El proyecto Socio Bosque en Ecuador ha sido clave para proteger la selva. Ahora la empresa petrolera estatal está aprovechando los vacíos legales para extraer petróleo.
Albeiro Mendúa estaba todavía en la escuela primaria cuando el bloqueo empezó. Durante diez días, en octubre de 1998, centenas de indígenas A’i Cofán se unieron para impedir que trabajadores petroleros ingresaran a la comunidad. Indignados por el crudo que se había derramado en sus arroyos y ríos, los A’i Cofán demandaban el cierre de Dureno 1, el pozo responsable de la contaminación, y que Petroecuador — la empresa petrolera estatal de Ecuador — abandonara el área.
“Antes de que llegaran las compañías petroleras, la comunidad siempre vivió en paz y todos éramos amigos”, dijo Mendúa. “Cuando era niño, salía a jugar y había armonía entre las familias y los líderes, pero ahora eso ha cambiado”.
En el transcurso de la protesta, el ejército ecuatoriano fue llamado para vigilar la situación. Pero al final, la presión ejercida por A’i Cofán se volvió demasiado para la dirección de la empresa: el gobierno aceptó sus demandas y accedió a cerrar temporalmente el pozo.
En 1969, Texaco perforó el pozo Dureno 1 dentro del territorio del pueblo indígena A’i Cofán. Pero para 1992, el pozo cambió de manos, convirtiéndose eventualmente en propiedad de Petroecuador, al igual que el patrimonio mineral; en Ecuador, las comunidades indígenas como A’i Cofán suelen tener títulos de propiedad de la tierra, pero los minerales subyacentes, como el petróleo y el gas, el cobre y el oro, pertenecen al Estado.
Desde el descubrimiento del petróleo, la aldea A’i Cofán de Dureno en la parte noreste de la Amazonía ecuatoriana ha sido amenazada por una creciente industria energética junto con un explosivo aumento de la población, la expansión de la agricultura e intensa deforestación. Más de dos tercios de la deforestación de las últimas dos décadas ocurrieron entre 1990 y 2000. Al mismo tiempo, la población de la región aumentó a un ritmo del cinco por ciento cada año.
Tras el cierre del pozo Dureno 1, los A’i Cofán vivieron en paz. A la edad de 18, Mendúa recibió una beca para asistir a la universidad en la ciudad de Cuenca, a 432 millas (695 km) de distancia. Se graduó en 2010, con la Licenciatura en Ciencias de la Educación e Investigación en Culturas Amazónicas. Su siguiente meta: llevar lo que aprendió de vuelta a casa en defensa de su comunidad.
Cuando llegó a su hogar, notó un cambio. Petroecuador había regresado, y esta vez, tenían una nueva táctica: ofrecer incentivos a la comunidad, dividir y perforar. En lo que se refería al desarrollo económico o la protección de las tierras, las familias comenzaron a pelear y los amigos estaban en conflicto.
En aquella época, su comunidad sobrevivía cazando, pescando y recolectando frutos, y Mendúa trabajó para desarrollar proyectos que protegieran su forma de vida y sus derechos. Durante algún tiempo, Mendúa fue vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, una organización indígena que representa a cerca de 1,500 comunidades en toda la Amazonía, y ahora es líder de la Fundación Hijos de la Selva, una organización ambiental enfocada en los derechos indígenas.
“Seguimos luchando y resistiendo”, señaló Mendúa. “Pero los líderes deben estar atentos y nosotros necesitamos defendernos”.
El pueblo A’i Cofán posee títulos legales de más de 1,500 millas cuadradas (3,885 km²) de tierra en cinco territorios soberanos del noreste, a lo largo de los ríos Aguarico y San Miguel, que albergan densos bosques tropicales ricos en plantas y animales. A lo largo de Aguarico, que comienza en las montañas de los Andes y recorre 230 millas (370 km), canales estrechos y lagunas sirven de hogar a delfines, manatíes y caimanes.
En 2008, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, también conocido por su acrónimo MAE, se acercó a los A’i Cofán con una propuesta para proteger sus tierras de origen, pagando a los habitantes para que cuiden sus bosques.
