Convoca.pe visitó las comunidades de los líderes ambientales que cuidan el agua en las provincias de Espinar y Chumbivilcas, en Cusco, y de Cotabambas, en Apurímac, que viven acorralados por el miedo y el hostigamiento en un ambiente polarizado por quienes están a favor o en contra de las actividades de las empresas mineras Antapaccay, del grupo anglosuizo Glencore, y Anabi, propiedad del grupo Aruntani. Testimonios, videos, fotografías y documentos revelan el daño ambiental de ríos y bofedales de estas comunidades del sur del Perú y la lucha incansable de estos hombres y mujeres.

Cuando Melchora Surco Rimachi era niña, no había miedo en el aire. Las ovejas de sus padres pastaban, apacibles, en los campos fuera de su casa e iban a beber en el riachuelo cercano que por entonces discurría libre y cristalino. Ahora, a sus más de 60 años, Melchora mira el agua de ese riachuelo como si fuera un animal herido, agonizante. «Es lo que nos ha dicho OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), que ya no sirve. Ya no hay vida. Está muerto. Por eso tomamos agua de un manantial, de un botadero, esta agua de acá ya no la tomamos, hasta los animales ya no quieren», contó Melchora con tono de resignación.

Melchora vive a 200 metros de la relavera Ccamacmayo, en Alto Huancané, una de las 16 comunidades ubicadas en la provincia Espinar, en Cusco, alrededor de otros dos depósitos de relaves mineros: Huinipampa y Tintaya; y de la mina a tajo abierto, Antapaccay, propiedad de la compañía anglosuiza Glencore. 

Los relaves son los desechos de la minería y suelen tener agentes contaminantes como arsénico, cianuro, cobre, cinc, cromo y plomo. Las empresas están obligadas a procesarlos para que no afecten los suelos, los ríos y las lagunas de los alrededores. Sin embargo, en estas tierras la contaminación existe en zonas aledañas y la minería es vista como un mal para unos y un bien para otros. 

“Mis nietos tienen metales pesados y tienen 7 añitos, 8 añitos”, narró Melchora. El ambiente de su cocina, en el que cuatro baldes blancos almacenan el agua junto a una mesa en la que se sirve café caliente, pan y queso, está impregnado de su voz, rabia y tristeza. 

Esta realidad no solamente la vive Melchora. Lo mismo ocurre en la provincia de Chumbivilcas, también en Cusco, y en Cotabambas, en Apurímac. Son por lo menos 13 defensores ambientales que enfrentan ataques, riesgos y denuncias por proteger lo que estos pueblos necesitan: agua de calidad para vivir.

Convoca.pe ha identificado que un total de 89 defensores ambientales fueron asesinados, perseguidos o amenazados, entre 2001 y noviembre de 2023, por proteger el medio ambiente en sus comunidades.  

Para conocer de cerca la realidad de los líderes ambientales del sur peruano, nuestro equipo viajó a las provincias Espinar y Chumbivilcas, en Cusco, para escuchar sus historias, conocer de cerca los riesgos que enfrentan estas comunidades y contrastar sus reclamos con lo que dicen los documentos, los expedientes de los procesos sancionadores contra las compañías mineras, las normas, sentencias judiciales y otras evidencias.

“He luchado por la provincia Espinar. Son tantas comunidades (…). Yo no quisiera que se mueran así con metales pesados mis compañeros”, reflexionó Melchora Surco, una mujer de 68 años, de menos de un metro cincuenta de estatura, delgada, con la piel curtida por el frío y el sol, que denuncia el daño ambiental de la actividad minera en Espinar, como si se tratara de una lucha de David contra Goliat.

En estas provincias de Cusco y Apurímac, las empresas mineras Anabi y Antapaccay han sido sancionadas por cerca de medio centenar de infracciones ambientales en los últimos años, en diversas ocasiones por la contaminación de fuentes de agua.

