En Vaupés, Amazonía colombiana, los indígenas se aferran a sus creencias para protegerse de la minería. Una concesión para la explotación de coltán tiene en vilo a tres comunidades: hay líderes amenazados y su derecho a la consulta previa fue irrespetado.
Por Edilma Prada Céspedes
Un puñado de guardianes indígenas vigila la selva para evitar una de las tragedias que los abuelos ven en sus sueños: la destrucción de sus “casas sagradas”, los cerros. Un joven líder recuerda el día que se irrumpió la tranquilidad en su comunidad al enterarse de que su territorio fue concesionado por treinta años para extraer coltán, uno de los minerales más escasos y preciados por las grandes industrias tecnológicas del mundo para la fabricación de celulares, computadores y dispositivos electrónicos. En África, la República Democrática del Congo tiene la mayor cantidad de reservas del considerado nuevo ‘oro negro o azul’. En América Latina hay minas en Venezuela y en Colombia.
Agenda Propia con el apoyo del Pulitzer Center y el Rainforest Journalism Fund se adentró en las selvas del Vaupés para caminar uno de los territorios de la Amazonía que está en la mira de empresas extranjeras para la explotación de coltán, combinación de los metales columbita y tantalita, también conocido como tierras negras. Las historias reunidas en este especial son el retrato vivo de las comunidades Timbó de Betania, Bogotá Cachivera y Murutinga, las cuales con sus relatos, saberes, miedos y mensajes de esperanza se resisten a convertirse en víctimas silenciosas de proyectos extractivos.
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La concesión minera
Timbó de Betania es multiétnica. La habitan 23 familias de siete pueblos indígenas con creencias arraigadas en su entorno natural. Conviven Desanos, gente del relámpago; Guananos, gente del agua; Sirianos, gente de la nube; Cubeos, hijos de Kubai; Tucanos, gente del tucán; Tuyucas, gente de la arcilla; y Barás, gente pez. Todos son amigos de la naturaleza, subsisten de la pesca, la caza y de la recolección de frutos de la selva.
La comunidad está rodeada de cerros –que consideran “casas sagradas”–, de caños y de ríos caudalosos. Timbó de Betania queda en medio de los asentamientos Murutinga y Bogotá Cachivera, a 50 kilómetros de Mitú, capital del departamento, al final de la única carretera que hay en Vaupés, caracterizada por sus arenas blancas y greda rojiza. En esta zona del país, localizada al suroriente de Colombia y en la frontera con Brasil, hay 37.600 personas y conviven 27 etnias de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Allí las viviendas son de madera y se han construido elevadas del piso para que sus habitantes se cuiden de las culebras y animales salvajes que rondan en las noches. En la comunidad hay una escuela, una caseta comunal, una capilla y una maloca.
A las cinco de la mañana, los rayos del sol se asoman entre robustos árboles y palmeras. Se escucha el cantar de los pájaros. A las seis, suena una campana. Es el llamado a la quiñapira (caldo de pescado con ají), un espacio tradicional en el que la comunidad comparte la comida. Los indígenas se reúnen en la caseta ubicada en el centro del caserío. Las mujeres llevan caldo y casabe, una especie de tortilla dura hecha con almidón de yuca. Todos con plato, pocillo y cuchara en mano reciben los alimentos. A las siete, cuando el calor empieza a sentirse, las niñas y niños van a la escuela, y los más pequeños, menores de cinco años, acompañan a sus madres a las chagras, un pedazo de tierra donde cultivan plátano, yuca, ají, ñame y frutales, como la piña. Los hombres se van a pescar o a recolectar semillas. Algunos se quedan en la caseta para dialogar y atender las necesidades del territorio. A las tres de la tarde regresan a Timbó y en familia van al caño. Allí, mientras las mujeres lavan la ropa, las niñas y niños, a carcajadas, juegan desnudos en aguas cristalinas que corren entre grandes piedras terrosas. Las noches son silenciosas y estrelladas; en el firmamento se ve la vía láctea en su esplendor y en las casitas algunas velas encendidas. En la maloca se reúnen los abuelos, quienes con rezos y leyendas reviven sus costumbres.
Así son casi todos los días, tranquilos.