Al principio, muchos de los pobladores rechazaron la idea, temiendo que fuera una estrategia del gobierno ecuatoriano para obtener control de su territorio. Sin embargo, después de varios intentos de cortejar a los A’i Cofán y de reunirse con miembros de la comunidad durante asambleas abiertas, el pueblo A’i Cofán decidió de manera unánime firmar un acuerdo con el MAE, y en 2008, hicieron precisamente eso, uniéndose al proyecto nacional llamado Socio Bosque, un programa crucial en la promesa del gobierno para desarrollar iniciativas que protejan la naturaleza y los ecosistemas ante el desarrollo.
“La decisión se tomó en conjunto, con la participación de los jóvenes, ancianos, mujeres, expertos y líderes”, contó Mendúa. “Comenzamos con 27 millas cuadradas (70 km²) de área de conservación, y fue allí donde levantamos la guardia. Trabajamos duro en la recuperación de la flora y fauna, y la comunidad respetó los términos”.
Hoy en día, la región de Dureno es uno de los 222 sitios de Socio Bosque a lo largo de Ecuador, y consta de 6,330 millas cuadradas (16,395 km²) de tierra protegida, de las cuales, casi 5,605 millas cuadradas (14,517km²) pertenecen a comunidades indígenas y a otros convenios de terratenientes. En Dureno, los A’i Cofán reciben alrededor de $54,000 cada año a través de Socio Bosque, y el dinero se usa para capacitar a guardias forestales, mejorar las estrategias de vigilancia, y proteger el territorio de mineros ilegales y otras amenazas.
“Los A’i Cofán siempre han sido guardianes de los bosques sin recibir nada a cambio”, dijo Medardo Ortiz, quien también es miembro y extesorero de la comunidad indígena A’i Cofán de Dureno. Dice que el acuerdo les permitió “obtener recursos económicos y cubrir las necesidades de las familias”.
Los bosques dentro del territorio A’i Cofán son algunas de las últimas zonas de bosques prístinos que quedan en la Amazonía ecuatoriana y abarcan casi 7,000 millas cuadradas (18,129 km²). A través del programa Socio Bosque, unos 800 miembros de la comunidad reciben pagos, colectivamente, para proteger 30 millas cuadradas (78 km²) de tierra de la tala y la apropiación de tierras agrícolas, preservando al mismo tiempo el terreno. El dinero es una ganancia inesperada en una región donde 60 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y el programa funciona. Para 2025, el programa pretende proteger otras 7,000 millas cuadradas (18,129 km²) de bosque.
“En general, los índices de deforestación en el noreste de la Amazonía ecuatoriana se han mantenido relativamente sin cambios o incluso han disminuido en algunas áreas desde comienzos de los años 2000”, indicó Santiago Lopez, profesor asociado de geografía y medio ambiente en la Universidad de Washington, Bothell. “Socio Bosque es un programa muy útil y ha permitido a individuos y comunidades beneficiarse financieramente de la preservación de sus bosques”.
Pero la expansión del desarrollo energético en Dureno y sus alrededores, de nuevo, amenaza con debilitar el proyecto Socio Bosque, potencialmente arruinando décadas de esfuerzos de conservación y poniendo en peligro millones de dólares de financiamiento internacional ligados directamente al programa estatal de áreas protegidas.
Desde 2012, Petroecuador ha perforado 70 nuevos pozos a través de 155 millas cuadradas (401 km²) de selva amazónica ecuatoriana, creando el campo petrolero más grande del país e incrementando la producción en aproximadamente 75,000 barriles por día. Y en 2017, el gobierno de Ecuador anunció planes para expandir la perforación.
El año pasado, Ecuador produjo aproximadamente 482,000 barriles de petróleo por día, cuya mayoría provenía de la región amazónica. Más del 60 por ciento de la Amazonía ecuatoriana está bajo concesión petrolera con casi 28,000 millas cuadradas (72,520 km²) de bloques petroleros en operación. Para 2025, se espera que la producción aumente hasta 756,000 barriles por día.