Antapaccay, de la multinacional Glencore, inició sus operaciones en noviembre de 2012, y en estos días prepara el terreno para su expansión con el proyecto Coroccohuayco. En Espinar, esta minera ha sido sancionada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) por infringir la norma del uso del agua en cuatro oportunidades, entre las que figura arrojar aguas residuales a la quebrada Hunimayo. Recibió tres multas en 2020 que suman 171 mil 570 soles (43 mil dólares) y una amonestación en 2021.

Otra es la compañía minera Anabi, de capitales peruanos, fundada en 2000 por el ingeniero y conocido empresario minero ya fallecido Guido del Castillo Echegaray. La empresa tiene un historial de graves infracciones ambientales en sus operaciones de Cotabambas (Apurímac) y Chumbivilcas (Cusco).

Anabi fue sancionada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en 2019 con la paralización de sus actividades en la unidad minera Utunsa, en Cotabambas, debido a que desplazó mineral con cianuro hacia áreas de suelo abierto, que pusieron en riesgo las aguas subterráneas en la zona de la que depende la formación de bofedales.

Los ojos de Espinar

La mañana del 14 de diciembre de 2023, Espinar amaneció sin lluvia en una época en la que llueve a raudales a unos 4 mil metros sobre el nivel del mar. Temprano, a las 8 de la mañana, cruzaron la calle mujeres con un chaleco celeste, sombrero y falda. Eran las lideresas de la comunidad. Se dirigían al local Club 21, a pocos metros de la Plaza Mayor de Espinar, para presentar los resultados del monitoreo de las aguas de la subcuenca del Río Cañipía. 

La vigilancia ciudadana estuvo a cargo de la Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar (AVMAE), a la que pertenecen estas mujeres, y tuvo el apoyo de la organización no gubernamental Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) del Cusco. 

Susana Ccahua, monitora ambiental de la Asociación, explicó los métodos que emplearon y advirtió: «Nuestros hijos están contaminados. Si hacemos acá en cada centro educativo un dosaje, a ver cómo nos va (…). Vamos a tener derecho como comuneros para reclamar».

El miedo, los metales pesados, el agua y la tierra se mezclan en este reclamo colectivo.

La historia de la minería en Espinar se remonta a los años 80 con la relavera Ccamacmayo, un depósito de desechos, adyacente a la mina de cobre Tintaya, por entonces de la empresa estatal Ematinsa S.A. En 1994, durante la administración de Alberto Fujimori, Tintaya fue privatizada y pasó a manos de Magma Tintaya S.A., subsidiaria de Magma Copper Co.

En 2006, la mina fue adquirida por Xstrata Tintaya S.A., que en 2013 pasó a ser parte del grupo Glencore. En 2012, Tintaya cerró tras 27 años de explotación, y la mina Antapaccay comenzó sus operaciones como una extensión de la mina cerrada, utilizando el antiguo tajo como relavera para el mineral extraído.

“Sabemos de toda la vida que OEFA nos miente, por eso, una conciencia ambiental [es necesaria]”, dijo Susana Ccahua, ante un auditorio de 30 personas, revelando la desconfianza que existe en Espinar hacia el Estado.

Un informe de la ANA concluyó en 2015 que “los ríos Cañipia y Salado de la provincia de Espinar presentan alteraciones principalmente por aguas residuales domésticas sin tratamiento originadas por los propios habitantes y de metales naturales”. Esta conclusión indignó a los pobladores debido a que no se consideraba a la actividad minera, predominante en la zona, como una potencial fuente de contaminación.

Para equilibrar la balanza de las evidencias, la Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar (AVMAE) realiza monitoreos semestrales en la subcuenca del Río Cañipía desde 2013, centrándose en análisis físico-químicos, que permiten evaluar la aptitud del agua para consumo humano y otros usos mediante la medición de temperatura, el grado de acidez o alcalinidad (PH), el oxígeno disuelto, turbidez y otros aspectos.

