Un estudio de Colombia Risk Analysis muestra cómo los conflictos sociales y medioambientales alrededor de la minería están tema de la contienda electoral que se avecina.
Redacción Política
Si hay un sector atento al desarrollo de las elecciones locales y regionales del próximo 27 de octubre en Colombia es el minero. Y es que durante los últimos años, el tema de la explotación de hidrocarburos, metales y minerales se ha convertido en eje de la discusión pública. De hecho, durante su mandato, una de las apuestas del expresidente Juan Manuel Santos apuntó a convertir el sector en jalonador de progreso en las zonas más golpeadas por el conflicto. Fue una de sus “locomotoras”, que a la hora de los balances mostró resultados halagadores, pero también dificultades por la ilegalidad que aún impera y que se ha convertido en motivo de disputa de los grupos armados ilegales en los territorios, siendo así el combustible para perpetuar la violencia. Además, no se pudo sacar adelante un nuevo marco regulatorio acorde a las necesidades y realidades, y de ahí los choques con las comunidades.
En campaña, el hoy presidente Iván Duque prometió que el desarrollo minero del país se adelantaría “con los más altos estándares de responsabilidad ambiental, planeando de manera efectiva y sostenible los cierres mineros, la protección de acuíferos y ecosistemas”. Dijo que implementaría un programa de sostenibilidad ambiental en la pequeña y mediana minería y que se combatiría sin tregua la minería criminal. Según el ranquin del Instituto Fraser, Colombia se ubica en el puesto 48 de 83 en cuanto a su atractivo para la inversión minera, pero sigue siendo una jurisdicción menos atractiva en Latinoamérica cuando se compara con Chile, Perú, México, Surinam y Guyana.
Según la viceministra de Minas, Carolina Rojas, el Gobierno tiene como meta elevar la inversión extranjera directa en el sector de US$1.700 millones a US$6.000 millones para 2020, lo cual, estima, generaría más de 20.000 empleos y cuantiosas regalías. Del mismo modo, según cifras oficiales, la minería genera impuestos por cerca de $5 billones al año y representa el 2 % del PIB nacional. Los datos de la Contraloría General indican que en el país existen 9.594 títulos para la explotación minera, que representan más de cinco millones de hectáreas, equivalentes al 3,26 % del territorio nacional.
Un informe de Colombia Risk Analysis, consultora de riesgos políticos, advierte que, si bien somos un país rico en términos geológicos, no se ha logrado desarrollar todo el potencial minero por una combinación de factores que incluyen falta de consensos políticos, inconsistencias de interpretación jurídica, debilidades reputacionales del sector y problemas de seguridad en zonas rurales donde se encuentran los recursos. Adicionalmente señala que el conflicto impidió, y en algunas zonas aún impide, el acceso a la exploración geológica, y que los resultados en el proceso electoral de autoridades locales y regionales serán fundamentales de cara a su futuro.
Según el documento, las elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles marcarán un punto de partida en temas mineros para los próximos cuatro años, teniendo en cuenta que hablar de minería en Colombia genera divisiones por las consecuencias sociales y ambientales de la actividad. Y habla de casos concretos con nombres propios. Dice, por ejemplo, que al tener autoridad minera autónoma, el ganador de la Gobernación de Antioquia será determinante para el futuro de la minería de oro en ese departamento. “Los candidatos más fuertes, Andrés Guerra (Centro Democrático) y Mauricio Tobón (independiente), han demostrado apoyo al sector minero y contundente rechazo a la minería ilegal. No han asumido posiciones a favor o en contra de la minería, aunque se espera que de ser elegidos la apoyen. Por su parte, el opositor Rodolfo Correa (ASI) ha anunciado que debe prevalecer el medio ambiente sobre la economía. Finalmente, Iván Pérez (Compromiso Ciudadano) no ha manifestado su opinión sobre el tema, aunque su movimiento político no ha sido favorable a la minería en el pasado”.
El estudio refiere igualmente que también serán importantes las elecciones a las alcaldías de Jericó y Buriticá (Antioquia). Y mientras en este último la mayoría de los candidatos han sido favorables a la minería, en Jericó, el actual alcalde, en compañía del Concejo, ha rechazado esta práctica en el territorio y ordenado el sellamiento de un predio. “Es probable que Wilton Chaverra, candidato del Partido Conservador y miembro de la actual administración, también esté en contra de la minería”.
Sobre Santander, se reconoce que la afectación ambiental de la prospectiva minera en áreas aledañas al páramo de Santurbán será un tema clave en la elección a la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación. “La minería de oro será uno de los principales temas en la contienda. El candidato de izquierda, Leónidas Gómez, ha manifestado que su principal contrincante es Minesa, la compañía que busca desarrollar el proyecto en Soto Norte. Los candidatos Emiro Arias (ASI y MAIS) y Mauricio Aguilar también han expresado posiciones contra la minería”.
Mientras tanto, las contiendas electorales en La Guajira y Cesar, donde se produjo más del 90 % de los 90,5 millones de toneladas de carbón que fueron extraídas en 2018, dan por sentado que la actividad minera va a continuar y las preocupaciones del sector giran en torno al uso que se les debe dar a las regalías. El informe reconoce que la conflictividad social no disminuirá a corto plazo y que los conflictos políticos sobre la distribución de las rentas mineras y la protección ambiental continuarán protagonizando debates en el Congreso y serán más álgidos en vísperas de las elecciones.
“Es probable que algunos candidatos busquen capitalizar la conflictividad social para mantener a su electorado comprometido con la causa antiminera. No obstante, el incremento de conciencia ambiental que han despertado los pronósticos científicos hace pensar que estos movimientos se fortalecerán con el tiempo”, dice. Por otra parte, el documento señala que algo similar sucede con las comunidades étnicas, quienes siguen siendo víctimas de violaciones de los derechos humanos por parte de grupos asociados con la minería ilegal. “Las comunidades afectadas buscarán impedir la expansión de proyectos minero-energéticos en sus territorios como forma de presionar al Gobierno de cumplir los acuerdos alcanzados”. Una de las principales conclusiones es que, en la medida en que el Gobierno no haga presencia estatal en el territorio, los actores ilegales seguirán participando del lucrativo negocio de la minería ilegal y la extorsión.
El tema de las consultas sigue siendo neurálgico, y de acuerdo con activistas, académicos y comunidades, la minería a gran escala y el fracking son amenazas al medio ambiente en zonas protegidas y afectan los derechos de las poblaciones aledañas a los proyectos. Además, el sector minero-energético ha sido central en el conflicto con el Eln. Queda claro que el sector minero está atento al actual proceso electoral y reconoce que la percepción en el país frente a la industria es negativa. Hay que aclarar, eso sí, que el documento no se refiere a los eventuales apoyos que empresas mineras podrían darles a candidatos que no se oponen a la actividad.
Foto: La defensa del páramo de Santurbán (Santander) se ha convertido en una bandera electoral. / Liliana Rincón B.
