Los carteles que identifican las zonas adquiridas por la empresa minera Potássio do Brasil están repartidos por las aldeas indígenas de la periferia de Autazes, municipio situado a 110 km de Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas.
«Dijeron: ‘véndelo o piérdelo'», explica Sérgio do Nascimento, el tuxaua (líder) de la aldea de Soares, recordando el acercamiento de la empresa minera para ocupar el territorio donde el pueblo Mura ha vivido durante siglos.
Potássio do Brasil, filial de la canadiense Brazil Potash, está entrando en la región para construir una instalación de exploración de sales ricas en potasio. que son un fertilizante clave. Su avance está cobrando impulso a raíz de una crisis mundial de fertilizantes, agravada por la guerra en Ucrania.
El principal objetivo es la excavación de la mayor mina de potasa jamás identificada en Brasil, en Autazes. Pero también quiere explorar una enorme área subterránea en las cuencas de los ríos Amazonas y Madeira.
Desde 2010, la empresa ha perforado 33 pozos en Autazes, incluidas perforaciones no autorizadas en la Tierra Indígena Jauary, clasificada en 2008 por la FUNAI, la agencia gubernamental para asuntos indígenas. También se han realizado otras perforaciones en la Tierra Indígena Soares-Urucurituba, reclamada desde 2003. Toda la región está ocupada por los Mura.
«Dicen que el proyecto está lejos de las tierras indígenas, pero sabemos que eso no es cierto, están dentro de nuestras zonas», añade Nascimento, utilizando un mapa para mostrar cómo el proyecto abarcaría sus tierras.
La empresa minera no reconoce el reclamo de Soares y dice que el proyecto no afecta al territorio del pueblo Mura. No descarta, sin embargo, la exploración del subsuelo de las tierras de Jauary, para lo que se han presentado varias solicitudes de exploración a la Agencia Nacional de Minería (ANM).
El plan del proyecto presentado por la empresa a los indígenas muestra que la entrada a la mina está a sólo 2 km de la aldea de Soares, y a 8 km de Jauary y Paracuúba, otro territorio indígena Mura. El área que se explotará para el subsuelo tiene 13 km de largo y 10 km de ancho, adentrándose en tierras Mura.
La presión no solo la sufren los Mura. Lindalva de Almeida Carneiro no sabe leer ni escribir, por lo que en 2017 utilizó su huella dactilar para autorizar la venta de su pedazo de tierra a Potássio do Brasil. Por las 16,9 hectáreas en las que vivía y cultivaba con su marido João Farias Carneiro y otros miembros de la familia, recibió 60.000 reales (12.000 dólares).
«No queríamos vender, pero consiguieron presionar a mis hermanos, y cada uno se llevó 10.000 reales», dijo.
Lindalva y sus hermanos abandonaron las tierras. La empresa les ofreció una casa de madera deteriorada en otra zona, sin espacio para la plantación.
Estas denuncias también fueron verificadas por representantes del Ministerio Público Federal (MPF) y de la Justicia Federal del estado de Amazonas, en una investigación realizada en la región el 29 de marzo. En ella se señalaba que la empresa minera presionaba y coaccionaba a los indígenas y a los ribeirinhos, habitantes de las riberas de los ríos, y les impedía el acceso a sus antiguas tierras.
«Es muy grave, a muchos de ellos se les impide utilizar sus campos», dijo el fiscal federal Fernando Merloto Soave, que pide la anulación de las ventas de tierras y la retirada de los carteles.
En uno de los casos citados en la demanda, un indígena denunció presiones de Potássio do Brasil para que vendiera su terreno por 120.000 reales (24.000 dólares) y recibiera otros 900 reales (180 dólares) cada mes durante los trabajos de perforación en la zona. Rechazó el trato.
Un ambicioso complejo de exploración de potasa
En Autazes, la empresa minera, controlada por el banco canadiense Forbes & Manhattan (F&M), estima que podrá explotar 2,4 millones de toneladas de potasio al año. Además de la mina de casi un kilómetro de profundidad, el proyecto incluye la construcción de carreteras, un puerto y una fábrica de procesamiento de insumos agrícolas.
La empresa también ha identificado yacimientos de sal potásica en Novo Remanso, Itacoatiara e Itapiranga, y en marzo recibió la autorización de la ANM para perforar tramos en São Sebastião do Uatumã y Urucará, todos en el estado de Amazonas.
