La empresa minera presenta el proyecto ABC Norte REDD como su principal activo ambiental, pero el Ibama detectó problemas en la extracción de madera dentro del área de compensación climática, lo que fundamentó una denuncia presentada por el Ministerio Público contra la Madeireira J & Y. El territorio, ubicado en la Amazonía paraense, también presenta registros de deforestación, autorizaciones de investigación minera y conflictos de tierras con comunidades tradicionales.

Presentado por Vale como una de sus principales apuestas para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, el proyecto ABC Norte REDD —del Grupo Algar— se desarrolla en un territorio de la Amazonía con registros de explotación maderera irregular y fue objeto de una denuncia del Ministerio Público de Pará. 

La iniciativa, implementada en la hacienda Pacajá, entre los municipios de Portel y Bagre, en el estado de Pará, Brasil, promete conservar 140.000 hectáreas de la selva amazónica —casi el tamaño de la ciudad de São Paulo— y generar 1 millón de créditos de carbono al año hasta 2047. Sin embargo, sus impactos climáticos reales chocan con irregularidades ambientales y de tierras. La propiedad presenta áreas deforestadas, conflictos con comunidades tradicionales, matrículas de propiedades rurales suspendidas por sospecha de grilagem de tierras públicas y hasta autorizaciones mineras para investigación y extracción de oro.

En septiembre de este año, el Ministerio Público del Estado presentó una denuncia ante la Justicia con base en una fiscalización del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), que señaló irregularidades en la hacienda Pacajá. El Plan de Manejo Forestal Sostenible (PMFS) desarrollado en el lugar fue objeto de la Operación Custodia, en noviembre de 2023, cuando los fiscales identificaron al menos cuatro infracciones relacionadas con explotación maderera irregular.

En la denuncia enviada a la Justicia, el Ministerio Público (MP) sostiene que la Madeireira J & Y, contratada para ejecutar el manejo, “utilizó artificios fraudulentos para fabricar créditos forestales inexistentes y emitir documentos públicos con contenido ideológicamente falso, con el fin de ocultar el origen ilícito de la madera y conferir apariencia de legalidad a su comercialización y transporte”.

La Madeireira J & Y fue multada por el Ibama con 208.000 reales por exceder el volumen autorizado de tala y por introducir información falsa en el sistema oficial de control. Además, los inspectores ambientales señalan que la empresa incumplió los procedimientos de trazabilidad de los troncos y generó desperdicios. “Tales irregularidades constituyen elementos que caracterizan la mala ejecución de las actividades de manejo forestal por parte de la empresa responsable”, concluye el informe de fiscalización obtenido por nuestro equipo.

En esa ocasión, el Ibama incautó troncos sin la debida documentación de origen e identificó árboles con nombres cambiados. Las maderas de las especies más explotadas fueron registradas en el sistema como si pertenecieran a otras, como en el caso de la tapirira —utilizada en la fabricación de muebles y en la construcción civil— que la empresa identificó como jatobá o angelín-amargo.

La denuncia por irregularidades en el manejo forestal del proyecto ABC Norte REDD solicita la condena de la Madeireira J.&Y por el delito de falsedad ideológica, al insertar datos falsos en sistemas públicos. La solicitud del MP fue presentada el 8 de septiembre y aún espera una decisión de la Justicia, que puede aceptar o no la denuncia.

A pesar de esas irregularidades, Vale —una de las principales patrocinadoras de la COP30, la conferencia global sobre clima en Belém (PA)— presentó el proyecto asociado como un ejemplo de conservación forestal dentro de sus metas de neutralidad de carbono. En febrero de 2023, nueve meses antes de la fiscalización del Ibama, la minera anunció la compra de 133.000 créditos del proyecto ABC Norte, del Grupo Algar, lo que equivaldría a la protección de aproximadamente 50.000 hectáreas de selva ese año. El proyecto contribuyó a que la compañía afirmara haber alcanzado el 50 % de su meta de protección forestal para 2030.

Al divulgar la compra de créditos de carbono del ABC Norte hace dos años, Vale afirmó que “la hacienda Pacajá cumple con los requisitos legales de manejo sostenible como instrumento de conservación y preservación de los bosques nativos”. Añadió que todos los árboles de la propiedad son inventariados y georreferenciados, lo que garantizaría la trazabilidad y la transparencia del manejo. “La actividad se basa en una cosecha forestal de bajo impacto ambiental, además de contribuir al uso sostenible de la selva y a mantenerla en pie”, señaló una nota publicada en su sitio web.

