Las cifras muestran que, a escala nacional, la tasa de deforestación en Colombia aumentó 1,5 % en el 2021: es decir, se perdieron más de 174.000 hectáreas de bosque. Expertos señalan que el problema social y ambiental se agudiza cada vez más y que operaciones como Artemisa no han sido efectivas.
Ayer el Ideam y el Ministerio de Ambiente publicaron las cifras de deforestación de 2021. Según el reporte, esta actividad en Colombia habría aumentado un 1,5 % con relación a 2020, una cifra que se traduce en 174.103 hectáreas taladas. El reporte, además, arroja otro dato: el fenómeno se habría reducido en un 34 % frente al modelo de tendencia generado por el mismo Instituto. Es decir, un modelo con el que, según los datos que se recojan, se calculan las cifras de deforestación en prospectiva.
Aunque este panorama da la ilusión de que las cifras son mejores de lo que se esperaba, Sandra Vilardy, directora de la organización civil Parques Nacionales Cómo Vamos, explica que lo clave es entender que, precisamente, se está hablando de un modelo de tendencias. “Ahí dicen que la tendencia disminuyó, a pesar de que las cifras reales aumentaron”, comenta Vilardy y explica que aunque después de 2018 la tasa de crecimiento de la deforestación se desaceleró, “la deforestación sigue siendo alta”. Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), coincide con Vilardy en que ese 34 % se trata de “una reducción hipotética, porque los datos reales muestran crecimiento de la deforestación”.
Los seis departamentos en los que se concentró el 77 % de las hectáreas deforestadas en el país, fueron Norte de Santander, Antioquia, Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. Cuatro de esos seis se concentran en la Amazonia, en donde, según un informe de la FCDS, se deforestaron 113.715 hectáreas entre abril de 2021 y marzo de 2022. El informe de la FCDS, también publicado ayer, señala que el municipio más afectado es La Macarena (Meta), que concentró el 16 % de la deforestación de la región en 2021, en donde el Parque Tinigua se ha visto fuertemente afectado. Sin embargo, según el Ideam, en este parque la deforestación se redujo un 6 %, aunque el comunicado no muestra evidencias en cifras.
Otro de los parques amenazados es la Serranía de Chiribiquete. Las cifras del Ideam muestran que allí la deforestación aumentó en un 13 % con relación a 2020. Sobre este parque, el informe de la FCDS apunta que se deforestaron 1.186 hectáreas entre abril de 2021 y marzo de 2022. Botero advierte que “el asunto es que estamos llegando a zonas críticas para garantizar la prestación de servicios ambientales y de alta biodiversidad, se está fragmentando la Amazonia, está aumentando la presencia de la ganadería como un factor que hace irreversible la recuperación de los territorios y, además, el acaparamiento de tierras está impidiendo que esas áreas puedan ser asignadas a campesinos para su manejo de bosques en pie”. En otras palabras, dice Botero, “tanto ambiental como socialmente tenemos un problema enorme”.
Por otro lado, el Ideam afirma que en algunos Parques Nacionales esta actividad se redujo. Según el reporte, en Tinigua se disminuyó un 6 %; en La Macarena, un 11 %; en La Paya, un 17 %; en Paramillo, un 28 %; en Cordillera de los Picachos, un 30 %, y en la Reserva Nacional Natural Nukak, un 33 %. Sin embargo, el informe de la FCDS sostiene que en todo el período 2018-2022, el 14 % de la deforestación de la Amazonia se concentró en los parques Tinigua, La Macarena, Picachos, Chiribiquete, La Paya y la Reserva Nukak.
Además, el informe de la FCDS estima que en el último año, solo en la Amazonia, unos 55 resguardos indígenas han sido visto afectados por esta actividad, algo que se materializa en más de 9.000 hectáreas. Entre los más afectados están los resguardos Llanos del Yarí Yaguara y Nukak Makú, en donde solo entre enero y febrero de este año se perdieron más de 2.700 hectáreas. Botero añade que la tendencia de deforestación en los últimos tres años ha sido ascendente y constante. Además, “llevamos más de seis años, como país, por encima del nivel de referencia de deforestación amazónica, entre 35.000 e incluso 50.000 hectáreas. Es una cifra extremadamente alta”: desde que se firmó el Acuerdo de Paz se han perdido más de un millón de hectáreas.
A la crisis social y ambiental que señala Botero se suma una de salud pública: el humo que respiran miles de personas por cuenta de los incendios causados por deforestación o por sus impactos. Y es que según la FCDS, los incendios de principios de este año fueron los peores de la década en la Amazonia colombiana. Entre enero y febrero se presentaron más de 50.000 alertas de incendios en los bosques, superando la cifra récord de 2018, cuando se registraron unas 36.000 alarmas.
Artemisa, bandera del gobierno de Duque
En 2020 se deforestaron 171.000 hectáreas, mientras que en 2019 fueron casi 160.000. Ese año se puso en marcha la Operación Artemisa, la bandera del gobierno de Iván Duque para frenar la deforestación con un enfoque militar. En diferentes momentos, expertos han señalado la ineficiencia de esta operación. Botero indica que el resultado de Artemisa fue un proceso fallido en el cumplimiento de la ley, pues “a pesar de la cantidad de operativos que hicieron no fueron capaces de capturar y sentenciar un solo gran determinador de la deforestación”, teniendo en cuenta que el enfoque de Artemisa se dio “principalmente sobre la parte más débil de la cadena”. El investigador insiste en que las zonas que no han sido deforestadas se deben a campesinos y comunidades indígenas que se han acogido a acuerdos de conservación.
Según cifras de Artemisa, la operación ha controlado 23.842 hectáreas que habían sido afectadas por deforestación. Pero Botero señala que estas hectáreas se suman a la “catastrófica gestión de la Agencia Nacional de Tierras y todas las demás agencias asociadas a la recuperación de tierras baldías. De las famosas 20.000 hectáreas que dicen que salvaron con Artemisa no hay ni una que hoy esté en procesos de restauración efectiva por parte de agencias ambientales ni de comunidades locales”.
Por su parte, frente a estas cifras, Vilardy añade dos preguntas: “¿Cuánto nos costó Artemisa? ¿Se justifican los resultados ante la inversión?”. Y Botero sentencia con un mensaje clave: “Para el próximo gobierno la gran tarea es el proceso de recuperación de baldíos ocupados indebidamente por grandes tenedores que no son signatarios”.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
