Esta semana hubo un intenso debate en el Congreso sobre el bienestar de las vacas que son exportadas vivas en barcos desde Colombia. Sin embargo, la discusión hace parte, en el fondo, de un debate que aún no está resuelto: ¿Qué debe hacer el país para garantizar la trazabilidad del ganado que llega a nuestro plato? ¿Cómo mejorar las prácticas ganaderas asociadas a la intensa deforestación?
En mayo de 2020, cuando la mayoría de las noticias se enfocaban en el covid-19, un barco con ganado en pie salió de Cartagena rumbo a Egipto. Hizo una parada en el puerto Las Palmas de Gran Canaria, en las Islas Canarias (España), donde fue inspeccionado por Vigilancia Aduanera y la Policía. Al entrar los funcionarios se llevaron una sorpresa: encontraron capas de excrementos entre el ganado, cadáveres de vacas a la intemperie y animales muy flacos.
Ese año, según datos de Fedegán, Colombia logró ventas por US$143 millones por exportar ganado en pie. En 2021, de los más de US$327 millones que vendió el sector en exportaciones entre enero y octubre, US$122 millones correspondieron a los más de 205 mil cabezas de ganado vivas que se enviaron a otros países por el mar.
Este tipo de comercio se ha popularizado en los últimos años. Colombia lo retomó en 2019, luego de que en 2013 se dejara de exportar por el cierre definitivo del comercio en Venezuela. Según Fedegán, para entonces, el 98 % de las exportaciones del ganado en pie iban al país vecino. Y aunque ha dejado buenos réditos a quienes se dedican a este negocio, también ha sido blanco de críticas. El barco de Egipto parece haber sido uno de los que rebasó la copa y que dio origen a una intensa discusión en el Congreso esta semana. El martes, la Comisión Quinta del Senado citó a una audiencia pública a la senadora Andrea Padilla, el Ministerio de Agricultura y el sector ganadero para escuchar puntos a favor y en contra de esa práctica. Semanas atrás, Padilla había radicado un proyecto de ley para prohibir, progresivamente, las exportaciones de animales vivos.
La principal razón que condujo a Padilla a presentar ese proyecto son las presuntas malas condiciones en las que son transportados los animales, algo que para ella no corresponde con los lineamientos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por su sigla en inglés). “El ICA ha dicho siempre que su responsabilidad va hasta el puerto, es decir, que es simplemente verificar que las vacas vayan con las condiciones sanitarias y punto, pare de contar. Y eso va en contravía de esta responsabilidad que de principio a fin (la OIE) les otorga a todos los actores del proceso”, señala.
Entre sus argumentos, Padilla también menciona la Resolución 97977 de 2021. En ella, el ICA no establece cuántos veterinarios se necesitan para atender ciertas cantidades de animales durante los trayectos. El Espectador contactó al ICA para preguntarle en torno a los argumentos de la senadora Padilla, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
En la audiencia pública estuvo la ministra de Agricultura, Cecilia López, quien dijo que el Congreso no puede prohibir exportaciones, sino que esta es una competencia del Poder Ejecutivo. Al respecto, Padilla defiende que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por su sigla en inglés) “establece que efectivamente no se pueden prohibir ciertas actividades de comercio internacional, pero ese documento también establece excepciones, y una de esas excepciones tiene que ver con la moralidad pública. Cuando el país considere que una determinada actividad vulnera su moralidad pública puede tomar medidas respectivas sobre esa actividad”. Un ejemplo que da Padilla es que Nueva Zelanda anunció que para 2023 prohibirá la exportación marítima de animales pensando en su bienestar.
También estuvo presente José Félix Lafaurie, dirigente gremial de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). En entrevista con El Espectador, señaló que si se prohíbe la exportación de ganado “va a pasar lo mismo que con la coca: nada hace más rentable un negocio que la prohibición”. Para Lafaurie, el proyecto de Padilla está en contra de la economía de mercado y “no tiene sentido en pleno siglo XXI, en donde se establecen protocolos para que puedan los animales ir rodeados de las mayores garantías en materia de bienestar animal, pero se prohíbe”.
La discusión ha generado muchas preguntas. La primera es obvia: ¿por qué se exportan animales en pie y no únicamente se exporta la carne congelada? En el caso de Egipto, Irak, Jordania y Líbano, que son los principales destinos del ganado en pie que se exporta, prefieren realizar el sacrificio de los animales porque no confían en las condiciones de sacrificio en Colombia. Estos países, que forman parte de la Organización para la Cooperación Islámica (OIC), se basan en los lineamientos de la certificación Halal, que se rige bajo el marco regulatorio de la legislación islámica. Según explica Fanny Ochoa, directora del Instituto Halal Iberoamericano, esta certificación mide “el bienestar animal antes del sacrificio y que se esté cumpliendo con la normatividad medioambiental” del país exportador.