La Asociación también realiza un monitoreo biológico, que implica la búsqueda de macroinvertebrados (insectos) que indican el grado de contaminación del agua. Los resultados se comparan con los estándares ambientales del Ministerio del Ambiente. Los vigilantes ciudadanos utilizan un kit con pipetas y reactivos para realizar pruebas de campo, guiándose por un cuadernillo con niveles óptimos representados como semáforo: rojo para incumplimientos, amarillo para proximidad y verde para valores aceptables.

La supervisión ciudadana se realiza en 8 puntos, divididos en la parte alta, media y baja de la subcuenca del Río Cañipía. El 14 de diciembre último, se presentaron los resultados de 4 monitoreos realizados en épocas de lluvia y de estiaje durante 2022 y 2023. De acuerdo con el análisis, en esos años, tres puntos tuvieron niveles de PH por encima de lo normal, según los estándares de calidad del agua del Ministerio del Ambiente, por lo tanto esa agua no es apta para el consumo humano.

Los monitoreos ciudadanos, realizados entre 2013 y 2021, revelaron que en cuatro puntos y, en diversas ocasiones, se superaron los niveles recomendados por el Ministerio del Ambiente, lo cual puede generar “irritación en las mucosas, irritación en órganos internos y hasta procesos de ulceración”, según estudios científicos. Cerca de estos puntos se encuentran precisamente las operaciones del proyecto minero Quechua, la mina Antapaccay, la presa de relaves mineros de Huinipampa y la zona de desembocadura de las aguas residuales de Espinar. 

La Dirección Regional de Salud del Cusco ha reconocido, en dos resoluciones de 2013 y 2015, que existe contaminación ambiental «comprobada (con evidencia)», que está vinculada a las operaciones de la Compañía Minera Quechua y Minera Xstrata Tintaya, en trece comunidades. La Minera Xstrata Tintaya ya era de propiedad de Glencore cuando se publicaron estas resoluciones.

Tras la lucha iniciada en 2012 por los pobladores para identificar a los responsables de la contaminación en Espinar, OEFA terminó por asociar las actividades de la minera Antapaccay, del grupo anglosuizo Glencore, con el impacto ambiental en Espinar, a través de siete estudios de evaluación, como informó Convoca.pe el 7 de diciembre último. 

¿Estos hallazgos de OEFA sirvieron para sancionar a Antapaccay? La institución supervisora respondió a Convoca.pe, mediante una carta, que “los resultados detectados en una zona reducida y focalizada del área de influencia de la actividad minera significaron dictar –a la fecha- 12 medidas administrativas que comprenden mandatos de carácter particular y medidas preventivas orientadas a la protección de los componentes aire y suelo”. OEFA optó por exigir sólo medidas correctivas y no sancionar con multas a la empresa.

Mientras en Lima, la capital del Perú, OEFA se pierde en la revisión prolongada de expedientes, en las tierras de Espinar los defensores ambientales enfrentan cada día amenazas y presiones por continuar exigiendo la protección de sus ríos. 

«Hay mucha persecución (…). Luchamos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los que vienen (…). Sabemos que tenemos metales pesados en el agua, aire, tierra, en nuestros ganados, y cada día no sé qué estamos preparando las mujeres en la casa. ¿Estamos preparando alimento o estamos dando veneno a nuestros hijos?», se preguntó Elsa Merma, presidenta de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K´ana.

Los defensores acusados por Anabi

Chumbivilcas está a aproximadamente cuatro horas de Espinar en ómnibus. Para llegar hasta allí se debe atravesar un sinuoso camino estrecho acorralado por abismos. Esta tierra también sabe resistir. Entre diciembre de 2011 y febrero de 2012, autoridades y dirigentes protestaron contra la minera Anabi por la contaminación de los ríos Molino y Santo Tomás. En esos días, el gobierno de Ollanta Humala instaló una mesa de diálogo para mediar entre la empresa y la población. 

