Las camas de unidades de cuidados intensivos de este departamento amazónico ya están copadas con pacientes de coronavirus, y apenas se hicieron las primeras mil pruebas. ¿Cuál es el panorama para este rincón de la Amazonia?
La primera noticia de un caso de coronavirus en Putumayo se conoció el 10 de mayo, casi un mes después de que la emergencia comenzara en el departamento de Amazonas y a dos meses de que el presidente Iván Duque declarara la emergencia nacional sanitaria por coronavirus.
Unos días antes, cuando aún no había casos confirmados en Putumayo, el alcalde de Mocoa, Jhon Jairo Imbachi, dijo a El Tiempo que el éxito se debía a un trabajo coordinado entre las alcaldías y la Gobernación. Especialmente al toque de queda estricto (entre 6:00 p.m. y 5:00 a.m.) y al cierre de entradas terrestres, más la fluvial en el muelle La Esmeralda. Se pusieron 3 mil comparendos y la Policía detuvo a 30 personas por violar la cuarentena solo en Mocoa.
Pero Putumayo es particular por una razón: tiene por lo menos un caso en nueve de los trece municipios que lo componen. Es decir, que aunque no haya una cantidad de casos alarmantes como en Amazonas, el virus ya ha alcanzado la mayoría de las esquinas, y a 100 días de declarada la emergencia sanitaria, ha realizado apenas 1.547 pruebas, lo que lo hace uno de los departamentos con más bajo tamizaje (junto con Guainía, Guaviare y Magdalena).
“Como hemos advertido, el libre tránsito de la población en las fronteras, la falta de medios y sistemas de comunicación en la región, la fragilidad del sistema de salud -desatención en la mayor parte del territorio- y la falta de articulación del sistema de salud con las formas organizativas indígenas y los sistemas de salud propios generan una gran vulnerabilidad en la región amazónica. Este fin de semana reportaron varios casos complicados en La Chorrera, una probable muerte por COVID-19 en Tarapacá y múltiples casos en el Bajo Apaporis. Así, es claro que los ejes de los ríos Putumayo, Apaporis, Guaviare, Guainía y, probablemente, Caquetá, están afectados”, explica Sinergias en un comunicado. El pasado 11 de julio pasó de tener 40 positivos a 113 casos, y ayer, 123. Aun así, no se están haciendo las suficientes pruebas.
Entre sus estrategias, además de declarar la cuarentena obligatoria, la Gobernación de Putumayo distribuyó 10.035 ayudas alimentarias y 1.049 kits a población indígena del Alto y Bajo Putumayo. “Sobre las pruebas rápidas para la detección del COVID-19, dijo que está a la espera de que el Ministerio de Salud y Protección Social establezca el procedimiento y a qué personas se les debe realizar dicha prueba”, dijo la Gobernación en una respuesta a la tutela que la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac) interpuso a las gobernaciones de los seis departamentos amazónicos, el pasado 8 de junio, y que insta a los seis gobiernos a crear un Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia para la Amazonia colombiana.
La tutela -que fue concedida parcialmente por una jueza del Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá- dice que, para esa fecha, los elementos de bioseguridad para los guardias de comunidades indígenas en los puestos de control de salud en Putumayo no habían sido entregados.La falta de elementos de protección se suma a la situación precaria de la red hospitalaria. Por otro lado, en ese departamento hay 10 hospitales, seis de primer nivel (con servicios básicos) y cuatro de nivel 2 (Puerto Asís, Colón, Leguízamo y Mocoa). De acuerdo con el análisis de ocupación de unidades de cuidados intensivos, que lleva de manera particular la epidemióloga Silvana Zapata, en Putumayo ya se ocuparon todas las camas UCI. A los pacientes que presentan síntomas graves se les traslada a Neiva o Pasto, donde ya hay un 80% de ocupación de las UCI. Por otro lado, contrario a lo que sucede en Amazonas, que ya suma 2433 casos, no hay un laboratorio para procesamiento de pruebas ni en construcción (como en el caso de Leticia).