Cerca de Dureno, unos 70 pozos petroleros perforados antes y después de 2012 rodean el área protegida de Socio Bosque y dos están produciendo petróleo dentro de los límites establecidos. Los frecuentes derrames de petróleo de dichos pozos polucionan las tierras y aguas que están conectadas a Socio Bosque, contaminando vías acuáticas y causando graves pérdidas y daños a la biodiversidad de la región, amenazando los últimos bosques subdesarrollados de la región. Entre 2012 y 2022, se reportaron un estimado de 959 casos de daños causados por petróleo en 51 diferentes tierras indígenas alrededor del país.
“Todos los desechos y contaminación de ese campo van hacia los ríos que atraviesan la comunidad”, comentó Alexandra Almeida, coordinadora de asuntos petroleros en Acción Ecológica, una organización de defensa ambiental con sede en Quito, Ecuador. “El pueblo A’i Cofán de Dureno está muy afectado. Ya no pueden cazar ni pescar. Es realmente trágico”.
El pueblo A’i Cofán de Dureno está muy afectado. Ya no pueden cazar ni pescar. Es realmente trágico.
Alexandra Almeida, coordinadora de asuntos petroleros en Acción Ecológica
De forma más amplia, un total de 68 pozos petroleros están ubicados dentro de áreas protegidas regidas por los acuerdos de Socio Bosque, o dentro de los límites de las 31 millas (50 km) protegidas, mientras que tres campos petroleros propiedad del Estado se superponen a las tierras de Socio Bosque. Un campo, el bloque Shushufindi, generó cerca del 12 por ciento de la producción total de petróleo crudo del país en 2022.
A medida que la exploración del petróleo comienza a devorar los bosques de Ecuador, Socio Bosque brinda una ventana a cuán protegidas están en realidad las zonas cuando se enfrentan al encanto de las ganancias por petróleo y gas.
“Pienso que tiene buenas intenciones”, dijo Kevin Koenig, Director de Clima, Energía e Industrias Extractivas de Amazon Watch. “Existen un montón de preguntas en torno a si el programa está realmente logrando lo que debe lograr”.
En 2008, el pueblo Shuar Arutam se convirtió en la primera comunidad en hacer convenio con Socio Bosque. Con territorios entre los ríos Santiago, Zamora y Kuankus en la región sureste de Ecuador, el acuerdo cubrió cerca de 800 millas cuadradas (2,072 km²) de tierra y brindó apoyo a casi 100,000 personas en 27 comunidades Shuar.
Los Shuar obtuvieron un ingreso anual de $452,000 que se usó para conservar los bosques, mejorar las finanzas de la comunidad y construir instalaciones educativas para sus hijos. Pero a pesar de firmar contratos con el gobierno, en 2019, funcionarios ecuatorianos otorgaron varias concesiones mineras a compañías de propiedad canadiense, china y australiana dentro de las áreas protegidas establecidas.
“A las familias que nunca se habían beneficiado de las instituciones públicas del Estado se les dieron recursos para la educación, salud, desarrollo productivo”, señaló Jamie Palomino, presidente de la comunidad Shuar Arutam. “La idea era buena, pero el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica se aprovechó de esta oportunidad para distraernos y seguir avanzando con los permisos para las concesiones mineras, que no era la visión de nuestro pueblo”.
A lo largo de 2020, la expresidenta Josefina Tunki y otros activistas presentaron una serie de demandas al gobierno ecuatoriano, con el objetivo principal de que se retiraran los contratos. Como respuesta, fueron objeto de amenazas y acoso por parte de las compañías mineras y el Estado.
En 2020, las autoridades ecuatorianas llevaron a cabo redadas violentas en la comunidad y ese mismo año, Josefina Tunki, quien ganó notoriedad como líder clave en la resistencia comunitaria, recibió amenazas de muerte del vicepresidente de Solaris, Federico Velásquez, quien supuestamente le dijo, “Si sigues molestándome con denuncias nacionales e internacionales, tendremos que degollar a alguien”.
Como resultado del otorgamiento de concesiones por parte del Estado dentro de áreas regidas por contratos de Socio Bosque, el MAE rescindió su contrato con el pueblo Shuar Arutam, alegando que la comunidad no cumplió con los requisitos del programa. Según un informe publicado por Amazon Watch sobre Socio Bosque, investigadores calificaron la implementación “plagada de irregularidades e inconsistencias”.