Como resultado, se acordó realizar monitoreos ambientales en la zona. Al no cumplirse este compromiso, las protestas se reiniciaron y el 5 de febrero de 2012 la empresa minera denunció que las instalaciones del campamento minero, ubicado a pocos kilómetros de la mina Huisamarca – Proyecto Anabi, fueron quemadas. La acusación recayó sobre diez dirigentes por los delitos de secuestro, robo agravado, daño agravado, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, entre otros, por los cuales la Fiscalía pidió 30 años de prisión. 

Sin embargo, posteriormente dos sentencias absolutorias de marzo de 2020 y febrero de 2021 señalaron que los dirigentes no estuvieron involucrados en estos hechos, al no encontrarse evidencia contundente —fotos, videos u otros— que prueben la presencia de los dirigentes en el lugar donde ocurrió la quema de las instalaciones de Anabi. Pese a ello, la compañía ha interpuesto un recurso de casación que ha llevado el proceso hasta la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Lima, donde aún se espera una decisión. El proceso se ha alargado por más de 11 años.

Pero en esta historia no sólo existen denuncias y demoras, también un caso relevante de puerta giratoria. El ingeniero Guillermo Shinno fue funcionario de alto nivel en el Ministerio de Energía y Minas durante el conflicto social. Fue Director General de Minería desde el 16 de agosto de 2011 hasta el 3 de febrero de 2012. Dos días después, el 5 de febrero, fue promovido como viceministro de minas, el mismo día en que Anabi denunció la quema del campamento minero. 

Cuatro días más tarde, Shinno participó en representación del gobierno de Humala en el reinicio del diálogo entre Anabi, los dirigentes y autoridades de Chumbivilcas. El ex funcionario continúa en esta trama pero ahora al otro lado del escritorio, en las filas de la compañía minera como el gerente general de la minera Anabi desde noviembre de 2019.Convoca.pe visitó la oficina de San Isidro de Anabi la tarde del 26 de diciembre para recoger la versión de la compañía, sin embargo Geraldine Chumbiauca, asistente de Guillermo Shinno, pidió que se enviaran las preguntas vía correo electrónico. Nuestro equipo periodístico lo hizo y pese a que en diversas ocasiones reiteramos nuestras consultas, hasta el cierre de este reportaje Anabi no ha respondido.

El gerente general de esta empresa conoce desde adentro cómo funciona la supervisión ambiental, ya que también fue gerente de fiscalización minera del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Quienes sí accedieron a conversar con Convoca.pe fueron dos líderes denunciados por Anabi, Victoria Quispesivana Corrales y Edgardo Aguirre Pacheco, por entonces, secretaria general y secretario de actas del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas-Santo Tomás, respectivamente.

Victoria Quispesivana tiene cinco hijos: cuatro mujeres y un niño. Comenta que cuando sucedieron los hechos del 5 de febrero de 2012, ella y otros dirigentes estaban esperando a la comisión de alto nivel en Llusco, lejos del campamento minero de la minera Anabi, que fue quemado.  

«La Policía Nacional del Perú estaba cada minuto a mi puerta. Traía notificaciones, o sea, nos han tenido realmente en perseguimiento. Total, nos han tenido en maltrato psicológico a toda la familia», comenta Victoria. «Yo recién estoy recuperando mi salud, la parte mental. Y las cuatro señoritas que tengo, sus estudios superiores perdieron, mi madre murió durante todo este tiempo que me perseguían. Ahora recién me estoy recuperando», relató Victoria a Convoca.pe, la única dirigente mujer que fue denunciada por la minera Anabi. 

“Lo que encontramos no es que estas personas estuvieran donde ocurrieron los hechos, estas personas estaban en la mesa de diálogo”, aseguró el abogado Helio Cruz, abogado de la organización no gubernamental Derechos Humanos Sin Fronteras que acompañó el caso. 

Cruz consideró que los nombres y documentos de identidad de los 10 procesados fueron tomados de las actas firmadas durante las mesas de diálogo que se realizaron durante el conflicto. 