Sin embargo, también tienen muchas necesidades. No hay agua potable. No hay energía. Si bien se observa una red eléctrica, no funciona desde que se instaló hace diecisiete años. No hay puesto de salud y escasean los medicamentos. Algunos de los niños, los más pequeños, padecen de desnutrición, sus cabellos son monos, tienen contextura delgada y sus barrigas están hinchadas. La desnutrición es uno de los problemas que afrontan las más de 350 comunidades indígenas que hay en Vaupés.
Y sus recursos naturales están en riesgo de ser explotados.
Rubén Darío Ardila Montalvo, de treinta años y perteneciente a la etnia Desano, es el capitán de Timbó (como se le conoce al líder principal de las comunidades indígenas en esa zona del país). Es de contextura gruesa, y sus ojos son rasgados y negros como la noche. Junto con varios líderes están en una reunión en la caseta comunal, de paredes y bancas de madera. Conversan de las amenazas que hay en el territorio y Rubén muestra en un mapa los sitios sagrados –cerros, nacimientos de agua y salados– que están en peligro por la minería.
El Capitán recuerda que, en ese mismo lugar, en la caseta, un recinto de diálogo, en abril de 2017 su tranquilidad habitual fue interrumpida por un ingeniero geólogo de acento paisa, alto y canoso, quien llegó a exigirles la firma de un documento de autorización de una concesión para la explotación de minerales por treinta años.
“‘Pero yo sin saber, cómo voy a firmar’. Le dije: ‘Ingeniero, qué pena con usted, yo no voy a firmar un documento sin conocimiento, a vista ciega no puedo firmar. Sin autorización no puedo firmar, ¡qué pena!’”, relata Rubén atormentado.
Todos quedaron sorprendidos. No entendían por qué sus territorios fueron entregados para la explotación de coltán, es decir, para extraer los minerales niobio, tantalio, vanadio y circonio, o tierras negras, de acuerdo con la denominación otorgada por la Agencia Nacional de Minería (ANM). Incluso, la mayoría de los indígenas desconocían esos términos, tan solo sabían que estaban junto a un hombre que les comunicó, a los gritos, la existencia de un contrato.
En total fueron concesionadas 2.004,08 hectáreas que hacen parte del Resguardo Indígena Vaupés, de 3.896.190 hectáreas. El antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) constituyó ese resguardo en 1982. La Agencia Nacional Minera (ANM), en respuesta a un derecho de petición enviado por Agenda Propia, confirmó que el título bajo el cual se adjudicó la concesión de las dos mil hectáreas está vigente a nombre de Claudia Patricia Gómez González. En la página web del Catastro Minero Nacional de la ANM, el título aparece inscrito en 2014.
Esta licencia es considerada minería de mediana escala, debido a que la etapa de exploración está entre el rango “mayor a 50, pero menor o igual a 5.000 hectáreas”, según lo establece el Decreto 1666 del Ministerio de Minas y Energía de 2016 que reglamenta la clasificación minera. Para subir a categoría gran escala dependería de la producción anual que se reporte en la etapa de explotación.
Rubén vuelve al mapa dibujado por la comunidad y señala el cerro Abejorro: “La concesión fue otorgada en ese punto entre Murutinga y Timbó de Betania”. Explica que queda a unos cinco kilómetros en línea recta de Timbó y el área es reserva forestal, además de ser resguardo.
Los indígenas y la Pastoral Social aseguran que el título ha pasado a manos de una empresa española.
Junto a Rubén está Gladys Socorro Jaramillo García, lideresa de cincuenta años de la etnia Bará. Gladys tiene ojos café oscuro, piel cobriza y una sonrisa amplia. Al recordar la presencia del ingeniero, dice que los alteró a todos. En su relato, ella se encontraba en la cocina de su casa, a unos 200 metros de la caseta, sirviendo chicha (bebida elaborada con almidón de yuca). Cuando escuchó la discusión, salió corriendo para saber qué pasaba: “Él (ingeniero) nos decía que era para bienestar de nosotros, pero luego de reclamarle, nos dijo que no lo estorbe, que tenía un documento con el permiso para estar aquí”.
En aquel momento, la comunidad estaba concentrada con sacerdotes de la Pastoral Social, quienes suelen acompañar programas de seguridad alimentaria y guían a los indígenas en la elaboración del plan de vida (ruta para recuperar los saberes y organización comunitaria). Fue justamente el llamado de los religiosos el que hizo que el ingeniero respetara a los pobladores, sus derechos colectivos y se retirara de la caseta.