“El gobierno falló en brindar apoyo para la adecuada implementación del acuerdo e incluso permitió que compañías mineras ingresaran en el territorio [del pueblo Shuar Arutam]”, apuntó el informe. “La terminación del programa ha creado aún más dificultades económicas [para los pueblos Shuar Arutam], creando división entre las comunidades y familias que podrían conducirlos a los brazos de las compañías mineras — un resultado perverso de un programa destinado a la protección del bosque”.
Torsten Krause, profesor titular de ciencias de la sostenibilidad en el Centro de Estudios de Sostenibilidad de la Universidad de Lund, ha investigado los beneficios de conservación del programa Socio Bosque.
“La gente estaba confundida porque el Estado venía y les pedía que se unieran a este plan de conservación por 20 años y luego, el mismo Estado, tan solo una semana después, regresó y les dijo que estaban buscando abrir una mina o subastar los derechos de licencia para la extracción de petróleo allí”, indicó Krause. “Ellos estaban como, ‘Espera un segundo, ¿quieren que firmemos este contrato, pero luego también aprobarán las concesiones petroleras?’. Eso es confuso”.
Cada contrato de Socio Bosque tiene una vigencia de 20 años y el MAE paga a los propietarios de tierras para proteger su territorio. Para garantizar su cumplimiento, la oficina central de Socio Bosque, con sede en Quito, supervisa cada sitio mediante sensores remotos y visitas semestrales al campo. Cada vez que las comunidades violan los términos del contrato, se pierde un pago. Si la violación es provocada por alguien ajeno a la comunidad – como una maderera ilegal, por ejemplo – los beneficiarios deben reportar el incidente a la oficina central en un plazo de cinco días o perderán el pago. Después de tres violaciones consecutivas, Socio Bosque puede dar por terminado el contrato y obligar a los propietarios de tierras a que regresen un porcentaje de los pagos recibidos desde el principio del contrato.
En casos donde los propietarios de tierras no cumplan con las obligaciones contractuales debido a proyectos auspiciados por el Estado, las comunidades siguen comprometidas a pagar.
“Reconocemos que todavía existen desafíos que atender”, dijo Luis Suárez, vicepresidente de Conservación Internacional en Ecuador. “Confiamos en que, a través de esfuerzos coordinados entre el gobierno, organizaciones de la sociedad civil y la cooperación técnica internacional, estas preocupaciones pueden abordarse respetando los derechos de las comunidades locales y conservando la naturaleza”.
Los terrenos de Socio Bosque son considerados zonas protegidas bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador y forman parte del esquema nacional REDD+ —un programa internacional voluntario para mitigar el cambio climático, desarrollado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, destinado a reducir la deforestación y degradación forestal pagándoles a las comunidades para que detengan el desarrollo y conserven los ecosistemas. El objetivo es incentivar la conservación, mejorar las condiciones de vida de las comunidades involucradas con el trabajo, y reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en aproximadamente 52 millones de millas cuadradas (más de 134.6 millones de km²) de áreas forestales en 60 países.
Las organizaciones indígenas y de la sociedad civil a menudo rechazan programas que otorgan pagos por servicios ecosistémicos o ambientales, también conocidos como PSA, que entregan a los propietarios de tierras y comunidades transferencias monetarias para mejorar los resultados de conservación, como es el caso del programa REDD+ de la ONU, porque dicen que “no es una solución real para enfrentar el cambio climático”.
Un estudio reciente del Proyecto de Comercio de Carbono de Berkeley sobre las principales metodologías empleadas por REDD+ halló que los gerentes de proyecto suelen “estirar la realidad y crear una gran cantidad de créditos de carbono para proyectos que tienen impactos climáticos cuestionables”. Sus hallazgos levantan dudas sobre la efectividad y credibilidad de los proyectos de REDD+, y los expertos piden mayor transparencia en la contabilidad de carbono y mayores salvaguardias para las comunidades indígenas.
En Ecuador, el programa Socio Bosque también tiene sus críticos. En lugar de proteger tierra para la conservación, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, o CONAIE, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, también conocida como CONFENIAE, argumentan que Socio Bosque es una amenaza para las tierras, tradiciones e identidades indígenas. Para ellos, el programa no aborda los verdaderos generadores del cambio climático, como la extracción y quema de combustibles fósiles, la agroindustria y la deforestación, que amenazan el medio ambiente y sus medios de vida.
