La semana pasada se realizó la acción judicial más grande de la historia reciente de Colombia en contra de la deforestación. Fiscales y militares llegaron hasta el Parque Los Picachos, en Caquetá, y capturaron a cinco personas.
Por Maria Paula Rubiano y Helena Calle
El pasado domingo, 919 personas entre policías, fiscales, veterinarios, vaqueros, soldados del Ejército, ESMAD, miembros de la Fuerza Aérea y de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) madrugaron para recorrer un camino de siete horas de trocha entre San Vicente del Caguán (Caquetá) y las veredas Platanillos, Termales, Guaduas y Cerrito. Se dirigían hacia el Parque Nacional Natural Los Picachos para realizar el operativo más grande contra la deforestación que se haya hecho en Colombia a la fecha.
Según el relato de varios campesinos de la zona, al amanecer, cuando los cinco sindicados de deforestar poco más de 150 hectáreas dentro del PNN Los Picachos se levantaron a ordeñar sus reses, fueron capturados.
Se les decomisaron 731 cabezas de ganado avaluadas en $1.200 millones a Óscar Gaitán Ortiz, José Óver Acosta García, Nelson Parra Castillo, Federico Castro Verú y Míller Medina.
Los animales fueron arriados y transportados en 70 camiones con rumbo a San Vicente del Caguán, en medio de las protestas que campesinos de veredas vecinas hicieron para reclamar por el operativo y las capturas de los campesinos.
Mientras los camiones avanzaban, la gente echaba pala furiosamente en los caminos que ellos mismos habían construido y mantenido por años para impedir el paso de los camiones. En dado momento de la protesta, el ESMAD disparó gases lacrimógenos contra los campesinos, hiriendo a uno en la cabeza.
Unas 24 horas tardaron en llegar las 600 reses a la finca Villa Nora, en San Vicente del Caguán (entre las protestas y el despelote, se escaparon 100). Mientras los cinco capturados y los funcionarios judiciales hacían trámites frente al único juez de San Vicente del Caguán, cientos de personas marchaban en el pueblo.
El episodio dejó una sensación de incertidumbre entre los campesinos que viven tanto dentro del Parque Cordillera Los Picachos como en sus alrededores. Se preguntan si así será de ahora en adelante, si se los llevarán a todos.
Ese parque forma parte del Área de Manejo Especial de La Macarena, el punto de conexión entre la Amazonia, la Orinoquia y los Andes, y una región reincidente en las cifras de deforestación que trimestralmente publica el Ideam. Este corredor, que permite el flujo de especies entre esas tres regiones, se está fracturando a pasos agigantados.
Todo lo anterior es muestra de que tenemos claro dónde está y cuán grave es la deforestación, pero seguimos en la etapa de ensayo y error a la hora de atajarla.
¿Campesinos o terratenientes?
El fondo del encontrón entre las autoridades y los campesinos radica en una discusión sobre qué es ser un gran o pequeño ganadero, cuántas vacas son demasiadas para una sola persona.“Las fincas a las que se metió el Ejército son de las más antiguas que hay en esas cuatro veredas”, le dijo a este diario Felipe*, un líder reconocido por ONG internacionales. “Al señor Míller Medina lo distingo desde hace más de 15 años, a varios de sus hijos y a las familias de todos”.
Lo mismo le dijeron otros dos líderes campesinos a este diario: todos eran, según ellos, gente que llegó hace varias décadas a la zona y que se dedicaba a la ganadería de subsistencia.
La fiscal delegada para el caso, Stella Sánchez Gil, quien dirige la unidad especializada contra las violaciones a los derechos humanos de la Fiscalía, cree otra cosa. Asegura que los ocho meses de seguimientos y rastreo de datos les permitieron a ella y a su equipo de investigadores establecer, con casi total certeza, que no se trataba de campesinos pequeños. Míller Medina ya había sido procesado por delitos ambientales en 2017.
Según la SAE, era dueño de 140 animales, todos ilegales. “Además, administraba unas 400 vacas de otros propietarios”, explicó la fiscal Sánchez Gil. “No es un campesino con una o dos vacas que tiene para subsistir y venderles a los vecinos”.
Para uno de los campesinos consultados por este diario, la cantidad de vacas en la finca de Medina no tiene nada de extraordinario. “En un estudio de nuestra organización, que hicimos de manera empírica, para medio tener un sustento digno una persona necesita siquiera de 80 a 100 vacas de ordeño. No estamos hablando de vacas que produzcan 20 o 50 litros cada día, sino de 5 a 6 litros”, dice el campesino.
Esto se debe, principalmente, a que los suelos en esta zona son completamente inútiles a la hora de hacer ganadería tradicional. Los pastos crecen poco y los suelos, aplastados por el peso de las vacas, dejan de ser productivos en pocos años.