Luego, llegaron los reclamos de la comunidad contra Rubén y otros líderes.
“Salgo señalado. Me dicen que yo vendí el territorio por una plata, que recibí treinta millones, quince millones. Eso es falso”, asegura el Capitán.
En Timbó de Betania consideran que se irrespetó el derecho a la consulta previa porque no dialogaron con todos los habitantes de las tres comunidades, Bogotá Cachivera, Murutinga y ellos. Al parecer, se dio una reunión con algunos indígenas en donde firmaron un acuerdo.
José Ernesto Uribe Suárez, capitán entre 2005 y 2014, cuenta que él se enteró de que los mineros realizaron un encuentro en Murutinga y que incluso un ingeniero llegó a la zona a tomar coordenadas, pero en su momento desconocía lo que estas personas estaban fraguando.
“Vinieron con un ingeniero, según ellos negociaron. Le hicieron una reunión grande y creo que de ahí firmaron el documento. Según la gente me dice, la mayor parte firmó el documento, lo que van a explotar de minería, entonces luego de cinco años, o seis, se comenzó a generar este problema (…) De ahí a un año volvieron así, a la fuerza, llegaron con un proyecto grande, ya hecho, ya firmado”, expresa el ex Capitán, al hacer un llamado a que se aclare lo sucedido.
Los indígenas vuelven hablar de los miedos de ahora. Temen que la llegada de la empresa minera contamine sus ríos y, en el peor de los casos, los destierre.
El vice capitán de Timbó, Luis Octavio González, de 42 años, asegura con preocupación que en el lugar de la concesión nace un caño desde donde se abastece la comunidad. “La contaminación vendría toda hacia abajo, entonces, es por eso que tenemos miedo, los perjudicados seríamos nosotros. ¿Qué haríamos sin agua, sin pescado, sin animales?”, se pregunta angustiado.
Ellos han escuchado que cerca del cerro Abejorro ya están explotando, aunque no se sabe si es la empresa o mineros ilegales que también llegan a sacar oro.
“Me están diciendo que está entrando gente extraña con mercados. Eso pues, ahorita no están entrando a Timbó, sino muy cerca”, menciona Rubén, mientras les recomienda a sus compañeros hacer otros recorridos para verificar esa información.
El Vaupés es rico en oro, plata, tungsteno y tierras negras, como el coltán, lo que ha hecho que detrás de esos recursos lleguen mineros; muchos se acercan al territorio valiéndose de trampas y ganándose la confianza de los nativos. Un caso sonado en ese departamento es el de la firma canadiense Cosigo Frontier. Hace diez años, ingresó a las entrañas del resguardo y Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis –jurisdicción del municipio de Taraira, muy cerca de la frontera con Brasil–, dejando a su paso comunidades divididas después de violar la consulta previa y las leyes de origen de los pueblos. La Defensoría del Pueblo informó, en respuesta a un derecho de petición enviado por Agenda Propia, que la actividad de las empresas extractivas de oro en este municipio causó “daño a la integridad y unidad de las comunidades indígenas”. Desde hace más de veinticinco años se explota oro en Taraira, una parte lo han hecho mineros tradicionales y otra, ilegales tanto colombianos como brasileros. La extracción ha causado daños ambientales irreversibles, sus ríos están contaminados con mercurio y sus gentes hoy ven las terribles consecuencias.
Ahora, en Timbó intentan evitar lo que ocurrió en Yaigojé Apaporis. Los indígenas prefieren hablar para que su caso no quede en silencio.
Desde que saben de la amenaza de la minería, en la caseta comunal hombres y mujeres se capacitan en derechos como la consulta previa y junto a los abuelos y autoridades tradicionales, guían el camino en defensa de su territorio.
Al terminar el encuentro con los líderes, Rubén asegura que seguirá denunciando y buscando ayuda con entidades del Estado, la iglesia y organismos internacionales para proteger a la comunidad. Mientras tanto, cuatro indígenas y un sabedor deciden realizar uno de sus acostumbrados recorridos de vigilancia de sus sitios sagrados. Se alistan para ir al cerro Hamaca.