El abogado, además, señala que el Ministerio Público no ha cumplido con señalar a los verdaderos culpables de los hechos por los cuales la minera Anabi denunció a estas 10 personas. “Los hechos no están debidamente individualizados, no se ha trabajado sobre la base de quiénes son los autores responsables”, enfatizó Cruz.

Edgardo Aguirre Pacheco es otro de los diez dirigentes denunciados por Anabi. Es docente y también señala lo mismo que Victoria Quispesivana: no estuvo cuando el campamento minero de Anabi fue quemado. 

“Hemos estado siendo hostigados de manera permanente por la empresa minera, mediante las denuncias que ellos habían hecho a la Fiscalía. Ellos sí podían utilizar a la Fiscalía, a la Policía, pueden utilizar inclusive al mismo juez, ¿no? Tenían un apoyo absoluto los inversionistas. Entonces resulta que nosotros en esos nueve años hemos acudido cantidad de veces desde Chumbivilcas hasta Cusco, viajando hacia Sicuani, inclusive en una oportunidad viajamos hasta la ciudad de Lima para podernos defender y buscar algunas estrategias de defensa”, declaró Aguirre a Convoca.pe.

El viaje de Chumbivilcas a Cusco dura aproximadamente nueve horas por la vía hacia Sicuani, atravesando más de una decena de localidades. Edgardo Aguirre Pacheco señaló, además, que la búsqueda de un trabajo se vio obstaculizada a causa de haber sido denunciado por Anabi. Nadie quiere contratar a un investigado por la justicia, remarcó.

En contraste, Anabi ha seguido con la operación minera Huisamarca-Proyecto Anabi, en las alturas de Quiñota y Llusco, en la misma zona donde se dio el conflicto entre diciembre de 2011 y febrero de 2012. Cerca de algunos manantiales, las instalaciones de esta empresa se levantan en localidades lejanas que, al parecer, no importan mucho al Estado.

Faltan estudios que fiscalicen las actividades de Anabi y que arrojen más luces sobre la contaminación de ríos y quebradas en las alturas de Chumbivilcas, tal como lo reclamaron sus ciudadanos en 2012. Lo único que hay es un documento técnico de la Dirección Regional de Salud del Cusco, que señala a Anabi y a la minería artesanal como fuentes de contaminación de “probablemente arsénico” en los distritos de Chamaca, Livitaca y Quiñota. 

Convoca.pe se comunicó con la empresa minera para conocer si en algún momento de sus actividades empleaban componentes como el arsénico u otros relacionados, pero hasta el cierre de este informe no recibimos respuesta.

“Cada quien tiene siempre una dimensión distinta de afectación”, señaló el abogado de la organización no gubernamental Derechos Humanos Sin Fronteras, Helio Cruz. “Algunos [líderes] tuvieron problemas familiares, para otros, la estigmatización ha sido tan fuerte, que ya evitaron asumir alguna responsabilidad de representación social. Otros vieron truncadas sus posibilidades de trabajo porque no podían salir de Chumbivilcas, tenían que estar ahí, tenían que estar pendientes de lo que restaba del proceso judicial”, explicó.

Victoria Quispesivana se siente en una cárcel. “Yo no puedo viajar libremente, siempre, en cualquier momento, me piden mi DNI (Documento Nacional de Identidad) y siempre me hacen quedar en la comisaría, ‘estamos investigando’ [dicen], me hacen quedar un día, una noche, así estoy, no estoy libre”.

La desaparición de bofedales en Cotabambas

La minera Anabi, que pertenece al grupo Aruntani, afecta también las fuentes de agua en Cotabambas, Apurímac, provincia vecina a Chumbivilcas. La empresa opera el proyecto Utunsa, una mina aurífera de tajo abierto que inició sus operaciones en 2018 y que cuenta con una capacidad para procesar entre 15 a 20 mil toneladas diarias de oro.  

Esta mina utiliza el proceso de lixiviación con cianuro de sodio en grandes piscinas para extraer el oro de los fragmentos de piedra. Esto genera una solución cianurada que, al filtrarse desde el PAD de lixiviación —un área previamente preparada para recibir el mineral— debe ser contenida por una piscina revestida con geomembrana para evitar la filtración de este líquido tóxico al suelo.