Sin embargo, eso no fue lo que los inspectores del Ibama encontraron en la propiedad ni lo que revelan los datos satelitales analizados por InfoAmazonia. En el área de la hacienda donde se realiza el manejo maderero, hubo degradación ambiental en más de 2.500 hectáreas de vegetación nativa en 2024, según datos de Imazon. El desmonte por corte raso en la hacienda Pacajá —aquél que implica la eliminación total de la vegetación— registró en 2024 su mayor pico desde 2017, año en que el proyecto de preservación con créditos de carbono comenzó a operar, según el análisis de imágenes satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe). Entre 2017 y 2024, se registró un desmonte acumulado de 341 hectáreas en el área de la propiedad, de las cuales casi la mitad (161,1 ha) se encuentra dentro del área del proyecto de carbono.

Además, el sistema de monitoreo de la red MapBiomas identificó 46 alertas de deforestación dentro de los límites del proyecto de carbono entre 2019 y 2024, que suman aproximadamente 115 hectáreas de bosque derribado. La tala ocurrió de manera fragmentada, en áreas de hasta 10 hectáreas, abriendo claros aislados en el interior de la selva, un patrón que, según especialistas, aumenta la vulnerabilidad del bioma amazónico.

‘Se dicen verdes, pero están deforestando’

Los habitantes de la región del Alto Río Camapari, en Portel (PA) —una de las comunidades ubicadas dentro del área del proyecto— afirman que el ABC Norte REDD invade territorios tradicionalmente ocupados por poblaciones ribereñas desde hace generaciones (lea aquí). En estas zonas, la explotación maderera volvió a intensificarse este año, así como la deforestación. “Se dicen una empresa verde, pero están deforestando aquí en las áreas de los ribereños. Teníamos un acuerdo para que respetaran nuestros territorios, pero no lo están cumpliendo”, relató Francisco Rodrigues de Melo, conocido como Cametá, expresidente de la Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas do Alto Camapari.

Según la comunidad, el acuerdo establecía que la franja de 5.000 metros a partir del río Camapari sería de uso exclusivo de las comunidades. En octubre, los moradores registraron en video a empleados de la empresa dentro del área acordada para excluir la explotación maderera, según imágenes obtenidas por este medio. 

Para la investigadora Marcela Vecchione Gonçalves, del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Pará (UFPA), la coexistencia de proyectos con impactos ambientales —como extracción de madera y minería— junto con la generación de créditos de carbono es “ambiental y socialmente incompatible”. “Normalmente, la degradación no es tan evidente como la deforestación en los proyectos REDD. Pero cuando ocurre en un manejo que se presenta como sostenible, el resultado es lo que llamamos pérdida de densidad de la vegetación forestal —un proceso que compromete la integridad ambiental del proyecto y afecta directamente la biodiversidad”, afirma.

Normalmente, la degradación no es tan evidente como la deforestación en los proyectos REDD. Pero cuando ocurre en un manejo que se presenta como sostenible, el resultado es lo que llamamos pérdida de densidad de la vegetación forestal —un proceso que compromete la integridad ambiental del proyecto y afecta directamente la biodiversidad.

Marcela Vecchione Gonçalves, del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Pará (UFPA)

Los recursos provenientes de créditos de carbono se destinan a proyectos que —en teoría— demuestran que reducen más emisiones de gases de efecto invernadero de lo que ocurriría si la inversión no existiera. Estos créditos pueden originarse en la deforestación evitada o en el cambio de fuentes energéticas, por ejemplo. Cada crédito equivale a una tonelada de carbono que dejó de emitirse. Sin embargo, especialistas e investigadores han puesto en duda la efectividad de los proyectos de crédito de carbono, y un estudio reciente sostiene que los problemas del sector son sistémicos y persistentes, no casos aislados. (Nota completa aquí)

Los planes de manejo forestal suelen aprobarse en ciclos largos, de 10 a 35 años, justamente para que la extracción de madera sea selectiva y organizada de manera que mantenga la selva amazónica en pie. Sin embargo, las irregularidades en el sector son frecuentes: desde la tala de árboles en áreas no autorizadas y la extracción de volúmenes superiores a los permitidos, hasta fraudes en los sistemas de control que abren espacio para el llamado “lavado de madera”, cuando un tronco se retira de una zona ilegal pero circula con documentación falsa que afirma que provendría de un área autorizada.