Estos no son los únicos países que dudan de las condiciones de sacrificio en Colombia. Desde noviembre del año pasado se ha dado un debate entre los comisionados europeos alrededor de una propuesta que se votará este mes y que busca prohibir las importaciones de productos provenientes de zonas deforestadas. Según Pablo Neira, jefe de Comercio de la Unión Europea en Colombia, Europa no le compra carne a Colombia porque “no se cumplen los requisitos de accesibilidad sanitaria”, que exigen tanto la Unión Europea como algunos de la OIE.
Esta situación conduce a un asunto de fondo, mucho más complejo y en el que Colombia parece tener aún varios vacíos: ¿sabemos con precisión de dónde viene la carne que consumimos?
Uno de los grandes problemas, explica Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), es que no existe una trazabilidad que garantice que las áreas deforestadas de Colombia no se amplían para la siembra de pasto y el ingreso de ganado, ni que la actividad ganadera no se desarrolla en áreas donde está prohibido, como Parques Nacionales Naturales (PNN).
Al analizar las cifras de deforestación del Ideam y las cifras de bovinos del ICA, Caquetá, Meta y Guaviare son los departamentos en los que hay “más crecimiento de ganado sobre áreas de bosque y deforestación”, señala Botero. Solo en los municipios de San Vicente del Caguán, La Macarena, Cartagena del Chairá y San José del Guaviare, entre 2016 y 2022, hubo más de 105 mil, 81 mil, 96 mil y 78 mil hectáreas deforestadas, e ingresaron más de 296 mil, 214 mil, 244 mil y 98 mil cabezas de ganado, respectivamente.
Para Botero, entonces, los lentes sobre la ganadería no deberían centrarse solo en el bienestar animal, sino que urge una ley de trazabilidad que ayude a reconocer el ganado que viene de zonas deforestadas y de zonas con restricción a la ganadería, como parques naturales, resguardos indígenas y reservas forestales.
¿De dónde sale la carne que va a nuestro plato?
La trazabilidad es necesaria, afirma Botero, para definir áreas de zonificación ambiental y de zonificación productiva, es decir, “áreas donde pueda concentrarse la actividad ganadera con modelos de silvopastoreo (que integran árboles, cobertura y pastoreo, y benefician al ecosistema) y áreas que deben excluirse de la actividad ganadera”.
Lograrlo con precisión aún es un gran reto sobre el que se han dado algunos pasos. Desde 2004, por ejemplo, a raíz del brote de fiebre aftosa que hubo en bovinos en el país, el ICA realiza una trazabilidad ganadera de enfoque sanitario con apoyo del Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino. Esta trazabilidad de enfoque sanitario tiene como pilar garantizar que los animales pasen por los debidos procesos de vacunación.
Además, en mayo, el ICA anunció que se cancelará el Registro Sanitario de Predios Pecuarios, es decir, predios en los que se desarrolla la actividad ganadera de bovinos y/o bufalinos, dentro de áreas protegidas, en dos fases. Una será bloquear los predios en los que se identifique presencia de ganado en áreas delimitadas por Parques Nacionales Naturales, lo que significa que con el bloqueo el predio no puede movilizar animales que tengan autorización sanitaria del ICA. Luego vendría un proceso de cancelación de los registros sanitarios dados por el ICA, lo cual solo aplicará a predios o personas que antes de esta nueva resolución tuvieran los permisos para desarrollar la actividad ganadera en PNN.
Esta decisión ayudaría, de alguna forma, a combatir un problema muy grave: según el último boletín de la organización Parques Nacionales Naturales Cómo Vamos (basado en datos del ICA), publicado en enero de este año, entre 2018 y 2020 ingresaron entre 10.000 y 50.000 cabezas de ganado a parques de la Amazonia como Tinigua, La Macarena, Picachos, Chiribiquete, entre otros, lo que corresponde a un aumento del ganado del 20 % a más del 100 % entre ambos años. Parques Cómo Vamos insiste en que la ganadería extensiva sí es “uno de los principales motores de la deforestación, afectando las áreas naturales, sus funciones y la biodiversidad”.
Cuando le mencionan este asunto a Lafaurie, tiene una postura clara: defiende que el aumento de la deforestación del arco amazónico no está relacionado con el sector ganadero de Colombia, sino que “se debe a organizaciones criminales que traen el ganado de contrabando de Venezuela”. A Arnulfo Gasca, gobernador de Caquetá, el departamento que siempre está en el top de “los más deforestados”, tampoco lo convencen las cifras de Parques Cómo Vamos. Para él, “la ganadería hoy no es símbolo de deforestación”, sino un problema de otras décadas. Asegura que hoy las vacas se mueven en un terreno que empezó a deforestarse 60 años atrás, cuando “la Caja Agraria les prestaba a los colonos para que tumbaran bosque y sembraran arroz, maíz y pasto para meter ganado”.
