorial no fueron comercialmente viables. Durante más de dos décadas, las petroleras desaparecieron de la región. En 2013, esas empresas volvieron a la zona tras ganar la concesión de bloques en una subasta de ANP.

Durante los años sin petroleras, los habitantes de Sucuriju han vivido de la abundante biodiversidad local, principalmente la pesca. El pueblo está rodeado por la Reserva Biológica del Lago Piratuba, una zona protegida de casi 4.000 km² próxima a la desembocadura del río Amazonas. En ese lugar, el encuentro del río con el océano Atlántico forma un hábitat ideal para aves migratorias, quelonios y diversas especies marinas.

El modelo oceanográfico presentado por Petrobras en su pedido de licencias para el bloque 59 sugiere que un derrame petrolero en el mar no alcanzaría la costa y, por lo tanto, no afectaría a ese rico ecosistema. Esta afirmación es respaldada por representantes de la empresa.

Sin embargo, estudios independientes y evaluaciones de Ibama cuestionan esos resultados. En 2023, un informe técnico de la agencia medioambiental recomendó archivar cualquier proceso de exploración del bloque 59. “En caso de accidente grave, cualquier cambio en la deriva del petróleo provocará daños difíciles de evitar o mitigar, y podrá dirigirse hacia zonas sensibles y de difícil acceso de la costa brasileña”, dice un fragmento del informe. 

A pesar de la recomendación para archivarlo, el proceso se mantuvo abierto debido a la presión política. Durante el actual gobierno Lula, el equipo técnico de Ibama ya ha recomendado tres veces el rechazo de la licencia del bloque 59: una en mayo de 2023, otra en octubre de 2024 y nuevamente en febrero de 2025. El argumento de la agencia no cambia: según el organismo, el plan de Petrobras es insuficiente para mitigar sus posibles impactos ambientales.

Incluso después del primer rechazo de Ibama al bloque 59 en 2023, el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, pidió a Petrobras que no quitara su sonda del bloque. Al mismo tiempo, el líder del gobierno en el Congreso, el senador Randolfe Rodrigues, rompió con la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, y abandonó el partido que fundó, Rede Sustentabilidade, debido a desacuerdos sobre la exploración petrolera en el margen ecuatorial. 

En abril de 2024, un análisis del Instituto de Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Amapá (Iepa), en colaboración con Greenpeace Brasil, también cuestionó el plan de Petrobras. Sus simulaciones indicaron que un derrame en la cuenca de la desembocadura del Amazonas afectaría a zonas sensibles de Brasil y de sus países vecinos. 

El estudio, coordinado por el profesor Luís Takiyama, de Iepa, lanzó siete derivadores oceanográficos equipados con GPS en distintos puntos de la cuenca sedimentaria. Cerca de una semana después, dos de esas boyas alcanzaron la costa: la primera en Sucuriju, y la segunda en la isla Caviana, 150 km al suroeste, también habitada por comunidades ribereñas. 

“Los dos derivadores que lanzamos más cerca de la costa volvieron muy rápidamente hacia ella”, dijo Takiyama. “Mostraban un movimiento en zigzag, bajo influencia de las corrientes marinas”. 

Serán necesarios nuevos estudios para comprender la “compleja dinámica de las corrientes marinas” en esa zona, según Takiyama. Ese es uno de los principales puntos que ha obstaculizado la exploración petrolera en la costa desde la década de 1970. 

Los riesgos de derrames petroleros frente a la costa amazónica también son mencionados en otras investigaciones científicas. Un artículo publicado en febrero de 2024 por la revista Ocean Dynamics analizó las trayectorias de derivadores lanzados cerca de bloques petroleros en la zona. De los 306 equipos que llegaron a más de 2 km de profundidad, el 40% regresó a la costa.  

Incluso el Proyecto Costa Norte, una iniciativa de la entonces Enauta, ahora Brava Energia, en colaboración con instituciones académicas, confirmó el alto riesgo de contaminación costera en caso de derrames petroleros. Simulaciones mostraron los posibles impactos en manglares protegidos en tres estados brasileños. 

Hasta con simulaciones que muestran los riesgos de un derrame petrolero Sucuriju, su población siempre ha quedado apartada de esas discusiones. “No conocíamos esos proyectos hasta hace poco”, declaró, en septiembre de 2024, el pescador Fábio de Souza Vieira, nacido y criado en la remota comunidad amazónica. 

La comunidad nunca fue invitada a debates o consultas sobre los proyectos. Tampoco han sido escuchados los pueblos indígenas y quilombolas (formados por descendientes de esclavos africanos) que podrían verse afectados por la actividad petrolera.

La promesa de desarrollo petrolero en el Norte de Brasil va ganando fuerza. Es lo que se ve en Oiapoque, la ciudad costera más cercana al Bloque 59. El municipio ya tiene un aeródromo para apoyar la exploración marina y se enfrenta a un aumento repentino de la población, lo que a su vez ha incrementado el valor de casas y alquileres, además de promover el acaparamiento ilegal de tierras. El bosque público al lado de la base aérea, por ejemplo, ha sido severamente devastado.

Pero hay quien sale ganando: Miguel Caetano, el ex alcalde de Oiapoque y padre del actual alcalde. Caetano viene arrendando propiedades a Petrobras y afirma tener un acuerdo para ampliar esos servicios. En octubre de 2024, cuando lo entrevistamos, el ex alcalde estaba ampliando un hotel y construyendo un pabellón. Ambas cosas, dice él, fueron pensadas para la petrolera.