Por esta razón, Organizaciones no estatales comenzaron a apoyar las labores de vigilancia epidemiológica. Vanesa Martínez y Paula Galeano, de la ONG de conservación ambiental Amazon Conservation Team, son dos de las personas que se han dedicado los últimos dos meses a fortalecer la vigilancia epidemiológica “activa” en la región, es decir, no esperar a que los casos aparezcan, sino ir a terreno a identificarlos, y si son positivos, aislarlos para evitar más contagios.
Galeano y Martínez contactaron a los investigadores de Covida, un proyecto de búsqueda activa de casos de coronavirus de la Universidad de los Andes, en Bogotá, para procesar las pruebas y hacer capacitaciones en Mocoa para comenzar a testear personas en los municipios de San Miguel y Puerto Guzmán, con dos casos confirmados (uno en cada municipio).
La ley de los armados
Parte de las razones del bajo tamizaje es el acceso a las zonas en donde la situación de orden público es compleja. Una fuente, que prefiere no ser identificada, cuenta que en un municipio cercano a Mocoa se trató de organizar una brigada para hacer pruebas aleatorias, “pero los armados que están en la región no nos dejaron pasar y nunca pudimos hacer las pruebas”. El Espectador pudo conocer el caso de una mujer en el municipio de Puerto Asís que tuvo síntomas fuertes de coronavirus, pero que no se atrevió a salir de su casa en 20 días porque si asistía al centro de salud, sentía que podían matarla.
Justamente, la organización Human Rights Watch publicó un informe en el que advierte que “en diversas comunidades a lo largo de Colombia, grupos armados han impuesto violentamente sus propias reglas para prevenir la propagación del COVID-19”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), que publicó un informe que recoge entrevistas a 55 funcionarios públicos, líderes sociales y residentes. Allí advierten que las comunidades están en doble riesgo.
“El Gobierno permite que las personas salgan de sus casas para acceder a servicios de salud o bancos, así como en otros casos de grave necesidad, incluso durante los horarios de toques de queda. Sin embargo, trabajadores humanitarios dijeron a Human Rights Watch que grupos armados en zonas de Nariño, Arauca, Putumayo y Guaviare no han permitido que las personas, incluyendo los enfermos, salgan de sus casas durante los toques de queda establecidos por los grupos”, escribe la organización.
HRW advirtió que el 8 de junio fue asesinado el líder comunitario Édison León Pérez, en el municipio de San Miguel. Según el testimonio de un fiscal que investigó el caso, miembros del grupo armado la Mafia lo habrían asesinado porque días antes envió una carta a las autoridades locales: “Aproximadamente a unos trescientos metros del hospital se instaló un puesto de control sanitario con las comunidades…impuesto por el grupo narcotraficante que opera en la región, donde se obliga a las comunidades… a colocar personal las 24 horas sin ninguna medida de protección…exponiéndonos a contraer el virus COVID-19. A muchas personas estando enfermas se les niega el paso, los que no tienen problema para cruzar allí son los autorizados por el grupo de narcos”.
Entre otras, el informe denuncia que el frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc hizo circular un panfleto en donde anuncia que “por COVID-19 queda prohibido transitar después de las 7 de la noche”, y en donde declara objetivo militar al Comité Covid del Hospital Sagrado Corazón de Jesús (La Hormiga), a los alcaldes municipales y a la gerente del hospital, entre otras.
Otro de los anuncios fue quemar las ambulancias adquiridas por la Gobernación de Putumayo, por más de $3.400 millones. Por este contrato, la Procuraduría investiga por sobrecosto al gobernador Buanerges Rosero, quien desde ayer está hospitalizado en Mocoa por diagnóstico confirmado de COVID-19.
Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador. Foto principal: ACT.