Sin embargo, hay varias preguntas aún sin resolver, y eso ha llevado a otro congresista a presentar otro proyecto de ley de trazabilidad de la carne. “Nuestra propuesta es incluir el enfoque ambiental en el sistema actual, para que así pueda ser esta una herramienta para luchar contra la deforestación”, explica Juan Carlos Losada, del Partido Liberal. Para lograr esta trazabilidad, añade, “se debe articular el sistema de información actual con la información catastral y con la información satelital de monitoreo de bosques”.
Losada insiste en que es clave que se creen diálogos entre el sector de la agricultura y el sector ambiental, pues “no pueden ir en direcciones distintas”. En eso coincide Padilla. Para Botero, hay un punto más que no se puede excluir de esta discusión sobre trazabilidad: se debería incluir no solo la cadena de la carne o de la exportación de ganado en pie, sino también de producción de lácteos.
¿Funcionaría una ley de trazabilidad?
El economista Juan Pablo Ruiz, quien es consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y profesor de la Universidad del Externado, añade un punto clave a esta discusión, que precede a la deforestación y a la entrada de ganado a un territorio. Explica que en este complejo “negocio” hay variaciones: quien paga la deforestación también hace un “contrato” para que le siembren pasto; en algunos casos mete animales propios y, en otros, recibe animales de terceros. Las ganancias se dividen entre quien hizo la inversión en la deforestación y el dueño del ganado.
Además, dice, hay una transacción de tierras informales de zonas que han sido tumbadas ilegalmente. Eso, por ejemplo, se traduce en que alguien ejerce un dominio social sobre un terreno, así no tenga un título legal. “Muchas veces, inclusive, vende esos dominios”, asegura Ruiz.
Luego de eso, vienen más problemas. Con frecuencia el ganado que está en esas zonas que alguien acaparó va a parar a otra finca que sí está dentro de la frontera agropecuaria o va hacia el matadero. Por eso, insiste Ruiz, es indispensable que haya una trazabilidad que detalle todo el camino que recorre un animal: desde que nace hasta los movimientos que hace por algunas fincas.
A sus ojos, hay, además, una medida previa a ese ejercicio, que ayudaría a frenar la intensa deforestación: utilizar la información que, con ayuda de imágenes satelitales, tiene el Ideam. “No me refiero a las quemas sino a la información que muestra la tala. Ahí es el momento de ‘caerle’ a quien deforesta que, desde luego, no es un inversionista sino un trabajador asalariado. Obviamente, habría que buscar a quien está financiando y habría que sancionarlo, aplicando la reglamentación ambiental”.
Eso es clave, según él, pues la trazabilidad del ganado impide que los animales que pastaron en áreas deforestadas sean comercializados, pero no impide que talen ilegalmente en esa zona.
Ruiz coincide en que el proyecto de Andrea Padilla es válido en términos de bienestar animal, pero el foco en materia ambiental debería ser otro: frenar la inversión en deforestación y transformación del bosque en praderas para luego evitar que un terreno, mediante la sustracción de reserva forestal, se titule. “El Estado debería anunciar que no va a volver a hacer ninguna titulación individual en zona de reserva forestal, de tal manera que la especulación predial que hoy están haciendo los ‘inversionistas’ [en deforestación] no vaya a tener como finalidad un título”, explica.
¿Ganadería sostenible?
La gran pregunta en este punto es, ¿cuál es, entonces, la manera más adecuada de hacer ganadería en Colombia para no causar estos graves impactos? Para Ruiz, coautor de una estrategia de adaptación de la Amazonia ante el cambio climático, la solución puede estar en una ganadería que no sea agresiva con el ambiente. A lo que se refiere es a lograr una reconversión de la ganadería de pradera extensiva a sistemas silvopastoriles. Así, dice, como la trazabilidad del ganado es útil para reducir la deforestación, la ganadería silvopastoril “es útil para enfrentar el cambio climático tanto en temas de mitigación como en temas de adaptación”.
Según Ruiz, si Colombia hiciera una reconversión ganadera, incluso, en términos económicos, tendría mayor potencial, pues que el ganado provenga de sistemas silvopastoriles “es un atributo para la exportación, ya que no contribuye a la deforestación sino a la recuperación de la biodiversidad en áreas intervenidas”.
Entre 2010 y 2020, Fedegán fue el ejecutor de un proyecto de sistemas silvopastoriles en 100.000 hectáreas del Meta, la zona cafetera, el altiplano cundiboyacense y el Caribe, que fue financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Gef por sus siglas en inglés). Además de este programa, algunas organizaciones como la Fundación Natura, WWF, el Ciad, entre otras, han adelantado proyectos de reconversión silvopastoril.
Pero, añade Ruiz, algo más de 100.000 hectáreas de las 38 o 39 millones que se destinan a uso ganadero, es todavía muy poco. Espera que “dentro del Plan Nacional de Desarrollo incluyan una meta de hectáreas transformadas de ganadería extensiva en sistemas silvopastoriles, que garanticen recuperación de biodiversidad y la conectividad biológica”. Así habría mayor bienestar animal -el tema con el que empezó todo este debate- porque el ganado “estaría en mejores condiciones”.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.