La Amazonia Colombia está viviendo una grave crisis, no solo en temas ambientales, sino en cuanto a derechos humanos. Así lo señala el análisis Un clima peligroso: deforestación, cambio climático y violencia contra los defensores ambientales en la Amazonia colombiana, realizado por Fundación Ideas para la Paz (FIP) y Adelphi, gracias a una iniciativa de WWF, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS) Colombia, Amazon Conservation Team (ACT), Fundación Gaia Amazonas, Tropenbos y la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
De acuerdo con el informe, la intensificación del acaparamiento de recursos y de actividades económicas ilegales como los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, la minería, la ganadería y la agricultura, no sólo impulsaron la degradación ambiental y la deforestación en la región, sino que también aumentaron la violencia. (Le puede interesar: Los derechos de la naturaleza: el abismo entre el papel y la realidad)
Según cifras del IDEAM, el 70% de la deforestación en el país se concentra en la Amazonia y sigue en aumento: de 98.256 hectáreas en 2019 a 109.302 hectáreas en 2020. Además, el más reciente informe de la ONG británica Global Witness señaló que, en 2020 y por segundo año consecutivo, Colombia es el país más peligroso para ejercer la defensa del ambiente y del territorio, con 65 asesinatos a estos líderes. (Lea: Colombia es el país más peligroso para defender el ambiente)
“Las comunidades locales, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones estatales que intentan proteger la Amazonia, entraron en conflicto con los intereses de estos grupos poderosos y, como consecuencia, se han convertido cada vez más en blancos de ataques”, dice Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz y uno de los autores del análisis.
Específicamente, las zonas más afectadas en la Amazonia colombiana son: los Parques Nacionales Naturales Serranía de Chiribiquete, Tinigua y Sierra de La Macarena, así como la Reserva Indígena Nukak Makú y los municipios de San José del Guaviare y Calamar, entre otros.
Pero las organizaciones señalan que la violencia que se está viviendo en estas zonas no solo tiene que ver con los grupos armados ilegales o la corrupción de algunos funcionarios, sino con los mismos programas de Gobierno, de carácter militar, que buscan frenar la deforestación, como la Operación Artemisa. “Han sido más bien fuente de preocupación por los casos de abuso de la fuerza, la afectación de derechos fundamentales y las tensiones que han generado entre las comunidades”, dice el informe. (Le sugerimos: Los acuerdos campesinos que la Operación Artemisa desbarató)
Igualmente, Garzón señala que “no está del todo clara la manera en que las políticas de seguridad contribuyen a crear condiciones para la protección y conservación del ambiente, ni hasta qué punto las medidas adoptadas en materia ambiental y de desarrollo son sensibles a las vulnerabilidades y los riesgos que afrontan las comunidades y los defensores ambientales”.
Finalmente, el informe arroja cinco líneas de acción – o recomendaciones – para mejorar la situación en la Amazonia:
1. Mejorar la protección de los defensores ambientales y las comunidades locales con la coordinación de acciones en las instancias locales, departamentales, nacionales e internacionales.
2. Abordar el control de la deforestación y las actividades ilegales como parte de una estrategia de paz más amplia.
3. Fortalecer la implementación de las políticas ambientales y climáticas teniendo en cuenta su dimensión de paz y conflicto.
4. Reconocer y fortalecer el papel de las comunidades locales en la protección del ambiente.
5. Transformar las causas fundamentales de la crisis y fomentar la resiliencia a largo plazo al cambio climático y los conflictos.
Hoy 1 de octubre, durante la Feria Internacional del Medio Ambiente (FIMA 2021) que se desarrolla en Corferias, Bogotá, el informe será presentado oficialmente en la Sala Alterna 3, de 2:20 a 3:00 pm.
*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team y El Espectador.