Cerros sagrados
A veinte minutos de la comunidad de Timbó de Betania, cruzando la selva, está el cerro Hamaca, uno de los sitios sagrados de los pueblos ancestrales de Vaupés. En su cima se encuentran cinco indígenas vigilando su territorio. Lo cuidan de personas que llegan sin permiso a explotar los recursos naturales. Están a 300 metros de altura del suelo amazónico, en una gigantesca roca gris, maciza, con forma de cono. Desde allí ven la inmensa selva, tupida de árboles y arbustos de todos los verdes, oliva, esmeralda, turquesa, oscuros y claros. También alcanzan a divisar otras lomas, diez imponentes nudos que brotan de la manigua, algunos muy cerca de la frontera con Brasil. Para los nativos, de esos lugares amenazados por la minería nacen la vida, sus leyendas y memorias.
Es medio día, el ambiente es caluroso y húmedo. La piedra arde por los rayos del sol. Uno de los indígenas lleva un binocular para observar el bosque. Otro de los hombres señala al frente, al cerro Abejorro, y asegura que ronda el miedo desde que en la comunidad supieron que el Gobierno lo concesionó por treinta años para la explotación de minerales.
Este grupo es guiado por el abuelo Jorge Ardila Ramírez, de la etnia Guanano, un hombre de baja estatura, delgado y de ojos negros. Él es uno de los tres sabedores que quedan en Timbó de Betania.
Jorge nombra y señala las otras colinas que hay alrededor: Comején, Golondrina, Bastón, Cuya, Banco de Tigre, Lágrimas de Tela, Abejorro, Estantillo, Hueso y Tui. Dice que esas montañas son espacios naturales y espirituales para la mayoría de las 27 etnias que conviven en los tres resguardos que hay en el Vaupés: Indígena del Vaupés, Bacatí-Remanso de Arara Lagos de Jamaicuru y Yaigoje-Apaporis. De los cerros nace la mayoría de los 35 ríos, caños y quebradas que bañan a este departamento de 54 mil kilómetros cuadrados, cubierto en más del noventa por ciento por bosque tropical. Los afluentes son caudalosos, navegables y son el sustento alimentario de las comunidades.
“Si los mineros llegan, ellos van a dañar los cerros. Y si hacemos daño, los seres de la naturaleza nos cobran la vida a nosotros, o nos enfermamos, o algo pasa. No debemos tocarlo, hay que respetar”, dice Jorge apegado a sus creencias.
El abuelo cierra sus ojos, mientras con palabras místicas relata que su espíritu llegó hasta este lugar para dialogar con sus antepasados.
“En el último sueño vi una casa grande, con barro la hicieron, tenía ventanas, allá estaba la puerta y aquí una piecita. Salía humo por esta parte. Había un solo viejito cuidando, yo le pregunté en el sueño por los demás y me dijo que se fueron a tomar chicha”, relata y explica que su conexión con el mundo espiritual lo logra a través de rituales.
En su pueblo usan la hoja de coca y el tabaco para los rezos y la medicina tradicional. Alrededor del cerro Hamaca hay sembradíos de esta planta que se mezclan con cultivos de yuca brava y dulce.
Jorge cuenta que todos los animales son los protectores del lugar, y muestra a un pajarillo de plumas café, que sobre la piedra calienta sus huevos. Lo conocen como Juan Correo. “En toda la selva hay culebras, lapas, armadillos, guaras, venados, tigres, varios animales. Ellos son los dueños de estas casas”, dice.
Los indígenas permanecen varias horas observando el territorio y luego se retiran en silencio para respetar a sus habitantes, a los animales y a las plantas.
Saberes en riesgo
En Timbó de Betania, uno de los sabedores que cuida los cerros, pero con rezos, es el abuelo Reimundo Montalvo. Tiene 74 años y pertenece a la etnia Desano. Se encuentra en la maloca, de techo ancho y caído hasta el suelo, construida en madera y hojas secas de palma. Él es delgado y de ojos negros. Su rostro arrugado muestra el largo mapa de la vida.
El sabedor fuma tabaco mientras reza por quienes llegan a visitar a la comunidad, para sanar dolores y enfermedades, y alejar a aquellos que se quieren quedar con sus riquezas.
“Yo hago la protección para que no entren al territorio”, dice, aludiendo a los mineros. Él solo habla lengua nativa, desano, por lo que uno de sus familiares, Wilmer Andrés Ardila Montalvo, ayuda con la traducción. Ambos explican que el oro y los minerales son elementos que usan para la sanación y que incluso hay un rezo alusivo al tan preciado metal amarillo.
