De 2017 a la fecha, de las 1.431 viviendas afectadas por el desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco se han entregado cerca de 300, a lo cual se suma que los habitantes del municipio se sienten excluidos en el proceso de reconstrucción.
“Las intervenciones gubernamentales se decidieron y ejecutaron sin contar con la participación de la población local y la administración municipal, de ahí que construyeran, por ejemplo, una ciudadela con una tipología de vivienda diferente a la tradicional de la zona andino-amazónica o relocalizaran el acueducto en la misma zona de riesgo”.
Así lo expuso la geógrafa Yeimmy Palomo López, magíster en Ordenamiento Urbano Regional de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá, al analizar la nueva configuración y el ordenamiento territorial de Mocoa y su población después del desastre natural del 31 de marzo y 1 de abril de 2017.
La investigadora recuerda que la avalancha –avenida fluviotorrencial– de Mocoa ocurrió “tras caer una lluvia de la fuerza y constancia de 10 días en tan solo tres horas”, que generó desbordamientos de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco y de las quebradas La Taruca y La Taruquita.
La emergencia afectó a 48 barrios, dos acueductos, una red de gas, 1.431 viviendas y 7 puentes; además, causó la muerte de más de 300 personas, dejó 398 heridos, 53 personas desaparecidas y más de 7.000 familias damnificadas, entre otras afectaciones.
Sin embargo, no sería la primera vez que Mocoa sufre calamidades, pues según el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), entre 1998 y 2016 hubo 81 desastres por diversas causas, pero en particular por tratarse de una de las zonas montañosas con mayor precipitación de fallas naturales del departamento de Amazonas.
Reconstrucción forzada
Tras realizar mapeos morfológicos, de infraestructura y luego de entrevistar a diversos habitantes mocoanos, la geógrafa descubrió que algunas zonas de la ciudad quedaron impedidas de forma permanente para residir y habitar. Además, las entidades institucionales solo se acercaron a los pobladores locales 18 días después de la catástrofe y “comenzaron a tomar muchas decisiones sin contar con la participación de los actores locales, sus inmigrantes, organizaciones locales y los cabildos indígenas, entre otros”.
“Mocoa ha tenido un proceso muy conflictivo entre los habitantes y las institucionalidades centrales. Las autoridades tienen la tendencia de llegar a un territorio y anunciar unos proyectos, pero con el tiempo la población local empieza a exigir que realmente se cumplan estas obras que se prometen y a su vez que se contextualicen con las dinámicas y las verdaderas necesidades de ellos”, afirma la magíster.
Ruptura entre naturaleza y territorio
Una de estas decisiones fue la construcción de infraestructuras que rompen con la conexión entre naturaleza, territorio y población que formó la ciudad de forma empírica, a través de sus habilidades y cultura.
“Decidieron reconstruir uno de los acueductos en el mismo nivel central que ha presentado riesgo de avenidas fluviotorrenciales desde los años 80, también construyeron una ciudadela con un megacolegio que irrumpe las tradiciones de vivienda de la comunidad amazónica… No se puede separar el fenómeno natural de las personas que habitan allí y transformar estos lugares sin consultarles”, agrega la geógrafa.
Pese a que el Gobierno nacional estableció que el plan para la reconstrucción de Mocoa va hasta 2022, en 2018 solo se habían entregado 300 viviendas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres afirmó que a marzo de este año establecieron las licencias de construcción para 909 viviendas más, en total entregarían 1.209.
No obstante, la investigadora destaca que gran parte de la población que perdió su hogar sobrevive en este momento con subsidios de arriendo que no garantizan una vivienda segura.
Más inclusión ciudadana
En suma, considera que si bien los actores institucionales fueron quienes tuvieron mayor capacidad y recursos para tomar decisiones y materializarlas, son ellos y la ciudadanía quienes deben construir colectivamente un plan común de reconstrucción.
“Se debe replantear el papel y las formas de intervenir de las autoridades en la gestión del riesgo. Las decisiones que impliquen cambios territoriales a corto, mediano y largo plazo deben ser evaluadas y consensuadas con los actores locales, no pueden imponerse lógicas externas y generales en entornos locales y particulares”, manifiesta la magíster.
Así mismo, concluye que más allá de la infraestructura, Mocoa también necesita apoyo en la “reconstrucción de su tejido social, psicológico, participativo, los proyectos de vida de los habitantes, y otros temas que merecen formar parte de las intervenciones posdesastre”.
*Por Agencia de Noticias UNAL.
