Indígenas exigieron la demarcación de territorios y la revocación de proyectos de infraestructura que afectan sus tierras; el movimiento realizó una acción pacífica frente a la Blue Zone, espacio donde se llevan a cabo las negociaciones climáticas.
Tras una protesta en la entrada principal de la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en la mañana de este viernes 14, el gobierno brasileño anunció que avanzará en la demarcación de las Tierras Indígenas Sawré Muybu y Sawré Ba’pim, del pueblo Munduruku, en el estado de Pará, y se comprometió a analizar los impactos de los grandes proyectos de infraestructura en la cuenca del Tapajós.
Tras una protesta en la entrada principal de la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en la mañana de este viernes 14, el gobierno brasileño anunció que avanzará en la demarcación de las Tierras Indígenas Sawré Muybu y Sawré Ba’pim, del pueblo Munduruku, en el estado de Pará, y se comprometió a analizar los impactos de los grandes proyectos de infraestructura en la cuenca del Tapajós.
“Nuestra mayor preocupación es el decreto y la Ferrogrão; eso nos va a perjudicar mucho. Estar aquí con Sonia, con la ministra Marina y con el presidente de la COP ya es un avance. Pero necesitamos ser más escuchados, ser consultados”, afirmó la líder Alessandra Munduruku tras el encuentro. “Queremos una respuesta de Lula”.
El principal objetivo de la manifestación es el Decreto nº 12.600/2025, que instituyó el Plan Nacional de Hidrovías e incluyó los ríos Tapajós, Madeira y Tocantins como ejes prioritarios para la navegación de carga. Para el pueblo Munduruku, el decreto abre camino a nuevas operaciones de dragado, el derrocamiento de afloramientos rocosos sagrados y la expansión acelerada de puertos privados a lo largo de la cuenca.
Seis tierras indígenas, donde viven aproximadamente 2.600 personas —incluidos los pueblos aislados Pu’rô, los Aislados del Iriri Novo y el pueblo Mengra Mrari— serán afectadas por el trazado de la línea férrea Ferrogrão, que conectará los municipios de Sinop (MT) e Itaituba (PA).
Los indígenas denuncian que los proyectos previstos para la región no respetaron la consulta previa, libre e informada, tal como exige el Convenio 169 de la OIT.
Presentaron datos de un estudio del Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc), que señala los impactos de los proyectos de infraestructura en la cuenca del Tapajós. Entre 2010 y 2022, el 68 % del total de la inversión federal en infraestructura en la región se destinó a corredores de exportación, incluidos la BR-163, los terminales de Itaituba/Miritituba y los proyectos de hidrovías en el Tapajós. En 2023, el 47 % de las exportaciones brasileñas de soja salieron por los puertos del Arco Norte —frente al 16 % en 2010.
“Todo esto ocurre sin que el Estado nos escuche. Quieren destruir el fondo del río, dinamitar nuestros afloramientos rocosos sagrados y llenar el Tapajós de barcazas para sacar soja fuera de Brasil. Quienes vivimos aquí somos nosotros, no las empresas”, afirmó una líder del pueblo Munduruku.
Ministra afirma que la protesta “es legítima”
En la conferencia de prensa, tras el encuentro con los indígenas Munduruku, la ministra Sonia Guajajara afirmó que la acción es legítima y que los procesos de demarcación de las dos tierras se encuentran en una fase avanzada y dependen únicamente de trámites administrativos:
“Es legítima, esta manifestación es legítima. Vinieron aquí para pedir aclaraciones sobre la demarcación de los territorios. El proceso de demarcación de Sawré Muybu ya fue firmado por el ministro Ricardo Lewandowski, y el proceso de Sawré Ba’pim está en el Ministerio de Justicia, dentro de un paquete de tierras indígenas que debe firmarse hasta finales de este año”.
Según Guajajara, el gobierno está contratando a una empresa encargada de la demarcación física de Sawré Muybu, para la instalación de mojones y placas en los límites del territorio. Marina Silva, por su parte, reforzó que la Ferrogrão no tiene ningún proceso de licenciamiento ambiental en análisis en el Ibama y que el caso sigue judicializado:
“No existe una solicitud de licenciamiento dentro del Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables), este proceso está judicializado. Cuando se presentó el EIA/Rima, estaba muy mal elaborado, y el Ibama lo devolvió. Desde entonces, no se volvió a presentar, pero la preocupación de ellos continúa. Es una preocupación legítima”.
Marina añadió que las reivindicaciones sobre hidrovías, navegación y puertos serán enviadas a los ministerios de Transportes y de Minas y Energía, y que el Ibama seguirá realizando operaciones de fiscalización, incluidas acciones de desintrusión para retirar a los mineros ilegales de los territorios indígenas.
‘El río tiene familia‘
Al final del encuentro, Alessandra Munduruku reafirmó que el movimiento no aceptará obras que amenacen el territorio:
“El río es la madre de los peces. Tiene familia: tiene padre, tiene madre, tiene tío que vive dentro de él y nos sustenta.”
El pueblo Munduruku también espera un posicionamiento sobre los proyectos de crédito de carbono. Para el movimiento, estas iniciativas representan formas de “venta de la selva”, que reducen la autonomía de los pueblos, permiten la entrada de empresas e intermediarios en los territorios y no enfrentan la raíz de la crisis climática: la deforestación industrial, la minería ilegal, las hidrovías y la expansión de la soja.