En total, la operación de la empresa se extendería por un área de más de un millón de hectáreas entre Autazes y Óbidos, en el estado de Pará, para la que se han presentado 151 solicitudes a la ANM. Al menos 19 de estas solicitudes se superponen o son continuas con tierras indígenas ya demarcadas.
En Itapiranga, a 100 km al norte de Autazes, la empresa ha recibido una licencia de explotación para explorar una mina en la que promete producir 2 millones de toneladas de potasa al año.
A finales del año pasado, el director general de Potássio do Brasil, Matt Simpson, escribió con entusiasmo a los inversores que los yacimientos tienen un potencial comparable al de Autazes, que casi duplicaría su capacidad de producción estimada.
Simpson también dijo que había iniciado conversaciones con grandes agricultores de Brasil para vender directamente la potasa, como forma de financiar las operaciones.
Interferencia en la consulta indígena
El proyecto amazónico de Potássio do Brasil lleva tiempo plagado de conflictos e incertidumbres. En 2017, el Tribunal Federal suspendió las licencias ambientales de la empresa minera hasta que se completara la consulta previa con las 44 aldeas del pueblo Mura, tal y como establece el Convenio 169: Tratado internacional, del que Brasil es signatario, que asegura a los pueblos indígenas el derecho a elegir sus propias prioridades en la medida en que acciones externas afecten sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, así como a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera de la Organización Internacional del Trabajo.
En 2019, ante el impasse con la minera, los Mura elaboraron un protocolo que da pautas para la consulta del megaproyecto que impactaría sus tierras.
«El procedimiento de consulta debe tener las siguientes características: ser previo a las decisiones sobre el emprendimiento, estar libre de cooptación y coerción, informarse de manera simple y directa, y de buena fe», explicó el fiscal Soave, quien agregó que el incumplimiento del proceso puede anularlo.
La pandemia de Covid-19 retrasó la consulta. Se reanudó a principios de abril después de que una decisión judicial permitiera a Potássio do Brasil pagar 1,2 millones de reales para financiar el proceso. Casi la mitad de esa cifra se utilizó para contratar consultores de la Universidad Federal de Amazonas (Ufam) y para pagar dietas a los líderes del pueblo Mura para coordinar el proceso.
Para deliberar sobre los riesgos e impactos de la mina, el Consejo Indígena de Mura (CIM) convocó una asamblea, celebrada entre el 4 y el 8 de abril, que reunió a los líderes y a los expertos de la Ufam. Los equipos de Diálogo Chino e InfoAmazonia siguieron la reunión, que para algunos de los presentes acabó convirtiéndose en una plataforma para la empresa minera.
«Muchos estaban allí para defender el proyecto», criticó un indígena que prefirió no identificarse por temor a represalias. «Lo que realmente queremos saber es qué puede pasar con nuestro río y nuestro bosque o qué puede pasar en caso de un accidente».
Lo que realmente queremos saber es qué puede pasar con nuestro río y nuestro bosque o qué puede pasar en caso de un accidente
criticó un indígena que prefirió no identificarse por temor a represalias
El MPF y el Tribunal Federal también están investigando las sospechas de instigación y corrupción en el proceso de consulta indígena. Para el fiscal Soave, la reunión se organizó «con extrema rapidez». El MPF y las organizaciones de derechos humanos no fueron invitados, pero representantes de Potassio do Brasil participaron en la reunión.
Durante la reunión, el presidente de la CIM, José Claudio Pereira Yuaka, minimizó las presiones externas que algunos plantearon y negó que los Mura hubieran tomado alguna decisión precipitada. Yauka no quiso conceder una entrevista.
Uno de los expertos contratados es el geólogo Daniel Nava, notorio defensor del proyecto. En su tesis doctoral de 2019, Nava recomendó a los Mura aceptar la minería y exigir el reparto de beneficios de la actividad.
Nava también fue secretario de Minas y Energía de Amazonas y consultor de Ipaam, el organismo estatal de concesión de licencias, y analizó el estudio de impacto ambiental encargado por Potash de Brasil.
«Fue el mejor estudio que he analizado en mi vida profesional», dijo Nava durante un debate en marzo. Tampoco escatima elogios para la empresa minera en artículos y entrevistas.