En una carta dirigida a la Secretaría General de la ONU en 2011, CONAIE señaló: “Nos oponemos a las políticas que se están desarrollando en Ecuador, como el plan Socio Bosque, así como a las nuevas regulaciones ambientales que apuntan a comercializar nuestros bosques, agua y biodiversidad. Y de manera similar rechazamos las iniciativas privadas de apropiarse tierras y vender servicios ambientales”. Para combatir el cambio climático, las políticas deben respetar los derechos de los pueblos indígenas y detener la expansión del petróleo y la agroindustria, argumentaron.
Más de $50 millones se han invertido en el programa Socio Bosque desde que comenzó el proyecto. La mayor parte del dinero proviene de Ecuador, pero lo complementan instituciones internacionales y donadores privados.
En 2014, Banco del Pacifico, un banco del sector privado con sede en Ecuador, firmó un contrato de 3 años con Socio Bosque para otorgar $8,635 al año para conservar y restaurar los ecosistemas de Ecuador. Ese mismo año, General Motors firmó un contrato de 5 años, en el que prometió transferir $23 por cada 2.4 acres de áreas protegidas cada año. Pero, por mucho, el donador más grande del programa es
KfW, un banco de inversión y desarrollo de propiedad estatal alemana, que firmó un contrato con Ecuador en junio de 2010 y que ha otorgado al programa un total de $29.4 millones.
“El marco legal existente de Ecuador crea la posibilidad de superponer áreas mineras con áreas de Socio Bosque, lo que, desde nuestra perspectiva, definitivamente no es lo ideal”, comentó un representante de KfW. “Consideramos que, en general, el programa Socio Bosque es una historia de éxito en la protección de los bosques tropicales. Sin embargo, definitivamente también seguiremos considerando cuidadosamente cualquier cambio futuro, impactos no intencionales o fallas técnicas del programa, antes de cualquier financiamiento adicional”.
Entonces están los detalles. Cuando Petroecuador quiera perforar en busca de petróleo en un nuevo sitio, deberán obtener una licencia ambiental. Para ello, deberán conseguir un certificado de intersección del MAE que corrobore que el área propuesta para la perforación no se superpone con un área protegida a nivel nacional. Los terrenos de Socio Bosque son consideradas zonas protegidas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, pero Petroecuador lo niega. “Nuestras licencias ambientales no requieren certificados de intersección para áreas privadas dentro del programa Socio Bosque”, afirmó un representante de la compañía, añadiendo que “Socio Bosque no es una área protegida”.
De acuerdo con Verónica Andrade Estrada, directora técnica de Socio Bosque, en áreas donde existen concesiones otorgadas por el gobierno de Ecuador para el desarrollo del petróleo y gas, “estas áreas se retiran del polígono de conservación, ya que dentro de las propiedades bajo conservación no es posible desarrollar industrias extractivas”, indicó.
“De acuerdo con nuestro entendimiento del marco legal, un incumplimiento del acuerdo debido, por ejemplo, a actividades patrocinadas por el gobierno, no da como resultado que un socio incumpla el contrato y, por lo tanto, el socio no tiene que reembolsar el incentivo”, dijo un representante de KfW. “En este caso, debería llegarse a una recesión del contrato de común acuerdo”.
Los representantes de Socio Bosque no respondieron a las solicitudes de una aclaración o preguntas detalladas sobre la necesidad de las comunidades de pagarle al Estado por sus actividades de desarrollo en áreas protegidas contractualmente.
Si bien Socio Bosque canaliza $7.9 millones en inversiones por año para el medio ambiente, ese ingreso palidece en comparación con las ganancias del petróleo: en los primeros tres meses de 2023, el gobierno ecuatoriano recibió $1,500 millones en ingresos por las exportaciones de petróleo de Petroecuador.
“Para mantener una coexistencia armoniosa con los proyectos que se implementan en beneficio del desarrollo del país, Socio Bosque realiza una revisión exhaustiva de los planes de manejo ambiental que se presentan previo a la entrega de licencias que se superponen con las áreas de Socio Bosque”, señaló el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. En esos casos, se establecen “medidas preventivas, mitigantes y compensatorias específicas” y, “si el Estado prioriza la extracción de recursos, el área es retirada del esquema de conservación”.