En esas condiciones los campesinos se las arreglan. Durante seis horas andan por una trocha destapada y atraviesan los puentes de madera que ellos mismos levantaron. En San Vicente del Caguán les compran por $600 o $750 un litro que costó producir entre $100 y $120. Así, un ganadero como Medina se gana, como máximo, tres millones de pesos cada mes. Pero si es cierto que además administra otras 400 cabezas de ganado, eso lo convierte definitivamente en parte de un problema más grave.
Tanto Felipe como un campesino miembro de la Unión de Organizaciones Agrarias Campesinas e Indígenas de San Vicente del Caguán reconocieron que Medina no era un pequeño ganadero, pero sí un “acomodado” que, gracias a créditos del mismo Estado, había logrado tener una finca mediana. “Un gran ganadero, para esta región, debe tener entre 1.000 y 2.000 reses”, dice Felipe.
La Fiscalía, por su parte, desconfía de la teoría de que los capturados sean pobres campesinos. “Si hubiéramos encontrado un campesino con 20 vacas, pues mejor que se acuda al diálogo antes que a la denuncia penal. Sabemos que esto corresponde a un mercado criminal”, dice la fiscal Sánchez.
Los expertos se inclinan un poco más hacia el criterio campesino. Según Andrés Zuluaga, experto en ganadería sostenible de The Nature Conservacy, siempre depende del contexto. “En Vichada, por su extensión, un pequeño ganadero podría tener entre 1 y 50 hectáreas para ganadería, un mediano de 50 a 200, y de ahí para arriba sería ganadería extensiva”.
“El país en general es de pequeños ganaderos. La media es que la gente tenga menos de diez bovinos por predio. El 82 % tiene menos de 50 bovinos, por eso creo que detrás de los capturados hay grupos mucho más poderosos. Obviamente los campesinos defienden un sistema de explotación que muchas veces no es de ellos, sino que ellos manejan. El gran negocio es la tierra”, dice un experto en ganadería sostenible que prefiere no ser nombrado.
¿Viejos o nuevos habitantes?
Hay otro asunto. Los campesinos argumentan que los capturados no son personas nuevas que vienen a acaparar tierras, como es la teoría que se repite en informes de distintas entidades.
Según ellos, los cinco detenidos llegaron a Los Picachos por los mismos motivos que las otras 219 familias que viven dentro del parque de manera ilegal.
Felipe, un campesino que si bien no vive en Los Picachos, llegó a San Vicente del Caguán desde el Valle hace 25 años y cuenta que “las formas de desplazamiento son muchas, está la violencia, pero también la falta de oportunidades. Hay gente del Magdalena Medio, de la costa Pacífica, somos gente de toda clase, desde la costa Guajira hasta pastusos, que llegamos allá buscando hacer patria en un pedacito de tierra”.
Solos construyeron las escuelas, los caminos, los puentes de madera que levantan cada año después de las crecientes. Solos les pagaron el salario a los primeros profesores que enseñaron a sus hijos a leer y escribir. Solos, dicen, se enfrentaron a las Farc cuando llegaron al territorio. Sin un Estado detrás, negociaron con ese grupo las “normas” de comportamiento de la región, incluidas las de conservación ambiental.
Por eso, la llegada de agentes armados, helicópteros, caballos y motos se parecía, en la mente de los campesinos, a la guerra que han vivido una y otra vez. Ver capturados a cinco campesinos “acomodados” de la región fue para ellos la premonición de que pronto tendrían que dejarlo todo una vez más.
Ese miedo, no obstante, parece existir solo en sus cabezas, y al menos por ahora la idea no es sacar a los campesinos de los parques a sangre y fuego. Aunque la fiscal Sánchez Gil tiene noticias de muchas familias ocupando las zonas que las Farc dejaron libres, dice que no judicializará a nadie por colonización de hace 30 años, solo por los delitos ambientales de principio de año.
“Hay que tener distintos enfoques, incluso habrá casos en donde se puedan quedar siempre y cuando se desarrollen proyectos sostenibles y permitidos en el parque como panales solares, ecoturismo y conservación”, dice Julia Miranda, directora de Parques Naturales. Para la Fiscalía es más fácil que otra entidad medie con los pequeños campesinos, que si bien deforestan para que sus vacas pasten, no tienen el músculo para talar o quemar masivamente.
La idea no es nueva y el diálogo ha estado abierto durante mucho tiempo entre campesinos y Parques (que es la entidad administrativa de las áreas protegidas). Pero este operativo dejó entrever las grietas en esas conversaciones.