También reza por cada vez que los indígenas van a trabajar, al inicio y fin de cada cosecha, cuando hay un nacimiento y una muerte, y para pedirles armonía a los seres de la naturaleza.
Su mayor anhelo es que sus prácticas ancestrales sean aprendidas por los jóvenes. Es consciente de que cada día se están perdiendo los saberes, especialmente aquellos que protegen los sitios sagrados como los cerros, los salados y los ríos.
“La otra generación que viene de pronto sufrirá esta consecuencia, entonces ese es el temor. Para que no se vaya perdiendo el conocimiento ancestral, estoy invitando a los jóvenes a que lleguen, a que se acerquen a mí para escuchar los rezos”, dice al referirse a los posibles impactos que dejaría la minería. Para Reimundo, heredar las creencias es otra manera de defender el territorio.
Esa misma defensa la hacen las niñas y niños indígenas de la comunidad vecina Bogotá Cachivera, ubicada a 20 minutos de Timbó de Betania. En la maloca, danzan un baile tradicional, mientras su profesor Leonardo Francisco Villa Morales, toca el casco de una tortuga y el carrizo (una especie de flauta), dos instrumentos autóctonos.
Los niños, entre los ocho y los trece años, llevan en sus cabezas coronas de plumas, en sus manos maracas elaboradas con totumos y en los tobillos semillas que suenan cuando pisotean el suelo. Bailan en agradecimiento a la tierra y a sus ancestros.
Leonardo, de 46 años de edad, de la etnia Siriano es el único sabedor cultural que queda en su comunidad. Dice que cada miércoles les enseña a los 27 estudiantes de la escuela de Bogotá Cachivera, las danzas, los cantos e instrumentos que aprendió de su abuelo y que también han estado amenazados. Para Leonardo, el ingreso de la cultura occidental, las religiones y las distintas explotaciones que ha tenido la Amazonía (como el caucho, las pieles y las maderas), les han arrebatado sus conocimientos ancestrales y ahora temen por la minería.
En Bogotá Cachivera, donde habitan 22 familias pertenecientes a las etnias Sirianos y Desanos, la explotación de minerales no les es ajena. De acuerdo con relatos de los mayores del lugar, hace once años en el cerro Bastón, ubicado a menos de dos kilómetros del caserío, brasileros, algunos indígenas, sacaron oro en bateas. Ahora, les inquieta que los afecte la concesión otorgada entre Timbó de Betania y Murutinga.
Allí tampoco fueron consultados para la extracción de las tierras negras. Ellos, al igual que en los mencionados asentamientos, conocieron del contrato y están preocupados por sus consecuencias. En la escuela y en la caseta hay carteles con fotografías de la mina de carbón El Cerrejón, de La Guajira, donde se muestra el daño causado al pueblo indígena Wayuu. Se han informado de los impactos sociales, de salubridad y culturales que puede generar una explotación de minerales a mediana y gran escala, por ello, no están de acuerdo con ningún tipo de minería. También han aprendido de la consulta previa y de sus derechos colectivos, los cuales han sido orientados por la Pastoral Social de Mitú.
“Ojalá que esa concesión no venga a explotar nuestro departamento, que no les den permiso”, dice Víctor Villa Morales, quien por más de cuatro años ha sido capitán en Bogotá Cachivera, una comunidad que lleva el nombre de la capital de Colombia porque allí el viento sopla frío.
“Mientras que no estén ellos (los mineros), nosotros estamos bien todavía, hacemos danza y vivimos bien, tocamos todos los instrumentos, y pues ya cuando llegan los mineros a explotar, eso se acabará porque ya quedamos como esclavos, toca ir a trabajar allá, entonces la enseñanza que nosotros culturalmente teníamos, nos deja por otro lado”, es el temor de Leonardo, quien toca y muestra una maraca de totumo pintada con figuras que representan el nacimiento del sol, un cerro y una maloca asentada.
En esa zona de Vaupés, uno de los extremos del suroriente de Colombia, la vida indígena es fuerte, sabia y, sobre todo, sus comunidades resisten con su cultura, tradiciones y sus voces en defensa de los cerros, el territorio y de la vida.
