En la COP20 de Lima (2014), el Estado se comprometió a restaurar, hasta 2030 y en conjunto con el sector privado, más de 3 millones de hectáreas degradadas. En los años más recientes, el Gobierno adoptó metas mucho menos pretenciosas para el sector estatal y, aun así, parte de los proyectos tienen retrasos en su ejecución, otros esperan aprobación técnica y algunos más están a punto de ser archivados.