Promesas de desarrollo
En el municipio de Autazes falta casi todo. Las aguas residuales corren abiertamente por las calles, no hay infraestructura vial y el desempleo y la pobreza afectan a más de una cuarta parte de la población. Según datos de la Contraloría General, de los 40 mil habitantes, más de 12 mil están inscritos en programas sociales del gobierno federal.
Con la promesa de generar 1,6 mil empleos directos y casi 17 mil indirectos, el proyecto de exploración de potasa es visto con esperanza por la población.
«Yo mismo volví a la escuela porque me dijeron que podría tener una oportunidad de trabajo en la mina», dijo el estudiante desempleado Mizael Campos de Souza.
La llegada de inversiones también alegra a Salvador Laranjeira, otro residente de la zona: «Esto es bueno, aquí necesitamos muchas cosas, y este proyecto traerá desarrollo».
El mototaxista Paulo Gilvan Sampaio, recuerda el aumento del movimiento que Potássio do Brasil ya había traído cuando se instaló en Autazes, durante el período de investigación del suelo: «Esto atraerá más gente a la ciudad, generará más consumo y empleos».
Los concejales de Autazes enumeran con entusiasmo las promesas de la empresa minera, como hospitales, cámaras de vigilancia en las calles, saneamiento básico, infraestructura, escuelas y mejoras en el suministro eléctrico.
«La población reclama porque tenemos esa expectativa de mejora para la ciudad. Si ya explotan potasa en Canadá, Rusia y Bielorrusia y no hay accidentes, ¿por qué deberían hacerlo en Autazes?», declaró el concejal Tadeu Cabral (PSC).
Pero en las aldeas de Mura, donde la vida fluye tan suavemente como las aguas de los ríos que atraviesan la región, aún no hay consenso sobre el megaproyecto.
A bordo de su canoa en el río Mutuca, el profesor Roni Tukuxi navega señalando las barricadas que le recuerdan el espíritu combativo del pueblo Mura. Durante la Rebelión de Cabanagem, en el siglo 19, estos bloqueos fueron instalados por los indígenas para impedir el paso de las embarcaciones del gobierno de la regencia hacia los pueblos.
A lo largo de los siglos, la etnia fue objeto de masacres y sufrió diversas pérdidas territoriales. Incluso hoy, sus tierras están invadidas por ganaderos y acaparadores. Por eso, los tukuxi temen la entrada de la empresa minera. «Sabemos que la instalación de una mina puede empeorar mucho las cosas», afirma.
La maestra Matilde Mura también ve con recelo el futuro de oportunidades prometido a su pueblo. «Vivimos de la caza y la pesca y no estamos en contra del progreso, pero necesitamos saber cómo afectará el proyecto minero a nuestras vidas», afirma.
La maestra Matilde Mura también ve con recelo el futuro de oportunidades prometido a su pueblo. «Vivimos de la caza y la pesca y no estamos en contra del progreso, pero necesitamos saber cómo afectará el proyecto minero a nuestras vidas», afirma.
Además de la promesa de empleos y obras de infraestructura, Potássio do Brasil viene asumiendo atribuciones que se mezclan con las del poder público desde que se instaló en Autazes, hace más de una década.
Ha distribuido cestas de alimentos, donado artículos para la construcción de casas y prometido puestos de trabajo a los residentes. También ha donado equipos, distribuido plantas recién germinadas y realizado campañas de vacunación contra el Covid-19 con los departamentos municipales.
En este proceso, mientras la empresa minera compraba zonas ocupadas por indígenas y promovía obras de caridad, los líderes críticos con el proyecto, como los tukuxi, se alejaban de las discusiones.
«Esta presión de que la mina traerá el desarrollo genera un clima de conflicto entre la gente de la ciudad y los pueblos», añade Tukuxi.
Esta presión de que la mina traerá el desarrollo genera un clima de conflicto entre la gente de la ciudad y los pueblos
Roni Tukuxi, professor
El concejal Cabral, sin embargo, minimiza el conflicto y dice que los que se oponen al proyecto «fueron influenciados». «En Autazes, los Mura y los blancos viven en paz, pero cuando hay interferencias externas que intentan enfrentar a los Mura con los nuestros, los legítimos de aquí, empezamos a tener problemas», afirma.