Derechos irrespetados
Varios indígenas, habitantes de las comunidades Murutinga, Timbó de Betania y Bogotá Cachivera, en Vaupés, le manifestaron a Agenda Propia que se sintieron engañados en la etapa de los estudios previos del territorio, de la cual se desprende la entrega de la concesión de explotación de tierras negras o coltán.
Gilma Román, profesional indígena de la etnia Huitoto, aseguró que un intermediario de la firma minera la contactó para realizar una consultoría independiente sobre el resguardo como “área de protección y de reserva forestal”, pero nunca le dijeron “la verdad de las cosas”, al parecer, dicha consultoría era para obtener información que luego se utilizaría para la concesión.
La mujer menciona que tras la visita del ingeniero geólogo a las comunidades, en 2017, fue cuando se enteraron de que “habían unos intereses en explotar los recursos”. Luego, junto a su esposo, Libardo Medellín, exdiputado del Vaupés, pusieron el caso en conocimiento de la Defensoría del Pueblo a la espera de que se adelantara una investigación.
Ella también comenta que en 2018 se reunieron con uno de los socios de la empresa minera en un centro comercial de la ciudad Bogotá, y le hicieron saber que los indígenas están en contra de toda explotación, y que para entrar al territorio se requería consulta previa. “El señor dijo que si era así con inconveniente, que él no se metía más. Y ahí quedó el tema”, contó Gilma, quien finalizó aclarando: primero, que no conocen a Claudia Patricia Gómez González, representante del título minero; segundo, que la consultoría no se terminó, y tercero, que tampoco recibió ningún pago por dicho trabajo.
Este relato fue apoyado por Fernel Eladio Estrada Ramírez, representante de la Asociación de las Autoridades Tradicionales de la Carretera aledaños a Mitú – Bogotá Cachivera (Aatac), que reúne a una decena de comunidades nativas. Fernel sostiene que tras la comunicación con los encargados de la concesión en la que les informó que los indígenas no querían la minería en sus territorios, el tema ha estado más tranquilo en la zona.
Agenda Propia indagó sobre la información de las personas detrás del contrato minero en el Resguardo Indígena Vaupés. En documentos anexos del contrato obtenido había un número celular y tratamos de ubicar a las personas el 2 de diciembre de 2019. Quien contestó, vía WhatsApp, dijo llamarse Carlos, ser “socio de la concesión minera” y sobre Claudia, la titular de la concesión, afirmó «yo la represento». Carlos aseguró: «Aya (sic) nunca se ha hecho explotación minera, se está haciendo todo como lo exige la ley, sustracción de ley 2, después toca socialización y estudios ambientales. Por el momento solo se tiene la concesión firmada desde 2009”.
Ya en enero de 2020, este medio fue hasta una dirección en Bogotá registrada en los mismos documentos, la cual correspondía a un edificio residencial. Allí, uno de los porteros que, según dijo, lleva tres años en ese trabajo, aseguró que nunca ha escuchado que en ese lugar funcionen oficinas de empresas mineras. Desconocemos, por tanto, la existencia de una dirección actualizada, o si quizá se trata de una equivocación en los datos escritos en los documentos. Agotados los recursos para conversar con los titulares de dicha concesión, previa a la publicación de este reportaje, quedamos a la espera de obtener una respuesta a las denuncias aquí presentadas por parte de los líderes indígenas.
Lo que ocurre en Vaupés va en contra de la autonomía de los pueblos. Para el sacerdote Edwin Balarezo, exdirector de la Pastoral Social de Mitú, el mismo gobierno vulnera y amenaza los derechos colectivos de los grupos étnicos al otorgar concesiones para la explotación de recursos.
El padre explica que la forma como funcionan estos permisos es que los contratos se los dan a nacionales, quienes luego los ceden a “empresas extranjeras para la explotación de estos territorios que son ancestrales, que gozan del privilegio de ser resguardo y que tienen una comunidad de seres humanos al cuidado”.
La institución religiosa, que acompaña el proceso con asesoría jurídica, sabe que una empresa española tendría relación directa con ese contrato de concesión. Agenda Propia conoció que la misma firma también estaría tramitando un título en el departamento de Guainía y tiene conexiones con una decena de mineras en varias regiones.