En 2021, cuando Guillermo Lasso, el presidente saliente de la nación, llegó al poder, anunció que quería “extraer hasta la última gota de beneficio de nuestro petróleo” en Ecuador. En 2022, su administración comenzó a negociar con Silverio Criollo, expresidente A’i Cofán de Dureno, para tener más pozos dentro de los límites de Socio Bosque –una negociación que encendió divisiones dentro de la comunidad.
“Fue un golpe duro”, afirmó Albeiro Mendúa. “Nos quejamos con el gobierno y dijimos que teníamos una acuerdo firmado y que debían respetarlo”.
Tan solo meses después de reunirse con Criollo, el gobierno ecuatoriano autorizó la construcción de 30 nuevos pozos petroleros por Petroecuador, y para junio de 2022, los
A’i Cofán de nuevo habían construído un bloqueo para evitar que los trabajadores petroleros ingresaran a la comunidad. El enfrentamiento se prolongó hasta el 12 de enero de 2023, cuando miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Ecuador trataron de desalojarlos, lo que dio como resultado una confrontación violenta que dejó seis personas gravemente heridas.
Luego, el 26 de febrero, el hermano de Mendúa, Eduardo, uno de los rostros más prominentes dentro de la resistencia de la comunidad contra Petroecuador y el entonces presidente Criollo, fue asesinado afuera de su casa, en su jardín.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, o CONAIE, y otras organizaciones no gubernamentales, junto con integrantes de la familia Mendúa, han acusado a Petroecuador de ser responsable del ataque. Petroecuador niega las acusaciones añadiendo que la compañía ha “estado en conversaciones constantes con las comunidades y los A’i Cofán están plenamente informados sobre la intervención de la compañía petrolera en su territorio”, dijo la gerente subrogante de Petroecuador, María Soledispa.
“Dureno se ha convertido en una zona de conflicto”, señaló Mendúa. “He tenido que dejar la comunidad para vivir en otro lugar por mi seguridad personal”.
Mendúa ahora pasa sus días en el exilio de Dureno, haciendo campaña en contra de las operaciones petroleras a distancia. Vivir en su casa, dice, conlleva constantes amenazas de muerte por parte de trabajadores petroleros y miembros de la comunidad a favor de la exploración petrolera, y el asesinato de su hermano es un recordatorio de cuán reales son esas amenazas.
En agosto, el 60 por ciento de los ecuatorianos votaron para liberar al parque nacional Yasuní, un área protegida de 3,948 millas cuadradas (10,225 km²) y hogar de varias comunidades indígenas aisladas, de la exploración petrolera en un referéndum histórico. El resultado, que requerirá que Petroecuador deje más de 726 millones de barriles de petróleo bajo tierra, fue aclamado como una victoria por los defensores del medio ambiente alrededor del mundo.
“Esto nos demuestra que el más grande consenso nacional en este momento es la defensa de la naturaleza, la defensa de los pueblos y nacionalidades indígenas, la defensa de la vida”, dijo Pedro Bermo, portavoz del colectivo ambiental Yasunidos, en un comunicado.
Pero Mendúa se siente menos esperanzado en torno a los resultados. Dice que las comunidades en territorios fuera de Yasuní no están a salvo. “Estamos seguros, o al menos yo lo estoy, de que el gobierno intentará entrar por la fuerza”.
Mendúa dice que ahora está trabajando para idear proyectos alternativos que la comunidad pueda emprender para proteger sus hogares y mantener alejadas a las compañías petroleras. Él y otros están luchando por el derecho legal de gestionar más de sus territorios históricos y ancestrales, algo que creen fortalecería la supervivencia del pueblo Cofán y representaría una gran victoria para la conservación.
“Tenemos la capacidad de manejar y defender estos territorios”, aseguró Mendúa. “Nuestra lucha no solo es por los Cofán — también estamos luchando contra el cambio climático”.
Esta nota fue producida por Grist y fue publicada en colaboración con InfoAmazonia.
Traducción por Sonia Ramírez.