Sin embargo, esta técnica de operación utilizada por Anabi empezó a presentar fallas riesgosas en el primer año de operaciones. En noviembre de 2019, las fases 3 y 4 del área del PAD de lixiviación registraron graves problemas: el líquido con cianuro se desplazó en dirección a las áreas de suelo sin impermeabilizar en otro sector, la fase 3. 

El OEFA detectó esta situación y ordenó la inmediata paralización de las actividades de descarga del mineral en la pozas, ya que constituía un “inminente peligro y alto riesgo de daño a la calidad del suelo, posible afectación a la calidad del agua, al ecosistema bofedal y calidad del agua de la quebrada Huayllani”, ubicada cerca a esa infraestructura minera. Anabi fue multada por la entidad fiscalizadora ambiental con 13 unidades impositivas tributarias (UIT) que equivalen a más de 66 mil soles (17 mil 414 dólares). 

La resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, que es la última instancia de la entidad reguladora, indica que se evidenció «afloramientos de la solución cianurada que se infiltra en el suelo hasta alcanzar aguas subterráneas que alimentan al bofedal».

En el área donde opera la mina desaparecieron entre siete y ocho manantiales, recuerda Flavio Sivincha, quien vive en la comunidad campesina de Huanca, ubicada en las cercanías del Proyecto Utunsa y es dirigente del Frente de Defensa de su pueblo.

El PAD de lixiviación de Anabi no tenía “ningún tipo de autorización” y está ubicado sobre un bofedal, ecosistema esencial para distintas especies de flora y fauna, según aparece en la resolución de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) de noviembre de 2020. 

La poza de mayores eventos, que recibe los excesos de líquidos cianurados en época de lluvias, fue instalada en un lugar diferente al que se comprometió la compañía en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) en 2017 para la mina Utunsa. 

Este cambio encendió las alarmas en la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que identificó la desaparición de dos bofedales y el impacto en 42 especies de flora, incluyendo dos especies silvestres vulnerables. 

Como resultado, la ANA sancionó a Anabi con 5 mil unidades impositivas tributarias el 22 de setiembre de 2020, lo que equivale a 21 millones 500 mil soles (5 millones 470 mil dólares) por dañar cuerpos de agua al construir el PAD de lixiviación y la poza de mayores eventos sobre dos bofedales.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), que otorgó la concesión para la mina Utunsa de Anabi, también observó el cambio no autorizado de ubicación del PAD de lixiviación. En octubre de 2021, la Dirección Técnica Minera de este ministerio precisó que Anabi no había cumplido con gestionar una certificación ambiental con la cual debía regularizar la nueva ubicación de esa infraestructura. 

El Minem demandó a la minera y logró hace cuatro meses que el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo declarara nula la concesión. 

“Se ha logrado la paralización de la concesión por incumplimientos de los estándares ambientales por un caso promovido por la población y que fue tomado por el Minem para iniciar un proceso judicial”, destacó el abogado de la comunidad de Huanca, Reinaldo Elguera.

Aunque Anabi apeló la decisión, Elguera confía en la solidez de los argumentos del Ministerio de Energía y Minas debido a que la afectación ambiental todavía continúa.

Pero no es el único caso. El 24 de agosto de 2020, el comunero Celestino Huamaní Huaraca y su familia detectaron que a tempranas horas de la mañana había ocurrido un rebalse en una de las pozas de contingencia al interior de la unidad minera Utunsa de Anabi. 

La solución líquida que provenía de esa poza había caído sobre un canal rústico que la conecta con la quebrada Huayllani. Los Huamaní dieron aviso a los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua, quienes un día después inspeccionaron la zona y encontraron el daño ambiental.