Influencias políticas y económicas
Aunque un acuerdo firmado en los tribunales en 2017 establece que la decisión de los Mura es indispensable para autorizar o no el megadesarrollo, Potássio do Brasil lo trata como algo seguro, como señala el Ministerio Público Federal.
En marzo, el alcalde de Autazes, Anderson Cavalcante (PSC), viajó a Canadá invitado por Potássio do Brasil, acompañado por la entonces ministra de Agricultura, Tereza Cristina. En el mismo mes, ejecutivos de la multinacional se reunieron con el presidente Jair Bolsonaro. La agenda, según la empresa, era «ayudar a Brasil a depender menos de las importaciones de fertilizantes».
El vicepresidente Hamilton Mourão se reunió con el grupo en 2019. Al mismo tiempo, Mourão abogó por la exploración de potasa en la Amazonia.
Quien también se acercó a los canadienses fue Blairo Maggi, ex ministro de Agricultura del gobierno de Michel Temer (2016-2019) y dueño de Amaggi, la mayor empresa comercializadora de granos de Brasil. A través de Hermasa Navegação, brazo naviero de Amaggi, el político y empresario quiere operar en el llamado flete de retorno, en el que las embarcaciones que llevan la soja al exterior, vuelven con fertilizantes.
«Sin estas alianzas entre políticos y capital financiero, un proyecto como éste difícilmente avanzaría», afirma la abogada Fernanda Bragato, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Vale do Rio dos Sinos.
«No hay paralelo en la historia con la explotación de potasa en una región tan sensible como ésta en la Amazonia. Todo indica que los indígenas están siendo engañados, envueltos en una especie de colonialismo interno que involucra diferentes esferas de poder», agregó.
No hay paralelo en la historia con la explotación de potasa en una región tan sensible como ésta en la Amazonia.
Fernanda Bragato, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidade do Vale do Rio dos Sinos
El negocio de Stan Bharti, propietario de F&M, se distingue por identificar proyectos mineros en todo el mundo, hacer viables las operaciones locales y luego beneficiarse de la venta de activos en el mercado financiero. Esto es lo que ha intentado hacer en Autazes y en otros proyectos en Brasil, como Belo Sun, que pretende explorar en busca de oro en la Volta Grande do Xingu, en Pará.
Aún sin garantías de obtener licencias ambientales y de que la consulta indígena fuera favorable a su negocio, en 2020, el grupo firmó un contrato con la constructora china CITIC por casi 2 mil millones de dólares, para la construcción del complejo Autazes, como informó InfoAmazonia en mayo de 2021.
Riesgos de salinización en la Amazonia
En 2018, Fernanda Bragato coordinó un estudio con la Cardozo Law School, de Estados Unidos, en el que se comparan las violaciones de los derechos ambientales y humanos en las minas de potasa de todo el mundo.
«En Rusia, en 2014, tuvimos casos de hundimiento del suelo, con la apertura de enormes cráteres. Aquí en Brasil, tuvimos recientemente el caso del hundimiento del suelo en Maceió, en el estado de Alagoas, en la explotación de sal gema (un mineral que contiene cloruro de potasio)», recuerda.
El estudio enumera una serie de otros accidentes, como implosiones en túneles de minas y explosiones de gas, como las ocurridas en 2015 en el Parque Nacional de Conkouati-Douli, en el Congo.
Suzi Huff, geóloga y miembro de la junta directiva de la Federación Brasileña de Geólogos, está de acuerdo en que la instalación de una mina de potasa conlleva altos riesgos de accidentes. También advierte que los residuos de la extracción de potasa, dejados a la intemperie en una zona de gran pluviosidad, pueden aumentar la salinización del agua.
«Si no hay un control geotécnico muy seguro, existe este riesgo, que podría alterar todo el ecosistema de la región.
Potássio do Brasil negó, a través de su asesoría, que esté coaccionando a indígenas y ribereños y afirmó que las compras de áreas en la región «se basaron en informes técnicos de evaluación elaborados por empresas especializadas en el tema y realizados en tierras no indígenas».
El geólogo Daniel Nava, nominado para asumir nuevamente la cartera de Minería de Amazonas, no quiso comentar sobre su participación en el proceso de consulta indígena.
Este informe se ha realizado en colaboración con Diálogo Chino.
