Comunidad Bugaio, en Jutaí, en el Alto Solimões, es una de las comunidades indígenas que han firmado contrato con grupo empresarial colombiano para proyecto de crédito de carbono. Foto: Christian Braga/InfoAmazonia

En contra de las directrices de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), el grupo de empresas colombianas conocido como Community REDD+ firmó en noviembre de 2023 contratos para comercializar créditos de carbono generados en los bosques de al menos tres territorios indígenas de la región de Alto Solimões, en el estado de Amazonas en Brasil. Estos créditos los utilizan las empresas que necesitan compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero.

InfoAmazonia ha seguido el caso desde la fase previa al contrato, en octubre de 2023, cuando esas empresas estaban en proceso de persuadir a los indígenas. El medio estuvo en la región y descubrió que el proyecto de carbono había sido presentado como una forma de posibilitar la creación de una universidad exclusiva para indígenas. Fue desarrollado por un grupo de empresas colombianas, agrupadas bajo el nombre Community REDD+, que obtuvo el apoyo de los principales líderes indígenas, pero que nunca fue aprobado por la FUNAI, el órgano indigenista del Estado brasilero. De hecho, la FUNAI negó a los empresarios la entrada para presentar el proyecto en los territorios y aconsejó a los indígenas que no firmaran contratos sin su aprobación ni antes de que el mercado de carbono fuera reglamentado en Brasil. De hacerlo, correrían el riesgo de que esos acuerdos fueran anulados.  

Aún así, un mes después, los ejecutivos de las empresas entraron en los territorios, mantuvieron reuniones y firmaron contratos para iniciar el proyecto de carbono en los territorios indígenas de Estrela da Paz, Riozinho y Acapuri de Cima, según fuentes locales y documentos oficiales analizados por InfoAmazonia. 

«FUNAI, a través de su coordinador técnico local en Jutaí [municipio donde están ubicados los territorios indígenas], estuvo presente en todos los talleres de formulación del proyecto», dijo el grupo colombiano en una nota enviada en respuesta al reportaje en enero de 2024, después de la firma de los contratos.

Sin embargo, FUNAI niega haber avalado la firma y asegura que la participación de sus funcionarios locales en las reuniones celebradas en los territorios indígenas del Alto Solimões no avala los proyectos y que la presencia de los técnicos se produjo «en calidad de oyentes» y «en consideración a la autonomía ejercida por los pueblos indígenas». La agencia afirma que, en esas reuniones, «en ningún momento entró en el fondo» de los contratos.

Reacciones al primer reportaje

A finales de octubre de 2023, un mes antes de que se firmara el contrato con los indígenas y Community REDD+, InfoAmazonia publicó un reportaje que mostraba el incumplimiento de las directrices de FUNAI y de la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas, tal y como determina el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza el derecho de las comunidades a decidir libremente sobre cualquier proyecto que afecte sus tierras.

En su momento, InfoAmazonia tuvo acceso a seis precontratos firmados para desarrollar proyectos de bonos de carbono en los territorios indígenas de Riozinho, Rio Biá, Estrela da Paz, Macarrão, Espírito Santo y Acapuri de Cima. Tres de ellos evolucionaron hasta convertirse en contratos, que fueron firmados entre 3 y 6 de noviembre de 2023.

Community REDD+ está formada por una alianza de empresas colombianas, entre ellas Carbo Sostenible, Terra Commodities y Yauto, que llevan a cabo proyectos de carbono por compensación ambiental en comunidades tradicionales de Colombia y, más recientemente, en Perú y Brasil. 

Antes de la publicación del primer reportaje de InfoAmazonia, Juan Eduardo Hernández, gerente de la empresa Concepto Carbono y coordinador de CommunityRedd+, se negó a responder las preguntas que le enviamos. «El enfoque de las preguntas desconoce el contexto de un proyecto REDD+», dijo. También refutó la información que la FUNAI le había enviado a este equipo periodístico: e «la oficina de FUNAI que consultaron no tiene jurisdicción en el área de trabajo», respondió Hernández, sugiriendo que la sede central de FUNAI en Brasilia no tenía autoridad en la región de Jutaí, algo que no es cierto, ya que la FUNAI de Brasilia es el organismo central responsable de todas las tierras indígenas de Brasil.

Federico Ortiz, accionista y director de Terra Commodities, dijo, por su parte, que los proyectos eran liderados por los indígenas y que estaban en fase de formulación a la espera de futuras definiciones. Yauto y Carbo Sostenible no respondieron a nuestras preguntas.