Un informe reciente de Imazon, basado en datos del Sistema de Monitoreo de la Explotación Maderera (Simex), revela que el 47 % de la madera extraída en Pará en 2024 tiene origen ilegal.

Consultada por InfoAmazonia, Vale afirmó que el proyecto ABC Norte REDD, del cual adquirió créditos de carbono, fue seleccionado con base en criterios técnicos y estándares internacionales, con el objetivo de “contribuir a la conservación forestal”. La empresa declaró que “adopta procesos rigurosos de evaluación de riesgos antes de establecer cualquier alianza” y que toda la información disponible en aquel momento fue analizada con “responsabilidad y transparencia”.

“La zona de manejo forestal cuenta con la licencia correspondiente, y las actividades siguen el Plan de Manejo Forestal Sostenible (PMFS), con fiscalización y reportes periódicos aprobados por certificadoras independientes. Todas las aperturas realizadas por ABC Norte están debidamente autorizadas para fines de manejo, y cualquier ocurrencia de explotación ilegal por parte de terceros es comunicada de inmediato a las autoridades competentes”. 

Consultada sobre la denuncia presentada por el Ministerio Público, la empresa minera afirmó que aguarda la manifestación del juez sobre el caso. — Lea la respuesta completa de Vale.

Consultado, el Grupo Algar informó que no se manifestaría sobre los hallazgos de la investigación.

InfoAmazonia intentó comunicarse con Madeireira J & Y Ltda. por correo electrónico, teléfono y a través del equipo de prensa del Grupo Algar, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de este reportaje.

Vecinos acusan a la empresa ABC Norte de grilagem e invasión

Francisco Rodrigues de Melo presidió durante años la Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas do Alto Camapari, pero ese tiempo no fue suficiente para ver resuelto el conflicto que se instaló en la comunidad desde la llegada de las empresas madereras, a finales de la década de 1990.

En 2007, tras episodios de violencia y amenazas contra la comunidad, las asociaciones ribereñas solicitaron a la Justicia la anulación de los títulos de propiedad de la hacienda Pacajá. Según líderes locales, la disputa por la madera y las intimidaciones nunca cesaron.

Después de años de idas y vueltas judiciales, se inició en 2015 una acción civil pública. En ella, la Associação do Alto Camapari y el Sindicato de los Trabajadores Rurales de Portel cuestionaron la validez de los títulos de tierra adquiridos por ABC Norte, acusando el uso de laranjas (personas interpuestas utilizadas para ocultar la verdadera titularidad) en el proceso de distribución de una extensa área pública de la Unión en 1979. En esta acusación de grilagem, los habitantes afirman que la zona fue dividida en lotes de hasta 2.000 hectáreas, de los cuales 52 matrículas fueron posteriormente adquiridas por ABC Norte, conformando las 140.000 hectáreas de la hacienda Pacajá.

Según la Constitución de 1969, vigente en aquel período, la venta de tierras públicas superiores a 3.000 hectáreas dependía de la aprobación del Congreso Nacional —límite que fue reducido a 2.500 hectáreas por la Constitución de 1988. Como la distribución de las tierras públicas se realizó en parcelas menores de 3.000 hectáreas, no necesitó pasar por el Congreso.

“Usaron laranjas para adquirir esas tierras sin licitación y luego transferirlas todas a su propio nombre, ignorando por completo a las poblaciones que ya vivían allí”, afirmó el abogado Ismael Moraes, representante de las comunidades. En 2020, en esa misma acción civil pública, el Ministerio Público de Pará (MPPA) informó a la Justicia que los conflictos en la región volvían a intensificarse.

Según relata el organismo, basándose en denuncias de la comunidad, durante el verano amazónico de ese año, ABC Norte habría ampliado la explotación maderera con el apoyo de milicias formadas por policías militares o por individuos vestidos como policías y agentes de fiscalización. Los episodios de violencia habrían ocurrido en la zona donde las comunidades acusan a la empresa de grilagem.

