Los alcaldes de Miraflores, El Retorno y Calamar (Guaviare) están siendo investigados por la Fiscalía por ser permisivos, o culpables, de la construcción de una vía de 138 kilómetros en medio de los bosques amazónicos.
Por Helena Calle ([email protected])
La vía que conduce del municipio de Calamar hasta Miraflores es un viejo dolor de cabeza para los guaviarenses. El mantenimiento de esta vía está incluido en el Plan Vial del Guaviare, junto con otros 13 corredores viales que suman unos 618 kilómetros. Esta tiene 65 kilómetros transitables todo el año para motos o camionetas de cuatro tracciones, pero los otros 90 kilómetros se vuelven una trampa de lodo en invierno. Por eso mismo, una de las promesas de la Gobernación del Guaviare, en cabeza de Nebio de Jesús Echeverry, y de los tres alcaldes que hoy se enfrentan a la justicia, fue adecuar esta “vía para el progreso”.
Sin embargo, el pasado 5 de diciembre, Jhoniver Cumbe y Pedro Novoa, alcaldes de los municipios de Miraflores y Calamar, respectivamente, fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de “daño a los recursos naturales agravado e invasión de área de especial importancia ecológica agravada”, por ser permisivos con la ampliación de esta vía y fomentar la deforestación.
Solo en su período, la deforestación se triplicó y pasó de 11.456 hectáreas en 2015 a 34.527 hectáreas en 2018, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
Días después, el 12 de diciembre, Óscar Ospina, alcalde de El Retorno, fue capturado por agentes del CTI a solicitud de un fiscal especializado, por los delitos de “grave daño ambiental” y pérdida de selva en una zona de especial protección ecológica de la Amazonia.
Específicamente, Ospina fue capturado por presuntamente intervenir en la contratación de profesionales ambientales, prestar maquinaria amarilla a particulares a cambio de dinero y mediar ante autoridades para que algunas personas no fueran judicializadas por robo de ganado en la región.
Estos últimos cargos parecen ser pormenores en el proceso. La pulpa del asunto es que tres de los cuatro alcaldes del Guaviare están en líos por ser permisivos (si no culpables) de la ampliación de la polémica carretera Calamar-Miraflores, que además de ser uno de los focos de deforestación más recurrentes en las alertas tempranas del Ideam, es la única vía de acceso terrestre para unas 5.000 personas que viven entre los municipios de Calamar y Miraflores.
Este es el primer proceso judicial por deforestación en la Amazonia que responsabiliza a funcionarios públicos, y la primera vez que la Estrategia de Investigación contra la Deforestación en la Amazonia Colombiana, de la Fiscalía, muestra los dientes.
Las audiencias
Un día antes de su captura, y tras ser notificado de la investigación en su contra, el alcalde Pineda ordenó el cierre de las vías que comunican la inspección de La Libertad con Barranquillita y hasta Miraflores, y la que comunica la vereda Agua Bonita Media con Barranquillita y hasta Miraflores, así como la suspensión de todas las inversiones sobre esa vía. Curiosamente, justo un año antes, la página de Facebook de la Alcaldía de El Retorno anunciaba el avance de obras de mantenimiento vial en la inspección de La Libertad, con fotos en donde se ve la maquinaria amarilla y camiones de ocho ejes descargando tierra.
Durante la audiencia pública sobre el caso de Óscar Eduardo Ospina, la fiscal Madeleine Pérez Ojeda, especializada en asuntos ambientales, citó por lo menos cinco investigaciones que vinculan a los tres alcaldes con la deforestación. Citó un informe de la policía judicial en donde “se evidencia que alcaldías y gobernaciones han mostrado interés en la consecución de estas zonas ilegales”, otro de la Fuerza Aérea, que reportó en 2017 las primeras coordenadas de la vía ilegal, y una indagación preliminar de la Procuraduría contra los gobernadores del Guaviare, Nebio de Jesús Echeverry Cadavid y Julián Alonso López Velandia, gobernador (e), y los alcaldes de los municipios de Calamar y Miraflores, por la construcción de once puentes sobre fuentes hídricas, escombros que impedían el flujo normal del cauce, tala de bosques y ocupación de esa cuenca sin el permiso de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA).
“En el Plan Departamental Vial del Guaviare, aprobado el 24 de noviembre de 2016, se incluyó esta vía y aquí se demuestra la falta de voluntad política. No hubo un solo debate de carácter ambiental, firmaron y aprobaron a pupitrazo limpio la construcción de la vía, sin hacer preguntas, y crearon las condiciones para legalizar vías ilegales”, dijo la fiscal.
El asunto sobre si la carretera existía o no parece ser crucial. Según las investigaciones de la Fiscalía, un informe del CTI realizado por un geógrafo que traslapó los puntos de deforestación con imágenes satelitales demuestra que la “carretera no existía” y se habría movilizado maquinaria de la Gobernación para este fin, aun cuando la vía no es legal porque está en una zona de reserva forestal. De hecho, solo el 10 % del Guaviare está libre de alguna figura de protección ambiental.