Dos días después de la publicación, las mismas cuatro empresas emitieron un comunicado cuestionando el reportaje. Una carta con un contenido similar fue publicada una semana después en El Espectador, medio colombiano socio del reportaje, escrita por Juan Andrés López, de Carbo Sostenible. En el comunicado, los empresarios afirmaron, incluso, que los trabajos en la región del Alto Solimões se suspenderían a la espera de la autorización de FUNAI. No obstante, siguieron celebrando reuniones allí hasta la firma de los contratos a principios de noviembre, según consta en registros enviados a InfoAmazonia y adjuntos a un informe que se envió a la FUNAI tras la firma de los contratos. 

«Para aclarar la información presentada en la nota de InfoAmazonia, antes de iniciar el trabajo en Jutaí, nuestra delegación visitó a la FUNAI, en Tabatinga, con la intención de presentar nuestra forma de trabajar y establecer los primeros acercamientos. Al no contar con la anuencia  institucional en ese momento, no continuamos el proceso y detuvimos el trabajo en esa región», reza un extracto de la nota, que también fue publicada en el sitio web de CommunityRedd+, pero que posteriormente fue retirada. (El texto aún puede encontrarse en el sitio del archivo web).

Pero a principios de noviembre, después de que InfoAmazonia supo que  las reuniones para firmar los contratos en las tierras indígenas del Alto Solimões habían continuado, los empresarios cambiaron su versión sobre la participación de FUNAI. En una respuesta directa a este medio, el grupo Community REDD+ afirmó que el proyecto se desarrolló con la participación del organismo indígena brasileño. «Existen actas, listas de asistencia y vídeos que demuestran la presencia de FUNAI en el proceso», afirmaron.

Sin embargo, según la FUNAI, la participación de los funcionarios en las reuniones tendría como objetivo «acompañar las negociaciones en curso para que no haya daños a los derechos indígenas» y que «la Unión necesita conceder autorización para que se puedan formalizar proyectos y contratos de esta naturaleza», añadiendo que, en ausencia de reglamentación sobre el asunto, no habría forma de que la Unión participara o autorizara tales negociaciones. La agencia también informó  que los empresarios no tenían autorización para entrar en territorio indígena.

En sus respuestas, Community REDD+ sostuvo que el proyecto pertenece a las comunidades y que fueron los propios indígenas quienes se dirigieron a la empresa. (Lea aquí el comunicado completo de Community REDD+, en español)

«No se trata de proyectos a ser ejecutados por terceros en su territorio, como es el caso de un proyecto minero o petrolero, sino de un proyecto desarrollado y ejecutado por las propias comunidades en su territorio y por lo tanto desarrollado en un ámbito totalmente voluntario y de autodeterminación», respondieron en el comunicado de noviembre de 2023.

A pesar de que el grupo afirma que el proyecto pertenece a los indígenas, en todos los acuerdos firmados hasta ahora el derecho exclusivo a comercializar los créditos corresponde a las empresas, lo que impide a los indígenas buscar negociaciones con otras empresas compradoras.

Los contratos, firmados entre el 3 y el 6 de noviembre, estipulan que corresponderá a las empresas desarrollar y gestionar los proyectos, y a los indígenas garantizar la protección de los bosques del territorio para asegurar la generación de los créditos.

Es oficial: FUNAI no ha autorizado el mercado de carbono en Territorios Indígenas

En una Nota Técnica enviada a sus oficinas estatales en mayo de 2023, FUNAI dejó claro que no se debían firmar contratos debido a la falta de comprensión técnica y jurídica sobre el mercado de carbono en Brasil.

«La posición institucional alineada entre FUNAI y el MPI [Ministerio de los Pueblos Indígenas] y que también ha sido comunicada a empresas, OSC [Organizaciones de la Sociedad Civil], líderes indígenas y otros actores interesados en realizar proyectos de créditos de carbono en territorios indígenas es la de aconsejar a las comunidades indígenas que no firmen ningún tipo de contrato en este momento. La precaución de no firmar contratos se justifica por las dudas que aún existen sobre la participación de los territorios indígenas en este tipo de mercado, y por el hecho de que la cuestión aún está siendo debatida entre FUNAI, el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático», dice un extracto de la nota.

La misma información fue reiterada por FUNAI el 27 de noviembre del año pasado a InfoAmazonia, después de la firma de los contratos en Jutaí. En esa ocasión, el órgano indigenista federal volvió a informar que los empresarios no estaban autorizados a realizar asambleas dentro del territorio indígena.