El vertimiento de las aguas residuales que provenían de las pozas, finalmente, fue comprobado por la ANA. En la resolución directoral 0922-2021, la entidad lo describe como un líquido de color verde oscuro y señaló que la empresa minera no tenía ninguna autorización para arrojar esas aguas a la quebrada. 

Por ello, la ANA sancionó a la minera Anabi con una multa de 1000,1 UIT de sanción, lo que equivale a 4 millones 400 mil 440 soles de multa (1 millón 71 mil 187 dólares).

Acusados de derribar un cerro

La minera Anabi también ha sido señalada como responsable del derrumbe de Torre Qaqqa, una formación rocosa que fue hogar de flora y fauna silvestre, ubicada en la comunidad de Huanca, en el distrito de Haquira, a 4 mil metros sobre el nivel del mar. 

El 10 de febrero de 2020, Anabi realizó voladuras en un área fuera del Tajo 1 de la unidad minera de Utunsa, en Cotabambas, sin aplicar un sistema controlado. Según la Fiscalía, estas voladuras afectaron el patrimonio forestal debido al impacto directo de las rocas a la quebrada Yahuarmayo y destruyeron un bofedal.

“Cuando nosotros vivíamos en Torre Qaqqa, teníamos las vicuñas y los cóndores, teníamos pastizal para la ganadería de nuestra familia. Teníamos cabañas y corrales cercanos. Ahora todo el cerro está destruído”, lamentó Arturo Sivincha, de 31 años, uno de los comuneros afectados del centro poblado de Huanca.

En diciembre de 2022, el entonces fiscal ambiental de Apurímac, Edwin Quispe Molina, formuló acusación contra la minera Anabi y sus funcionarios por el presunto delito de contaminación del ambiente y solicitó una pena privativa de libertad de cuatro años y una reparación civil de 40 mil soles (10 mil 386 dólares). 

«Las voladuras han provocado la caída de inmensas piedras que ha cambiado completamente el paisaje natural de esta zona, asimismo han causado daño grave al componente ambiental suelo, por la destrucción del bofedal», señala el documento acusatorio del fiscal.

El Ministerio Público también refiere que estas rocas y desmontes caídos a causa de las voladuras de Anabi en un área no autorizada causaron que 3,35 hectáreas del propio cauce superficial del río Yawarmayo queden completamente enterradas. 

Los análisis de laboratorio realizados por la Fiscalía arrojaron que los parámetros químicos para sólidos suspendidos como aluminio, hierro y plomo han superado los estándares de calidad para agua causando perjuicio al recurso hídrico en humedales y bofedales y grave daño al suelo superficial utilizado para el pastoreo.

El daño a la Torre Qaqqa se pudo evitar. Dos meses antes del derrumbe, las comunidades aledañas y la propia Fiscalía Provincial Mixta de Challhuahuacho alertaron sobre la situación. En noviembre de 2019, el Ministerio Público había exhortado a la minera Anabi a tomar todas las previsiones, pero estas acciones no sucedieron y el daño se consumó. 

Más de un año después de la acusación fiscal, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambobamba aún no ha puesto a trámite el pedido del Ministerio Público para iniciar el juicio contra la empresa, según el fiscal Edwin Quispe Molina, quien ahora trabaja en una fiscalía especializada en derechos humanos en Apurímac.

Ante la demora del juzgado, el abogado de la comunidad, Reinaldo Elguera, dijo a Convoca.pe que presentará una queja al órgano de control interno del Poder Judicial y de la Fiscalía. 

Arturo Sivincha, comunero y dirigente, espera que Anabi pueda remediar el daño causado a la comunidad, aunque el hábitat de las vicuñas y cóndores no volverá a ser el mismo. “Ahora no se puede vivir ahí”, recordó con tristeza.

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Este reportaje fue elaborado por Convoca.pe, en alianza con el Centro Bartolomé de las Casas y el apoyo de la Unión Europea y alianza de publicación con InfoAmazonia.

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Para el análisis de las infracciones ambientales de las compañías Antapaccay y Anabi se usaron las bases de datos de la plataforma Convoca Deep Data.