Un juez condenó a Claudia Maritza Castiblanco a pagar 12 años de cárcel por someter y doblegar a una mujer perteneciente a la comunidad Carapana de Vaupés, quien fue obligada a hacer labores de aseo durante jornadas de hasta 24 horas en 20 meses.
En la investigación adelantada por la Dirección de investigación Criminal e Interpol -DIJIN, y que tuvo una duración de 6 meses, se pudo establecer que una mujer identificada como Claudia Maritza Castiblanco Parra, explotó y esclavizó por 45 días a una indígena de 18 años perteneciente al Pueblo Indígena Carapana, proveniente de Mitú Departamento de Vaupés, que estaba en estado de embarazo.
Como lo narró la Fiscal del caso en audiencia, “la joven indígena, en estado de embarazo, decidió viajar a Bogotá porque un hombre le prometió un sueldo de 250.000 pesos mensuales, pero cuando llegó a la capital empezó su infierno”, recalcó que “Fue advertida que por dos meses no recibiría salario porque debía pagar con su trabajo los pasajes de Mitú a Bogotá, que oscilaban en el valor de 400 mil pesos. Haciendo aseo, accidentalmente rompió un plato decorativo de la casa y la señora manifestó que debía pagárselo y que su valor era de 5 millones de pesos. Es decir, tendría que trabajar 20 meses bajo esas condiciones para poder pagar la pieza decorativa”.
Según la investigación de la Fiscalía, la joven –perteneciente a la comunidad Carapana de Vaupés– fue contactada en 2014 para laborar en servicio doméstico en una casa de familiar del sur de la ciudad. Por ello, viajó de Mitú con destino a Bogotá, donde fue recibida en el inmueble. Sin embargo, “Fue tratada como una mercancía y restringida en su libertad ya que fue encerrada con llave todo el tiempo”, indicó el ente acusador.
Los malos tratos y abusos comenzaron desde el momento mismo en que la joven arribó a la ciudad. Primero, fue obligada a bañarse porque supuestamente “tenía mal olor y porque estaba mal presentada”. Luego, dado que le habían girado dinero para comprar los tiquetes aéreos, fue sometida a laborar sin pago durante más de un mes y a “hacer oficios extenuantes las 24 horas y los siete días a la semana; además, le fue restringida su libertad y le negaron la comunicación con su familia”.
De acuerdo con la Fiscalía, a la víctima nunca le pagaron y, por el contrario, la hoy condenada le advirtió que en dos meses no recibiría remuneración porque debía pagar los pasajes aéreos de Mitú a Bogotá.
“Se trata de un caso de abuso de poder contra una persona con baja escolaridad, con necesidad económica y contra una integrante de una comunidad étnica, reconocida internacionalmente por su alto riesgo de exterminio”, agregó el ente investigador.
“Nunca fue afiliada a una empresa de salud, nunca cotizó a prestaciones sociales y nunca le pagaron el tiempo de trabajo”, precisó la Fiscalía al señalar que, ante todos estos hechos, la mujer logró contactar a su familia y contó lo que estaba padeciendo. La situación fue denunciada ante la Organización Indígena de Colombia (Onic), que se encargó de apoyar la labor investigativa de la Fiscalía.
El Juez 18 de conocimiento de Bogotá anunció su sentido de fallo condenatorio por el delito de trata de personas con fines de explotación bajo la modalidad de servidumbre. El general Jorge Luis Vargas, Dir. de Investigación Criminal e Interpol -DIJIN, en uno de sus apartes afirmó que “…se logran varias declaraciones, se establece el delito, se tipifica y precisamente se emite la condena con fines de servidumbre en el país, que es un hecho histórico”.
Cabe destacar que Claudia Maritza Castiblanco, victimaria permanece en libertad. Por todo ello, convocamos a todas hermanos Indígenas (mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes, abuelas, y abuelos), organizaciones de la sociedad civil, colectivas/os, activistas y a quienes se identifiquen, se solidaricen o encuentren en esta lucha su propia causa, a asistir a la determinación del fallo.
Foto: Juan Pablo Gutiérrez. ONIC