En octubre de 2023, antes de la publicación del primer informe, FUNAI ya había informado que los acuerdos firmados sin autorización del Gobierno Federal podrían ser anulados: «Todos los contratos firmados están en riesgo de ser anulados, en vista de las cuestiones técnicas y jurídicas sobre la viabilidad, los procedimientos necesarios y el cumplimiento de las salvaguardas socioambientales, entre las que se destaca el derecho a la consulta libre, previa e informada», dijo el organismo estatal.

Según FUNAI, «la transacción de créditos de carbono en tierras indígenas tiene sus propias peculiaridades»: son tierras públicas, de uso colectivo y, en sus palabras, el Estado «necesita conceder autorización para que se puedan formalizar proyectos y contratos de esta naturaleza».

Apoyo local con opiniones divididas

Los empresarios colombianos cuentan con el apoyo de los jefes locales, que se han manifestado a favor del proyecto. Sin embargo, la propuesta divide opiniones en la comunidad, que en parte afirma que no hubo debate ni participación del público. 

En octubre del año pasado, un indígena de la Tierra Indígena Estrela da Paz nos escribió señalando que los derechos indígenas seguían siendo «violados» y que se habían celebrado nuevas reuniones de toma de decisiones sin «consultar a los pueblos originarios».

Durante la investigación, al menos cinco entrevistados, incluidos jefes, creían que el proyecto del carbono estaba directamente relacionado con la creación de la universidad indígena.

El propio Consejo de Pueblos Indígenas del Río Jutaí (Copiju), que fue designado como organismo mediador y que firmó el comunicado de noviembre junto con las empresas, no tenía conocimiento de parte de las negociaciones con los indígenas. La junta de Copiju fue informada por este medio de la existencia de un precontrato firmado para la generación de créditos de carbono en la Tierra Indígena Río Biá, lo que contradecía la promesa de los empresarios de que el Consejo sería parte de este acuerdo y participaría en el reparto de los beneficios de este proyecto.  

Tras el descubrimiento, los directivos de Copiju confirmaron que los precontratos habían sido firmados y dijeron que se había llegado a un nuevo acuerdo con los empresarios para incluir a Copiju en los proyectos de carbono. 

En octubre de 2023, la fiscal federal Nathália Mariel habló con InfoAmazonia sobre las preocupaciones relativas a los proyectos de generación de carbono en tierras indígenas. Además de la falta de regulaciones específicas, Mariel destacó la falta de consulta adecuada a las poblaciones indígenas en la firma de contratos, lo que podría constituir una violación de los derechos indígenas.

«Estamos muy preocupados, sobre todo por el acercamiento a las comunidades, la falta de información clara sobre los proyectos, la falta de organización de este debate con las comunidades, que necesitan ser informadas a través de una consulta previa, a través de un protocolo de consulta para esa comunidad, y lo que hemos visto es que estas etapas están siendo pisoteadas en estos acercamientos», dijo el fiscal, afirmando que la falta de una directriz clara sobre estos proyectos «no impide que se investiguen violaciones».

Mariel formó parte de un grupo de 16 fiscales que firmaron una Nota Técnica del Ministerio Público Federal (MPF) reforzando la necesidad de autorización y apoyo técnico del Estado para proyectos de carbono en tierras indígenas.

La nota advierte que «la consulta previa debe tener lugar en la fase de planificación y antes de cualquier acto decisorio». Pide que se tomen medidas contra los proyectos que ignoren estas directrices.

Según el MPF, la consulta indígena debe realizarse a través de un protocolo que establezca claramente los detalles de los proyectos. «Este diálogo debe ser ampliamente participativo, transparente, libre de presiones, flexible para tomar en cuenta la diversidad de los pueblos y comunidades indígenas y tener efecto vinculante, en el sentido de que lleve al Estado a incorporar lo discutido en la decisión a ser tomada», señaló el organismo en una declaración pública. 

En recientes sentencias relacionadas con las consultas indígenas a otros pueblos, los propios tribunales del estado de Amazonas han prohibido a las empresas interesadas participar en las reuniones de toma de decisiones, bajo el riesgo de que estas reuniones sean consideradas nulas debido a la influencia de los directamente interesados.

Preguntado por correo electrónico sobre los criterios adoptados para realizar la consulta indígena, el grupo Community REDD+ respondió en noviembre de 2023 que «el proyecto nace y es concebido por la voluntad y autodeterminación de las comunidades».

La consulta indígena, en donde según la empresa se decidió desarrollar el proyecto, sólo fue informada a FUNAI en Brasilia el 13 de diciembre de 2023, después de la firma del contrato.