“El alcalde de El Retorno planea el mejoramiento vial de una vía inexistente (…) Han utilizado a los presidentes de las juntas de acción comunal porque saben cómo mover sus fichas, y consiguen firmas que certifiquen que quienes están a lado y lado de la carretera llevan 20 años ahí, donde están esas fincas, para luego legalizar las tierras. Los dueños son los más cercanos a los mandatarios locales”, dijo la fiscal.
Pero la historia oficial es que es una trocha de por lo menos treinta años creada por las antiguas Farc y transitada por las personas de la región. Lo extraño es la velocidad con la que creció, pues, aunque sea precaria, ya no puede ser considerada una trocha, y a medida que se amplía una vía entran carros más grandes, por tanto pueden entrar más gente y ganado, lo que eventualmente causaría más deforestación en zona de reserva forestal.
El alcalde de El Retorno no aceptó los cargos. “Sí hubo en efecto una intervención, pero se advierte que dicha intervención fue hecha por el departamento del Guaviare. No se advierte una sola orden emitida por el señor alcalde aquí presente donde sea responsable”, dijo el abogado defensor de Ospina, Jhon Leiver Pinto, invocando la presunción de inocencia.
Para el caso de los alcaldes de Calamar y Miraflores, el juez de control de garantías de San José del Guaviare decretó el cierre inmediato de la vía, la prohibición del tránsito de vehículos pesados (incluidas las Caterpillar de la Gobernación) y los dejó en libertad.
En cuanto a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), que fue citada como víctima a las audiencias, tiene unas 70 investigaciones relacionadas con esta vía, de las cuales 25 están falladas, según dijo César Meléndez, director de la corporación, a Marandúa Estéreo. Al ser consultados sobre el caso, la CDA comunicó que nunca recibió solicitud por parte de ninguna de las tres alcaldías o ningún particular para la adecuación de esa vía, lo que demuestra la falta de permisos ambientales por parte de la Gobernación del Guaviare y las tres alcaldías implicadas.
En papel
Lo cierto es que, con permisos ambientales o no, la adecuación de la vía Calamar-Miraflores está contemplada en el Plan Vial Departamental del Guaviare desde 2016. El documento muestra que estaba proyectado invertir por lo menos $65.994 millones desde 2016 hasta 2021 en su adecuación.
Pero, según un artículo del director de la FCDS, Rodrigo Botero, publicado ese mismo año en la revista Semillas, de catorce vías priorizadas en ese plan, diez tienen algún tipo de restricción, ya sea por las consideraciones legales (por ejemplo, plantean atravesar resguardos indígenas sin consulta previa) o por los trazados que impactan importantes zonas de reserva forestal sin sustracción de la misma. “Algunas de estas vías conectan otras que fueron establecidas en el marco del conflicto armado y que hoy representan un riesgo enorme para el avance de la frontera agropecuaria en zonas donde el Estado ha querido evitarlo (como es el caso de la carretera Calamar-Miraflores)”.
Nuevos y viejos alcaldes
La investigación en curso llega a 13 días de que los nuevos alcaldes y el gobernador entren en funciones, y será un tremendo reto para las nuevas autoridades. Una de ellas es el alcalde electo de El Retorno, Yeison Pineda, del Partido Conservador. Por un lado, en la audiencia de imputación de cargos contra Ospina, la fiscal lo acusó de participación indebida en política al impulsar la candidatura de Pineda, y aunque el nuevo alcalde no está vinculado al proceso, su aparente cercanía política con el implicado en el proceso de deforestación hará que llegue muy vigilado a ocupar su puesto.
La clave estará en el nuevo Plan Vial Departamental que formule el gobernador electo del Guaviare, Heydeer Palacio Salazar, de la coalición del Partido Conservador con Cambio Radical, Centro Democrático y Partido Liberal. Palacio fue elegido con más de 20.000 votos y la bandera del cuidado de los recursos naturales. Tremendo reto: solamente El Retorno, municipio que lo vio nacer y del que fue alcalde entre 2012 y 2015, perdió 7.611 hectáreas en 2018, según el Ideam.
Palacios llega a la Gobernación con un manifiesto para cuidar los bosques del Guaviare, firmado por él y los otros cuatro candidatos después de un debate de Semana En Vivo, con la periodista María Jimena Duzán. En esa ocasión, cuando le preguntaron sobre la vía Calamar-Miraflores, dijo: “Son 500 kilómetros de vía en cerca de 55.000 hectáreas. Hay potencialidad para producir, pero este ejercicio debe ser juicioso, respetando el uso de la tierra”.
En vista de las investigaciones (que prometen producir aún más órdenes de capturas), ¿frenará el nuevo gobernador la adecuación o construcción de la vía Calamar-Miraflores?
Por ahora la investigación continúa, y la Fiscalía deberá notificar al actual gobernador Echeverry sobre la suspensión del cargo del alcalde de El Retorno y ordenarle que asigne un alcalde encargado.