Aunque el avance de la exploración petrolera fue uno de los principales temas de las elecciones municipales de 2024 en Oiapoque, la desconfianza entre la población también está creciendo. El abogado Joezer Silva Barros, uno de ellos, critica la falta de transparencia.

“Está todo muy opaco, la población no está debidamente informada”, afirma Barros, quien añade que la falta de debates profundizados alimenta en el imaginario local la idea de que “el petróleo va a salvar Oiapoque”.

La Tierra Indígena Uaçá, ubicada a sólo 6 km del aeródromo, ya se enfrenta a los “impactos sociales de una explotación que ni siquiera ha empezado”, afirma Luene Karipuna, residente en el territorio. Ella menciona que el aumento del tráfico aéreo sobre la zona “espanta a los animales que cazamos e influye en nuestra vida social y espiritual”. Según ella, el crecimiento desordenado de la región “ejercerá presión sobre los territorios”.

Nombrada por el Consejo de Jefes de los Pueblos Indígenas de Oiapoque para conducir los diálogos sobre la exploración petrolera, Luene afirma que Petrobras simplemente la ignora.

En 2022, fiscales del MPF le recomendaron a Ibama rechazar la licencia para el bloque 59 hasta que no se llevara a cabo una consulta formal con los pueblos indígenas, como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ese expediente garantiza su derecho a la información previa y a expresar su opinión sobre proyectos que puedan impactar en sus territorios y formas de vida. 

Por eso, el consejo indígena de Oiapoque exige evaluaciones ambientales exhaustivas y consultas efectivas con las comunidades. El grupo también requiere que las 55 aldeas de la región sean informadas con al menos 15 días de antelación de las audiencias públicas de Petrobras, algo que, según ellos, no ha ocurrido.

Según Luene Karipuna, algunos políticos locales fueron a las aldeas a buscar a los indígenas para las audiencias “sin que ellos supieran” de qué se trataba: “No quieren escucharnos, no quieren consultarnos”, criticó la lideresa indígena.

En 2023, cuando Petrobras pidió a Ibama que reconsiderara la concesión del bloque 59, la empresa estatal incluyó declaraciones de apoyo al proyecto realizadas por otro indígena Karipuna durante una de esas audiencias. Sin embargo, según Luene, el indígena se opuso a la decisión colectiva adoptada por el consejo indígena, afirmando que no representaba a la comunidad.

Aunque el área del bloque 59 no está dentro de territorios indígenas, éstos pueden verse afectados por los derrames de petróleo, como indican las Cartas de Sensibilidad Ambiental al Petróleo (SAO). Estos documentos técnicos, exigidos por tratados internacionales firmados por Brasil y elaborados por organismos gubernamentales, mapean regiones ecológicamente sensibles al petróleo. 

En el caso de la desembocadura del Amazonas, la Carta SAO de 2016 destaca la gran vulnerabilidad de la zona. Además, el análisis que el informe hace de estos datos revela que al menos tres tierras indígenas —entre ellas, el territorio Uaçá—, seis comunidades quilombolas y 34 áreas de conservación son altamente sensibles y sufrirían daños irreversibles por los derrames petroleros.

Además, los bloques de la desembocadura del Amazonas se cruzan con el Gran Sistema Arrecifal Amazónico, un ecosistema raro y poco conocido que se extiende por aproximadamente 9.500 km² frente a la costa entre Amapá y Maranhão, según un artículo de Ronaldo Francini Filho y otros investigadores, publicado en Frontiers in Marine Science en 2018.

El profesor Takiyama formó parte del equipo responsable de la elaboración de las Cartas SAO en la desembocadura del Amazonas y explica que las fuertes corrientes marinas, al igual que las grandes variaciones de las mareas —que pueden alcanzar hasta nueve metros entre las mareas bajas y las altas— aumentan considerablemente las dificultades para contener los derrames petroleros.

“Imagínese un accidente en esas condiciones, con la gran variación de las mareas, las fuertes corrientes y todo el tema de la preservación del medioambiente”, dijo Takiyama. “Estas zonas están sobre gran amenaza. Es oficialmente un área de influencia directa [de proyectos petroleros]”.

En Amapá, el 83,5% de su costa ha sido clasificada por la Carta de la SAO como altamente sensible a la contaminación de petróleo. La región tiene la mayor franja continua de manglares del mundo, en la cual la eliminación de sustancias contaminantes sería extremadamente difícil. 

A pesar de ello, Petrobras cuestiona la obligación de consulta previa con las comunidades, argumentando que los impactos denunciados por los indígenas apenas serían indirectos. La petrolera también dice que Ibama debería haber exigido la consulta durante el proceso de concesión de licencias, lo que no ocurrió. 

Ibama, por su parte, enfatizó que aunque los impactos fueran indirectos, deberían haber sido identificados. La Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas de Brasil también dijo que había sugerido una evaluación de impacto en los territorios de Oiapoque. Mientras tanto, el Ministerio de Pueblos Indígenas no se pronunció sobre el caso.

En septiembre de 2024, por primera vez, los habitantes de Sucuriju debatieron la cuestión en una reunión comunitaria. “Petrobras está preocupada por la exploración, pero nunca ha venido a decir cuáles serían los beneficios o las consecuencias para nuestra comunidad”, afirmó la profesora y agente de salud Iriana da Silva. 

Luene Karipuna lleva cinco años luchando para que los pueblos indígenas puedan participar en esos debates y critica la forma en que empresas y gobiernos, tanto locales como federales, han dimensionado los impactos de la exploración en el margen ecuatorial. “Ya estamos sintiendo las consecuencias de los impactos climáticos. Es un riesgo para toda la humanidad, no solo para nosotros y la tranquilidad de nuestro territorio, sino para todo el planeta”.