Debilidades de los proyectos

En las declaraciones, notas técnicas y respuestas enviadas directamente a este equipo periodístico sobre el tema de los proyectos de carbono en tierras indígenas, FUNAI enumera las debilidades de los proyectos de carbono en territorios indígenas, como la no realización de una consulta adecuada, y advierte sobre posibles cancelaciones de acuerdos firmados sin el consentimiento del Estado brasileño. 

Al menos desde agosto de 2022, la Coordinación Regional de Alto Solimões ha sido informada por FUNAI en Brasilia sobre estas debilidades. Aun así, en 2022 y 2023 se celebraron 18 reuniones, como talleres, encuentros y asambleas, que culminaron con la firma de los tres «acuerdos de asociación» con el Community REDD. Los acuerdos prevén que el 70% de los beneficios se reparta entre los indígenas y el 30% entre los empresarios.

El borrador del contrato no estipula un plazo máximo para el desarrollo del proyecto, señalando que el acuerdo es válido hasta que se vendan todos los créditos de carbono generados.

Con el dinero que les corresponde, los indígenas deberán llevar a cabo la protección del territorio y pretenden invertir el resto en mejoras en las aldeas, según las actas del taller adjuntas al contrato.

El acuerdo también prevé la contratación de una «empresa ejecutora», que se llevará el 5% de los beneficios. El contratista prestará servicios para expedir los Certificados de Reducción de Emisiones (CRE), que son los créditos de carbono propiamente dichos.

Una de las cláusulas del contrato prevé una multa para los indígenas si se rompe el acuerdo «antes de que se emitan los CRE».

El documento también estipula que todo el dinero de la venta de los créditos de carbono será administrado por las empresas colombianas y distribuido entre los indígenas, después de los pagos y las deducciones fiscales. «La Comunidad tendrá acceso al estado y movimientos de la Cuenta del Proyecto anualmente, al rendir cuentas; y previa solicitud», dice un extracto del borrador de los contratos al que tuvo acceso InfoAmazonia.

Ahora, con los acuerdos firmados, los empresarios prometen enviar el proyecto a certificación internacional y luego empezar a vender los créditos de carbono en el mercado privado. Estos créditos los utilizan las empresas que necesitan compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero.

FUNAI espera un pronunciamiento del departamento técnico

El organismo indígena brasileño ha insistido en la necesidad de vigilar las iniciativas de este mercado en territorios indígenas desde el inicio del Gobierno de Lula (PT), principalmente para salvaguardar los derechos indígenas, en un claro cambio respecto a su predecesor, Jair Bolsonaro (PL). Sin embargo, la falta de una reglamentación clara impide la participación efectiva del gobierno federal en las negociaciones y el aval del Estado brasileño, lo que puede fragilizar jurídicamente estos contratos, según la FUNAI.

Además, existen dudas técnicas sobre el papel de estos proyectos aislados en los compromisos climáticos asumidos por Brasil, lo que podría resultar en la exclusión de estas tierras indígenas de los programas gubernamentales de créditos de carbono o incluso generar una doble emisión de créditos, según un comunicado de mayo de 2023 del área técnica de FUNAI, que enumera 33 proyectos de carbono identificados entre 2022 y 2023 en 34 territorios indígenas.

«En este punto, vale la pena reflexionar sobre cómo la realización de proyectos aislados de REDD+ [Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación] en tierras indígenas, en el ámbito del mercado voluntario de carbono, podría afectar la posibilidad de que estas tierras sean incluidas en programas jurisdiccionales. En otras palabras, ¿podría haber un problema de exclusión o doble contabilidad en caso de traslape entre proyectos aislados y programas jurisdiccionales, dentro del ámbito del mercado voluntario de carbono?», pregunta la Nota Técnica.

En abril de 2023, la presidenta de FUNAI, Joenia Wapichana, afirmó que el organismo apoya las iniciativas sostenibles orientadas a la autonomía de las comunidades indígenas, pero criticó el papel que desempeñan los «intermediarios», refiriéndose a las empresas que desarrollan proyectos de carbono y que se quedan con parte de los beneficios. «Todo lo que se produce tiene que ir a las familias de las comunidades», afirmó la presidenta de FUNAI.

Cuando se le preguntó sobre las medidas que se adoptarán en casos donde no se hayan cumplido las directrices y se hayan firmado efectivamente los contratos en las tierras indígenas de Jutaí, la oficina de prensa de FUNAI dijo que el caso está siendo analizado por el departamento técnico.

Este reportaje es parte de la serie producida por InfoAmazonia «Dinero que crece en los árboles: la financiarización de la selva presiona las Tierras Indígenas«.