A la Justicia, la empresa ABC Norte, que forma parte del Grupo Algar, negó las acusaciones y afirmó haber solicitado la intervención de las autoridades para investigar el robo de madera en sus tierras. La empresa calificó las acusaciones como “denuncias temerarias y no comprobadas”.

El Ministerio Público llegó a solicitar una inspección judicial para verificar las denuncias, pero, en junio de 2021, el juez André Luiz Filo-Creão Garcia da Fonseca decidió archivar la acción sin entrar en el fondo del asunto; es decir, sin que se investigaran las acusaciones de grilagem y de episodios de violencia. En la decisión, el juez señala que las asociaciones no lograron presentar los documentos de los inmuebles rurales cuestionados, como se exigía.

Según la defensa de los trabajadores extractivistas, el registro de la propiedad se habría negado a entregar los documentos de forma gratuita a la comunidad. “El costo sería de unos R$ 50.000 en escrituras y documentos, y la comunidad no tenía ese dinero”, explicó el abogado Ismael Moraes.

El Tribunal de Justicia de Pará reconoció que las asociaciones enfrentaron dificultades para obtener los certificados inmobiliarios, pero aun así mantuvo la decisión de archivar la denuncia. En septiembre, las asociaciones de moradores presentaron un recurso especial ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para revertir las decisiones.

Además de esta acción judicial, otro procedimiento iniciado en la Corregiduría de Justicia del Estado suspendió de manera preventiva dos matrículas de la hacienda Pacajá en septiembre de 2025, por sospecha de grilagem de tierras públicas.

Según la defensora pública de Pará, Andreia Macedo Barreto, “cuando una matrícula está bloqueada o cancelada, no puede ser utilizada en actos jurídicos; por lo tanto, en estos proyectos [de carbono] ni siquiera deberían ser certificados o tener créditos comercializados”, afirmó a nuestro medio. La Defensoría Pública de Pará pidió el bloqueo de 600 matrículas en Portel, Breves y Melgaço por sospechas de grilagem de tierras públicas y logró la cancelación de al menos otros 60 registros inmobiliarios con presuntas irregularidades vinculadas a áreas que desarrollan proyectos de carbono. 

Las empresas cuestionan los cálculos del proyecto

El proyecto de créditos de carbono ABC Norte REDD fue registrado en 2023 por Verra —la mayor certificadora de créditos de carbono del mundo, con sede en Estados Unidos— y está autorizado a comercializar compensaciones por la preservación de la selva entre 2017 y 2047.

El documento aprobado por la certificadora reconoce la existencia de comunidades tradicionales dentro del área del proyecto. Sin embargo, la empresa sostiene ser la propietaria integral del territorio y afirma mantener un acuerdo informal de uso con las comunidades, “siempre y cuando se comprometan con la preservación de la selva y no generen pasivos ambientales”.

A pesar de la certificación, distintas empresas cuestionan los cálculos del proyecto ABC Norte, que fue blanco de críticas de la NBS Alliance, una coalición que reúne a 26 organizaciones del propio mercado de carbono. En un dictamen técnico enviado a Verra y publicado el 6 de mayo de 2024, la alianza señaló fallas metodológicas en la estimación de la deforestación evitada, lo que podría inflar artificialmente el volumen de créditos de carbono emitidos.

La cientista social Fabrina Furtado, de la Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), que estudia los impactos de los proyectos REDD desde hace más de una década, afirma que el mecanismo “tiene fallas estructurales” y no aborda las causas principales de la crisis climática. “No tiene sentido su origen: parte de la lógica de que el mercado va a resolver un problema creado por el propio mercado. No es este mecanismo el que va a enfrentar el cambio climático ni a reducir la deforestación”, lamentó.