“Acá nunca se viene a consultar”, sostiene el padre Edwin en tono molesto. Asegura que las entidades sean estatales o no, en muchos casos “les pagan a los capitanes, los llevan a Bogotá (capital del país), los sacan, los ponen en buenos hoteles y luego los mandan con unas listas a que les firmen en las comunidades”.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa es un instrumento “básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social”. Además, la Amazonía colombiana es “sujeta de derechos”, por lo que desde 2018, la Corte Suprema obligó al Estado a establecer medidas urgentes para su protección y la de quienes la habitan.
En Colombia, la Ley 685 de 2001 estipula que “los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado”. Ello, ha generado debate en las organizaciones indígenas que aseguran que lo enunciado en la ley va en contravía de sus creencias, pues en el subsuelo hay seres espirituales y elementos sagrados para sus culturas.
“Esos sitios (donde fue otorgado el contrato minero) son territorios Sirianos, son sitios sagrados, tenemos que mirar cómo va a afectar la llegada de la minería”, dice Julio César Estrada, indígena asesor de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac). Por esta razón, exigen que sus lugares sagrados sean respetados “porque hacen parte de los derechos fundamentales que no se reglamentan, se practican”, expone el líder.
La ANM respondió a un derecho de petición enviado por Agenda Propia, señalando que los contratos de concesión minera se otorgan cuando las empresas o particulares han entregado una serie documentos y se han cumplido todas las etapas establecidas por la Ley 685, también conocida como Código de Minas. Entre esas fases, la ANM ejecuta “un programa de relacionamiento en el territorio” y una pre-audiencia para verificar situaciones sociales, de “actividades de influencia y observaciones de la comunidad. Agotada esta reunión bajo el principio de economía administrativa, se ordena la audiencia y participación de terceros, sin perjuicio de la especial protección de los grupos étnicamente diferenciados”. Adicional, el artículo 121 de dicha ley menciona que “todo explorador o explotador de minas está en la obligación de realizar sus actividades de manera que no vayan en desmedro de los valores culturales, sociales y económicos de las comunidades y grupos étnicos ocupantes real y tradicionalmente del área objeto de las concesiones o de títulos de propiedad privada del subsuelo”.
La única licencia ambiental que existe en Vaupés se expidió el 30 de diciembre de 2019, así lo dio a conocer Miguel Antonio Villamil Vargas, quien entregó el cargo de director regional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) el 31 de diciembre pasado. Esta fue otorgada a la Asociación de Mineros Independientes de Vaupés (Asomiva) para explotar oro durante diez años en el municipio de Taraira. El permiso se dio luego del reporte de viabilidad entregado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Para el caso del contrato minero que hay en territorios de las comunidades Timbó y Murutinga, no se han adelantado los trámites de la licencia ambiental en la CDA y se desconoce si el proceso avanza ante la ANLA. Además, en esa área donde está la concesión se debe hacer un proceso de sustracción de la Ley Segunda por estar en una reserva forestal.
“Nosotros como corporación ambiental, le hemos venido haciendo seguimiento, acompañamiento con el Ejército y con la Policía y con el mismo Capitán de la comunidad hemos ido, pero hasta el momento no hemos encontrado nada”, dijo Miguel Villamil de la CDA, en entrevista con Agenda Propia en septiembre de 2019.
En la Amazonía se han otorgado 53 títulos mineros entre 2014 y septiembre de 2019. En ese periodo, el único entregado en Vaupés es el que investiga esta historia. Ante la ANM para ese departamento hay varios trámites de títulos en marcha. Así también lo registra la Fundación Gaia Amazonas, que en su Geovisor presenta información de una solicitud de concesión para la extracción de oro, platino, niobio, tantalio, vanadio o circonio en 1.910,5 hectáreas, ubicadas en jurisdicción de Mitú, muy cerca del lugar ya concesionado.
El interés de explotación en Colombia se acrecentó luego de que en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) se promoviera la “locomotora minera”, y en 2010 se abrió la ventana para que muchos territorios, entre ellos la Amazonía, estén en la mira de las grandes industrias.
Mientras pareciera que avanzan los trámites legales para que los mineros se asienten en el territorio en un tiempo por ahora no tan claro, los indígenas quieren hacer oír sus voces, cantos, creencias, lenguas, rezos y tradiciones para decirle al resto de Colombia y de la Amazonía que existen, viven y quieren cuidar a la selva, su casa y la casa de todos, pero necesitan que el Estado y la sociedad los respeten y los ayuden en su deseo de preservar las costumbres y el medio ambiente.