Se calcula que solo las horas de vuelo de la Policía costaron 500 millones de pesos. Cortesía: DIJIN
¿Diálogo o fuerza?
Cuando las noticias del operativo llegaron hasta el parque Alto Fragua Indi-Wasi, campesinos y funcionarios de Parques Naturales estaban reunidos celebrando los buenos resultados de los acuerdos que la mesa local de diálogo había firmado en 2016. Un asistente a esa reunión recuerda los rostros estupefactos de los campesinos que escuchaban la historia de helicópteros repletos de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que llegaron a capturar a cinco personas.
Y es que su caso es completamente opuesto al de Picachos: allí, las mesas de diálogo generaron una serie de acuerdos que permitieron reducir la deforestación desde 2016, mientras ellos no perdían dinero. Estaban felices: “esto sí funciona”, se escuchó decir más de una vez.
La pregunta es cómo en un mismo departamento existen dos escenarios tan distintos. Para entender hay que retroceder hasta 2014, cuando por orden del entonces presidente Santos se formaron mesas de diálogo nacionales, regionales y locales entre campesinos y Parques Naturales.
Su objetivo era crear una política pública que resolviera de una vez por todas el conflicto por la ocupación ilegal de los áreas protegidas, que durante los dos períodos de Santos se duplicaron.
Entre 2015 y 2016 las cosas pintaban bien. En Los Picachos se llegaron a más de 500 acuerdos. En 2016, tanto en el escenario nacional como en los locales, la esperanza de un acuerdo se sentía cercana. Pero en 2017 todo se vino abajo. Un campesino reveló que Parques había redactado una propuesta de decreto sin contar con ellos.
En su momento, Parques explicó que el decreto fue una orden del Ministerio de Ambiente, para meterlo en el paquete de normas del posconflicto. Pero la confianza se había roto, y los campesinos, sin Farc que obligaran a cumplir normas ambientales y sin compromisos con el Estado, talaron con libertad. Eso, claro, sin contar a los recién llegados. La respuestas de Parques Nacionales, con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia exigiendo resultados, fue acudir a la última opción: iniciar el proceso penal que desató la “Operación Picachos”.
Precisamente, una de las críticas a esa sentencia era su aparente inutilidad. Da órdenes como hacer un plan de acción para resolver el problema en un plazo de cuatro meses, y adoptar medidas policivas en esos planes. Diana Rodríguez, directora encargada de Dejusticia (la organización que puso la tutela que dio pie a la sentencia), teme que la usen como escudo para operaciones militares y acciones efectistas que no resuelven el problema de fondo.
Las vías intervenidas por los campesinos en protesta por el operativo. Cortesía: DIJIN
Por ahora, nueve diputados de Caquetá exigieron al municipio de San Vicente del Caguán y a la Gobernación del Caquetá la copia de lo que se haya adelantado o firmado en materia del cumplimiento de la sentencia, y al comandante del Ejército y de la Policía en Caquetá, una explicación sobre el “Operativo Picachos”.
También, según Julia Miranda, la dirección territorial Amazonia de Parques Nacionales ya firmó tres nuevos acuerdos para evitar la deforestación en el AMEM. La Fiscalía, por su parte, continúa en el aprendizaje, a veces atropellado, sobre los crímenes ambientales contra los bosques colombianos, y los campesinos aún esperan razones.
¿Soluciones o pañitos de agua tibia?
Mientras todos mirábamos hacia La Habana y hablábamos de Paz, los bosques de la Amazonia caían. La deforestación es un fenómeno cuyo avance, evidentemente, ha tomado a todos por sorpresa.
Tanto así, que en 2015 el Gobierno creyó que en cinco años podría resolver el problema, y así lo prometió el exministro de Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo, cuando recibió US$100 millones de Noruega, Reino Unido y Alemania para lograrlo. Pero no estábamos ni tibios.
El monstruo ha crecido hasta tal punto, que la cifra se duplicó de un año para otro. En 2017, 219.973 ha de bosques colombianos cayeron, 144.147 solo en la Amazonia. Y es tan complejo, como muestra la experiencia de la “Operación Picachos”, que si le cortas una cabeza, le salen otras dos.
Esta misión, el primer gran esfuerzo conjunto entre la rama judicial, militar y ambiental para resolver el problema, desplegó cerca de mil personas, hizo marchar a otras mil, y aunque ni Ejército, ni Fiscalía ni Dijin dijeron saber la cifra, constatamos que solo en sobrevuelos de la Policía se gastaron $500 millones.Con todo eso, se capturaron cinco personas, de las cuales solo hay una privada de la libertad. Mientras, las 4.000 vacas que hoy siguen en el Parque, prueban que Los Picachos es tan solo la primera mirada a las fauces de la deforestación.
