Desde hace cuatro años, el departamento adoptó un programa piloto para llevar atención médica a las zonas con población dispersa. ¿Está mejor preparado para enfrentar los efectos del coronavirus?
Guainía es muy particular: este departamento amazónico es triple frontera con Brasil y Venezuela y tiene una mayoría de población indígena (75 % de sus 44.431 habitantes) repartida a lo largo de 72.000 kilómetros en cinco ríos: Guaviare, Atabapo, Guainía, Amazonas e Isana.
En febrero de 2016, el Ministerio de Salud comenzó a implementar el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), un programa que busca garantizar que la población tenga “servicios seguros, accesibles y humanizados”, en especial quienes viven en zonas alejadas o dispersas del país.
Guainía sería considerado un “piloto” hasta 2021 y según los aprendizajes, el MIAS se aplicaría en otras zonas con condiciones similares como Chocó, Putumayo, Vaupés o Vichada.
En palabras del entonces Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, “construimos un modelo basado en la prestación de salud: salir de los hospitales para buscar a la gente y no al revés. Nos estamos moviendo a condiciones óptimas para atender a los colombianos más vulnerables”. Entre otras, el modelo prometía reconocer a los médicos tradicionales como agentes de salud (una figura que otros territorios tienen en la práctica cultural, pero no en el papel), tener un solo operador privado de salud, aumentar la infraestructura hospitalaria en las zonas más alejadas de los ríos, y hacer que médicos y enfermeras vayan a buscar a la gente, y no al revés. La inversión para ese año fue de $50.000 millones.
Según un informe de Minsalud, en 2017, la atención en salud en el departamento aumentó en un 300 %, apenas un año después de implementado el MIAS. Pero poco hemos escuchado sobre la experiencia en atención a la emergencia del coronavirus de este departamento amazónico con un sistema de salud tan particular.
A la fecha tiene catorce casos confirmados de COVID-19, un fallecido y dos recuperados. Y aunque en materia de coronavirus no hay panaceas, cabe preguntarse si el modelo de atención en salud de Guainía —que sería replicado en otros departamentos— está funcionando justo cuando más se necesita atención médica e infraestructura en salud.
Un informe de la Contraloría de 2017, que incluyó las voces de veedores ciudadanos, representantes indígenas, Ministerio de Salud, el Observatorio Así Vamos en Salud y la EPS Coosalud —la EPS que opera en Guainía desde que el MIAS desde que comenzó a funcionar—, da cuenta de las “patas cojas” del MIAS. Por ese entonces, los mecanismos de vinculación de los médicos tradicionales y parteras a la Gobernación de Guainía no se había establecido; de los 23 puestos de salud y cuatro centros de salud apenas funcionaban dos (El Paujil, y los centros de Barrancominas y San Felipe), y los Comités de Participación Indígena (COPAI) no se habían conformado, entre otros. En 2016, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) comenzó a seguirle la pista al sistema de salud de Guainía para determinar si funcionaría o no en otras zonas del país.
Los resultados serán presentados el 1° de julio; sin embargo, la investigadora principal, Adriana Ardila, ya aventura una conclusión: “Guainía requiere un modelo participativo e intercultural. Debía ser un modelo sólido en infraestructura, a todas luces no lo fue. También tendría que ser menos rígido y lento que el actual en su capacidad para mantener los insumos de atención y de transporte rápido de pacientes. Todo ello exige que no concentre sus acciones en el único hospital, sino en el territorio y eso por ahora no se logró. “Lo ideal sería que el personal administrativo y asistencial fuera estable y para eso lo ideal es que sea público, la experiencia con los privados mostró que se pueden retirar y reemplazar, y se van perdiendo los aprendizajes”, dice al preguntarle si el MIAS funcionó o no tras cuatro años operando en Guainía.