A pocas semanas de la COP30, un estudio que analizó 25 años de proyectos de créditos de carbono —realizado por investigadores de las universidades de Oxford (Reino Unido) y Pensilvania (Estados Unidos)— concluyó que el uso de compensaciones de carbono no ha demostrado ser eficaz para contener el cambio climático. Los autores defienden la eliminación gradual de la mayoría de los créditos, manteniendo únicamente aquellos generados mediante la remoción permanente de dióxido de carbono de la atmósfera. Publicado en la revista Annual Review of Environment and Resources, el estudio identifica fallas estructurales, como no adicionalidad (créditos sin reducción real de emisiones), impermanencia (cuando el carbono almacenado —por ejemplo, en selvas— vuelve a ser liberado debido a incendios o deforestación),  entre otros problemas. Los autores también señalan casos de manipulación sistemática en los mercados, donde distintos actores consiguen burlar las reglas establecidas, o que representa otro factor de riesgo. 

“Esperamos que nuestros hallazgos sirvan como advertencia: las compensaciones inútiles —las que no implican la remoción y el almacenamiento permanentes del carbono— son una distracción peligrosa frente a la verdadera solución para la crisis climática: reducciones rápidas y sostenidas de las emisiones”, afirmó el autor principal, Joseph Romm, en un comunicado sobre la investigación.

Esperamos que nuestros hallazgos sirvan como advertencia: las compensaciones inútiles —las que no implican la remoción y el almacenamiento permanentes del carbono— son una distracción peligrosa frente a la verdadera solución para la crisis climática: reducciones rápidas y sostenidas de las emisiones.

Joseph Romm, investigador de la Universidad de Pensilvania

El estudio concluye que los fallos del mercado de carbono son sistémicos y persistentes, no casos aislados. Según los investigadores, el sistema actual no puede corregirse con ajustes puntuales y exige un cambio estructural en la forma en que el mundo contabiliza y compensa sus emisiones.

Consultada, Verra informó que no podría pronunciarse en el corto plazo sin antes analizar la información presentada por el reportaje. InfoAmazonia mantiene abierto el espacio para recibir la posición de la certificadora sobre el caso.

Exploración mineral

Además de las irregularidades en el manejo forestal y de las críticas al proyecto de carbono dentro de la hacienda Pacajá, existen al menos seis solicitudes de minería que se superponen al área. Cuatro de esos pedidos cuentan con autorización para la exploración de oro. En uno de ellos, el inicio de las actividades exploratorias fue comunicado a la Agencia Nacional de Minería (ANM) en 2022. En esta zona destinada a la minería, se identificaron múltiples puntos de deforestación identificados por el Inpe.

La investigación mineral, etapa que estudia la existencia de minerales y su viabilidad económica, suele venir acompañada de deforestación para abrir caminos destinados al transporte del equipamiento de perforación. Si la viabilidad económica se confirma y la exploración es autorizada por el organismo regulador, la degradación ambiental se amplía exponencialmente, con la creación de minas, afectación de ríos, explosiones, polvo y contaminación sonora.

En junio, este reportaje consultó a la ANM sobre los casos de superposición de proyectos de carbono con áreas de minería. En una nota, la agencia informó que “actualmente no existen procedimientos específicos que exijan a los solicitantes de títulos mineros consultar previamente la existencia de proyectos de carbono en las áreas pretendidas, ni mecanismos de integración formal con las entidades certificadoras de créditos de carbono”. Por último, la agencia justificó que la minería “es compleja, pero esencial para la transición energética y la reducción de las emisiones globales”, y que el sector es “una de las cadenas productivas con menor huella de carbono en su operación primaria”.

La investigadora Vecchione señala que tanto la minería como el manejo forestal pueden ampliar significativamente la degradación en la Amazonía, que, además de emitir gases de efecto invernadero, contribuye de forma decisiva a la pérdida de los servicios ecosistémicos de la selva. “¿Qué integridad de información climática es esa que se transmite con estos proyectos? Los proyectos de carbono que incluyen minería y autorizaciones de manejo forestal no neutralizan emisiones”, concluyó.

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Este reportaje utiliza la base de datos del proyecto Carbono Opaco, desarrollado en alianza entre InfoAmazonia, Ojo Público y el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), que mapeó todos los proyectos REDD+ y las empresas del mercado voluntario de carbono en Brasil, Perú y Colombia. La información está disponible en el panel interactivo Radiografía del Mercado de Carbono, que permite consultar desarrolladores, auditores, certificadores y eventuales irregularidades 

Imagen de apertura: Vale financió una obra de R$ 1.000 millones para la construcción del Parque da Cidade, la sede de la COP30 en Belém. Foto: Luis Ushirobira/InfoAmazonia