De acuerdo con su análisis, en una primera fase, Guainía invirtió $12.000 millones en dos contratos: el centro de salud de Barrancominas y la construcción de tres puestos de salud de Coayare, Caranacoa y Cacahual; y el centro de salud de Chorro Bocón y tres puestos de salud entre los poblados de Remanso, Puerto Esperanza y Paujil. La promesa en el papel son cuatro centros de salud, pero según la FUCS, solo hay dos habilitados. “Los puestos de salud de Remanso y Caranacoa se inauguraron apenas en 2019 y el Centro de Salud de Chorrobocón aún continúa en obra gris, aunque arrancó a construirse en 2015”, dice Ardila. También hay seis puestos de salud nuevos: Coayare, Caranacoa, Cacahual, Remanso, Puerto Esperanza y Paujil. “Las obras iniciaron en 2015. Caranacoa y Remanso se inauguraron en mayo de 2019, los demás sí funcionaron desde el inicio del MIAS. En varios de ellos observamos grietas y moho a pesar de ser obras recientes”, dice el informe.
“Un puesto de salud tiene personal de contacto, como un gestor comunitario indígena en salud que hace labores preventivas, hablan con la gente, hacen vigilancia epidemiológica. Un centro de salud ya debe tener lo básico: medicina, enfermería y bacteriología. El problema es que no hay infraestructura, y si no hay centros de salud en mi río, como está sucediendo, debo ir hasta Puerto Inírida y se va complicando mi enfermedad. Entonces el MIAS nunca descentralizó la atención médica”, explica Ardila.
“Y un dato más: al momento de nuestras visitas –entre mayo de 2017 y diciembre de 2019– solo el 57 % de los 22 puestos de salud que estaban funcionando contaban con medicamentos básicos para infección respiratoria aguda”, agrega. “Hace cinco o seis años se hablaba de un hospital flotante. Ya está hecho, pero no hay convenio para que empiece a navegar; entonces, en plena pandemia está parado”, dice Edwin González, director del periódico local El Morichal.
Las medidas frente al COVID-19
El 17 de marzo, la Alcaldía de Inírida prohibió el ingreso por vía terrestre, fluvial o aérea de extranjeros y personas provenientes de otros departamentos, la cuarentena de catorce días para personas provenientes del “interior del país”, y el toque de queda entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. La medida tenía una vigencia de treinta días, pero no se renovó y una vez más las acciones se concentraron en Inírida.
Lo que preocupa a González es la situación en la triple frontera: La Guadalupe (frontera con Brasil), en donde viven siete familias que suman 215 personas, todas indígenas, y en Puerto Colombia (frontera con Venezuela). En San Gabriel de Cachoeira (Brasil), a menos de cuarenta minutos de La Guadalupe, ya hay 600 casos confirmados de COVID-19. “Esa zona está a tres días de Inírida por río, o sea que depende básicamente de San Gabriel para abastecerse de alimentos, gasolina y remesas”. En San Carlos de Río Negro (Venezuela) hay cuatro casos confirmados.
Esta semana, la Fuerza Aérea y la Gobernación de Guainía enviaron a San Felipe “equipos médicos, alimentos, elementos de bioseguridad y combustible, todo esto para cubrir las necesidades que se presentan en la comunidad debido a la crisis generada por el COVID-19, y Coosalud anunció, a mediados de mayo, que, “conscientes del riesgo latente en Guainía por compartir fronteras con Brasil y Venezuela, la EPS asumió el envío de mil pruebas para toma de muestras en la zona fronteriza”.
Por ahora, la Guardia Indígena del municipio de Barrancominas, límite con Guaviare, se organizó para evitar que las embarcaciones que pasan por el río Guaviare atraquen en los puertos de las comunidades, y la fuerza pública (Ejército, Policía y Armada Nacional) se desplazaron a la triple frontera para evitar el paso de personas extrañas a las comunidades indígenas por el río Guainía.
Adicional a esto, el 17 de junio, la Contraloría General de la República abrió un proceso contra el gobernador de Guainía, Juan Carlos Iral, por un supuesto sobrecosto en la compraventa de 6.245 kits de ayuda humanitaria para la población vulnerable del departamento en medio de la emergencia nacional por COVID-19. Un día antes, la Asamblea Departamental citó al alcalde de Inírida, Pablo Acosta, y al gobernador, a un debate de control político para que aclaren las medidas adoptadas para frenar el COVID-19.
*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador.
